Sentencia Nº 002656 de Sala Primera de la Corte, 19-11-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002656

*130000430678CI*

Exp. 13-000043-0678-CI

Res. 002656-A-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas dieciocho minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte .

Proceso ordinario interpuesto por PRIFSA PROPIEDADES E INVERSIONES FUNG S.A. y JOHNNY FUNG ACÓN, en el cual, la parte actora presentó recurso de casación contra la sentencia n.° 2019-80 de las 14:03 horas del 10 de mayo de 2019 emitida por el Tribunal de Apelación Civil y de Trabajo de la Zona Atlántica. Abel Gustavo Jiménez Obando, Roberto Soto Vega, Maritza Álvarez Corella, José Miguel Zeledón Gómez, Eileen Mora Villalobos y Daniela Ramírez Quesada intervienen como personas abogadas en el proceso.

CONSIDERANDO

I.- Sobre el régimen recursivo: El Código Procesal Civil -ley n.° 9342- dispone en el Transitorio II que contra las resoluciones que estuvieran dictadas al entrar en vigor el Código el día 8 de octubre de 2018, cabrán los recursos autorizados por las disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron. En lo que respecta al recurso de casación que aquí se conoce, este impugna una resolución cuya emisión es posterior a la fecha mencionada; no obstante, es el pronunciamiento de primera instancia (de las 14:18 horas del 6 de febrero de 2018) que precede al 8 de octubre de 2018; el que marcó el régimen recursivo por el cual la sentencia subsiguiente sería impugnada. Entonces, el recurso debe conocerse de conformidad con las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil ley n.° 7130, tal y como fue previsto en el transitorio. A partir de esas premisas, esta Sala infiere que, al habilitar la ley n.° 9342 un régimen recursivo vigente al momento del dictado de la sentencia; concomitantemente habilitó que, tanto el contenido de la impugnación como el pronunciamiento al que esta da origen, se funden también, en los preceptos legales del régimen probatorio y los reguladores de los demás actos procesales vigentes en esa data. Por lo tanto, la admisibilidad del recurso se hace con base en el Código Procesal Civil ley n.° 7130.

II.- Cuestiones preliminares del recurso: Los requisitos introductorios han sido cumplidos por la casacionista, pues la sentencia impugnada corresponde al proceso ordinario de mayor cuantía n.° 13-000043-0678-CI. Por otro lado, el recurso se presentó dentro del plazo enunciado anteriormente por las siguientes razones: i) La comunicación de la resolución dicha fue trasmitida por última vez al común de las partes -de conformidad con el ordinal 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales- el día 13 de mayo de 2019 (Escritorio Virtual, acta de notificación documento ingresado el 14/05/2019 a las 8:26:21 horas) y correspondió al día 14 de mayo de 2019 a la fecha de la notificación; ii) El plazo recursivo venció el 4 de junio de 2019 y; iii) El recurso fue presentado el día 21 de mayo de 2019 ante la oficina de recepción de documentos del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Escritorio Virtual, documento ingresado el 23/05/2019 a las 8:45:29 horas). Las anteriores corresponden a exigencias preliminares de admisibilidad; los demás requerimientos se conocen de seguido.

