REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 22, CAPÍTULO IV, Y EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 45, CAPÍTULO VI DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N.° 8292, DE 31 DE JULIO DE 2002, Y SUS REFORMAS, QUE LEY N.° 7428, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE 07 DE SETIEMBRE DE 1994
| Fecha de publicación | 25 Octubre 2022 |
| Número de registro | IN2022683600 |
| Emisor | Poder Legislativo |
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 22, CAPÍTULO IV, Y
EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 45, CAPÍTULO VI DE LA
LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N.° 8292, DE
31 DE JULIO DE 2002, Y SUS REFORMAS, QUE
MODIFICA EL ARTÍCULO 26 y 31 DE LA
LEY N.° 7428, LEY ORGÁNICA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA DE 07 DE
SETIEMBRE DE 1994
Expediente N.° 23.346
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Los legisladores de la República tenemos muchos retos a nivel país, uno de ellos es el mantenernos vigilantes en forma directa e indirecta en cuanto a los resultados obtenidos en los diferentes ciclos del proceso de una administración eficiente de los recursos de la hacienda pública.
El proceso de formación de la ley nace del estudio de indicadores que permitan visualizar, identificar y proponer medidas en el corto, mediano y largo plazo, que vengan a fortalecer en forma directa e indirecta los procedimientos actuales en toda materia, en este caso específico me refiero al comportamiento de algunos indicadores financieros que han sido objeto de estudio en las comisiones legislativas de esta Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y Comisión del Ingreso y Gasto Públicos, en temas directamente relacionados con la administración eficiente de los recursos de la Hacienda Pública, aunado a ello el rol protagónico del órgano rector del Sistema de Control Interno que ha venido cumpliendo la Contraloría General de la República.
El déficit fiscal al cierre del año 2018 fue por el orden del 5,8% del producto interno bruto (PIB), presentando un incremento muy acelerado para el año siguiente 2019, de un 6,96% del (PIB), lo que significó el peor déficit fiscal en los últimos 36 años.
Los efectos negativos de una crisis fiscal no se orientan únicamente a las limitaciones que enfrentaría el Gobierno central en la atención de las obligaciones de los compromisos financieros en un periodo de tiempo determinado, específicamente de un año, por medio de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, sino que en el desempeño de otras áreas de la economía tales como: el sistema financiero a lo interno y externo, el sistema no financiero, empleo, producción, encadenamientos productivos, exportaciones, importaciones, turismo, pesca y muchas acciones en forma colateral que si no se dispone de una estructura financiera y no financiera adecuada, el país continuará sufriendo periodo tras periodo los embates con afectación directa en la población por sus efectos de desaceleración económica.
Recordemos que en meses anteriores nos visitaron organismos internacionales con el objeto de medir a futuro posibilidades de financiamiento, razón por la cual valoraron entre otros indicadores algunas mediciones financieras por medio de las calificadoras de riesgos, dándose como resultado, en esta oportunidad, cifras poco alentadoras, estos comportamientos tienden a repercutir directamente en la eventualidad de posibles solicitudes de financiamiento a nivel internacional en el corto, mediano y largo plazos.
Toda evaluación que conlleva la posibilidad de financiamiento va de la mano con las mediciones de los índices de riesgos, entre mayor sea el riesgo mayor la tasa de interés que se debe asumir, para efectos de los gastos financieros durante el periodo de crédito, o bien, del financiamiento, aunado a ello, los plazos se reducen considerablemente.
El país día con día muestra cifras de un incremento en la deuda pública, lo cual ha generado que se tengan que emplear opciones de readecuaciones para disminuir la deuda interna doméstica con deuda externa para lograr un canje que nos permita minimizar en cierta forma los efectos de dicho gasto financiero por la falta de administración, visión y misión a nivel país, sumado a ello los efectos negativos directos que se han venido dando tales como los impactos de la vivencia de los huracanes vividos pocos meses atrás y en estos momentos con los efectos tan negativos con la pandemia covid-19, y las secuelas que encadena en nuevos virus de consideración con afectaciones directa a la economía doméstica y externa.
Como se observa en la gráfica siguiente, la deuda pública del Gobierno central ha venido en crecimiento, al cierre del año 2016, esta alcanzó los ¢14,03 billones de colones, con incrementos en términos anuales mostrando las siguientes cifras al cierre de cada año, para el 2017 este monto fue por ¢16.06 billones, 2018 ¢18.57 billones, 2019 ¢21.21 billones, 2020 ¢24.28 billones y con fecha corte marzo 21, ¢25.38 billones de colones. Es decir, si comparamos el primer trimestre del año 2021 en relación con el cierre del año 2016, nos da un incremento en términos nominales por ¢11,34 billones de colones, lo que significa en términos relativos un 80.87% de incremento en 5 años y un trimestre (diciembre 2016-marzo-2021).
