Sentencia Nº 121-2019 de Sala Primera de la Corte, 30-11-2021

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha30 Noviembre 2021
Número de sentencia121-2019
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

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Exp: 18-000074-0390-CI

Res. 002197-A-S1-2021

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las diez horas catorce minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno .

En proceso ordinario presentado por BIENES DE OFICINA SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A., contra PERIQUEÑO S.A., P.S. FLORES e I.E.Q.U., el representante jurídico de la sociedad actora, interpone recurso de casación en contra de la resolución no. 42-2020 dictada por el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, a las 10 horas 24 minutos del 22 de abril del 2020. Interviene la Licenciada V.Q.R.íguez como apoderado especial judicial de la parte actora.

CONSIDERANDO

I.- De los asuntos admisibles en casación: De conformidad con el artículo 69.7.2 del Código Procesal Civil -ley n.° 9342- (CPC), corresponde a esta S. pronunciarse sobre la admisión del recurso de casación. La Sección II del Capítulo IV, Título II del Código Procesal Civil, denominada MEDIOS DE IMPUGNACIÓN establece como disposiciones generales -aplicables para la totalidad de los recursos regulados en ese cuerpo normativo- los siguientes filtros de admisibilidad: i) la regla de taxatividad de los medios de impugnación (v.g. Art. 65.1), ii) la delimitación de la legitimación para impugnar (v.g. Art. 65.2) y; iii) la obligatoriedad de motivar la impugnación (v.g. Art. 65.5). Ulteriormente, en ese mismo texto se individualizaron otros presupuestos de admisibilidad según las tipologías de recursos, a saber: revocatoria, apelación y casación. Este último cuenta con requisitos preliminares y otros que conllevan un análisis de admisibilidad de mayor complejidad (v.g. Art. 69). En lo que respecta a las condiciones mínimas del recurso, la normativa ordena que se indique la naturaleza del proceso, las partes y la identificación de la resolución recurrida (69.4.1.). Por mandato de ley se interpondrá contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables (69.1) y, deberá presentarse ante el Tribunal que dictó la resolución que se impugna en el plazo de 15 días (69.3.).

II.- Improcedencia del recurso interpuesto: En el caso concreto, la resolución impugnada es la emitida por el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, auto no. 42-2020, que declaró: “…en lo que fue objeto de apelación, SE CONFIRMA la resolución N° 121-2019 de las 14:25 horas del 27/05/2019 dictada por el Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil II Circuito Judicial de Guanacaste.... Se advierte, además, que el auto que fue confirmado por el Tribunal de Apelación declaró la caducidad del proceso, de conformidad al numeral 57 del Código Procesal Civil. Por ende, no se está ante los supuestos de procedencia de la casación previstos en el ordinal 69.1 del Código Procesal Civil, norma que, con toda claridad, dispone lo siguiente: El recurso de casación podrá interponerse contra sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables y en los supuestos que la ley señale expresamente. Nótese, el pronunciamiento recurrido, no se trata de una sentencia, sino de un auto (numeral 58.1 ibidem), lo cual, torna evidente, la resolución impugnada no es recurrible a través del remedio incoado. Así las cosas, de acuerdo con el principio de taxatividad de los medios de impugnación la gestión incoada debe ser rechazada de plano (numerales 65.1 y 69.5.3 del CPC).

III.- Sobre costas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.1 del Código Procesal Civil, las costas se entienden como “…los honorarios de abogado, la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a los actos del procedimiento en que fuera necesaria su presencia y los demás gastos indispensables del proceso. Como se desprende de la norma transcrita, la obligación del pago de costas debe corresponder al pago de los gastos en que debe incurrir una parte para participar en el proceso, ya sea sufragando su patrocinio letrado, en la inversión de su propio tiempo para ejercer su derecho de defensa, así como por cualquier otra erogación que sea indispensable. Como se ve, todos estos supuestos requieren, necesariamente, de que haya una participación activa en el proceso, por parte de quien podría favorecerse de la condena en costas. Caso contrario, no habría causa para la condenatoria en el pago de éstas, por la ausencia del supuesto de hecho previsto en el ordenamiento jurídico para su reconocimiento. Debe tenerse presente que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 627 del Código Civil, para la validez de toda obligación es indispensable la existencia de una causa justa. Ante su ausencia, no hay razón jurídica alguna que justifique la exigibilidad de la obligación, por lo cual la condenatoria podría dar lugar a un pago indebido, en los términos de los artículos 803, 804, 805 y 844 de ese mismo cuerpo legal, además de la dilación del proceso en caso de su eventual liquidación. No debe olvidarse que la condena sobre extremos económicos determinables en dinero se regula en el artículo 62.1 del Código Procesal Civil, en los siguientes términos: En todo pronunciamiento de condena sobre extremos económicos determinables en dinero deberá establecerse de una vez el monto exacto de las cantidades otorgadas, sus adecuaciones hasta la sentencia, incluidos los intereses y las costas. Si se hubiera demostrado la existencia de dichos extremos, pero no su cuantía o extensión, se podrá condenar en abstracto indicando las bases sobre las cuales se ha de hacer la fijación. Como se lee, la norma no contempla la imposición de extremos económicos sin que conste la existencia de los mismos. En ese sentido, el órgano jurisdiccional tiene el deber de verificar, sobre la existencia, en el caso concreto, de los supuestos de hecho que permitan reconocer la efectiva existencia de costas para disponer su condena a cargo de la contraria. Debe quedar claro que la actividad procesal en sede casacional sí puede generar gastos adicionales para las partes, incluido el pago de honorarios profesionales, al punto que en el artículo 20 del Arancel de Honorarios vigente (Decreto Ejecutivo no 41457 del 17 de octubre de 2018) se regula su pago de manera independiente. Sin embargo, al no constar en el expediente apersonamiento alguno por parte de la parte contraria en defensa de sus derechos e intereses, no hay motivo que justifique la condena al pago de las costas mediando un rechazo de plano.

