Sentencia Nº 15-001746-1178-LA-5. de Sala Constitucional, 13-07-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia15-001746-1178-LA-5.
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EXPEDIENTE N° 21-013268-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2021015916

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del trece de julio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por JOSÉ AGAPITO TORRES CARRILLO, cédula de identidad No. 501340975, y JOSÉ GERARDO LORENZO JUSTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, cédula de identidad No. 501350491, contra el PODER JUDICIAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 9 de julio de 2021, los recurrentes interpusieron recurso de amparo contra el Poder Judicial. Manifiestan que por más de 40 años fueron guardaparques, hasta que se pensionaron. Afirman que en el 2015 se presentó demanda en el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, el cual, se tramitó bajo el expediente No. 15-001746-1178-LA-5. Precisan que se solicitó el reconocimiento de autoridad de policía, el pago retroactivo de riesgo policial y el plus. Agregan que el 26 de febrero de 2018 se dictó la sentencia de segunda instancia No. 81-2018-07, donde se estableció que los reclamos estaban a derecho; sin embargo, en ese momento se encontraban pensionados. Sostienen que el 8 de enero de 2020, el SINAC depositó el monto correspondiente a 377.983.145,23 colones, dicho dinero ya había sido distribuido previo cálculo a cada uno de los 28 demandantes. No obstante, el juez no dicta resolución final para los correspondiente desembolso a cada actor. Por lo anterior, consideran violentados sus derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman que interpusieron demanda laboral y se tramita bajo el expediente No. 15-001746-1178-LA-5. Afirma que se dictó la sentencia No. 81-2018-07, y el SINAC depositó el monto adeudado; sin embargo, el juez no dicta resolución final para los correspondientes desembolsos a cada actor.

II.- Sobre el caso concreto. La tardanza en resolver el expediente judicial, no resulta procedente que este Tribunal se pronuncie sobre el caso, toda vez que, se trata de una presunta mora judicial por parte de dichas autoridades. En sentencia No. 2016003656 de las 9:05 horas del 11 de marzo de 2016, al conocer de un amparo similar, la Sala declaró lo siguiente:

II.- NUEVO CRITERIO BAJO UNA MEJOR PONDERACIÓN EN CUANTO A LA INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 41 CONSTITUCIONAL U 8, PÁRRAFO 1°, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Bajo una mejor ponderación, este Tribunal Constitucional reconsidera la línea jurisprudencial con fundamento en la cual los asuntos en que se aducen violaciones del artículo 41 de la Constitución Política en la sede jurisdiccional, esto es, por infracción del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida o, en los términos del artículo 8°, párrafo 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a un proceso en un plazo razonable, sea sin dilaciones indebidas o retardos injustificados. Todo lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones: Los justiciables han empleado la práctica de plantear tantos recursos de amparo en un proceso jurisdiccional, como veces estimen que se ha infringido el derecho a una justicia pronta. Esto ha producido que en un solo proceso jurisdiccional se puedan presentar múltiples amparos contra la supuesta inercia jurisdiccional, sea por un presunto retardo en el traslado de la demanda, por una supuesta dilación en resolver cualquier incidencia, recurso ordinario -sea contra una providencia, auto o sentencia- o, incluso, cualquier gestión planteada en el proceso de ejecución de sentencia. De esta forma, el derecho a una justicia pronta o a un proceso sin dilaciones indebidas se ha fracturado, pudiendo ser invocado en cualquier estadio procesal, sin que haya concluido de manera definitiva mediante una resolución con autoridad de cosa juzgada vertida por la última instancia judicial en la materia respectiva. Lo anterior ha transformado a la Sala Constitucional en una instancia más de los procesos de la jurisdicción ordinaria para gestionar el pronto despacho o resolución célere de los asuntos. Esta práctica ha sometido a la Sala Constitucional a un ingente circulante y a tener que valorar, cualquiera que sea la etapa procesal, si se ha producido o no un retardo injustificado en la administración de justicia, lo que se complica si se considera que el Poder Judicial enfrenta elevados circulantes, en particular, en ciertas materias. En el Derecho Procesal Constitucional Comparado, la experiencia de los Tribunales Constitucionales del mundo encargados de la jurisdicción de la libertad e, incluso, de la Cortes regionales que tienen a su cargo la tutela de los Derechos Humanos, la infracción del derecho a un proceso en un plazo razonable, procede ser conocida y resuelta cuando el respectivo proceso jurisdiccional ha concluido definitivamente, pues solo así es posible valorar si hubo o no dilaciones indebidas o retardos injustificados atribuibles al Poder Judicial y al Estado en sentido amplio. Esto ha sido así, por cuanto se debe valorar todo el iter procesal, de manera que hay que analizar la conducta endoprocesal de las partes, la complejidad de la pretensión deducida o cuestión conocida, el tipo de proceso y la conducta de las autoridades jurisdiccionales durante la sustanciación del proceso. Incluso, se debe ponderar si fueron o no decretadas medidas cautelares durante el desarrollo del proceso para conjurar el peligro en la mora (periculum in mora), como ha sido la práctica de la Corte Europea de Derechos Humanos. Todo ese ejercicio lo puede hacer un Tribunal Constitucional, únicamente, después de concluido definitivamente el proceso mas no antes. En adición, la mayoría de las legislaciones sectoriales de carácter procesal actualmente han incorporado mecanismos para acelerarlos, tales como el 'pronto despacho'; asimismo, el Poder Judicial ha implementado mecanismos de queja de los justiciables ante la Inspección Judicial y la Contraloría de Servicios. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que habilita a la Sala Constitucional para resolver 'exclusivamente () sobre su competencia', a partir de la sentencia No. 2011-012644 de las 15:03 horas de 21 de setiembre de 2011, este Tribunal admitirá los procesos de amparo interpuestos por violación del numeral 41 de la Constitución Política u 8, párrafo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido en virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia procedente. Empero, la Sala Constitucional podría conocer y resolver un amparo sobre esta materia, aunque el proceso no haya llegado al estado indicado, cuando preliminarmente se considere que esté ante una infracción grosera que deba ser atendida, todo de plena conformidad con el supracitado artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional....

