Decreto Nº 42486 - EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
| Fecha de publicación | 30 Julio 2020 |
| Número de registro | D42486 - IN2020472530 |
| Emisor | Nº 42486-H |
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 21, 50, 130, 140 incisos 7), 8), 18) y 20), y 146 de la Constitución Política, los artículos 1, 4, 21, 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2 subinciso b), 113 incisos 2) y 3) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas, la Ley Nº 6162, Otorga Personalidad Jurídica al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) del 30 de noviembre de 1977 y su reforma, la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas, su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas, el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H de 29 de junio del 2005 y sus reformas, y el Decreto Ejecutivo Nº 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020 que Declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.
Considerando:
1º—Que desde el mes de enero del año 2020 las autoridades de salud activaron los protocolos para enfrentar la alerta epidemiológica sanitaria internacional por el brote de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como COVID-19. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido de la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.
2º—Que en atención de los mandatos 21 y 50 de la Constitución Política, siendo el derecho a la vida y a la salud de las personas un derecho fundamental, así como el bienestar de la población y su seguridad, los cuales se constituyen en bienes jurídicos de interés público, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela, y en este contexto, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, dada la necesidad de adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediata de esos bienes jurídicos.
3º—Que los efectos de la actual emergencia sanitaria están generando un considerable deterioro de las finanzas públicas, toda vez que por sus particulares características conlleva, por ejemplo, la necesidad de destinar recursos para subsidiar a aquellos sectores de la sociedad que han visto disminuida y hasta paralizada su actividad económica, así como invertir recursos para la adquisición de equipos e implementos médicos requeridos por las instituciones del sector salud.
4º—Que el Consejo Nacional de Rectores, en adelante CONARE, fue creado mediante el Convenio de Coordinación de la Educación Superior en Costa Rica, suscrito el 4 de diciembre de 1974, por representantes de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Posteriormente, la Ley Nº 6162 del 30 de noviembre de 1977 y su reforma, le otorgó personalidad jurídica, y ha sido reconocido en la jurisprudencia administrativa en dictamen C-253-2004 del 31 de agosto del 2004 de la Procuraduría General de la República como: “(…) más que un órgano desconcentrado de las universidades públicas, es un ente descentralizado, pues cuenta con personalidad jurídica propia, dada por ley, y con competencias exclusivas, relacionadas ya no solamente con el accionar de una universidad pública en particular (o con el de un grupo de ellas) sino con la planificación de la educación superior del país, según puede comprobarse de la lectura de las funciones que le fueron atribuidas en el artículo 3 de la Ley Nº 6162 citada (…)”.
5º—Que las Universidades Públicas y el CONARE son conscientes de la situación económica y de emergencia nacional, así como de su función social y su compromiso...
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