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Una lucha por conseguir una oficina adecuada

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Vincent

El caso de María Victoria Salas Ruiz se remonta a febrero del 2016, cuando solicitó un traslado, de la zona Atlántica a San José, de su plaza en propiedad como jueza supernumeraria porque las condiciones de trabajo le empeoraban el síndrome de Sjögren.

En junio del 2016, la reubicaron, de forma interina, en la Sala Constitucional.

En paralelo, el Consejo Superior la remitió a Medicina Legal de Medicatura Forense para que determinaran la situación de la jueza.

Allí se recomendó reubicarla a un puesto en el que no tuviera que hacer uso prolongado del computador y donde no se viera expuesta al polvo o al aire acondicionado, según se lee en el informe rendido el 27 de setiembre del 2016.

El proceso continuaba, y el 8 de febrero del 2017, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional sugirió que Salas Ruiz fuera trasladada en propiedad a la plaza que ocupaba desde el 2016 en la Sala IV.

Ella llegaría, entonces, a sustituir a su jefa, apellidada Salas, quien actualmente funge como directora del despacho de Presidencia de la Sala.

Aire acondicionado. Cuando le notificaron la resolución, la jueza consultó cuál sería el espacio físico que utilizaría, puesto que ese Tribunal se trasladaría a un edificio ubicado en La Sabana, el cual tendría aire acondicionado.

Eso, señaló, iba en contra de las indicaciones médicas.

En un oficio del 7 de marzo del 2017, el Centro de Apoyo le respondió: dejó sin efecto la recomendación anterior y ahora proponía que ella fuera reubicada en una plaza en el Programa contra el Retraso Judicial.

Una de las razones en que se fundamentó...

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