Como este precedente es aplicable al caso en estudio, de persistir en su disconformidad, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda. Incluso, al tenor del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado por Ley No. 9342 del 3 de febrero de 2016, podrá interponer la queja por retardo de justicia ante la inspección judicial, según corresponda (ver en similar sentido la sentencia No. 2021006144 de las 9:35 horas del 23 de marzo de 2021). En consecuencia, el recurso es inadmisible.

III.- Nota separada del Magistrado Castillo Víquez. Pese a que el numeral 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala expresamente que no constituyen materias amparables las actuaciones y resoluciones judiciales, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha admitido el recurso de amparo en casos de omisión, en los que () se acuse injustificada e irrazonable dilatoria en el trámite de los asuntos sometidos al cuidado de un juzgador, por mediar una posible violación del derecho fundamental de los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida (numeral 42 de la Constitución Política) (véase, entre otras, las sentencia n.° 4126-97). Empero, no ha admitido el recurso de amparo a causa de otras omisiones groseras e injustificadas de los juzgadores cuando vulneran otros derechos fundamentales, tales como: el principio de igualdad de armas, el derecho al debido proceso o el derecho de defensa. En estos últimos casos, ha actuado apegada a la intención del legislador (ratio legis).

Dicho lo anterior, el cambio en el criterio jurisprudencial, en sentido de admitir el recurso de amparo únicamente cuando el asunto ha concluido en sede jurisdiccional y cuando efectivamente se trata de omisiones groseras e injustificadas, resulta una postura más próxima a la ratio legis.

Por otra parte, no cabe duda que a partir de este cambio jurisprudencial el Juez ordinario deberá de actuar, en lo referente a las omisiones dilatorias injustificadas e irrazonables, en los procesos judiciales, como un verdadero Juez constitucional a pesar de que no ejerce la jurisdicción constitucional-, velando y garantizado el derecho de los justiciables a una tutela judicial efectiva. En segundo término, también debe de tenerse presente que los justiciables pueden echar mano a los remedios ordinarios para recurrir la pronta resolución del asunto ante Juez o ante las instancias superiores (pronto despacho, recursos, etc.), todo lo cual coloca al ordenamiento jurídico costarricense en sintonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por último, en el remoto caso de que los jueces ordinarios no tutelen adecuadamente el derecho fundamental de los justiciables, el recurso de amparo constituirá un remedio judicial efectivo para restablecer el derecho vulnerado a través de la respectiva indemnización que se ordene pagar al Estado u otra medida similar que de forma efectiva compense al justiciable el daño y los perjuicios sufridos. Estas razones adicionales, además de las que se indican en el voto de mayoría, son las que me han llevado a suscribir esta nueva postura del Tribunal.

