Sentencia de Sala Constitucional, 31-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia188904-000
Fecha31 Enero 2020
Revisión del Documento

*200015870007CO*

EXPEDIENTE N° 20-001587-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020002110

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por C.L.M.M., cédula de identidad No. 502480690, contra el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea el 26 de enero de 2020, el recurrente interpuso recurso de amparo contra el Banco Nacional de Costa Rica. Manifiesta que por sentencia No. 2019008194 de las 11:19 horas del 27 de junio de 2019, el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, adjudicó al Banco Nacional de Costa Rica la finca del partido de Guanacaste, matrícula No. 188904-000, y se ordenó la puesta en posesión al banco recurrido. Afirma que es arrendatario de dicha finca y el contrato vence el 15 de agosto de 2022. Precisa que el 29 de noviembre de 2019 gestionó ante el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, que no se ordenara el desalojo hasta tanto no se cumpla con el plazo del contrato de arrendamiento que tiene sobre dicha propiedad. No obstante, agrega que el 24 de enero de 2020, un personero del Banco Nacional le comunicó que debía desalojar el inmueble. Por lo anterior, considera violentados sus derechos fundamentales. Solicita que se ordene al Banco Nacional no desalojarlo hasta tanto el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago no resuelva la gestión presentada el 29 de noviembre de 2019.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....A.G.; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que se le está desalojando de la propiedad en la cual vive, la cual fue rematada y adjudicada al Banco Nacional de Costa Rica. Sin embargo, afirma que tiene un contrato de arrendamiento que vence en el 2022, por lo que se le debe respetar dicho plazo.

II.- Sobre el caso concreto. En la especie, se advierte que el sub examine está referido a las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional dentro del proceso que le compete (Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, expediente No. 18-00115-1164-CJ); por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie sobre la disconformidad con la resolución de desalojo emitida por un órgano jurisdiccional, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) y c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo. En consecuencia, deberá el recurrente plantear sus reclamos ante la propia autoridad judicial y no en este Tribunal Constitucional, como indica haberlo realizado.

III.- En cuanto a la tardanza del Juzgado Especializado de Cobro de Cartago en resolver la gestión del 29 de noviembre de 2019, mediante sentencia No. 2017-020324 de las 9:20 horas del 15 de diciembre de 2017, al conocer de un amparo similar, la Sala declaró lo siguiente:

“…El recurrente reclama que en el tribunal recurrido se tramitan unas ejecutorias de sentencia constitucional bajo los números 15- 000608-1028-CA, 15-000609-1028-CA, 15-000610-1028-CA, 15- 000611-1028-CA, 15-000612-1028-CA, 15-000615-1028-CA, 15- 000617-1028-CA,15-000619-1028-CA, 15-000620-1028-CA, 15- 000621-1028-CA. Relata que han sido realizados depósitos de dinero, pero los montos otorgados en sentencia no han sido liberados y ha transcurrido un plazo excesivo cuando en realidad, desde la fecha de autorización del giro y hasta la liberación del dinero hay un trámite que debe ser expedito y célere. En cuanto a los expedientes 15-611-1028-CA y 15-615-1028-CA, el Estado no ha realizado el depósito y el Juez Tramitador tampoco ha realizado prevención alguna para que se ejecute lo dispuesto. Aduce que las anomalías han sido denunciadas a la Contraloría de servicios; no obstante, el funcionario encargado en el Juzgado solo se limita a indicar que el atraso se debe a la gran cantidad de expedientes existentes en el despacho y no se toma en cuenta que en los expedientes citados lo que falta es pagar y autorizar los montos otorgados en sentencia. Afirma que no hacerlo le ocasiona un daño económico injustificable, ya que no percibe sus honorarios. Considera que se han violentado los derechos contenidos en los artículos 27 y 41 constitucionales, así como los principios de razonabilidad, proporcionalidad y buen servicio público. Solicita se ordene a la autoridad recurrida restablecer su derecho y diligenciar de forma célebre y eficiente los trámites de autorización de giros y se condene al pago de costas, daños y perjuicios. Sin embargo, los reparos señalados por la parte recurrente no son de recibo de conformidad con lo expuesto en los siguientes considerandos.

