Sala III: investigación de fiscal general sobre Henry Mora 'evidencia carencia de estudio'
Los magistrados de la Sala Tercera del Poder Judicial fueron contundentes: la investigación con la cual el fiscal general, Jorge Chavarría, pretendía absolver al expresidente del Congreso, Henry Mora (del PAC), y a los diputados Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC) careció de estudio y de una adecuada argumentación.
Así lo dice la resolución con la que los magistrados especialistas en la materia penal rechazaron el pedido de Chavarría de desestimar una denuncia por presunto prevaricato contra los tres legisladores.
El caso está relacionado con el nombramiento que hicieron los diputados, en una plaza del Congreso, de la vicepresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Kattia Martin.
Se trata del acuerdo del anterior Directorio legislativo, integrado por Mora, Vásquez y Rodríguez, que permitió designar a Martin en la Dirección de Prensa y Protocolo del Congreso en el 2014, utilizando la plaza que dejó vacante un chofer. Los entonces jerarcas recalificaron el puesto de conductor para convertirlo en el de un profesional 2B, con lo cual el salario del cargo subió de ¢370.000 (chofer) a ¢1,4 millones mensuales.
En el fallo N.° 2015-1134, del 31 de agosto, la Sala III rechaza el alegato con que la Fiscalía General solicitó archivar el caso.
Chavarría argumentó que no se puede concluir que los miembros del Directorio realicen labores administrativas y que esa condición es esencial para configurar un eventual delito de prevaricato, el cual consiste en dictar una resolución contraria a la ley, o bien, con base en hechos falsos.
Sin embargo, los magistrados tienen una tesis distinta: 'Si bien es cierto el constituyente les ha encomendado a los diputados la función (principal) de legislar, cuya potestad ha sido delegada por el pueblo mediante el sufragio, también es verdad que el Directorio tiene otras atribuciones, tales como las administrativas'.
En criterio de los jueces, el argumento del fiscal, usado para aducir atipicidad del delito, fue mal fundamentado e, incluso, es contradictorio en su análisis.
'Los razonamientos esbozados por el representante del órgano acusador se contradicen. Por un lado, afirma que el legislador no realiza funciones administrativas (?). Mientras que, posteriormente, señala que los diputados sí realizan funciones administrativas'.
'Resulta a todas luces improcedente por ser contradictoria y ayuna de fundamento', agregó.
Por otra parte, los magistrados criticaron el que los hechos se sopesaran solo con...
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