No es coincidencia

La recién aprobada Ley 9.449 obliga a agentes económicos a inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para supervisar actividades que puedan estar en riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. No es coincidencia que el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) tenga injerencia en el control de esta ley y en el Registro de Accionistas. Al contrario: estas funciones son un acto coherente.

Cuando enlistamos los nuevos sujetos obligados a la inscripción ante Sugef encontramos actores de riesgo, tanto de legitimación de capitales como focos de posible evasión fiscal. Como sociedad en proceso de la adopción de medidas de transparencia -alineadas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico-, se procura evitar servir como anfitriones del lavado de activos, con antecedentes graves como los que la historia acumula.

Entre los sectores de riesgo están los casinos, las empresas que habitualmente ejerzan la labor de intermediación de bienes raíces, los comerciantes de metales y piedras preciosas, los abogados, notarios y contadores (se exceptúan los asalariados de patronos supervisados, cuando realicen labores de intermediación, préstamos de dinero, administración de fondos, compraventa de bienes raíces y otras actividades objetivas).

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