II.- NUEVO CRITERIO BAJO UNA MEJOR PONDERACIÓN EN CUANTO A LA INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 41 CONSTITUCIONAL U 8, PÁRRAFO 1°, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Bajo una mejor ponderación, este Tribunal Constitucional reconsidera la línea jurisprudencial con fundamento en la cual los asuntos en que se aducen violaciones del artículo 41 de la Constitución Política en la sede jurisdiccional, esto es, por infracción del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida o, en los términos del artículo 8°, párrafo 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a un proceso en un plazo razonable, sea sin dilaciones indebidas o retardos injustificados. Todo lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones: Los justiciables han empleado la práctica de plantear tantos recursos de amparo en un proceso jurisdiccional, como veces estimen que se ha infringido el derecho a una justicia pronta. Esto ha producido que en un solo proceso jurisdiccional se puedan presentar múltiples amparos contra la supuesta inercia jurisdiccional, sea por un presunto retardo en el traslado de la demanda, por una supuesta dilación en resolver cualquier incidencia, recurso ordinario -sea contra una providencia, auto o sentencia- o, incluso, cualquier gestión planteada en el proceso de ejecución de sentencia. De esta forma, el derecho a una justicia pronta o a un proceso sin dilaciones indebidas se ha fracturado, pudiendo ser invocado en cualquier estadio procesal, sin que haya concluido de manera definitiva mediante una resolución con autoridad de cosa juzgada vertida por la última instancia judicial en la materia respectiva. Lo anterior ha transformado a la Sala Constitucional en una instancia más de los procesos de la jurisdicción ordinaria para gestionar el pronto despacho o resolución célere de los asuntos. Esta práctica ha sometido a la Sala Constitucional a un ingente circulante y a tener que valorar, cualquiera que sea la etapa procesal, si se ha producido o no un retardo injustificado en la administración de justicia, lo que se complica si se considera que el Poder Judicial enfrenta elevados circulantes, en particular, en ciertas materias. En el Derecho Procesal Constitucional Comparado, la experiencia de los Tribunales Constitucionales del mundo encargados de la jurisdicción de la libertad e, incluso, de la Cortes regionales que tienen a su cargo la tutela de los Derechos Humanos, la infracción del derecho a un proceso en un plazo razonable, procede ser conocida y resuelta cuando el respectivo proceso jurisdiccional ha concluido definitivamente, pues solo así es posible valorar si hubo o no dilaciones indebidas o retardos injustificados atribuibles al Poder Judicial y al Estado en sentido amplio. Esto ha sido así, por cuanto se debe valorar todo el iter procesal, de manera que hay que analizar la conducta endoprocesal de las partes, la complejidad de la pretensión deducida o cuestión conocida, el tipo de proceso y la conducta de las autoridades jurisdiccionales durante la sustanciación del proceso. Incluso, se debe ponderar si fueron o no decretadas medidas cautelares durante el desarrollo del proceso para conjurar el peligro en la mora (periculum in mora), como ha sido la práctica de la Corte Europea de Derechos Humanos. Todo ese ejercicio lo puede hacer un Tribunal Constitucional, únicamente, después de concluido definitivamente el proceso mas no antes. En adición, la mayoría de las legislaciones sectoriales de carácter procesal actualmente han incorporado mecanismos para acelerarlos, tales como el 'pronto despacho'; asimismo, el Poder Judicial ha implementado mecanismos de queja de los justiciables ante la Inspección Judicial y la Contraloría de Servicios. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que habilita a la Sala Constitucional para resolver 'exclusivamente (…) sobre su competencia', a partir de la sentencia No. 2011-012644 de las 15:03 horas de 21 de setiembre de 2011, este Tribunal admitirá los procesos de amparo interpuestos por violación del numeral 41 de la Constitución Política u 8, párrafo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido en virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia procedente. Empero, la Sala Constitucional podría conocer y resolver un amparo sobre esta materia, aunque el proceso no haya llegado al estado indicado, cuando preliminarmente se considere que esté ante una infracción grosera que deba ser atendida, todo de plena conformidad con el supracitado artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional...”.

Como este precedente es aplicable al caso en estudio, de persistir en su disconformidad, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda. Incluso, al tenor del tenor del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado por Ley No. 9342 del 3 de febrero de 2016, podrá urgir, ante el juzgador encargado del proceso, el pronto despacho para que realice la actuación correspondiente o dicte la resolución que interese. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

IV.- Nota separada del Magistrado C.V.. Pese a que el numeral 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala expresamente que no constituyen materias amparables las actuaciones y resoluciones judiciales, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha admitido el recurso de amparo en casos de omisión, en los que “(…) se acuse injustificada e irrazonable dilatoria en el trámite de los asuntos sometidos al cuidado de un juzgador, por mediar una posible violación del derecho fundamental de los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida (numeral 42 de la Constitución Política)” (véase, entre otras, las sentencia n.° 4126-97). Empero, no ha admitido el recurso de amparo a causa de otras omisiones groseras e injustificadas de los juzgadores cuando vulneran otros derechos fundamentales, tales como: el principio de igualdad de armas, el derecho al debido proceso o el derecho de defensa. En estos últimos casos, ha actuado apegada a la intención del legislador (ratio legis).

