Sentencia Nº 002655 de Sala Primera de la Corte, 19-11-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002655

*120061681027CA*

Exp. 12-006168-1027-CA

Res. 002655-A-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas dieciseis minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte .

Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por VIDRIOS Y ESPEJOS DMR DE MORAVIA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderada generalísima sin límite de suma Daisy Maricela Navarro Rodríguez, comerciante; contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representado por su apoderado especial judicial Rafael Humberto González Araya, vecino de Heredia. Figuran como apoderados especiales judiciales, de la actora, Enrique Cano Chaves, divorciado, Melissa González del Valle, no indica estado civil, Dennis Rubie Castro. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.

Redacta el magistrado Molinari Vílchez

CONSIDERANDO

I.- Desde la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), esta Sala de Casación ha perfilado los distintos requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de casación. En este sentido, además de las formalidades establecidas en el numeral 139 de dicho cuerpo normativo, al amparo del artículo 140, se ha indicado que todo agravio debe necesariamente cumplir con la adecuada motivación, la cual, en virtud de las características de esta impugnación, ha de ser clara y precisa. Desde esa perspectiva, necesariamente, deberá contener la fundamentación fáctica y jurídica, so pena de inadmisibilidad. Fáctica, en la medida en que exista disconformidad con los hechos que se han tenido por probados o indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con las circunstancias acaecidas por la violación de normas procesales. Jurídica, cuando se trate de la indebida aplicación, inaplicación o errónea interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o bien, aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, al modificarse el cuadro fáctico de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal como en la probatoria, pueden concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión, porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia recurrida. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales reforzarán, en ocasiones, las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen su esencia. Como ya lo ha manifestado este Órgano al interpretar el artículo 139 de referencia, se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento (Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos, a la mezcla de argumentos ininteligibles, o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de total fundamentación jurídica, y, por tanto, habrá de sancionarse con el rechazo de plano, al tenor del cardinal 140 inciso c) del Código de cita.

