Sentencia Nº 002829 de Sala Primera de la Corte, 01-12-2020

Emisor:Sala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:002829
Revisión del Documento

*180013040173LA*

Exp. 18-001304-0173-LA

Res. 002829-C-S1-2020

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y dos minutos del uno de diciembre de dos mil veinte .

En proceso ordinario laboral de ROXANA MARÍA CORDERO ARCE representada por el licenciado Christopher Carvajal Cordero, contra el TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA representado por el licenciado Eladio González Solís y el ESTADO representado por la procuradora Angie Lucía Azofeifa Rojas, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia. El demandado Estado, manifestó su inconformidad con lo resuelto, por lo que se conoce el asunto en consulta ante esta Sala.

CONSIDERANDO

I.- La actora interpone proceso ordinario laboral, en el cual solicita: 1) La restitución en la plaza en propiedad que me fue quitada de forma discriminatoria y arbitraria, o su equivalente en la actualidad. 2) Suspensión de los efectos del acto de despido o, en su caso, la reinstalación provisional de la persona trabajadora. 3) La restitución a mis funciones como a derecho corresponde. 4) Pago de salarios caídos desde el día de mi despido hasta la fecha que se resuelva el presente proceso. 5) Eliminación del concurso que se realizó y sacaron la plaza que yo ocupaba. 6) Pago de las horas extras que nunca recibí, por el tiempo que trabajé con sobre cargas (sic) de funciones y los días en mi casa con el fin de poder llevar el trabajo al día y presentarlo en los plazos de ley. 7) Además, condenar en daños morales la suma de 20,000.000.00 debido a los momentos difíciles por los que he pasadas (sic) por errores de la administración durante tantos años y por concepto de perjuicios debido al trato discriminatorio al que he sido expuesta desde el 2009 a la fecha de mi destitución por parte del Teatro Nacional y la administración del mismo, lo cual estimo en 20,000.000.00. 8) Condena en pago de costa (sic) procesales al demandado. 9) Condena al actor por Pago de honorarios en los que incurrí por un monto de 1,000.000.00.

II.- Mediante la resolución de las 11 horas 51 minutos del 19 de diciembre de 2018, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia. Señaló En el caso que nos ocupa, de los hechos del escrito de demanda, se desprende la existencia de una relación laboral entre las partes, o sea un conflicto individual, que si bien se trata de una persona funcionaria pública, lo cierto del caso, es que sus pretensiones son de naturaleza laboral, pues no solo está solicitando la nulidad del concurso, la reinstalación, y los daños y perjuicios, sino que pide el pago de salarios caídos y las horas extra que nunca recibió, situación por la cual debe aplicarse el régimen aplicable a la materia laboral y no a la contenciosa administrativa. El demandado Estado, manifestó su inconformidad con lo resuelto, al considerar que el régimen jurídico aplicable, en virtud de su relación jurídica administrativa, es el derecho administrativo, aunado a que lo que se analiza es sobre la legalidad de una conducta administrativa, lo cual compete a la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que se conoce el asunto en consulta ante esta Sala.

III.- Se discute si el presente asunto corresponde a la jurisdicción Laboral o la Contencioso Administrativa. Según lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia no. 2010-9928, de las 15 horas del 9 de junio del año 2010, que se adicionó por voto no. 2010-11034 de ese mismo año, para la definición de la competencia en los conflictos jurisdiccionales de empleo público, se deberá revisar el régimen jurídico aplicable a dicha relación y el contenido material de la pretensión. En el caso bajo estudio, lo solicitado es la restitución de la actora al puesto que ocupaba en el Teatro Nacional como Profesional de Servicio Civil 1B o su equivalente en la actualidad, la suspensión del despido, el pago de salarios caídos, la eliminación del concurso de la plaza que ocupaba la actora, el pago de extremos salariales, así como de daños y perjuicios. Ahora bien, el ordinal 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que esta jurisdicción tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, así como garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública, sujeta al Derecho Administrativo; en ese sentido, de conformidad con lo solicitado y el régimen jurídico aplicable, al tratarse de una relación regida por el derecho público, el conocimiento del proceso se enmarca dentro del ámbito competencial de la jurisdicción Contencioso Administrativa, donde de conformidad con el artículo 43 del citado cuerpo normativo, se deberá también conocer las demás pretensiones conexas. Lo dispuesto en la Reforma Procesal Laboral, se refiere a los procesos que por su régimen de empleo corresponda a la jurisdicción laboral (art. 3.2 LGAP)- empleados de la Administración Pública- y no ante relaciones o pretensiones sujetas a la aplicación del derecho público, como en el caso de estudio. Consecuentemente, se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

POR TANTO

Se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. LGARCIAQ

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Rocío Rojas Morales

William Molinari Vilchez

Damaris Vargas Vásquez

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