Sentencia impediría a ciudadanos pedir cuentas sobre proyectos cedidos a organismos internacionales
Un fallo de la Sala IV impediría a los ciudadanos pedir cuentas sobre la forma en la cual se gastan los recursos en los proyectos que el Gobierno cede a organismos internacionales.
Así ocurriría, por ejemplo, con las obras públicas y los programas encargados a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Esas instituciones están sujetas al derecho internacional y, según la Sala IV, su quehacer escapa a la fiscalización de la Hacienda Pública.
Por tanto, los órganos externos no están obligados a entregar a los ciudadanos documentos para explicar cómo contrataron a los proveedores de un proyecto ni a qué costo.
Así ocurriría porque, el pasado 30 de noviembre, la Sala IV declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 30 del Convenio Constitutivo del BCIE, el cual establece que los archivos de ese banco, por estar sujetos al derecho internacional público, son inviolables y gozan de inmunidad absoluta.
Los magistrados concluyeron que todos sus bienes son internacionales y, por consiguiente, no se les aplica la ley costarricense.
El artículo 29 del Convenio Constitucional establece que 'los bienes y demás activos del banco, donde quiera que se hallen y quienquiera los tuviere, gozarán de inmunidad respecto al comiso, al secuestro, al embargo, retención, remate, adjudicación o cualquier otra forma de aprensión o de enajenación forzosa'.
'El BCIE, dispuso la Sala Constitucional, es un sujeto de derecho internacional, con personería jurídica internacional. Esto quiere decir que la organización, el patrimonio y el régimen jurídico de funcionamiento del BCIE están establecidos en el Convenio Constitutivo y, por eso, no se rigen por el derecho interno del Estado costarricense, sino más bien por el derecho internacional', explicó el magistrado, Luis Fernando Salazar.
El juez agregó: 'Para la Sala Constitucional, el BCIE es parte de un tratado general de integración económica y, por ende, el control que se puede hacer sobre esos bienes está excluido del concepto de Hacienda Pública al que pertenecen los otros bienes'.
La acción de inconstitucionalidad la presentó, en agosto del 2012, el actual diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, con la intención de conocer en detalle la forma en que el BCIE...
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