PROYECTO DE LEY REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 7764, DE 17 DE ABRIL DE 1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL
| Fecha de publicación | 27 Noviembre 2020 |
| Número de registro | IN2020504140 |
| Emisor | Poder Legislativo |
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 7764, DE 17
DE ABRIL DE 1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA
ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE
GARANTÍA NOTARIAL
Expediente N.° 22.313
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En una sociedad moderna como la actual, la existencia de un notariado debidamente organizado se hace indispensable, de manera que se debe cubrir no solo a la notaria o notario público y la función notarial que esta realiza, sino también el ordenamiento que comprenda las normas legales que corresponden al fundamento jurídico de la actuación de ese profesional.
Esas funciones que ejercen la notaria o el notario público dentro de la vida social y económica de un Estado deben necesariamente estar respaldadas por una garantía de responsabilidad. Al estar involucrado el Estado en la delegación de la fe pública, así como las personas usuarias que confían en el buen juicio y criterio de un notario o notaria especializada, según igualmente se ha decantado el ordenamiento jurídico, quiere decir que esta materia requiere un mayor control tanto sustantivo como administrativo y una garantía de responsabilidad hacia terceros.
El Código Notarial regula la responsabilidad del notario y de la notaria a partir del artículo 15 e indica expresamente que esa responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal y no son excluyentes entre sí, según así lo establece el artículo 19 de ese cuerpo normativo.
Los notarios y notarias pueden ser sancionadas en distintos campos, en forma, simultánea o sucesiva, a excepción de los casos que deban excluirse en virtud de la fuerza de cosa juzgada de las sentencias judiciales. Pero para efectos del presente proyecto de ley, interesa la responsabilidad civil, la que debe estar respaldada mediante una garantía, que permita al tercero perjudicado ser resarcido en los daños que se le han ocasionado por el ejercicio incorrecto de la función notarial, que da seguridad jurídica, y que es ejercida por una notaria o un notario público quien es un elemento de todo este engranaje denominado sistema de seguridad jurídica preventiva que sigue el Estado costarricense.
Actualmente, el Fondo de Garantía Notarial está contemplado en el artículo 9 y fue creado con la promulgación del Código Notarial que comenzó a regir en el año 1998. La Dirección Nacional de Notariado es la administradora de ese Fondo, basado en la Ley N.° 7337, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, reformada por la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador.
Con la creación de esta modalidad de garantía, y por la forma en que fue diseñada, se generan muchos inconvenientes para suplir respaldo a las personas usuarias ante la eventualidad de una indemnización por daños y perjuicios a cargo de una notaria o un notario público. El aporte mensual actual resulta muy poco para el monto que, en un plazo de dos décadas (1998-2020) de ejercicio notarial, no llega a constituir un monto suficiente.
Según datos del Banco de Costa Rica, del 15 de mayo de 2015 al 15 de mayo de 2020 se han realizado procesos judiciales a 23 notarios de los cuales se registra un retiro de ¢59 839 862.59 (cincuenta y nueve millones ochocientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos colones con cincuenta y nueve céntimos). Estos retiros deben ser reintegrados por los notarios, esto según el artículo 9 del Código Notarial, para que estos puedan ejercer de nuevo, lo que limita la práctica notarial.
Aparte de estos inconvenientes, la Dirección Nacional de Notariado, que es una oficina técnica rectora de la actividad notarial, no debería asumir el rol de administrar un fondo de garantía a pesar de que se haga mediante la intervención de un ente económico autorizado para manejar fondos de capitalización, bajo la modalidad de fondo de pensiones.
