PROYECTO DE LEY LEY PARA EL DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES DE MOVILIDAD URBANA CERO EMISIONES
| Fecha de publicación | 08 Agosto 2023 |
| Número de registro | IN2023800048 |
| Emisor | Poder Legislativo |
PROYECTO DE LEY
LEY PARA EL DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS INTELIGENTES DE MOVILIDAD
URBANA CERO EMISIONES
Expediente N.°23.837
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La propuesta de ley busca establecer un marco normativo que permita a los gobiernos locales de Costa Rica desarrollar y administrar sus sistemas inteligentes de movilidad urbana cero emisiones. Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de abordar los desafíos de nuestra sociedad en materia de movilidad y cambio climático fundamentada en la normativa y jurisprudencia existente en nuestro país.
La movilidad urbana es crucial en el desarrollo de las ciudades y asentamientos humanos, fundamentales en la economía y sociedad de Costa Rica. Sin embargo, la falta de una planificación urbana efectiva y la insuficiente coordinación entre los diferentes actores involucrados generan múltiples problemas en nuestras ciudades como: tiempos de viaje excesivamente largos, ocupación de áreas vulnerables, degradación de recursos naturales, conflictos sobre el uso del suelo y otros impactos negativos.
El desarrollo urbano sostenible en un enfoque integral busca equilibrar los aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales en las zonas urbanas. Para lograr esto es necesario aplicar el principio del desarrollo sostenible, el cual se basa en cuatro factores igualmente importantes: sociedad, ambiente, economía y cultura. Además, se incorpora el concepto de resiliencia, el cual implica la capacidad de una comunidad o sociedad para resistir, adaptarse y recuperarse de amenazas de manera eficiente, preservando las estructuras y funciones básicas.
El 12 de diciembre de 2015, en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), el Acuerdo de París introduce un modelo distinto en lo fundamental del Protocolo de Kioto, para contrarrestar los efectos del cambio climático, donde los países firmantes se comprometen oficialmente con la aspiración de limitar el aumento de la temperatura a dos grados centígrados, respecto a los niveles preindustriales, redoblar esfuerzos para no superar la cota de 1,5 grados centígrados a final de siglo y alcanzar la neutralidad climática en 2050.
El Acuerdo de París marcó un importante hito en el proceso multilateral, dando paso a la oportunidad de una descarbonización de la economía, la cual por su vocación le resulta muy atractiva a Costa Rica. Para hacer efectivos los compromisos del Acuerdo de París se requiere una transformación económica y social, basada en la mejor ciencia y tecnología disponibles, lo cual conlleva a significativos esfuerzos para lograr convenios intersectoriales, entre el Gobierno central, sus instituciones, los gobiernos locales, el sector privado, las universidades y la ciudadanía, y confluyan en un cambio de paradigma de la gestión productiva del país.
El cumplimiento del Acuerdo de París es voluntario; sin embargo, la presentación de compromisos es vinculante e involucra todas las naciones y actores no estatales como gobiernos locales, empresas, inversores y la sociedad civil. Costa Rica oficializa su Programa Carbono Neutralidad 2.0 mediante Decreto N.° 41122-Minae, el 6 de abril de 2018.
En Costa Rica el 69% de los gases efecto invernadero lo genera el sector transporte, por ello la movilidad es la actividad más sensible de mayor atención y acciones más eficaces. A nivel mundial se mantiene la misma tendencia, por eso se efectúan constantes investigaciones para desarrollar nuevas tecnologías para el transporte, donde el bajo consumo energético y las mínimas emisiones de C02 son los resultados prioritarios a alcanzar.
Los gobiernos locales padecieron los efectos negativos del caos vial, por la imposibilidad material del Estado y sus instituciones de atender y resolver la problemática de movilidad nacional, tampoco tienen los instrumentos adecuados para resolver o mitigar las grandes falencias de movilidad en sus ciudades.
Los constantes y rápidos avances tecnológicos hacen imposible contar con una legislación al día en la tipificación y regulación de nuevas formas de transporte. En un entorno de una limitada capacidad de gestión estatal para resolver los problemas de movilidad urbana, se abre una ventana, en la cual la propuesta legislativa permite a gobiernos locales asumir el desarrollo y administración de sus sistemas inteligentes de movilidad urbana cero emisiones, que por su tecnología no están tipificados, menos aún regulados y que así los gobiernos locales puedan coadyuvar a solventar la crisis de la movilidad urbana y contribuir a cumplir con el compromiso país del Acuerdo de París.
