Opinión Jurídica nº 095 -J de 14 de Mayo de 2021, de Asamblea Legislativa
| Emisor | Asamblea Legislativa |
14 de mayo de 2021
OJ-095-2021
Señora
Franggi Nicolás Solano
Diputada
Asamblea Legislativa
Estimada señora:
Con la aprobación del Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no. FNS-058-2021 de 6 de mayo de 2021, mediante el cual requiere nuestro criterio sobre las siguientes interrogantes:
“1. - ¿Está obligada la Municipalidad de Puntarenas a tramitar y resolver, con fundamento en la legislación de reciente aprobación, entiéndase la Ley N° 9779, las solicitudes de permisos de construcción presentadas por los habitantes de las islas para hacer efectiva la autorización legal vigente y de ser así en cuál plazo?
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- ¿Cuáles son las consecuencias legales para dicha Municipalidad de negarse a cumplir la ley?”
I. Sobre las consultas formuladas por la Asamblea Legislativa y sus Diputados.
De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.
Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.
Pese a lo anterior y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus Diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.
Tal y como hemos dispuesto en otras ocasiones, esta forma de colaboraciónnodispuesta en la Leytiene como objeto colaborar en la satisfacción de las funciones parlamentarias y ello mediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico. Dicho asesoramiento no puede desnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría ni mediatizar su función,al punto de impedirle suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la Administración Pública. Así,el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el contenido propio de la función consultiva, su eficiente ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad y mesura de la consulta que se formule. (Véanse nuestros pronunciamientos nos. OJ-030-2017 de 9 de marzo de 2017, OJ-061-2017...
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