Reforma a la DIS amenaza derechos, dice la Defensoría
Violación a comunicaciones, espionaje político, transgresión a la división de poderes. Todas son acciones probables, según la Defensoría de los Habitantes, si los diputados aprueban el proyecto que reforma la Dirección Nacional de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Montserrat Solano, la defensora de los Habitantes, expresó que la propuesta violenta derechos humanos.
Entre estos, citó con especial preocupación el monitoreo del espectro electromagnético de frecuencia abierta, por incluir las comunicaciones de los ciudadanos mediante sus teléfonos celulares.
'En el proyecto se dice que ese monitoreo no constituye la interceptación ni la violación de comunicaciones. Eso es como decir que camina como pato, tiene plumas y pico de pato, pero no le vamos a llamar pato. Y, en un Estado democrático, esta potestad la debe controlar un juez', dijo.
El proyecto transformaría la DIS en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN).
Mariano Figueres, actual director de la DIS, afirmó que el proyecto de ley haría que la agencia de inteligencia pierda sus características de policía política.
Figueres desmintió la posibilidad de que la DIEN vaya a quedar facultada para intervenir las comunicaciones normales que entablan los ciudadanos y dijo que su potestad se limitará a escudriñar la frecuencia marina.
'Las escuchas se seguirán dando de acuerdo con la ley, y la ley es que tiene que ser autorizado por un juez, dentro de un proceso judicial y realizado por un juez de escucha', recalcó.
Alertas. Empero, la jerarca de la Defensoría de los Habitantes opina distinto, pues considera que la iniciativa no despeja las nebulosas que hoy rodean las operaciones de la DIS. Entre sus varias dudas sobre el plan que impulsa el Poder Ejecutivo, Solano dijo que va en contra del derecho humano de acceso a la información.
Esto, porque prevé que las investigaciones de la DIEN serán confidenciales durante 20 años, en los que solo el presidente de turno conocerá sus pormenores.
Según la defensora, el plazo de confidencialidad debería ser, como en otros países, con temporalidad escalonada, empezando en cinco años, después de los cuales un juez, y no el gobernante, sería quien apruebe extender el tiempo o liberar la información.
Sobre este punto, el jefe de la DIS dijo que se dispuso la confidencialidad de hasta 20 años porque garantiza que no se dañará la honra de las personas...
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