IV.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López. Considero apropiado salvar el voto en este caso por entender que la Sala debe dar curso al amparo y analizar el reclamo por el fondo. Hago mío los razonamientos expresados por el Magistrado Cruz Castro para estos casos, y que transcribo: La mayoría de los integrantes de este Tribunal, a partir de la sentencia No. 2011-012644 de las 15:03 hrs. de 21 de setiembre de 2011, decidió cambiar la posición que tradicionalmente se mantuvo respecto de aquellos asuntos en los cuales se acusa la vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Política, así como por el párrafo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como regla general - con algún matiz en materia de pensiones alimentarias, delineado en la resolución número 2013 002637 de las 14:30 hrs. de 26 de febrero de 2013 este Tribunal admite los procesos de amparo interpuestos por dicha causa, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia competente. El suscrito Magistrado disiente de dicha posición. El recurso de amparo fue diseñado y establecido por el legislador como mecanismo célere para la protección de los derechos y libertades consagrados por nuestra Constitución y los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, nuestra Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su numeral 31 estableció que en el caso de supuestas amenazas o violaciones a derechos fundamentales en ejercicio de la función administrativa para acceder al remedio procesal del amparo, no es necesario formular el recurso de reposición ni ninguna otra impugnación, es decir, se eliminó el agotamiento previo de la vía administrativa como requisito de admisibilidad. Desde que esta Sala emitió la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, cuando una persona estime que algún ente u órgano de la Administración Pública lesionó su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, puede encontrar plena tutela ante la jurisdicción contencioso - administrativa, a través del denominado amparo de legalidad, en el cual, de conformidad con la posición de esta Cámara, rigen los principios que inspiran al recurso de amparo en sede constitucional. Ahora bien, con el nuevo criterio adoptado por la mayoría de esta Sala, la situación de quienes consideren lesionado el derecho establecido por el ordinal 41 de nuestra Constitución Política, pero esta vez respecto de una autoridad que ejerce función jurisdiccional, es diametralmente opuesta a la descrita. Las personas que estimen la existencia de una dilación indebida en la sustanciación de un proceso judicial, bajo este orden de circunstancias, se encuentran en una clara situación de desventaja y desprotección, dado que ellos sí están obligados a agotar todas las instancias dentro del proceso, antes de poder accionar ante esta Sala Constitucional. No debe perderse de vista que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: () 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso () (el énfasis no pertenece al original). Consideramos que con el nuevo criterio de la mayoría de esta Sala, se desvirtúa al amparo como instituto procesal sumarísimo para la protección de las libertades fundamentales, restándole efectividad para la atención de una problemática, que, por su propia naturaleza, requiere una intervención expedita con el claro propósito de evitar mayores consecuencias en la esfera jurídica de los tutelados y tuteladas; e igualmente, se incumple la obligación que el Pacto de San José impone a los Estados partes de ofrecer un recurso judicial sencillo y célere para la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona humana. En conclusión, dispongo continuar con la tramitación y cursar el amparo presentado.

