Rónald Víquez: 'Hay impunidad administrativa en la Asamblea'
El procurador de la Ética Pública, Rónald Víquez, lanza un llamado para que se cumpla con la sentencia de la Sala IV del 2010, que ordenó a la Asamblea Legislativa establecer un régimen disciplinario que permita castigar las infracciones contra la ética y la probidad de los diputados. Sin embargo, el abogado del Estado afirma que, ante la negativa del Congreso en cuanto a cumplir, de momento lo que se genera es impunidad administrativa.
¿Qué nos puede decir de las tres resoluciones que ha emitido la Procuraduría de la Ética contra diputados, y donde también advierten al Congreso de que siguen en mora respecto a la orden de la Sala IV del 2010?
El año pasado hicimos tres informes. No le puedo revelar su contenido, pero sí, la información de carácter público, es que uno se trata del informe 11 2 15 del 28 de agosto del 2015, en contra del diputado Óscar López. Igualmente lo hicimos en el informe 12 del 2015. Es el caso de Kattia Martin, en contra del Directorio legislativo y también el 6 de 2015, del diputado Jorge Arguedas.
En los tres se le ha dicho a la Asamblea que debe acatar lo ordenado en el voto 2010-11352 de la Sala Constitucional, que obligaba a crear este régimen sancionatorio a través de las reformas constitucionales del caso, para contar con un instrumento idóneo que incorpore las faltas al deber de probidad, como una causal para la pérdida de credenciales.
De existir ya un instrumento legal en el Congreso, que castigue las faltas de probidad, estos tres expedientes debieron haber sido elevados.
Nosotros hacemos una investigación preliminar y, si detectamos posibles faltas al deber de probidad o deberes éticos, se hace un informe al superior del funcionario. En este caso sería al Directorio legislativo, donde se le indica que hay una falta de alguno de los diputados, y que entonces se debe establecer o valorar la apertura de procedimientos administrativos.
Pero hoy en día no es así.
No. Por eso en estos tres expedientes hacemos la advertencia de que la Asamblea está en mora respecto a una obligación que desde el 2010 fue dictada por la Sala Constitucional y tenían un plazo hasta el 2013, de establecer un régimen sancionatorio.
En el caso de Kattia Martin, sería el nuevo Directorio legislativo el que, en teoría, debía abrir un procedimiento en contra de las anteriores cabezas del Congreso.
Ellos tienen que valorar los alcances del informe, que yo no puedo revelar. Pero, en buen entendimiento, el Directorio debe establecer y...
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