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Sala IV no encuentra vicios de inconstitucionalidad en proyecto para donar ¢162 millones a Obras del Espíritu Santo

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Vincent

La Sala Constitucional resolvió este miércoles que el proyecto de ley 21.423, para trasladar ¢162 millones del Estado a la Asociación Obras del Espíritu Santo no presenta vicios de inconstitucionalidad en los términos en que fue planteado.La magistrada Anamari Garro Vargas salvó parcialmente el voto porque manifestó que la iniciativa presenta una "falta de la debida motivación, máxime que este versa sobre la disposición de fondos públicos".El alto tribunal resolvió la consulta facultativa que presentaron diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio y una independiente el pasado 15 de agosto, en la que reclamaron que no había fundamento técnico que justifique regalarle ese cantidad de fondos públicos a la asociación católica.Los legisladores firmantes fueron los oficialistas Paola Vega, Nielsen Pérez, Carolina Hidalgo, Laura Guido, Catalina Montero y Enrique Sánchez; las liberacionistas Paola Valladares y Yorleny León; el frenteamplista José María Villalta, y la independiente Zoila Volio.La gestión, promovida por Paola Vega, pedía a los magistrados realizar el control previo de constitucionalidad del expediente legislativo, que plantea tomar recursos pasivos de la Junta de Protección Social (JPS) para trasladarlos a Obras del Espíritu Santo.Esos dineros estaban destinados, originalmente, a un ente público no estatal llamado Casa Hogar Tía Tere, generados por una norma legal ya desaparecida.Vega, en el documento dirigido a la Sala IV, advertía de que la Contraloría General de la República reconoció, desde el 2010, que el Congreso no tiene competencia legal para calificar la idoneidad de los sujetos privados que reciben recursos públicos.Esa labor de verificación le correspondería, según los firmantes, a la Administración Pública.Aparte del criterio de que no es potestad de la Asamblea Legislativa decidir a quién le regala fondos públicos, la consulta planteaba el temor de una violación del principio constitucional de interdicción de la...

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