V.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López. Considero apropiado salvar el voto en este caso por entender que la Sala debe dar curso al amparo y analizar el reclamo por el fondo. Hago mío los razonamientos expresados por el Magistrado Cruz Castro para estos casos, y que transcribo: La mayoría de los integrantes de este Tribunal, a partir de la sentencia No. 2011-012644 de las 15:03 hrs. de 21 de setiembre de 2011, decidió cambiar la posición que tradicionalmente se mantuvo respecto de aquellos asuntos en los cuales se acusa la vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Política, así como por el párrafo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como regla general - con algún matiz en materia de pensiones alimentarias, delineado en la resolución número 2013 002637 de las 14:30 hrs. de 26 de febrero de 2013 este Tribunal admite los procesos de amparo interpuestos por dicha causa, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia competente. El suscrito Magistrado disiente de dicha posición. El recurso de amparo fue diseñado y establecido por el legislador como mecanismo célere para la protección de los derechos y libertades consagrados por nuestra Constitución y los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, nuestra Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su numeral 31 estableció que en el caso de supuestas amenazas o violaciones a derechos fundamentales en ejercicio de la función administrativa para acceder al remedio procesal del amparo, no es necesario formular el recurso de reposición ni ninguna otra impugnación, es decir, se eliminó el agotamiento previo de la vía administrativa como requisito de admisibilidad. Desde que esta Sala emitió la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, cuando una persona estime que algún ente u órgano de la Administración Pública lesionó su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, puede encontrar plena tutela ante la jurisdicción contencioso - administrativa, a través del denominado amparo de legalidad, en el cual, de conformidad con la posición de esta Cámara, rigen los principios que inspiran al recurso de amparo en sede constitucional. Ahora bien, con el nuevo criterio adoptado por la mayoría de esta Sala, la situación de quienes consideren lesionado el derecho establecido por el ordinal 41 de nuestra Constitución Política, pero esta vez respecto de una autoridad que ejerce función jurisdiccional, es diametralmente opuesta a la descrita. Las personas que estimen la existencia de una dilación indebida en la sustanciación de un proceso judicial, bajo este orden de circunstancias, se encuentran en una clara situación de desventaja y desprotección, dado que ellos sí están obligados a agotar todas las instancias dentro del proceso, antes de poder accionar ante esta Sala Constitucional. No debe perderse de vista que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: () 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso () (el énfasis no pertenece al original). Consideramos que con el nuevo criterio de la mayoría de esta Sala, se desvirtúa al amparo como instituto procesal sumarísimo para la protección de las libertades fundamentales, restándole efectividad para la atención de una problemática, que, por su propia naturaleza, requiere una intervención expedita con el claro propósito de evitar mayores consecuencias en la esfera jurídica de los tutelados y tuteladas; e igualmente, se incumple la obligación que el Pacto de San José impone a los Estados partes de ofrecer un recurso judicial sencillo y célere para la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona humana. En conclusión, dispongo continuar con la tramitación y cursar el amparo presentado.

VI.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas. En la presente sentencia, la Sala difiere el conocimiento de la mora judicial hasta el momento en el que el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia procedente (el destacado es del original). Es decir, este órgano no niega que la mora judicial sea objeto del recurso de amparo, sino que determina cuándo corresponde conocerla, lo que supone limitar su propia competencia.

Coincido con la mayoría en que obligar a la Sala a valorar en cualquier etapa del proceso jurisdiccional y sin ninguna restricción si se ha producido la mora judicial tiene efectos contraproducentes para el buen funcionamiento de este órgano. Incluso, podría agregarse que perjudica también a sus usuarios, pues un órgano colapsado es un órgano ineficiente y corre el riesgo de caer él mismo en mora. Además, en vista de la neurálgica función que ejerce esta Sala, los efectos negativos que esta situación provoca se proyectan al sistema de justicia en su totalidad: se resta energía, tiempo y recursos, que son necesarios para atender adecuadamente otros asuntos que se ventilan en esta sede y que tienen gran incidencia en todos los planos de la vida nacional. Por eso, comparto el afán de la mayoría por disminuir el número de asuntos relativos a esta materia.

Sin embargo, estimo que el criterio de admisibilidad que fue adoptado por primera vez en la sentencia 2011-12644 y es reiterado en la presente sentencia es inconstitucional y en la práctica tiene consecuencias nocivas o, al menos, ponen en entredicho su eficacia misma. Es decir, tal criterio de admisibilidad, a mi juicio, merece objeciones tanto de orden teórico como práctico, que a continuación desglosaré.