Admisión por motivos de fondo

III.- Primer agravio. Manifestó la casacionista que existe error de derecho en la apreciación de la confesión espontánea de las demandadas al reconocer y tener por cierto en su contestación el hecho segundo de la demanda. Alegó infracción de los artículos 316 y 341 del Código Procesal Civil y como consecuencia una indebida aplicación de los cardinales 141, 142, 143 y 144 del Código de Comercio. Explicó que en una aplicación correcta de las normas antes citadas; el hecho segundo nunca fue un hecho controvertido y que más bien, es aceptado por los demandados. Consideró que ese hecho no requiere prueba como lo interpreta el Tribunal para demostrar la condición de accionista. Reclamó lo siguiente: El Tribunal en una imprecisión técnica analiza entonces los estatutos de creación de la sociedad (pacto constitutivo) indicando que las partes no mencionaron sobre la actualidad de las acciones y correspondía a mi representado acreditar con el documento físico (acción) según lo dispone el artículo 317 del Código Procesal Civil inciso primero y que le correspondía probar su condición de socio de 4 acciones mediante el título documento, la pregunta que salta a la vista es si tenía mi representado la obligación de probar un hecho no controvertido con prueba adicional?... a confesión de parte relevo de prueba (imagen 3 del recurso). Insistió en que los hechos admitidos no son susceptibles de prueba. Ulteriormente invocó indebida aplicación del numeral 317 inciso 1) del Código Procesal Civil. Sostuvo haber demostrado que es dueña de parte del capital accionario por no ser un hecho controvertido que requiera prueba y por confesión espontánea en arreglo a los cardinales 316 y 341 Ibídem. Finalizó con la exposición de cómo esa situación afecta la normativa sustantiva que enunció. El agravio no se admite. La invocación que se hizo sobre la existencia de un error de derecho conlleva que la gestionante pretende; en relación con uno o distintos medios probatorios, que estos sean analizados por esta Sala en relación al valor probatorio que el Tribunal de Apelación les asignó. Al respecto, se denota que la promovente no atendió satisfactoriamente a los requerimientos propios de la causal de casación por el fondo bajo la cual subsumió su reclamo. Obsérvese que la infracción citada en el recurso -error de derecho- corresponde a la prevista en el artículo 595 inciso 3). Esa norma dispone sobre ese yerro en particular que el mismo se trata de infracción de las leyes relativas al valor de los elementos probatorios apreciados erróneamente; por consiguiente, cuando reza el deber de indicar también las leyes que, en cuanto al fondo, resultan infringidas como consecuencia de los errores de apreciación reclamados (v.g. cardinal 595 inciso 3) in fine); se refiere a que debe citarse tanto la norma que regula las reglas de valoración de la prueba como las normas sustantivas. Y, precisamente, en ese sentido se haya la omisión del agravio: no se refiere en ningún momento a la norma infringida relativa al valor de los elementos probatorios, a pesar de que sostiene que hay error de derecho. Puede notar la interesada, que la norma principal que establece el sistema de valoración de la prueba bajo el cual las personas juzgadoras deben asignarles valor a los elementos de prueba corresponde al numeral 330 del Código Procesal Civil (Los jueces apreciaran los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal en contrario), lo anterior, sin menoscabo de otras normas especiales como lo son, por ejemplo, los cardinales 338 y 370 (v.g. valor de la confesión judicial y de los documentos o instrumentos públicos). Por consiguiente, los artículos 316 y 341 del Código Procesal Civil -citados como normas infringidas-, no suplen la necesidad de referirse a la norma de valoración que supuestamente fue violentada por el Tribunal al incurrir en aludido error de derecho. Ninguno de esos preceptos contiene reglas de valoración. Veamos. El primero prevé la clasificación de los hechos del contradictorio para exponer los criterios de admisibilidad de la prueba; es decir: cuáles hechos requieren ser demostrados y cuáles no; pero, esa actividad de selección a cargo del órgano jurisdiccional no es una propia de la valoración probatoria; es decir, a través de ella no puede incurrirse en error de derecho. Si bien, esta Sala reconoce que en la modalidad del proceso escrito (contrario al proceso por audiencias) las personas juzgadoras no establecían formalmente -en un auto- el estado del contradictorio en hechos controvertidos y no controvertidos sino hasta el dictado de la sentencia; lo cierto del caso es que, esa situación no genera que el reclamo sobre el criterio del Tribunal sea un problema de valoración como parece entenderlo la recurrente. Por otro lado, el cardinal 341 Ibídem tampoco establece reglas de valoración, sino que explica qué se entiende por confesión espontánea y extrajudicial; es el numeral 338 Ibídem el que fijó el valor probatorio de la confesión -en cualquiera de sus modalidades-. Así las cosas, la parte recurrente a pesar de invocar error de derecho, nunca dijo cómo se configuró el yerro de valoración, porque no tuvo en cuenta las reglas de valoración, no citó la norma infringida en relación a ese particular y su planteamiento no versa sobre el valor jurídico de un medio de prueba, sino, más bien, sobre otro asunto: la fijación del hecho segundo de la demanda como uno controvertido a criterio del Tribunal. Esa temática fue confundida por la gestionante con un error de derecho; y en ese sentido se ve obligada esta Sala a esclarecer el tópico tratado en el contenido del agravio. Veamos. El criterio del Tribunal en relación a ese hecho segundo no es de valoración, sino sobre la contemplación objetiva del órgano jurisdiccional al leer la contestación de la demanda; en otras palabras el error es interpretativo sobre lo que en el escrito aparece aceptado o no por la contraparte, es un error de hecho. Versa sobre una cuestión fáctica que el Tribunal estima que no fue admitida, cuando la recurrente defiende que sí en relación a su condición de accionista. A partir de ahí, el Tribunal concluyó es lo cierto que ninguno de los demandados, en la contestación de la demanda, se refirió al destino de las acciones, luego de conformada la sociedad, motivo por el cual, a tenor de lo que dispone el ordinal 317 inciso primero del Código Procesal Civil, le incumbe la carga de la prueba, al actor, limitándose a aseverar que en la actualidad, es dueño de 4 acciones, lo que no logró acreditar con prueba idónea (resolución recurrida, imagen 11 in fine). Entonces, lo que la casacionista debió atacar en el agravio es que el texto de contestación no dice lo que el Tribunal entiende; más, se insiste: el agravio no fue correctamente encausado. No puede existir un error de valoración, cuando el órgano jurisdiccional afirma que no hay prueba sobre un aspecto, ergo no hay elementos para valorar; no ocurrió la actividad intelectiva por causas que el propio órgano justifica. Por las razones expuestas, estima esta Sala que el agravio no es admisible; ya sea porque invocado el error de derecho no hay referencia a la norma de valoración infringida (v.g. Art. 597 del Código Procesal Civil), y, fundamentalmente, porque el planteamiento es una casación inútil al haber sido erróneamente encausado como un error de derecho.

