Magistrado destaca falta de estudios técnicos

RESUMEN

El IVM estimó en ¢52.000 millones el impacto del traslado de educadores al régimen de Jupema. Hacienda, a su vez, estimó que el proyecto le costaría al erario unos ¢32.000 millones anuales, pero Jupema afirmaba que el impacto para el Gobierno era de solo ¢200 millones en el primer año.

 
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El magistrado de la Sala IV Fernando Castillo explicó que esa instancia declaró inconstitucional el plan que permitiría a un grupo de docentes salirse del IVM, para obtener una mejor pensión con el Magisterio, porque los diputados aprobaron la iniciativa sin tener estudios técnicos que determinaran el impacto en el régimen de la Caja.

'El vicio está en el procedimiento legislativo, porque, en este tipo de materias, donde está de por medio una norma constitucional que establece el régimen del IVM, que tiene la mayor cobertura de trabajadores costarricenses, antes de adoptar cualquier decisión, el Parlamento debe contar con estudios técnicos que garanticen a futuro, a mediano y largo plazo, la sostenibilidad del régimen financiero de la CCSS', explicó Castillo.

'Esa es la razón de la decisión de la Sala Constitucional. Lo que hacemos es detectar un vicio en el procedimiento, en este caso concreto en que se pretende trasladar a un importante número de funcionarios hacia el régimen de pensiones del Magisterio, sin que existan los respectivos informes técnicos que determinen cuál va a ser el impacto financiero sobre el fondo y sus reservas', agregó Castillo.

La decisión del alto tribunal se conoció este miércoles al responder una consulta de los legisladores. El pronunciamiento de los magistrados estima que el proyecto es contrario al artículo 73...

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