I. OBJECIONES DE ORDEN TEÓRICO

A. Lesión al principio de reserva constitucional: El artículo 48 de la Constitución señala que la finalidad del recurso de amparo es mantener o restablecer el goce de los derechos. Es decir, en el diseño de este recurso, la finalidad del mismo es un aspecto de reserva constitucional. No obstante, con este criterio de admisibilidad introducido por la Sala, el recurso de amparo se convierte en un simple mecanismo resarcitorio, lo que claramente trastoca su finalidad y, por tanto, infringe la Constitución. Naturalmente, lo dicho por esa norma no excluye que una sentencia estimatoria de un amparo tenga efectos reparadores, tal como lo dispone el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) que dice:

Artículo 51.- Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia.

Pero en Costa Rica no cabe hablar de un recurso de amparo con efectos exclusivamente indemnizatorios.

Esto último queda confirmado incluso cuando, a tenor del artículo 52 LJC, la Sala declara con lugar un recurso de amparo sólo con efectos indemnizatorios. Dicho artículo señala:

Artículo 52.- Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.

En tal caso lo hace porque, con ocasión de la interposición del amparo y la respectiva notificación de la resolución que le da curso, la autoridad recurrida actuó de tal modo que restituyó el goce del derecho conculcado. De manera que, ni siquiera en ese supuesto, el recurso tiene exclusivamente efectos indemnizatorios, pues hay una suerte de presunción iuris et de iure de que el goce del derecho es restituido al amparado como efecto directo aunque sin mediación de una orden de la Sala de ese conjunto de actos mencionados: la interposición de escrito del recurrente, su admisión a trámite y la correspondiente notificación al recurrido de la resolución que da curso al amparo. Dicho sea de paso, es una presunción iuris et de iure no tanto porque no admita prueba en contrario, sino porque ésta es per se irrelevante

En el voto salvado por la Magistrada Calzada y el Magistrado Armijo a la sentencia en la que, por primera vez, la Sala adoptó el citado criterio, hay una referencia a esta desnaturalización del recurso de amparo costarricense.

Esta situación [la que se produce con la aplicación de tal criterio] encuentra un agravante adicional al considerar la naturaleza jurídica propia de la acción de amparo, garantía prevista para ejercerse cuando se estime la existencia de una violación constitucional, y no para que la persona afectada deba esperarse a ejercerla hasta tener un proceso judicial resuelto con carácter de cosa juzgada, aún y a pesar de la existencia o riesgo de violación; valorar la situación de esta manera equivaldría a variar la naturaleza y vaciar de contenido al amparo según se define en la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional, dándole una connotación de ʻremedio procesal terminal de carácter eminentemente reparador, y no de restablecimiento de la situación constitucional (voto salvado de la sentencia 2011-12644 que aparece en el considerando II de la misma).

No obstante, inexplicablemente los Magistrados disidentes sólo ven en la postura de la Sala una violación de la LJC y no, además y sobre todo, de la Constitución.

B. Rompimiento del respeto a la jerarquía de las fuentes normativas: En la presente sentencia, luego de explicar los motivos de hecho que muestran la necesidad de limitar la propia competencia para conocer de asuntos relativos a la mora judicial, la Sala acude al Derecho comparado y lo coloca como fundamento de este criterio de admisibilidad. De ese modo, este órgano parece obviar la exigencia de respetar la jerarquía de fuentes normativas. Como es sabido, antes que al Derecho comparado corresponde acudir a la Constitución. Ésta clara e inequívocamente determina las características esenciales del recurso de amparo en nuestro país. Y, como se ha visto, respecto de su finalidad, se decanta por un recurso de amparo que no sea un mecanismo con efectos exclusivamente resarcitorios.

C. Violación de los límites normativos propios de la Sala. Según el artículo 7 LJC, la Sala puede resolver sobre su propia competencia;

Le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las prejudiciales conexas.

Por tanto, puede establecer criterios de admisibilidad de los asuntos que se ponen en conocimiento suyo. Pero la validez del criterio mismo dependerá de que la potestad se ejerza dentro de los límites impuestos por el marco normativo que rige este órgano. Por eso cuando, por vía pretoriana, el recurso queda confinado a tener efectos exclusivamente indemnizatorios, al darse la mencionada violación del artículo 48 constitucional, el ejercicio de la potestad conferida en el artículo 7 LJC pierde legitimidad y conformidad con la Constitución. Es decir, se produce de forma concomitante y conexa la violación de la LJC y de la Constitución.

