País emplazado por blanqueo y medidas contra terrorismo
Costa Rica está a punto de entrar a un peculiar club de 13 países con una reputación no muy buena. Se trata de la 'Lista gris' de naciones no cooperantes contra el lavado de dinero y de alto riesgo para financiamiento del terrorismo, en la cual están Afganistán, Corea del Norte, Irán, Irak y Siria, por ejemplo.
El Estado tiene hasta el 15 de julio para emprender las reformas que solicita el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), órgano del G20 (grupo de Estados más industrializados y emergentes) que fija normas internacionales contra esas actividades ilícitas.
De entrar a la 'Lista gris', el sistema financiero costarricense y el comercio exterior podrían sufrir consecuencias. Las relaciones de bancos locales con extranjeros se verían afectadas, así como el acceso a financiamiento externo en general.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), afirmó que los efectos para la economía nacional serían graves.
'Realmente, es como si nadie quisiera tener relaciones de ningún tipo con el país, porque sería señalado internacionalmente como país no cooperador', dijo.
La acción más urgente para que el país no caiga en esa lista es la aprobación de tres proyectos de ley, en criterio de Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad que define estrategias para atacar el narcotráfico, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Una de las iniciativas crea el delito de financiamiento del terrorismo y una pena de hasta 15 años de cárcel a quien viaje a otro país para cometer este tipo de actos o entrenarse en ellos. Además, facilitaría el congelamiento de activos sospechosos y precisaría los casos en que las autoridades policiales pueden desarticular redes de blanqueo de dinero.
El segundo plan regula actividades no financieras vulnerables al dinero sucio, como bienes raíces, casinos, casas de apuestas, abogados, notarios y contadores públicos, así como los comerciantes de metales y piedras preciosas. Las personas que desarrollen estos negocios deberán registrarse ante el Ministerio de Hacienda, que tendría una oficina de supervisión.
El tercer plan es el acceso a las listas de los accionistas y beneficiarios finales de las personas jurídicas, tal como lo establece el proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Entre las modificaciones que no requieren aprobación de la Asamblea Legislativa, pero que fueron sugeridas para alcanzar...
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