Red usó tractores fantasma en desvío de dinero de trocha
El Ministerio Público acusó a 26 personas por presuntamente integrar una organización que defraudó al fisco, al presentar facturas para cobrar la falsa utilización de maquinaria en la construcción de la llamada trocha fronteriza.
Así lo anunció ayer el fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien agregó que los imputados son tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tres particulares que fingieron ser supervisores de las obras, 18 empresarios contratados para efectuar los trabajos y dos mujeres que son esposas de dos de los implicados.
Las autoridades judiciales identificaron a los empleados de gobierno como Carlos Acosta Monge, exdirector del Conavi y cabeza del grupo; Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado, funcionarios de la entidad, encargados del proyecto.
Respecto a los particulares que simularon ser supervisores, se trata de tres hombres de apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes.
Los empresarios son de apellidos Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos, Montoya Rodríguez, Jiménez Alfaro, Arias Herrera, Soto López, Carranza Amores, Campos Cordero, Herrera Barrantes, Pérez Salas, Arias Quesada, Herrera Chacón, Mena Loaiza, Herrera Chacón, Campos Vindas y Méndez Méndez.
Las dos mujeres implicadas son apellidadas Alvarado Víquez (esposa de Ramírez Marín) y Morera Fernández (esposa de Mesén Vargas).
Chavarría dijo que se pudo demostrar que el perjuicio económico para el Estado fue de ¢1.234 millones y que será la Procuraduría General de la República la que se encargue de plantear la acción civil resarcitoria contra los 26 acusados y las empresas que representan.
Con la acusación se cierra la etapa de investigación que duró cinco años y el expediente pasa a conocimiento de jueces, quienes deberán definir, en una etapa procesal que puede tardar dos años o más, si el caso es elevado a juicio.
La trocha 1856 -de 160 km paralelos a la frontera con Nicaragua- fue un proyecto impulsado por la administración de Laura Chinchilla, en respuesta a la invasión del gobierno de Daniel Ortega a isla Calero, en Pococí, Limón, ocurrida en el 2010.
Relaciones. Chavarría manifestó que la acusación consta de 668 folios, 86 informes de la Policía Judicial, 28 ampliaciones y detalles de 58 allanamientos.
Según dijo, inicialmente se indagó el posible vínculo de altos funcionarios con los hechos investigados; entre ellos citó a la exmandataria Chinchilla. Sin embargo, con el pasar...
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