II. OBJECIONES DE ORDEN PRÁCTICO

Es cierto que el criterio de admisibilidad señalado por la Sala evita el abuso en el ejercicio del derecho al amparo, cuando en éste se aduce mora judicial. Así, en principio, no habrá posibilidad de interponer tal recurso en cada etapa procesal, reclamando dilaciones de cualquier tipo. De interponerse, el amparo se rechazará de plano por prematuro. Sin embargo, estimo que diferir el conocimiento de la mora judicial al momento en que exista sentencia con autoridad de cosa juzgada, emitida por la última instancia competente, supone posponer el trabajo.

Sin duda, con este criterio se disminuye el número de expedientes que se tramitan: ahora sólo podrá tramitarse uno por cada litis; pero ése, probablemente, estará revestido de mayor complejidad. Esto último tiene una incidencia en el plano teórico.

Como es bien sabido, se trata de determinar la violación del plazo razonable y no del legal. En efecto, ya desde sus inicios la Sala adoptó el plazo razonable como parámetro para calibrar las dilaciones indebidas (sentencia 5154-1993). Aunque quizá podría discutirse si la dilación en algunas fases del proceso o la omisión en el dictado o ejecución de algunos actos procesales tendrían que ser medidos poniendo como referencia el plazo legal.

Lo más relevante es que la violación del plazo razonable se debe hacer siempre a la luz de diversos criterios. Como se recordará, suelen utilizarse tres criterios ya clásicos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. Tales criterios han sido reiteradamente adoptados por la Sala y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (Por primera vez, en Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua, Fondo, reparaciones y costas, 29-I-1997, Serie C 30, pr. 77. Muy posteriormente, el Juez García Ramírez adicionó un cuarto criterio: la incidencia del asunto en la situación jurídica actual de la persona. Cfr. Corte IDH, López Álvarez vs. Honduras, Fondo, reparaciones y costas, 1-II-2006, Serie C 141, voto razonado del Juez García Ramírez, pr. 29). Mucho antes, los tres criterios habían sido utilizados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (v. gr. Caso Eckle vs. Alemania. Sentencia de 15 de julio de 1982).

Entonces, para la resolución de esos amparos, será necesario un detenido examen que recaerá sobre el iter procesal en su totalidad. Esos amparos que en su momento vendrán, cuyo número y nivel de complejidad todavía no es posible calcular con precisión, difícilmente podrán tramitarse de modo expedito. De manera que posponer el conocimiento de tales asuntos trae consigo que el recurso de amparo corra, en la práctica, el riesgo de desnaturalizarse pues, al ser despojado de su carácter de proceso sumario, pierde su especificidad y razón de ser. Además, así lamentablemente se soslaya una premisa básica de toda sana política procesal, que consiste en que la naturaleza del derecho presuntamente infringido y el carácter de la lesión acusada deben ser acordes con el tipo de remedio procesal gracias al cual se va dilucidar el asunto.

He dicho que en principio, no habrá posibilidad de interponer tal recurso en cada etapa procesal, reclamando dilaciones de cualquier tipo, porque dice la presente sentencia:

Esta regla podrá ser valorada, en cada caso concreto, de manera, que la Sala Constitucional podría conocer y resolver un amparo sobre esta materia, aunque el proceso no haya llegado al estado indicado, cuando estime que existe una infracción grosera que debe ser atendida, todo de plena conformidad con el supracitado artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Desde el punto de vista estrictamente teórico, esta reserva es bastante razonable y, podría decirse, que exigida: parece que no hay motivo por el que la Sala se substraiga totalmente de conocer de estos asuntos pues, a tenor del artículo 48 constitucional, el derecho a la justicia pronta, señalado en el artículo 41 constitucional, es parte del objeto que el recurso de amparo está llamado a proteger.

Desde el punto de vista práctico, el hecho de que la Sala no se declare absolutamente incompetente para conocer de estos amparos, podría tener la benéfica consecuencia de convertirse en un acicate, un incentivo, para que el juez acelere el proceso. Pero también esta reserva supone abrir un portillo, gracias al cual nada impide la interposición misma de los recursos en que se alegue mora judicial. Además, siempre habrá recurrentes que estimen que la lesión que acusan es grosera.