II.- De previo al detalle de los agravios aducidos, y para un mejor entendimiento de lo que se resolverá, pese a su extensión, conviene transcribir lo resuelto por el Tribunal en cuanto a la aducida falta de justificación médica para el internamiento de la paciente durante 22 días naturales en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Sobre el particular indicó: () Ahora bien, considera este Tribunal que contrario a lo que sostiene el apoderado de la parte demandante, el Director Médico del HDRACG sí justificó desde un punto de vista técnico con base en el informe rendido por la Jefatura del Departamento de Hemato-Oncología de ese mismo nosocomio contenido en el oficio HCG-SO-156-03-12 del 06 de marzo del 2012- el período de hospitalización de la paciente Ballestero Gutiérrez, según se desprende de la siguiente cita: “…Por confidencialidad clínica de los registros médicos de toda persona usuaria, no se le puede dar a conocer a terceros, los datos diagnósticos y terapéuticos, protegidos por la esfera constitucional de la intimidad-privacidad, de no disponerse previamente y en forma expresa, del consentimiento legal por el titular del derecho o por quien se encuentre facultado jurídicamente para hacerlo a nombre o en representación de la misma o por orden judicial, por lo que esta Dirección General no podrá referirse a tales contenidos (excepto que aporte la autorización). Lo que sí puede indicarse, es que se le practicaron valoraciones médicas especializadas y de apoyo diagnóstico pre quirúrgico y asistencia post quirúrgica, a la Sra. Ballestero, dentro del período de hospitalización, propios de su patología y complejidad y que actualmente se encuentra en seguimiento de control y evolución de la consulta externa…” (folio 34 del expediente administrativo; el resaltado no es del original). Dicho criterio es conteste con el externado en el dictamen médico legal número 2017-0004078 del 12 de mayo del 2017, por el perito médico forense, José Manuel Fernández Chávez (que es odontólogo de formación; especialista en odontología forense, hematología y cirugía oral; que ejerce su profesión desde el año 2004 y que funge como perito judicial desde el año 2015), al concluir que: “…La paciente presentó la patología denominada "carcinoma epidermoide bien diferenciado en lengua", que de acuerdo con los elementos aportados se consideró invasivo. Este tipo de patología como la mayoría de tipos de cáncer en cabeza y cuello es sumamente agresivo y requiere tratamientos radicales por su alta tasa de recidiva y de metástasis. La paciente ingresó al hospital y estuvo hospitalizada durante 17 días en los que se le efectuaron exámenes clínicos y radiológicos, como se puede observar en el expediente algunos de ellos son de rutina y otros fueron especializados como los ultrasonidos y la tomografía axial computarizada. Precisamente por el tipo de patología es imperativo realizar la cirugía teniendo disponible todo lo necesario para tomar una decisión terapéutica acorde con la condición de la paciente que en este caso fue una "hemiglosectomía junto con disección suprahioidea izquierda", lo que quiere decir que se eliminó la mitad izquierda de la lengua y que se hizo remoción de los tejidos malignos o con potencial de malignización en la zona ubicada por encima del hueso hioides". Este procedimiento tiene una evolución y recuperación lenta y usualmente es dolorosa, además es realizado en una zona donde está comprometida la vía aérea que puede conllevar a la muerte si no se toman las precauciones del caso. Dicho esto, es imperativo que este perito aclare que NO EXISTE forma alguna de ponderar los días que deba estar hospitalizada una persona antes o después de un procedimiento quirúrgico, especialmente en un Hospital de III Nivel donde la cantidad de procedimientos especializados que deben ser llevados a cabo en sala de cirugía son incontables, donde la disponibilidad de dichas salas y de las camas tampoco es una variable que pueda manejarse fácilmente. Cada paciente representa un caso clínico diferente y por lo tanto no existe forma objetiva de cuantificar ni ponderar los días que una u otra patología amerite, ni se puede peritar con respecto a la pregunta 2 "que sea ponderado la cirugía que se le debió practicar a la paciente frente al tiempo que estuvo ingresada con anterioridad a la cirugía es importante resaltar que las cirugías no se hacen de acuerdo con los días de hospitalización sino de acuerdo con lo que dicta la lex artis para cada diagnóstico, que debe además ser adaptado a las necesidades y condiciones de cada individuo…” (imágenes 214 a 215 del expediente virtual; el resaltado no es del original). Asimismo, en la declaración que rindió ante este Tribunal por medio del sistema de video conferencia, durante la audiencia de juicio celebrada el 04 de julio del 2018 (ver respaldo digital de la declaración del perito en la audiencia de juicio del 04-07-2018, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual), el perito médico forense fue enfático en indicar que en este caso, sí ameritaba la cantidad de días (22) que la paciente Ballestero Gutiérrez estuvo internada, por las siguientes razones: i) Por el tipo de enfermedad que padecía la paciente, a saber: un carcinoma epidermoide bien diferenciado, invasor en la parte izquierda de la lengua (cáncer o CA de lengua), o sea, con capacidad de moverse en ciertas áreas del cuerpo por vía sanguínea o por la linfa ver folios 114, 118, 141 del expediente clínico; 3 y 5 del expediente judicial; 23 del expediente administrativo-, se justificaba la realización de exámenes pre-operatorios como ultrasonido de cuello (US de cuello), tomografía axial computadoriza de cuello (TAC), endoscopía (interconsulta en el servicio de otorrinolaringología ORL) “…para valorar extensión y compromiso y/o presencia de segundo primario…” (folios 14, 32 y 124 del expediente clínico); ii) En ese sentido, el perito médico forense indicó que en razón de la patología que presentaba la paciente, debían agotarse todos los recursos para un buen diagnóstico, a fin de que cuando fuera llevada a sala de operaciones (SOP), no se fuera a improvisar el tratamiento, pues debía tenerse claro qué estructuras corporales estaba poniendo en riesgo el tumor maligno que la aquejaba, dado el alto índice de mortalidad y morbilidad que presenta el CA de lengua; iii) Asimismo, aclaró que dichos estudios previos y las valoraciones posteriores a la intervención quirúrgica, no los realiza un solo profesional (en oncología y hematología), sino que intervienen diferentes especialistas en el área de la salud, como ORL, nutricionistas, medicina paliativa, cardiología, radiología (imágenes), entre otros (folios 118, 121 a 125, 131 a 134, 03 a 05 del expediente clínico); iv) Por otra parte, describió el procedimiento