La ejecución de una planificación urbana eficiente es fundamental para lograr un desarrollo sostenible en las zonas urbanas. Esto implica integrar de manera adecuada las variables sociales, económicas y ambientales, permitiendo una expansión planificada y ordenada de los asentamientos humanos. Es necesario considerar tanto las necesidades de las generaciones presentes como las futuras, manteniendo un equilibrio saludable entre las tres dimensiones mencionadas, con el objetivo de prevalecer el interés común.
La promoción de la calidad de vida en las zonas urbanas se fundamenta en el acceso equitativo a servicios e infraestructuras para mejorar la vida de todos los habitantes. Esto incluye servicios básicos, comercio, transporte, espacios públicos, oportunidades de empleo, educación, salud, recreación y cultura. Sin embargo, para esta calidad de vida sea sostenible, es crucial la participación de la población en las acciones destinadas a alcanzar este objetivo. La participación debe ser abierta, inclusiva e informada, brindando a la población la información necesaria para ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades.
Por otro lado, la productividad juega un papel importante en el desarrollo de las ciudades. Para ciudades más competitivas e impulsen el desarrollo económico, se promueve el principio de la productividad. Esto implica generar productos y servicios con valor agregado para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y proporcionen una experiencia satisfactoria para los visitantes. En esta visión, la especialización de las ciudades y su interacción se consideran elementos clave para promover la productividad y la competitividad. Es necesario fortalecer aspectos específicos en cada ciudad, centrándose en los de mayor potencial de desarrollo y aprovechando las características únicas de cada territorio.
La innovación es fundamental en el desarrollo urbano sostenible. Para abordar los problemas complejos de los espacios urbanos y mejorar la calidad de vida es necesario buscar formas novedosas de administrar diferentes situaciones. La promoción del desarrollo tecnológico y la generación de conocimiento son herramientas claves para impulsar el desarrollo urbano. Además, es importante tener la capacidad de anticipar problemas y tomar decisiones y acciones necesarias de manera proactiva, con una visión crítica y creativa.
Tanto la institucionalidad pública como el sector privado, la academia y la sociedad civil deben promover una estructura de diálogo y gobernanza basada en la corresponsabilidad. Esto implica involucrar a múltiples actores en la gestión eficiente del territorio, asumiendo responsabilidades y trabajando en conjunto para abordar los problemas urbanos concretos. La gobernanza efectiva y participativa es clave para encontrar soluciones a los desafíos persistentes en el desarrollo urbano, permitiendo una administración novedosa y colaborativa de los espacios urbanos.
Es evidente la necesidad de avanzar en la planificación urbana y fortalecer nuestros asentamientos humanos para mejorar la calidad de vida de los habitantes y potenciar la competitividad económica y social del país. El proyecto de ley propuesto se enmarca en la Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030 y el Plan de Acción 2018-2022, buscan el ordenamiento urbano mediante un enfoque de desarrollo urbano sostenible.
Bajo esta línea, y en búsqueda de contribuir con los objetivos de la PNDU, entre los que destacan:
• Procurar que la movilidad y el transporte sean seguros, eficientes y sostenibles, considerando la estructura y el funcionamiento de los asentamientos humanos del país y permitiendo la creación y acceso a las oportunidades que las áreas urbanas generan (empleo, servicios, comercio, recreación y cultura).
• Fomentar el acceso permanente de toda la población a los servicios e infraestructura pública necesaria para una subsistencia digna y buena calidad de vida urbana, considerando las particularidades de los asentamientos humanos del país.
• Fomentar la coordinación entre actores (municipalidades, instituciones públicas, sociedad civil, instituciones no gubernamentales y sector privado) para planificar y gestionar los asuntos comunes de la ciudad y generar los medios que permitan un funcionamiento eficiente y el desarrollo sostenible de todos los asentamientos humanos del país.
El proyecto representa una respuesta integral y ambiciosa para abordar los desafíos de la movilidad urbana en Costa Rica. Su enfoque en la sostenibilidad, la innovación, la coordinación interinstitucional y el cambio de comportamiento busca transformar nuestras ciudades en espacios más habitables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
Además, el proyecto de ley se alinea con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica en el marco del Acuerdo de París. El país se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a promover el desarrollo de una economía baja en carbono.
El desarrollo urbano sostenible requiere la participación y el compromiso de instituciones competentes para garantizar un enfoque integral y equilibrado en la planificación y gestión de las zonas urbanas. Estas instituciones tienen la responsabilidad de promover y apoyar diversas acciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger el medio ambiente.
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