Sentencia Nº 000028-A-TC-2023 de Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 09-03-2023
| Fecha | 09 Marzo 2023 |
| Número de expediente | 12-006799-1027-CA |
| Número de sentencia | 000028-A-TC-2023 |
| Emisor | Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda |
Exp12-006799-1027-CA
Res. 000028-A-TC-2023
TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. S.J.é, a las diez horas cuatro minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés
L.ón de costas personales dentro del proceso conocimiento establecido por M.N.D.íaz, representado por su asesor jurídico, licenciado A.U.D., contra la Universidad Nacional, representado por su apoderado especial judicial, licenciado J.C.G.ía P.. La actora formula recurso de casación contra la resolución no. 595-2022, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, S.ón de Ejecución, a las 09 horas 15 minutos del 27 de octubre de 2022.
CONSIDERANDO
I.- La actora, pretende someter a conocimiento de esta Sala la resolución no. 595-2022, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, S.ón de Ejecución, a las 09 horas 15 minutos del 27 de octubre de 2022, que resolvióSe acoge parcialmente la liquidación de costas formulada por la demandada. Se condena a MARGARITA NOVO DÍAZ, cédula de identidad numero 5-0230-0702 a pagar por costas del proceso de conocimiento en favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL el monto de un millón quinientos mil colones (1.500.000,00), así como los intereses legales que dicha suma genera a partir de la firmeza de la presente resolución y hasta su efectivo pago. Firme la presente resolución y conforme lo disponen los numerales 155 del Código Procesal Contencioso Administrativo proceda la obligada depositar en la cuenta del despacho N120067991027-8 la suma concedida en el término de treinta días
II.En el caso en estudio, lo combatido por la parte casacionista gira en torno a la cuantificación de extremos pendientes, costas e intereses liquidadas en fase de ejecución; sin embargo, previo al análisis de la censura expuesta, es menester indicar lo siguiente. El recurso de casación es una instancia de carácter extraordinario, en la que no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, esto porque las causales de impugnación son únicamente las preestablecidas por el ordenamiento jurídico. En este sentido y de interés para este asunto, se tiene que el artículo 134 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) en sus incisos 1) y 2) dispone: 1) Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico. 2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de conocimiento. (Lo subrayado es suplido). Por su parte, el canon 178 de la norma de referencia, en lo de interés, preceptúa: Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, dentro del plazo de tres días hábiles. Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo [134] del presente Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo Código (Lo subrayado es suplido y la corrección de la norma de referencia -134-, deviene del error material señalado desde la resolución 819-2008 de las 10 horas 45 minutos del 04 de diciembre de 2008 de esta Sala).Tales disposiciones, llevan a la conclusión de que únicamente poseen recurso de casación las sentencias que se dicten en los procesos de ejecución; ello es así, porque el recurso de casación está previsto para resoluciones que tienen efecto trascendental en el proceso, ya sea porque deciden, en definitiva, las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión de la demanda, o bien, respecto a excepciones o incidentes que tengan la virtud de ponerle fin al proceso (resolución 913-2009 de las 11 horas 10 minutos del 10 de setiembre de 2009 de este Órgano Colegiado). Lo anterior, coincide con la actualizada denominación de la normativa procesal civil (de aplicación supletoria conforme al precepto 220 del CPCA), que en su numeral 58.1 especifica que son sentencias, aquellas que deciden las cuestiones debatidas, mientras que los autos contienen juicios valorativos. De esta forma y respecto al caso en estudio, se tiene que la cuantificación de las costas generadas en la fase de ejecución, no corresponde al supuesto de las sentencias sino al de los autos, pues no se toma una decisión definitiva de lo debatido, lo que se realiza, es la constatación entre los rubros concedidos y los liquidados, valorando su pertinencia y monto; auto que no se podría circunscribir bajo la consideración de una resolución final, pues así como la parte podría cancelar la obligación de forma inmediata, también existe el supuesto de que requieran varias liquidaciones hasta el cumplimiento efectivo de esta. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el CPCA, no regula de forma concreta el trámite que se debe llevar a cabo en el caso de la liquidación, únicamente se refiere a la determinación de las sumas a conceder cuando existan condenas en abstracto (artículos 163 y 164 del CPCA) cuya fijación sería en realidad una sentencia, situación que lleva forzosamente a emplear las normas procesales civiles conforme a la ya referida remisión del artículo 220 del CPCA. En este sentido, el Código Procesal Civil señala en los numerales 146 y 147, los requisitos para solicitar la liquidación y el procedimiento a seguir (con el deber de resolver inmediatamente en audiencia oral o en su defecto, dar audiencia por tres días a la parte -epígrafes 114.1 y 114.2 párrafo 3-), lo que conduce indiscutible y lógicamente, a que se aplique el régimen recursivo del mismo cuerpo normativo, sea el precepto 67.3 apartados 14 y 24, los cuales otorgan recurso de apelación a los autos que fijen honorarios, costas y liquidación de intereses; ello porque lo concedido o rechazado corresponde a derechos patrimoniales, y será una de las dos partes procesales, la que deberá cancelar o perder esas sumas. De este modo, y por su trascendencia, no podría aplicarse a estos autos la limitante del ordinal 132 incisos 2) y 3) del CPCA (conforme a la cual, los autos sólo tienen recurso de revocatoria), pues se violentaría de manera grosera el derecho de la afectada a que su reclamo sea conocido por una autoridad judicial superior, ello según lo estatuido en los epígrafes 41 de la Constitución Política y 8 inciso 2) punto h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y no se podría conocer en casación, porque según se explicó, ese recurso es únicamente para las sentencias.
III. En razón de lo expuesto, la normativa y la jurisprudencia citada, al corresponder lo presentado a un recurso en contra de un auto, del cual carece de competencia funcional esta Sala, se tendrá por interpuesto el mismo ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, autoridad a la cual se ha de remitir el expediente para que resuelva lo que en derecho corresponda. Lo anterior, con el propósito de no violentar el derecho a un debido acceso a la justicia de la persona recurrente.
POR TANTO
Se declara inadmisible el recurso. Al carecer de competencia funcional esta Sala para resolver, téngase por interpuesto el mismo ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con reposición de plazos, autoridad a la cual se remite el expediente para que resuelva lo que en derecho correspondaNSOTO
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EXP: 12-006799-1027-CA
Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr
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