quirúrgico al que fue sometida la paciente a saber: hemiglosectomía junto con disección suprahioidea izquierda", o sea, eliminación de la mitad izquierda de la lengua y remoción de los tejidos malignos o con potencial de malignización en la zona ubicada por encima del hueso hioidescomo doloroso y con una recuperación muy incómoda, dado que en caso de edema (inflamación), existía un riesgo de que las vías áreas se vieran comprometidas y se asfixiara. Con el agravante de que la tasa de mortalidad era de cinco años, lo cual se cumplió en este caso, dado que en control de consulta externa en setiembre del año 2012, se documentó una masa cervical izquierda palpable de 5x6 cm en relación con recidiva locorregional de CA epidermoide, que requirió que la paciente fuera llevada nuevamente a sala de operaciones el 11 de octubre del 2012 para disecar la masa antes indicada y drenar las adenopatías abscedadas. No obstante, falleció el 24 de noviembre del 2012 (folios 4, 5, 7 a 12 del expediente clínico; 96 del expediente judicial). En ese sentido y contrario a lo consignado en la declaración jurada rendida por María Adela Ballestero Gutiérrez, el 31 de octubre del 2012, ante la notaria pública Aída Mora Esquivel (folio 6 frente y vuelto del expediente judicial), este Tribunal tiene por acreditado que la afirmación del perito médico forense, respecto a que la paciente Ballestero Gutiérrez recibió atención continua durante los 22 días que estuvo internada en el HDRACG, encuentra sustento en el expediente clínico, del cual se desprende lo siguiente: a) Que durante toda su estadía en el centro de salud indicado (del 2 al 24 de enero del 2012), estuvo bajo el control y cuidado del personal médico -en diferentes especialidades- y de enfermería del HDRACG (folios 7 a 12, 14, 29, 32, 118 a 180, 181 a 188, 199 del expediente clínico); b) Que del 2 al 11 de enero del 2012, la señora Ballestero Gutiérrez fue sometida a exámenes o procedimientos preoperatorios, tales como: marcadores tumorales, US de cuello (ultrasonido de cuello), TAC de cuello (tomografía axial computadorizada), EKG (electrocardiograma), endoscopía e interconsulta en ORL (otorrinolaringología), Rx Tórax PA y Lateral (rayos de tórax antero posterior y lateral), y a pruebas de laboratorio tales como: hematocrito, hemograma, tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina, glucosa, triglicéridos, colesterol, etc. (folios 119 a 129, 181 a 188, 14, 32 del expediente clínico, y 23 del expediente administrativo). En ese sentido y sin perjuicio de que la señora Ballestero Gutiérrez falleció desde el 24 de noviembre del 2012, carece de sustento lo consignado en la declaración jurada que rindió el 31 de octubre del 2012, ante la notaria pública Aída Mora Esquivel, respecto a que únicamente se le sometió a tres exámenes durante los 22 días de internamiento que aquí se cuestionan (folio 6 frente y vuelto del expediente judicial); c) Que del 11 al 18 de enero del 2012, la paciente continuó completando estudios mientras esperaba la asignación de una sala de operaciones (SOP), tales como: la práctica de glicemias dado que para esa fecha era una adulta mayor de 75 años que padecía de diabetes tipo 2 y era insulina dependiente; control del dolor para comer por sangrado (medicina paliativa); control nutricional, pues tenía dificultad para masticar aún alimentos de dieta tipo papilla, lo que le ocasionó una pérdida de cuatro kilos en dos semanas; tratamiento farmacológico prescrito por el médico tratante; preparación para cirugía programada para el 19 de enero del 2012 (folios 34, 118, 129 a 134, 156 a 167 del expediente clínico); d) Que el 19 de enero del 2012, fue sometida a una intervención quirúrgica denominada hemiglosectomía junto con disección suprahioidea izquierda (eliminación de la mitad izquierda de la lengua y remoción de los tejidos malignos o con potencial de malignización en la zona ubicada por encima del hueso hioides), a fin de tratar un CA de lengua invasivo, procedimiento durante el cual no presentó complicaciones, como tampoco en la etapa de recuperación posterior a la cirugía. Sin perjuicio de que tanto antes como después de ser operada, recibió atención continua del personal médico y de enfermería, que incluyó entre otros- el control de la diabetes tipo dos mediante el suministro de insulina; la revisión de las heridas y del drenaje colocado (folios 7, 135 a 136; 167 a 171, 205 a 208 del expediente clínico); e) Que del 20 al 24 de enero del 2012, el personal médico y de enfermería del HDRACG, procedió a la evaluación y limpieza diaria de la herida quirúrgica, así como también de la lengua, las cuales no presentaron signos de sangrado o infección; a controlar el dolor con Tramal un día después de la cirugía; a reiniciar el soporte nutricional oral después de la operación, primero mediante dieta líquida y después por alimentos tipo papilla; a practicarle exámenes de laboratorio (hemograma y química) y enjuagues tres veces al día con Clorxeil medicado; a retirar el drenaje de la herida; a que pudiera tolerar alimentos líquidos y tipo papilla después de varios episodios de vómito; a educarla sobre importancia de higiene bucal y los auto cuidados a seguir con posterioridad al egreso del hospital; a darle la salida, entrega de documentos, citas de control y medicamentos (folios 29, 137 a 140, 171 a 181, 199 del expediente clínico). Que en razón de todo lo expuesto, este Tribunal considera que el período de internamiento de la paciente Ballestero Gutiérrez en el HDRACG, que comprende del 2 al 24 de enero del 2012, no resulta irrazonable ni desproporcionado en razón de la patología por la que fue atendida (CA de lengua invasivo que requirió de una hemiglosectomía junto con disección suprahioidea izquierda); de las condiciones propias de la paciente (adulta mayor de 75 años con diabetes tipo 2, e insulino dependiente) y de la atención médica continua que recibió durante todo el tiempo que permaneció hospitalizada, a fin de tratar dicho padecimiento de manera idónea, integral y no improvisada, tal y como se desprende de los expedientes clínico y administrativo; de los dictámenes médico legales; de la declaración del perito médico forense rendida en la audiencia de juicio celebrada el 04 de julio del 2018 y de los propios oficios HDRCG-DM-1953-03-2012 del 26 de marzo del 2012 y HDRCGDM-7870-11-2012 del 20 de noviembre del 2012, ambos suscritos por el Director Médico del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. En ese sentido, estima este órgano colegiado que la parte actora no ha desvirtuado con prueba técnica, que el período de internamiento de la paciente Ballestero Gutiérrez, fuera innecesario, irrazonable o desproporcionado (considerando II aparte a de esta sentencia), por lo que, sus alegatos al respecto resultan infundados ().