IV.- Segundo agravio. Adujo la promovente la existencia de un error de derecho en la apreciación de la prueba existente a folio 1 y 2 sobre los valores de las fincas. Acusó quebranto a los artículos 316, 341 y 330 del Código Procesal Civil, y, como consecuencia de esto, una aplicación indebida de los artículos 20, 21, 627, 835, 837 y 1007 del Código Civil. Argumentó que el Tribunal descalificó la prueba con el argumento del texto que se lee en la imagen 5 del recurso: a criterio del Tribunal, la prueba ofrecida se dio en el marco de un incidente de objeción a la cuantía pero que no podía ser apreciada para resolver el tema del traspaso simulado y la acreditación del traspaso realizado con un precio ridículo. Agregó que se da un quebranto a las reglas del artículo 330 del Código Procesal Civil al quebrantarse las reglas de la sana crítica racional, al quebrantarlas el Tribunal interpretando incorrectamente las reglas sobre los medios de prueba idóneos para acreditar los hechos como las que existen en el expediente que acreditan la simulación de los contratos de compra y venta que se impugnan Por otra parte se da un quebranto de fondo al principio de comunidad de la prueba en lo referente a lo dispuesto en los folios 1 y 2 del expediente al ser prueba que forma parte de un todo probatorio que se encuentra agregado al expediente [Sic] (imagen 7 del recurso). El agravio se admite por cumplir con la indicación de las normas infringidas: sustantivas y norma de valoración de la prueba. En segundo lugar, el fragmento transcrito anteriormente cumple con la mención concreta de los motivos que fundamentan la casación (exigencia del Art. 596). Lo agraviado se analizará con base en la causal prevista en el cardinal 595 inciso 3) del Código Procesal Civil por violación indirecta de ley.

V.- De trámite: Mediante memorial presentado ante esta Sala el 12 de febrero de 2020, la casacionista se presenta a indicar que, de conformidad con el artículo 69.7.3 del Código Procesal Civil solicita que se admita prueba para mejor resolver. Explicó que por ser un tema medular si su persona ostenta o no la condición de socio de la sociedad actora; solicito de forma respetuosa que se admita como prueba para mejor proveer expedir oficio al Banco Central de Costa Rica, para que certifique los destinatarios finales del capital accionario. Agregó: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45.4 se ordene a la demandada presentar la declaración realizada el Banco Central de Costa Rica con fundamento en la Ley 9416, así como libros de accionistas y asambleas. Al respecto reza el cardinal 609 del Código Procesal Civil -aplicable al régimen recursivo que corresponde en este proceso, v.g. Considerando I- que Ante la sala de casación no podrá proponerse ni recibirse prueba, ni le será permitido admitir alguna para mejor proveer, salvo que se trate de documentos públicos de influencia efectiva en la decisión de la litis, y siempre que constan en el proceso o que hayan sido presentados con el recurso o con el escrito de ampliación (el resaltado no es original). La prueba ofrecida no se admite por 2 razones: la prueba no consta en el expediente ni ha sido aportada con el recurso tal y como lo exige la norma, adicionalmente, el primer agravio del recurso (analizado en el Considerando III de esta resolución) que abordó la temática de la acreditación de la condición de socio no será admitido. Por consiguiente, la admisión de la prueba no cumple con los criterios de admisibilidad trazados en el cardinal 609 Ibídem y carece de interés porque el planteamiento al que se vincula no será analizado por el fondo.