La institución debe avocarse a lo estrictamente sustancial y a los aspectos administrativos para la habilitación de un notario o notaria, así como velar por el correcto ejercicio de la función notarial. La responsabilidad civil en la que pueda incurrir un notario o una notaria y su cobertura debe ser gestionado por un agente asegurador autorizado y, en este sentido, la responsabilidad del notario y de la notaria ante la Dirección Nacional de Notariado se simplificaría a tener que presentar el documento respectivo, de acuerdo con el procedimiento que se instaure, suponiendo a la Dirección Nacional de Notariado tener que desligarse de estar aprobando operadoras, políticas de inversión y cualquier otro aspecto en ese sentido.
Ante este panorama, tanto el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, como la Dirección Nacional de Notariado han optado por impulsar la reforma que se acoge en este proyecto de ley, para dar la viabilidad de adquirir por cada notario y notaria una póliza de responsabilidad civil, a efecto de proteger al tercero que utiliza los servicios de un notario público y volver de esta forma a los orígenes del Código Notarial, cuando se discutía el proyecto, en donde la propuesta era una caución o póliza de fidelidad, ahora llamada póliza de responsabilidad civil profesional.
Esta iniciativa surge de ambas instituciones tomando en consideración la situación económica del país, que el fondo actual no responde a sus fines, la existencia de una siniestralidad muy baja en cuanto al uso de la garantía notarial, que muchos notarios han visto mermado su trabajo notarial por la situación de la pandemia del covid 19 y, además, volver a la propuesta original.
Todos estos son elementos para tomar en cuenta con la finalidad de justificar, no solo la devolución del fondo de garantía en su totalidad a cada notario y notaria, sino también y en forma paralela una reforma al artículo 9 del Código Notarial que se ajuste a los tiempos y a la economía, para que realmente sea representativa para efectos de los usuarios de servicios notariales y pueda hacer frente ante un evento de responsabilidad civil.
Por las razones expuestas, se somete a discusión la presente iniciativa, para que sea aprobada como ley de la República.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 7764, DE 17
DE ABRIL DE 1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA
ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE
GARANTÍA NOTARIAL
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 9 del Código Notarial, Ley N.º 7764, de 17 de abril de1998, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 9- Seguro de responsabilidad civil profesional para abogados notarios inscritos en la Dirección Nacional de Notariado.
Créase el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de Abogados Notarios, el cual será un requisito obligatorio para todos los profesionales en derecho que ejerzan la función notarial y estén inscritos en la Dirección Nacional de Notariado. Este seguro tendrá como objetivo garantizar a las partes y terceros, el pago de una eventual indemnización por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de la función notarial, constituyéndose en una garantía por sí mismo de quedar la responsabilidad civil debidamente acreditada.
Este seguro tendrá las siguientes características:
a) La póliza de responsabilidad civil profesional se podrá adquirir con alguna de las empresas aseguradoras reconocidas por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica.
b) La responsabilidad de cada notario por sus errores es individual, no es gremial ni solidaria.
c) El monto mínimo de cobertura por periodo póliza será el equivalente a 55 salarios base de un oficinista uno del Poder Judicial.
d) Se ajustará anualmente en febrero acorde con el índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior inmediato. El ajuste podrá ser mayor, si la Dirección Nacional de Notariado así lo determina, en razón de los costos que demande el seguro, la siniestralidad y su administración.
e) Las entidades aseguradoras deberán informar mensualmente a la Dirección Nacional de Notariado el estado de pago del notario.
f) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a cada pago realizado por el notario, la empresa aseguradora girará a la Dirección Nacional de Notariado la suma correspondiente al tres por ciento (3%) de este, para atender los gastos administrativos que ocasionen la supervisión y control de las garantías.
g) La Dirección Nacional de Notariado inhabilitará a los notarios omisos en el cumplimiento de ese requisito, en la forma prevista por el Código Notarial.
Queda facultada la Dirección Nacional de Notariado para normar, regular, modificar y dictar los procedimientos operativos, funcionales, administrativos y otros necesarios en relación con todo lo dispuesto en este artículo.
La Dirección Nacional de Notariado, si lo considera conveniente, queda autorizada para contratar una entidad aseguradora reconocida por...
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