IV.- Voto salvado de las personas M.R. Loáiciga y J.énez R.írez. Voto salvado del magistrado R. Loáiciga y la magistrada J.énez R.írez. Respetuosos del criterio relacionado con la improcedencia de condenar en costas en los casos donde no se haya apersonado la parte contraria a hacer valer sus derechos ante esta S., discrepamos de la mayoría por las razones que a continuación se dirán: la condena en costas a cargo de la parte casacionista cuyo recurso ha sido rechazado de plano, obedece al imperativo legal que dicta el artículo 73.1 del Código Procesal Civil. Tal precepto, sin distinciones (salvo las excepciones que se determinan a partir del numeral 73.2 ibídem) reza: En toda resolución que le ponga fin al proceso, de oficio, se condenará al vencido al pago de costas. Así las cosas, la repercusión económica que implica para las partes la interposición de un proceso, deben imponerse de oficio en toda resolución que ponga fin a este. Lo anterior significa que esa finalización del proceso compele a que se exponga un criterio interpretativo de la autoridad jurisdiccional sobre cuáles son esas resoluciones. El pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso de casación es, a criterio de esta S., una de ellas. No únicamente porque pone fin al proceso, al disponer el rechazo de la casación, sino, además, porque la sola presentación del recurso implica un emplazamiento a la contraparte; impide la firmeza de la sentencia recurrida; sujeta a la contraparte a continuar la discusión del asunto ante una instancia superior y mantiene abierta la discusión de los puntos en controversia. De igual forma, implica a la contraparte incurrir en gastos adicionales por tener que apersonarse y gestionar ante esta autoridad la defensa de sus derechos. De este modo es que resulta procedente el pronunciamiento sobre las costas en esta instancia y por esas razones, se debió condenar a la parte gestionante al pago de las costas generadas en esta fase, las cuales, en todo caso, deberá liquidar la parte beneficiada en la etapa procesal correspondiente. Además, no debe perderse de perspectiva que la condena en costas es imperativa para el órgano jurisdiccional. En ese sentido, cobra relevancia el mandato previsto en el ordinal 3.5 del Código Procesal Civil, según el cual las normas procesales son indisponibles para el tribunal y las partes. Consecuentemente, las costas deben imponerse a cargo de la parte vencida, salvo aquellos supuestos excepcionales previstos taxativamente en el ordinal 73.2 ibidem, dentro de los cuales no se encuentra la falta de gestión de la contraparte. Por tal razón, es criterio de quienes suscriben que lo procedente es que sea en ejecución de sentencia que se discuta la cuantía y extensión del extremo aludido, impuesto en abstracto (numeral 62.1, párrafo 2, ibidem). En conclusión, existe justificante y obligación legal para imponer la condenatoria de las costas (salvo los casos expresamente de exención v.g. art. 73.2 del C.P.C) en toda resolución que le pone fin al proceso, de las cuales forma parte, el presente auto.

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso de casación y por mayoría sin condena en costas. El magistrado R. Loáiciga y la magistrada J.énez R.írez, salvan el voto únicamente respecto a la no condenatoria al pago de costas y resuelven condenando a la parte recurrente al pago de las mismas.MZELEDONR

Luis Guillermo R. Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jessica Alejandra J.énez R.írez

Ana Isabel Vargas Vargas

Documento Firmado Digitalmente

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