Finalmente, es indudable que la introducción de este nuevo criterio no evita per se que la presunta situación de dilación injustificada, si es real, se consolide.

III. PROPUESTA SOBRE POSIBLES CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD

Con el presente voto no abogo por volver a la situación anterior, cuando todo recurso de amparo en el que se alegaba mora judicial era admitido a trámite. Sólo deseo subrayar la necesidad de que los criterios de admisibilidad sean plenamente conformes con el plexo normativo que rige esta jurisdicción y, a la vez, tengan una probada eficacia. Por eso la Sala debe elaborar criterios de admisibilidad que, además de ser debidamente fundamentados, estén claramente reflejados en su jurisprudencia. En esa línea haré una propuesta. Espero que, al menos, pueda contribuir de algún modo a la discusión sobre el tema.

Esta propuesta es hecha en el contexto de la presente sentencia, que se refiere a la mora judicial, pero considero que debe enmarcarse dentro del necesario análisis que convendría que se suscitara con más fuerza al interno de la Sala, relativo a los criterios de admisibilidad del recurso de amparo en general.

En primer término, es del todo pertinente advertir que el artículo 48 de la Constitución, cuando establece el derecho al recurso de amparo, señala expresamente algunos aspectos. Éstos, por eso mismo, son de reserva constitucional. Ni el legislador ni la Sala pueden modificarlos. Tales aspectos son:

1. La titularidad y la legitimación activa –“toda persona”–

2. El objeto protegido los derechos que, mediante este mecanismo procesal, pueden ser garantizados: Los otros derechos [distintos de la integridad y libertad personales, que son garantizados mediante el recurso de hábeas corpus] consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República, el carácter del recurso no simplemente resarcitorio.

3. El órgano que conoce del recurso esta Sala.

Pero nada dice la Constitución de la legitimación pasiva, del objeto impugnable como tampoco de la naturaleza del recurso si es subsidiario, residual o directo. Eso significa que sobre estos últimos aspectos hay un amplio margen que debe ser aprovechado por una prudente acción pretoriana.

Entonces la Sala podría conocer de la mora judicial en razón del grado de la autoridad recurrida por ejemplo, sólo cuando sea un órgano superior del Poder Judicial o, al menos, que agote la vía; de la naturaleza de la omisión por ejemplo, sólo actos propios de la etapa avanzada del proceso, resoluciones que pongan fin al mismo, etc.; incluso de la cuantía del asunto o del derecho que está en juego por ejemplo, sólo asuntos de familia no patrimoniales o que siéndolos afecten directamente el ejercicio de derechos personales. Es más, aunque la titularidad sea de reserva constitucional, en razón del objeto impugnable se podría circunscribir la admisión de la mora a asuntos en los que la Sala, atendiendo a la vulnerabilidad del recurrente, considere obligado intervenir por ejemplo, si es menor y sus derechos de toda clase pueden verse afectados. Además, siempre o en algunos casos taxativamente señalados, podría admitirse con carácter subsidiario: luego de que se haya hecho uso de los medios ordinarios: pronto despacho, recursos, queja, etc. Tales criterios pueden funcionar de modo concomitante o excluyente.

Todo lo anterior la Sala lo puede indicar, gracias a la potestad de determinar su propia competencia otorgada en el artículo 7 LJC pero, especialmente, porque así se lo permite el artículo 48 de la Constitución.

Por lo demás, hay otros factores que contribuirían a la disminución de recursos de amparos relativos a la mora judicial: la eficaz labor de la Inspección Judicial; las mejoras en los códigos y prácticas procesales de otras materias; y la prudente pero firme utilización de la facultad de condenar en costas por amparos temerarios, prevista en el artículo 51 LJC.

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

Mi posición es que es preciso definir los criterios de admisibilidad, teniendo como base los alcances y límites de la reserva constitucional en esta materia, y luego aplicarse a este caso para determinar si procede o no cursar el presente amparo.

VII.- Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Las Magistradas Hernández López y Garro Vargas, salvan el voto y ordenan darle curso al amparo.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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SW2WGTYYT0G61

EXPEDIENTE N° 21-013268-0007-CO

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