III.- Contra lo así resuelto, la casacionista formula dos agravios sustantivos. Primero. Se muestra disconforme con el hecho tenido por no demostrado: a) Que desde un punto de vista técnico médico, el período de internamiento (22 días naturales) de la paciente Ballestero Gutiérrez en el HDRACG, fuera innecesario, irrazonable o desproporcionado (no hay prueba en el expediente que así lo demuestre). Acusa preterición del expediente clínico, del dictamen médico legal no. 2017-0004078 del 12 de mayo de 2017 -rendido por el perito forense-, del testimonio del experto José Fernández Chaves y de la declaración jurada de la señora Ballestero Gutiérrez. Afirma, a partir de esas probanzas se determina que no existieron complicaciones, contingencias médicas, peligro de muerte, estado de gravedad de la paciente, morbilidad o daños físicos, complicaciones a causa de la diabetes, ni cuadros infecciosos pre y post operatorios. Dice, aunque el Tribunal se refirió a tales pruebas, no las ponderó de forma integral, sino que extrajo de ellas únicamente lo que le interesaba para sustentar la teoría del caso de la parte demandada, ignorando que de su contenido se extrae que no existieron complicaciones que ameritaran el prolongado internamiento de la señora Ballestero Gutiérrez. Segundo. Invoca quebranto de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Reitera, de los hechos tenidos por probados no se desprende que haya existido complicación o contingencia alguna en el internamiento de la paciente, lo cual implica que su estadía prolongada en el hospital no era necesaria ni justificada. Recrimina, el Tribunal realizó una lectura parcial y tendenciosa de la prueba, violentando las reglas de apreciación según la sana crítica racional y el principio de unidad de la prueba.