VI.- Voto salvado de las magistradas Rojas Morales y Vargas Vásquez. Se respeta pero no se comparte el criterio de mayoría por los siguientes motivos: Deviene injustificable la aplicación de requerimientos formalistas en el planteamiento del recurso de casación, los cuales impiden todo objetivo de los remedios impugnaticios, en virtud del palmario quebranto a los principios de acceso a la justicia, defensa y tutela judicial efectiva, de prevalencia sobre cualquier normativa e interpretación judicial, ya que se trata de institutos que se encuentran tutelados a nivel constitucional e incluso supraconstitucional, que no se pueden socavar con criterios que limiten inadecuadamente la posibilidad de las partes de recurrir. Esta fue la posición adoptada por el legislador cuando en la nueva normativa procesal civil se estableció la necesidad de interpretar la norma considerando su carácter instrumental, despojándose de formalismos innecesarios (artículo 3.3 del Código Procesal Civil) lo que apunta a allanar el acceso de la casación, suprimiendo cualquier requisito odioso; máxime, si se tiene en consideración que el Código Procesal Civil (CPC) actual eliminó el recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Primera Instancia. No se desconoce el hecho de que el recurso de casación es extraordinario y que el numeral 65.5 del CPC exige que las partes lo fundamenten adecuadamente; sin embargo, la aplicación de los principios supra citados aconseja reconducir los motivos cuando exista una indebida técnica casacional, a condición de que se extraiga de la articulación del recurso el motivo del reproche, lo que se estima sucede en este caso. Admitir la postura contraria equivaldría a desconocer que los magistrados y las magistradas conocen el derecho y que el numeral 41 Constitucional, en su literalidad y en su contenido material, le obliga a garantizar la justicia efectiva del caso sometido a su conocimiento. El rechazo parcial o la admisión parcial no tienen cabida a la luz de lo dispuesto por los artículos 69.4, 69.5 y 69.7.2 del nuevo Código Procesal Civil; nótese que la admisibilidad se da para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos formales de presentación. Lo único que puede justificar una admisión parcial pareciera ser el artículo 69.4.3 en tanto se establece un requisito de carácter subjetivo, pues depende de quien revisa determinar si los motivos concretos del recurso fueron expuestos de forma ordenada, clara y concisa, pues estos tres conceptos indeterminados, están sujetos a las magistradas y los magistrados que revisen la admisibilidad, de manera que se puede considerar que algunos motivos cumplen y otros no, pero en puridad de conceptos, de conformidad con el artículo 69.7.2, no hay legitimación para determinar admisibilidades parciales pues la norma refiere a la unidad del recurso, de forma tal que se admite o se rechaza. Aunado a ello, y aunque no es parte de los motivos expuestos en el voto de mayoría, debe quedar claro que las cargas de trabajo institucional no pueden ser consideradas como elementos determinantes de la admisión o no de la casación, menos aún de la admisión parcial en materia civil. En general, las modernas reformas procesales impulsadas por el Poder Judicial en los últimos años, incluyendo la procesal civil, tienen como objetivo modernizar el derecho procesal y con ello, la concepción original de la casación surgida luego de la Revolución Francesa, máxime si solo hay una instancia, como ya lo ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, se estima que el tema de la legitimación no ha sido adecuadamente abordado por la mayoría de esta cámara; ello en el tanto este es un presupuesto revisable de oficio en cualquier instancia del proceso, dado que tiene efecto directo en la justicia del caso concreto. En el subjudice, la Sala ha detectado una evidente falta de motivación en relación con la legitimación pasiva que se declaró en el proceso y ello se desprende con facilidad de los alegatos del casacionista, por lo que estimo que este órgano colegiado debió ingresar en su análisis y disponer lo correspondiente en derecho, sin que por ello se entienda desbordada su competencia funcional. Como este es un criterio de minoría, estimo inútil hacer mayores precisiones sobre lo que debió disponer el presente recurso de casación.

POR TANTO

Por mayoría, se admite únicamente el segundo agravio por el fondo. En lo demás se rechaza de plano el recurso. Se deniega la admisión de la prueba ofrecida en carácter de prueba para mejor proveer. Salvan el voto las magistradas Rojas Morales y Vargas Vásquez. JMONTEALEGREC

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

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