Dicho lo anterior, el cambio en el criterio jurisprudencial, en sentido de admitir el recurso de amparo únicamente cuando el asunto ha concluido en sede jurisdiccional y cuando efectivamente se trata de omisiones groseras e injustificadas, resulta una postura más próxima a la ratio legis.

Por otra parte, no cabe duda que a partir de este cambio jurisprudencial el Juez ordinario deberá de actuar, en lo referente a las omisiones dilatorias injustificadas e irrazonables, en los procesos judiciales, como un verdadero J. constitucional –a pesar de que no ejerce la jurisdicción constitucional-, velando y garantizado el derecho de los justiciables a una tutela judicial efectiva. En segundo término, también debe de tenerse presente que los justiciables pueden echar mano a los remedios ordinarios para recurrir la pronta resolución del asunto ante Juez o ante las instancias superiores (pronto despacho, recursos, etc.), todo lo cual coloca al ordenamiento jurídico costarricense en sintonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por último, en el remoto caso de que los jueces ordinarios no tutelen adecuadamente el derecho fundamental de los justiciables, el recurso de amparo constituirá un remedio judicial efectivo para restablecer el derecho vulnerado a través de la respectiva indemnización que se ordene pagar al Estado u otra medida similar que de forma efectiva compense al justiciable el daño y los perjuicios sufridos. Estas razones adicionales, además de las que se indican en el voto de mayoría, son las que me han llevado a suscribir esta nueva postura del Tribunal.

V.- Voto salvado de la Magistrada H.L.. Considero apropiado salvar el voto en este caso por entender que la Sala debe dar curso al amparo y analizar el reclamo por el fondo. Hago míos los razonamientos expresados por el Magistrado Cruz Castro para estos casos, y que transcribo: “La mayoría de los integrantes de este Tribunal, a partir de la sentencia No. 2011-012644 de las 15:03 hrs. de 21 de setiembre de 2011, decidió cambiar la posición que tradicionalmente se mantuvo respecto de aquellos asuntos en los cuales se acusa la vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Política, así como por el párrafo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como regla general - con algún matiz en materia de pensiones alimentarias, delineado en la resolución número 2013 – 002637 de las 14:30 hrs. de 26 de febrero de 2013– este Tribunal admite los procesos de amparo interpuestos por dicha causa, única y exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia competente. El suscrito Magistrado disiente de dicha posición. El recurso de amparo fue diseñado y establecido por el legislador como mecanismo célere para la protección de los derechos y libertades consagrados por nuestra Constitución y los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, nuestra Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su numeral 31 estableció que – en el caso de supuestas amenazas o violaciones a derechos fundamentales en ejercicio de la función administrativa –para acceder al remedio procesal del amparo, no es necesario formular el recurso de reposición ni ninguna otra impugnación, es decir, se eliminó el agotamiento previo de la vía administrativa como requisito de admisibilidad. Desde que esta Sala emitió la sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, cuando una persona estime que algún ente u órgano de la Administración Pública lesionó su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, puede encontrar plena tutela ante la jurisdicción contencioso - administrativa, a través del denominado amparo de legalidad, en el cual, de conformidad con la posición de esta Cámara, rigen los principios que inspiran al recurso de amparo en sede constitucional. Ahora bien, con el nuevo criterio adoptado por la mayoría de esta Sala, la situación de quienes consideren lesionado el derecho establecido por el ordinal 41 de nuestra Constitución Política, pero esta vez respecto de una autoridad que ejerce función jurisdiccional, es diametralmente opuesta a la descrita. Las personas que estimen la existencia de una dilación indebida en la sustanciación de un proceso judicial, bajo este orden de circunstancias, se encuentran en una clara situación de desventaja y desprotección, dado que ellos sí están obligados a agotar todas las instancias dentro del proceso, antes de poder accionar ante esta Sala Constitucional. No debe perderse de vista que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: “(…) 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (…)” (el énfasis no pertenece al original). Consideramos que con el nuevo criterio de la mayoría de esta Sala, se desvirtúa al amparo como instituto procesal sumarísimo para la protección de las libertades fundamentales, restándole efectividad para la atención de una problemática, que, por su propia naturaleza, requiere una intervención expedita con el claro propósito de evitar mayores consecuencias en la esfera jurídica de los tutelados y tuteladas; e igualmente, se incumple la obligación que el Pacto de San José impone a los Estados partes de ofrecer un recurso judicial sencillo y célere para la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona humana.” En conclusión, dispongo continuar con la tramitación y cursar el amparo presentado.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El M.C.V. pone nota. La M.H.L. salva el voto y ordena darle curso al amparo.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-001587-0007-CO

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