'Negligencia' le cuesta al Inder pago de ¢6.100 millones

Por negligencia en la defensa en un proceso judicial, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) tuvo que pagar poco más de ¢6.100 millones a 11 dueños de propiedades ubicadas en territorios indígenas, quienes habían sido expropiados en 1979.

Aunque tenía los argumentos para defenderse, la entidad no se presentó a algunos juicios y tampoco apeló algunas resoluciones que pudieron liberarla del millonario desembolso.

Al final, en el 2013 perdió la demanda y fue declarada rebelde por no haber pagado esas indemnizaciones desde hacía ya casi cuatro décadas.

Así lo reconoció en una entrevista con La Nación la actual directora de Asuntos Jurídicos del Instituto, Patricia Calderón.

'Estamos demostrando que muchas de estas propiedades ya habían sido pagadas, pero esos documentos estaban perdidos, extrañamente.

'Sabemos que, en algunos de estos casos, esas tierras las siguen ocupando las mismas personas a las que se les pagó la indemnización', agregó.

Dudas. La forma en que el Inder llevó su defensa incluso generó sorpresa en el abogado de los 11 demandantes, Derroy Jeiner Navas Beita. Él aseguró que tanto en aquella época, como ahora, no logra entender por qué la entidad actuó así, aunque reconoce que precisamente esa negligencia le ayudó a ganar los casos.

'Si el Estado hubiera pagado esto desde 1977, con esos ¢100 millones (fondos que tenía que haber reservado ese año para pagar las indemnizaciones), esto no hubiera pasado', declaró Navas.

Otro aspecto que encendió las alertas en la actual administración del Inder es el hecho de que el avalúo lo hiciera el Ministerio de Hacienda, a pesar de que la Ley Indígena, aprobada en 1977, establece que el Inder (llamado ITCO hasta 1982, luego Instituto de Desarrollo Agrario, IDA) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) son los entes responsables de coordinar los trámites y estudios de expropiaciones.

Ante tales dudas, estos 11 casos, y otros 32 que son similares y que aún están en los estrados judiciales y por ende no se han pagado, se están analizando, pues existen sospechas de que el Departamento Jurídico del Inder trabajaba con cierta deficiencia.

Incluso, el director que estuvo a cargo de esa dependencia en esa época, fue despedido junto a su asistente luego de que se efectuó el millonario pago.

'Tenemos una condena que está asumiendo el Estado, que se está pagando con dineros de todos los costarricenses, que podría entenderse como una negligencia, por lo que estamos investigando este y otros...

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