PROYECTO DE LEY LEY DE PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
| Fecha de publicación | 31 Mayo 2022 |
| Número de registro | IN2022648698 |
| Emisor | 10257 |
PROYECTO DE LEY
LEY DE PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
EN BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
Expediente N.° 23.108
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El presente proyecto de ley propone agregar un inciso nuevo al artículo 6 de la ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, con el fin de que la inversión social destinada a becas, beneficios complementarios y todas las demás ayudas que otorgan las instituciones públicas educativas a las personas estudiantes no estén sujetas a la limitación del crecimiento del gasto que impone el título IV de dicha norma.
La pandemia por covid-19 tomó a la economía costarricense en un periodo de lento crecimiento, que se había iniciado varios años antes y que se caracterizó por una reducción paulatina en el ritmo de aumento en términos reales. Esa ralentización en el crecimiento económico generó un impacto en el desempleo, que había alcanzado el 12% en el 2019, complicando las condiciones socioeconómicas de un grupo grande de personas.
El inicio de la pandemia, y las medidas sanitarias aplicadas, redujo sustancialmente el ritmo de actividad económica, que ya venía disminuyendo, impulsando el desempleo a un máximo histórico en el segundo trimestre del 2020, alcanzando un 24,43%. El desempleo se ha reducido paulatinamente luego de eso, pero de forma lenta y manteniéndose aún en niveles sumamente elevados de más de dos dígitos (siendo la tasa de desempleo de un 13,1%, según datos de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos de marzo de 2022). La situación de desempleo se ha ensañado con las mujeres, con las personas jóvenes y con las zonas del país que más han dependido de la actividad turística. Esta situación, además, tuvo un impacto importante en las finanzas de los hogares, pues según las Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEC, el ingreso promedio de los hogares costarricenses se redujo un 12,2% en el 2020.
En esas condiciones, de menor crecimiento y caída en la actividad económica que llevó a mayor desempleo y, por ende, a una caída de los ingresos familiares, se disparó la pobreza durante el año 2020 a un 26,2% de los hogares, usando la metodología de la línea de pobreza para hacer ese cálculo, mientras que, si se mide la pobreza por cantidad de personas, según la ENAHO, esta situación alcanzó a un 30% de la población. La pobreza extrema subió a un 7% de los hogares, y a un 8,5% de las personas. La pobreza se focalizó en algunas regiones del país, particularmente aquellas más afectadas por la abrupta interrupción de la actividad turística, pues en el caso de la región Chorotega y la región Pacífico Central la pobreza superó el 30% de los hogares de esas regiones.
Dado que un grupo más grande de familias sufre problemas de desempleo y pobreza, mientras el ingreso promedio de las familias del país cayó en el 2020, es esperable una mayor demanda de ayudas y subsidios públicos, que en muchos casos son vitales para el sostén diario de esas familias, así como para mantenerse en el sistema educativo en el caso de muchas y muchos estudiantes del país. Los recursos destinados a becas en educación básica, diversificada, técnica y superior, así como las ayudas otorgadas en otros programas, como los comedores escolares, no deben estar sujetos a limitaciones y/o recortes, que limiten el acceso de las personas a derechos básicos. La limitación de las ayudas solo dificultará la solución de los problemas relacionadas con la pobreza, tanto la pobreza estructural como el incremento en esta como consecuencia de la pandemia del covid-19.
De nuevo, la situación ya era crítica antes de la pandemia, como lo muestra el “Estudio de caracterización de la población estudiantil universitaria estatal 2019”, presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en 2019. Allí se encuentra que la beca fue la principal fuente de financiamiento de los estudios del 48,6% de la población estudiantil matriculada en el primer ciclo en las universidades públicas. Asimismo, si lo distribuimos por regiones, para el 2019, la beca era la principal fuente de financiamiento de los estudios en para un 60,3% en la región Chorotega, un 58, 5% en el Pacífico Central, un 74,6% en la Brunca, 69,6% en la Huetar Caribe y 59,9% en la Huetar Norte.
En este período de pandemia se ha dado una mayor demanda de ayudas para educación, en este caso becas en educación superior. En el caso de la Universidad de Costa Rica, el incremento en solicitudes de becas categoría cuatro y cinco (máxima categoría de beca) fue más del doble entre el 2020 y 2021 que entre el 2019 y el 2020. Estas nuevas necesidades también incluyeron la ampliación de los beneficios existentes para garantizar el acceso a la educación en condiciones de virtualidad: acceso a internet, adquisición de equipo para estudiantes de escasos recursos, entre otras.
Por otra parte, existe evidencia concreta de que la aplicación de la regla fiscal a los programas de becas y de equidad en el acceso y permanencia a la educación pública está afectando el adecuado funcionamiento de estos programas, limitando su cobertura en el momento en que se necesita que esta sea extendida.
Durante la discusión legislativa del presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico de 2022 la propia ministra de Educación reconoció un faltante de casi 300 mil millones de colones, con impacto directo sobre los programas de equidad del Ministerio de Educación Pública. Solo en el caso de las transferencias del MEP al IMAS para las becas Avancemos y el programa de entrega de útiles escolares las transferencias del MEP al IMAS para las becas Avancemos y el programa de entrega de útiles escolares se evidenció un recorte de 21 mil millones, a lo que se suman otros recortes que afectaron programas esenciales como comedores escolares, transporte de estudiantes e infraestructura educativa.
Ante esta situación, el propio Poder Ejecutivo presentó una moción para incorporar al presupuesto recursos disponibles por ¢27.000 millones para el MEP, específicamente para el “Programa de Equidad”, mediante el cual se provee de fondos al programa de transferencias monetarias condicionadas Avancemos. En la justificación de la propuesta se argumentaba que “esta transferencia, es una parte importante que refuerza y confirma el compromiso alcanzado en el marco del Servicio Ampliado (SAF) con el FMI, respecto al establecimiento de medidas compensatorias para evitar una reducción en el gasto presupuestario destinado a la asistencia social.”
Sin embargo, la moción fue rechazada por la Comisión de Asuntos Hacendarios alegando que se produciría un incumplimiento de la regla fiscal. De no incorporarse estos recursos en el futuro, es probable que muchos de los programas de equidad del MEP presenten faltantes presupuestarios que les impidan completar la atención de la población beneficiaria durante 2022.
La aplicación de la regla fiscal a los programas de equidad en el acceso a la educación también impacta directamente la reactivación económica del país y los esfuerzos para generar condiciones de empleabilidad para aquellas personas que se encuentran sin un trabajo digno. En los últimos años el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se ha visto obligado a solicitar varias excepciones a la regla fiscal para poder utilizar recursos de su propio superávit para el otorgamiento de becas a personas trabajadoras desempleadas. Los esfuerzos por ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de esta institución a personas jóvenes que requieren capacitación adecuada para incorporarse al mercado laboral también resultarán truncados si al INA no se le permite incrementar la inversión en estos programas.
De ahí que mediante la reforma puntual a la Ley N° 9635, propuesta en esta iniciativa, se pretenda garantizar un blindaje a la inversión social en becas y programas de equidad en el acceso a la educación. Esta modificación se considera clave para que las instituciones educativas puedan responder a las necesidades sociales de la población estudiantil y así aumentar la inversión en becas y ap...
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