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El registro de accionistas es un cambio que requiere de ley

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Vincent

En distintos foros se ha discutido la intención de la Dirección General de Tributación (DGT) de crear un registro de accionistas de sociedades mercantiles.El proyecto de resolución propone que las sociedades estén obligadas a declarar los nombres de los accionistas, su número de acciones y la fecha de su adquisición, así como otra información adicional pertinente para efectos tributarios. Cualquier cambio en la composición debe actualizarse en forma trimestral, bajo sanción de altas multas en caso de incumplimiento.La DGT ha argumentado que el establecimiento de este registro mediante resolución, no violenta el principio de reserva de ley tributaria, en virtud de que las disposiciones introducidas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), por la Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal y Ley de Fortalecimiento de  la Gestión Tributaria , lo facultan a nivel legislativo para crear disposiciones de esta naturaleza.La autoridad tributaria resalta dos argumentos, como motivos fundamentales para la creación de un registro de accionistas : a) la fiscalización del pago del impuesto de traspaso de bienes inmuebles, en traspasos indirectos a través del endoso de acciones o cesión de cuotas de una sociedad; y b) el cumplimento de parámetros de transparencia e intercambio de información en materia tributaria, adquiridos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Sin embargo, la propuesta de la DGT sobrepasa los requerimientos de transparencia de la OCDE. La posibilidad de acceso a la información de los accionistas, ya está garantizada en nuestro ordenamiento, en caso de ser requerida por la administración. Nuestro Código de Comercio establece una obligación legal de llevar el Registro de Socios para cada sociedad, y el artículo 84 bis del CNPT ya contempla una sanción para aquellas sociedades que incumplan esta obligación.Parece evidente que la DGT pretende aprovechar las ansias del costarricense por cumplir con estándares económicos internacionales, simplificando sus esfuerzos de fiscalización, a través de mecanismos que amenazan las libertades económicas protegidas en nuestro ordenamiento.La DGT pretende vulnerar el velo corporativo de cientos de miles sociedades del país, respaldado en la supuesta...

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