IV.- El recurso resulta informal. La casacionista incumple la exigencia prevista en el artículo 139 inciso 3) del CPCA, que, en lo de interés, dispone: Se deberán indicar, de manera clara y precisa, los motivos del recurso, con la fundamentación fáctica y jurídica del caso (). En el subjúdice, y según se aprecia claramente en la transcripción constante en el Considerando II de esta resolución, el Tribunal expuso un amplio análisis de la prueba técnica y documental allegada a los autos, a partir de la cual explica las circunstancias particulares del asunto que -según su apreciación y valoradas en conjunto- ameritaron un internamiento de la señora Ballestero Gutiérrez durante 22 días naturales en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. En resumen, explicó el Tribunal, el período de internamiento no resultó innecesario, irrazonable o desproporcionado, en vista de tres condiciones particulares: 1) la patología por la cual la paciente recibió atención médica (CA de lengua invasivo que requirió de una hemiglosectomía junto con disección suprahioidea izquierda); 2) las condiciones propias de la paciente (adulta mayor de 75 años con diabetes tipo 2, e insulino dependiente); y 3) la atención médica continua que recibió durante todo el tiempo que permaneció hospitalizada, a fin de tratar dicho padecimiento de manera idónea, integral y no improvisada (tratamientos y exámenes médicos que se detallaron en la forma expuesta en el Considerando II de esta resolución). La recurrente discrepa de tal análisis probatorio, aduciendo que de la prueba constante en autos se colige que no hubo complicaciones médicas, peligro de muerte, estado de gravedad de la paciente, morbilidad o daños físicos, complicaciones a causa de la diabetes, ni cuadros infecciosos pre y post operatorios, que pudieran haber justificado un internamiento tan extenso de la señora Ballestero. Sin embargo, advierte esta Sala, lo alegado resulta ser una mera discrepancia de criterio con lo resuelto, en tanto la casacionista no formula ningún argumento debidamente razonado y sustentado en prueba técnica que logre desvirtuar la apreciación probatoria del Tribunal de instancia. Se limita a afirmar que la paciente no presentó complicación médica pre o post operatoria que requiriera internamiento durante 22 días, mas no refuta el análisis probatorio realizado en sentencia donde se abordan otro tipo de circunstancias médicas y personales de la paciente que -según el Tribunal, y su lectura del acervo probatorio- sí justificaban ese período de hospitalización en orden a brindarle una atención idónea e integral de su padecimiento. Es decir, no explica por qué la presunta ausencia de complicaciones médicas pre y post operatorias, se sobrepone al resto de circunstancias de tipo médico y personal de la paciente que fueron valoradas por el Tribunal como justificantes del internamiento. Además, la recurrente no precisa cuál es la normativa jurídica sustantiva que pudo resultar conculcada a raíz de los yerros apreciativos acusados, con lo cual el primer agravio carece de fundamentación jurídica. Si bien en el segundo cargo alega infracción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, tampoco concreta cómo resultaron conculcados, pues no combate directamente lo resuelto por el Tribunal en cuanto a las tres circunstancias que -a juicio de éste- requirieron el internamiento de la paciente durante 22 días naturales. En vista de la informalidad señalada, se impone el rechazo de plano del recurso, de conformidad con el ordinal 140 c) del CPCA.

