Magitrado José Manuel Arroyo: 'Hay una injusticia que se debe corregir'

El 3 de febrero del 2009, con el voto de 40 diputados, el Congreso aprobó la Ley de Protección de Víctimas y Testigos. La intención: disminuir la ola de criminalidad que se había convertido en el principal problema para la ciudadanía. Se crearon juzgados de flagrancia y se endurecieron las penas. Sin embargo, los legisladores no midieron un efecto secundario de la nueva norma: las cárceles empezaron a llenarse de forma exponencial. La idea de endurecer las penas se volvió en contra del sistema. Medidas que en el papel se veían bien, empezaron a distraer recursos policiales y de investigación para dedicarlos a la cacería de delitos menores, como el hurto. Ahora, siete años después, la Corte empuja el plan de ley 19490, el cual promueve que los hurtos menores se vuelvan a castigar como una contravención. El vicepresidente de la Corte, José Manuel Arroyo, conversó con La Nación sobre los excesos de la ley vigente y el por qué se trata de resolver el problema hasta ahora. El siguiente es un extracto del diálogo:

¿Por qué plantean echar atrás a lo aprobado en el 2009 con la Ley de Protección a Víctimas y Testigos?; ¿cuál fue el gran error del 2009?

Esta propuesta del expediente 19490, en nuestro criterio, corrige distorsiones, puntualmente, de la reforma del 2009, que en el marco de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos introdujo reformas al Código Penal, haciendo que todo tipo de hurtos fueran delito, cuando el esquema tradicional difería entre hurto menor y hurto agravado. Es decir, anteriormente había una contravención -que es el hurto menor-, además de los hurtos agravados. Al hacerse esto (castigar todo como hurto grave), el efecto que inmediatamente se produjo fue que cualquier sustracción, independientemente del valor, ya fueran ¢100 mil o un millón, era inmediatamente tratada como delito por el sistema penal y, esto ha impactado, no solo al Ministerio Público, al OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y a la sede penitenciaria, sino que ha significado un entrabamiento enorme por cosas de poca monta.

Hay voces en el Congreso que dicen que la propuesta genera impunidad.

Le digo esto: es falso que esta propuesta, que vuelve a considerar hurtos menores o daños menores como faltas y contravenciones, promueva la impunidad o la despenalización.

Pero es la principal crítica.

Le puedo decir que en mi criterio esta crítica obedece o a desconocimiento o a mala fe, porque cualquiera que conozca rudimentos del derecho penal sabe que las...

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