PROYECTOS DE LEY LEY PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS EN POBREZA MEDIANTE EL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (FIDEIMAS)
| Fecha de publicación | 24 Mayo 2022 |
| Número de registro | IN2022647373 |
| Emisor | 10220 |
PROYECTOS DE LEY
LEY PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS EN POBREZA
MEDIANTE EL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO
MIXTO DE AYUDA SOCIAL (FIDEIMAS)
Expediente N.° 23.095
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La inclusión financiera se define como el acceso efectivo a los servicios financieros a un costo asequible para los clientes y que es, a su vez, sostenible para los proveedores formales de servicios financieros. Es esencial tanto para la reducción de la pobreza como para el crecimiento económico, ya que ayuda a los hogares a enfrentar la volatilidad de sus finanzas personales, invertir en su capital humano y emprender sus proyectos de vida. También permite a las empresas financiar sus inversiones y, así aumentar su tamaño y mejorar la productividad.
Mejorar la inclusión financiera en Costa Rica es una tarea continua, que se ha visto afectada por la falta de acceso a crédito que existe en el país. Esto ha llevado a la creación y promoción de instrumentos para expandir el acceso a crédito y servicios financieros a distintos sectores de la población, ejemplos de lo anterior son la creación de la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, así como numerosos programas que facilitan crédito a micro, pequeñas y medianas empresas.
En tanto los servicios financieros están conformados por productos de distinta naturaleza, tales como cuentas de ahorros, préstamos, cambios de moneda, depósitos o pagos de servicios públicos, el acceso a los mismos debe analizarse de forma específica. Por ejemplo, para el 2010, el uso de los servicios de las entidades financieras estaba ampliamente extendido: un 90,3% de las personas había utilizada alguna vez los servicios de una financiera regulado durante el año (Camacho y Jiménez, 2010). Esta cifra -significativamente alta- refleja lo posicionado que está el sector bancario dentro de la población.
Sin embargo, para ese mismo año, el número de personas usuarias se reducía significativamente cuando se analizaba el acceso a crédito en el sistema financiero. Para el 2010, únicamente un 36.4% de la población tenía acceso en el sector formal a préstamos 30,5% en bancos y 5.9% en entes financieros no regulados- y un 28.2% lo hacía con entes no formales. Esto hacía que un 35,4% se considerara población excluida, es decir, personas que no hacen uso o no tienen acceso a estos servicios (Camacho y Jiménez, 2010[8]).
Diez años después, en el 2020, únicamente un 14% de personas reportaban tener un préstamo bancario o una tarjeta de crédito de una institución financiera (SUGEF, 2020). Asimismo, únicamente un 22% reportaba haber tenido alguna vez un préstamo o tarjetas de crédito con una institución financiera. En contraste, un 31% reportaba haber adquirido préstamos en el sector no regulado (SUGEF, 2020). Ese porcentaje se distribuía entre familiares, amigos o conocidos, asociaciones solidaristas o cooperativas de trabajo, casas de electrodomésticos, prestamistas, entre otros.
Las cifras del 2020 deben de tomarse con cautela, en cuanto fue un período de recesión económica provocada por la pandemia mundial del COVID-19. De todas maneras, igual se puede observar cómo, desde el 2010, un sector significativo de la población opta por préstamos en sectores no regulados -en su mayoría de veces, con tasas superiores al sector bancario- y otro porcentaje, igualmente importante, no hace uso de ninguno de estos instrumentos de crédito.
Dada la prevalencia de este fenómeno, es importante entender los mecanismos económicos que subyacen detrás de la restricción de crédito para varios sectores de la población y las razones por las cuales individuos optan por opciones en el sector informal, en especial aquellas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
En general, pueden pensarse al menos tres factores que dificultan que el sector regulado flexibilice sus requisitos de crédito a microempresas o personas en condiciones de pobreza, que serán comentados a continuación:
Las microempresas o personas en condición de pobreza a menudo tienen poca o ninguna garantía para poner a responder por el préstamo. Como es conocido, los bancos comerciales a menudo procuran obtener garantías/avales/colaterales para otorgar un préstamo. Si el cliente deja de pagar el préstamo, la institución financiera puede embargar o tomar la garantía. Así, este colateral genera un incentivo al prestatario para pagar su crédito. Para empresas interesadas en generar utilidades, esto es ciertamente algo razonable.
No obstante, este mecanismo, puede hacer que- para personas en condición de pobreza - el crédito formal sea una opción inviable. No es que necesariamente carezcan de garantías, sino que sus colaterales suelen ser de un tipo muy específico. Por ejemplo, un agricultor puede tener un pequeño lote dispuesto a hipotecar, pero un banco puede no encontrar esta garantía aceptable, en tanto el costo operativo para lograr la venta de la tierra (en caso de incumplimiento) es demasiado alto. En contraste, puede que sí haya un prestamista informal dispuesto a aceptar garantías en esta forma: ya sea un familiar, un conocido de la zona u otro agricultor más interesado en la parcela que en recuperar el préstamo.
Es difícil para la mayoría de la banca comercial determinar la calidad de sus clientes. Para hacer cumplir los contratos de crédito se requiere que el cliente haga un uso adecuado de los fondos del préstamo. Esto exige que, quien preste el dinero, quiera contar con la información que determine si la persona prestataria es digno de confianza: si posee un buen historial de pago, si el flujo de negocios o efectivo da señales de futuro cumplimiento.
Si una institución financiera no puede determinar adecuadamente el riesgo de un cliente, puede ofrecerle una tasa de interés de un préstamo de consumo o de alto riesgo, lo que puede ocasionar que el cliente rechace el crédito, o entre en impago involuntario por asignársele una tasa de interés mucho más alta del riesgo real que tenía el proyecto. Estas imperfecciones de información en el mercado suceden en detrimento de todo el sistema financiero.
Los préstamos pequeños para microempresas o personas en condición de pobreza son más caros -en términos relativos- que préstamos de mayor cuantía. La recopilación de información de cada persona prestataria es una obligación normativa que tienen que cumplir las instituciones financieras reguladas. No hay forma de evitar este requisito, incluso si el monto del crédito es muy pequeño y todo este procedimiento trae consigo un costo fijo de administración.
Precisamente, una posible forma de reducir o eliminar las asimetrías de información mencionadas anteriormente es que los...
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