V.- Voto salvado de la magistrada Rojas Morales. Me aparto del criterio de mayoría y estimo el recurso no debe ser rechazado por los siguientes motivos: deviene injustificable la aplicación de requerimientos formales y técnicos en el planteamiento del recurso de casación, los cuales impiden todo objetivo de los remedios impugnaticios. No sólo porque en la actualidad ni siquiera priman los orígenes e influencias políticas, filosóficas y jurídicas que dieron nacimiento al instituto casacional, sino también en virtud del palmario quebranto a los principios de acceso a la justicia, defensa, tutela judicial efectiva, e interpretación pro recurso. En efecto, las vicisitudes históricas imperantes en la génesis de la casación, apuntaron a la creación, en 1790 por parte de la emergente Asamblea Nacional Francesa, de un órgano separado del Poder Judicial, para anular todo intento contrarrevolucionario, no solo del Rey y de sus acólitos de la nobleza, sino de los jueces de quienes se temió interpretaran y aplicaran la novedosa normativa revolucionaria contra el nuevo orden de cosas que se pretendía consolidar con el movimiento que impulsó esos cambios. Con el propósito de instaurar el imperio de la ley, se buscó eliminar toda sentencia que, a juicio del incipiente órgano casacional, impidiera asentar el nuevo paradigma político y jurídico. A partir de allí llegó a operar la nulidad de los fallos, por el Conseil des Parties y sus integrantes no eran juzgadores sino contralores de legalidad, de paso, garantes de intromisiones extrañas, de parte de otros poderes, en la solución del conflicto. El transcurso del tiempo condujo a la judicialización de ese órgano, pasando a ser Corte de Casación con algunas modificaciones en su operatividad, agregándose al control de la legalidad, la función de uniformidad de la jurisprudencia. Esos caracteres determinaron -en mi criterio- una serie de obstáculos en perjuicio de los usuarios del servicio público administración de justicia, quienes acudían a la casación en procura de justicia real y concreta. Se introdujeron restricciones de índole formal y técnica que, prácticamente, tornaron inaccesible o tortuoso, el camino para encontrar remedio contra las decisiones judiciales adversas. En la actualidad y en el entorno nacional, aún permanecen más que simples resabios de esas limitantes, cuando las autoridades conocen y resuelven los recursos de casación, pues resulta impositiva, casi por antonomasia, la verificación estricta de una serie de requisitos formales y técnicos, que menguan la verdadera función judicial, llamada a determinar, en cada caso, la justicia o injusticia de las decisiones emitidas por los tribunales ordinarios. Ello es deplorable, no solo porque las coordenadas espacio-temporales de origen del instituto casacional, y los fenómenos que contribuyeron a su nacimiento, resultan ajenas a la realidad costarricense, sino porque la idiosincrasia jurídica, que se supone debe ir de la mano de los principios de una República libre, democrática, representativa y con una enorme carga del predominio de la justicia, no debería admitir requisitos que afecten el derecho de los gestionantes ante esta Sala a la correcta aplicación del derecho. Incluso, las nuevas tendencias procesales, como puede observarse por ejemplo en el Código Procesal Contencioso Administrativo, apuntan a allanar el acceso a la casación, suprimiendo requisitos odiosos, como la cita de los preceptos normativos que pudieran resultar lesionados con el fallo recurrido, según lo establece la doctrina del canon 139, incisos 3 y 4). Estimo que este órgano casacional tiene el deber ineludible de prevenirle al recurrente corregir defectos o hacer aclaraciones que permitan a la Sala hacer un pronunciamiento de fondo, declarar la justicia del caso concreto y contribuir a la paz social. Es evidente que este proceder estaría aparejado a principios y normas de raigambre constitucional, que garantizan una tutela judicial efectiva con supresión de formalidades y tecnicismos que den al traste con la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Considérese, además, que en los códigos procesales de última promulgación, se han eliminado las funciones del órgano encargado de la segunda instancia que intervenía mediante la interposición de un recurso simple como el de apelación. Por eso, no se justifica que la Sala de Casación o -en su caso- el Tribunal de Casación mantengan requerimientos de añeja data y lejana latitud, cuando está de por medio el principio de tutela judicial efectiva. En la práctica, la labor de los órganos casacionales se ha convertido en una segunda instancia, con posibilidad y obligación de analizar el asunto, de consumo también con el principio iura novit curia. Con base a las anteriores consideraciones y, en aplicación de los principios que inspiran la desformalidad del Recurso de Casación, otorgo a la parte gestionante un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de esta resolución, para que ajuste su recurso y supla las deficiencias encontradas por la mayoría de la Sala, aspectos puntuales que carece de interés reseñar en este voto, dada la forma en que se ha pronunciado la mayoría.

POR TANTO

Por mayoría, se rechaza de plano el recurso de casación formulado por la sociedad actora. Salva el voto la magistrada Rojas Morales. GCR

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

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