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En la gráfica siguiente se extrae la composición de esta deuda pública del Gobierno central. Deuda interna y deuda externa, para este mismo periodo diciembre 2016 a marzo 2021.
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De la gráfica anterior se desprende que la deuda pública del Gobierno central está compuesta por: deuda interna por un monto al cierre del primer trimestre del año 2021 por ¢19.50 billones de colones y la deuda externa a esta fecha por ¢5.87 billones de colones, para un total global de ¢25.38 billones de colones, según lo comentado en los párrafos anteriores.
Si comparamos el monto de la deuda interna al cierre del primer trimestre del año 2021, en relación con el cierre del año 2016, nos da un incremento en términos nominales por ¢8,69 billones de colones, lo que significa en términos relativos un 80,46% de incremento en 5 años y un trimestre (diciembre 2016-marzo-2021). Por su parte la deuda externa, tomando en consideración este mismo periodo de diciembre 2016 al cierre del primer trimestre 2021, presenta un incremento por el orden de los ¢2.65 billones de colones, representando un 82,23% de incremento en términos relativos.
De acuerdo con lo argumentado en los párrafos anteriores, la utilización de esta herramienta para efectos de financiamiento tanto a nivel interno como externamente, nos genera la gran posibilidad de disponer en momentos de estrujamiento de nuestra economía la disponibilidad de apalancamientos financieros en mejora de los índices de liquidez y consecuentemente el hacerle frente a los diversos compromisos financiero-económicos tanto interno como externamente.
No obstante, lo anterior, debemos de tener presente que la herramienta de apalancamiento financiero debe venir precedida de diversos sistemas de control interno en una administración eficiente en las finanzas públicas, me refiero específicamente, entre otras variables, a la obligación de todos el velar por que los recursos financieros que se destinan vía presupuesto anual a cada institución pública sean administrados eficientemente por parte de la Administración Activa.
Revisando algunos comportamientos en términos interanuales de la ejecución presupuestaria del presupuesto ordinario y extraordinario de la República durante el periodo 2017 al cierre del año 2021, se han presentado al cierre de estos periodos altos niveles de subejecuciones presupuestarias (montos no ejecutados) por: ¢986.644,4 millones en el año 2017, para el año 2018 el monto de ¢ 1.13 billones de colones, 2019 ¢1.14 billones de colones, 2020 ¢1.06 billones y al cierre del 2021 el monto alcanzó los ¢810.312.7 millones de colones, según se observa en la siguiente gráfica.
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Para efectos de complementar los indicadores antes mencionados, he dado seguimiento al comportamiento de los ingresos totales y gastos totales de previo y posterior a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, así como antes de la situación alarmante que ha provocado por los efectos de la pandemia covid-19.
Los ingresos totales como porcentaje del producto interno bruto (PIB) se incrementaron considerablemente pasando de un 14,2% en el 2018 a un 14,8% en el 2019, con una variación favorable en los ingresos por el orden de los 406.321,2 millones de colones, para una variación relativa del 8,20%. Es decir, se pasó de (4.9 billones), en el 2018 a (5.3 billones) en el 2019.
Sin embargo, es de suma importancia señalar que para estos periodos 2018-2019, el comportamiento del gasto total se incrementó considerablemente mostrando cifras de un 20,0% del PIB en el 2018 y de un 21,7% para el año 2019, representando un monto total de gastos para el 2018 por (6.9 billones), y para el 2019 alcanzó los (7.8 billones), dándose un incremento muy representativo por el orden de los 885.236,6 millones de colones.
Por otra parte, me ha llamado a la reflexión que, mediante el informe técnico sobre la liquidación del presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2021, Ley N.° 9926, de 2 de diciembre de 2020, Expediente 23.100, se indica que, durante el año 2021, el presupuesto inicial fue modificado por diez presupuestos extraordinarios y/o modificaciones legislativas.
Considero de suma importancia y prioridad que como legisladores y legisladoras de la República seamos vigilantes de los diferentes procesos de formulación y ejecución de esta vital herramienta presupuestaria en aras de lograr maximizar los niveles de eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos financieros.
Con el objeto de conocer en términos generales la composición del aparato estatal público, seguidamente se consigna una gráfica sobre su composición, en aras de visualizar los efectos positivos que se obtendrían con la aprobación de este proyecto de ley.
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Del esquema anterior se desprende que el sector público está compuesto por: el sector público no financiero representado por, el Gobierno central, Gobierno de la República, instituciones descentralizadas y gobie...
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