PROYECTO DE LEY LEY PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LAS CAUSAS DECLARADAS COMO NARCOACTIVIDAD Y SUS MANIFESTACIONES CRIMINÓGENAS
| Fecha de publicación | 05 Junio 2023 |
| Número de registro | IN2023773254 |
| Emisor | Poder Legislativo |
PROYECTO DE LEY
LEY PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LAS CAUSAS
DECLARADAS COMO NARCOACTIVIDAD Y SUS
MANIFESTACIONES CRIMINÓGENAS
Expediente N.º 23.714
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Es un hecho público y notorio, que en los últimos años y principalmente en los primeros meses del año 2023, los índices de violencia y la incidencia de delitos relacionados con la narcoactividad se han disparado a niveles nunca vistos en la historia de Costa Rica.
El año 2022 terminó con un incremento importante en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, al cerrar en 12,6 de acuerdo con las estadísticas que maneja el Organismo de Investigación Judicial. Un año antes, al finalizar el 2021, dicho indicador se había situado en 11,5 por cada 100.000 habitantes,[1] siendo la narcoactividad una de las causas criminógenas de estos resultados.
Las proyecciones de las autoridades sugieren que al finalizar el año 2023 Costa Rica llegará a una cifra histórica de muertes vinculadas con delitos derivados de estas causas, sobre todo el ajuste de cuentas entre bandas criminales, que llevaría al país por primera vez en su historia a rozar los 900 homicidios.
El pronóstico no es irreal, pues en Costa Rica, de acuerdo con las autoridades judiciales, durante los primeros tres meses del año se registró un homicidio cada 12 horas, provocando un alarmante incremento de un 20% en los homicidios con respecto al mismo periodo del 2022.
Durante el 2022, 6 de cada 10 homicidios (63%) ocurrieron por disputas territoriales entre delincuentes, hubo 6.147 detenciones por órdenes de captura, a un ritmo de 20 por día, y se practicaron 1.533 aprehensiones por delitos contra la vida, al tiempo que se incautaron 2.019 armas de fuego y se registraron 266 casos contra estructuras criminales.[2]
En medio de esas cifras alarmantes, las autoridades de policía han hecho énfasis en la necesidad de que las personas imputadas por narcotráfico o actividades conexas, como el sicariato, no gocen de medidas alternas a la prisión y sus procesos puedan ser desarrollados bajo condiciones de mérito respecto de la relevancia, impacto y resultado del fenómeno criminal para la sociedad costarricense.
Es por esto que, para los cuerpos de policía, las fiscalías y los tribunales de justicia, a quienes le corresponde el abordaje y tratamiento de la situación, es imperioso contar con instrumentos que brinden mecanismos eficaces en la lucha contra estas formas de delincuencia que han socavado la tranquilidad de la ciudadanía y que ya no solo están afectando la percepción de inseguridad en la que vive nuestra población, sino que, incluso, ha trascendido más allá de nuestras fronteras, como en Estados Unidos, donde el Gobierno informó a sus ciudadanos sobre la escalada de violencia persistente en nuestro país, generando incluso alertas entre los turistas que masivamente visitan nuestro país, situación que, por supuesto, afecta nuestra principal industria y fuente de ingresos, como lo es la actividad turística, y todo lo que para el país representa.[3]
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, durante el 2022 detuvo 28.710 personas por la presunta violación a leyes como la de Ley de Armas y Explosivos (2.847), por orden de captura por delitos contra la propiedad (6.174), y por delitos contra la vida (1.832), entre otras.
De ese total, de acuerdo con Seguridad Pública, solo 1.880 personas ingresaron al Sistema Penitenciario en calidad de indiciados por esos delitos violentos. Es decir, solo 1 de cada 15 personas que cometió delitos violentos terminó en la cárcel, vinculados a las causas criminógenas que se abordan en el presente proyecto.
La misma fuente señala que, durante los primeros meses del 2023, la situación ha empeorado, pues solo 1 de cada 22 personas aprehendidas por los mismos delitos señalados supra ha terminado en prisión.
Es decir, de 8.123 detenidos (Ley de Armas y Explosivos 1.944; Orden de Captura 1.855; Delitos contra la Propiedad 1.810; Delitos contra la Vida 337), solo 366 descuentan prisión.[4]
Como se puede ver, es de urgente atención que las personas que cometen crímenes violentos, como el narcomenudeo, el sicariato, las amenazas con armas de fuego, entre otros, se queden en prisión una vez que son capturados por la Fuerza Pública.
El trabajo de la policía en la calle requiere de un complemento importante, mejores herramientas legales para que las personas que están disparando la violencia y los crímenes salgan de circulación sin la posibilidad de optar por medidas alternas a la prisión que les facilitan seguir liderando estructuras criminales, o perteneciendo a estas en roles como el sicariato que, cada vez, lamentablemente, enrola a personas más jóvenes.
La ubicación geoestratégica del territorio nacional, la amplitud de nuestro mar patrimonial y el prestigio como territorio de paz, hacen de él un sitio idóneo para el tráfico, almacenamiento, exportación y reexportación de drogas, armas y otros bienes de uso no autorizado. También para brindar a las mafias del narcotráfico servicios de todo tipo, como de almacenaje, logística, legitimación de capitales y la posibilidad de satisfacer todo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba