Sentencia Nº 20-000856-0007-CO de Sala Constitucional, 21-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia20-000856-0007-CO

*200008560007CO*

EXPEDIENTE N° 20-000856-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020001294

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por LEANDRO TERENCIO QUIRÓS MONGE, cédula de identidad 0500960619, contra LA MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRÉSTAMO (MUCAP).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:14 horas del 17 de enero de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra LA MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRÉSTAMO, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que en 2005 se le otorgó un bono familiar de vivienda que había sido tramitado en la MUCAP. Durante el tiempo que fue dueño de la finca, Limón 32694-000, vendió varios lotes. Incluso antes de que le construyeran la casa de bono, entre esos lotes, uno de 529.42 metros cuadrados, plano catastrado 7-371323-1996, en el cual se lee "Leandro Terencio Quirós Monge vende a Héctor Castro García". No obstante, por razones que desconoce, cuando se construyó la vivienda, se generó una nueva finca a su nombre, la Limón 112474-000 con el plano citado, pero la casa fue construida en el resto de la finca y no en el lote segregado. Por lo tanto, cuando Héctor Castro García quiso segregar el lote que le había comprado, ambos se toparon con la sorpresa de que con el otorgamiento del bono de vivienda ya existía una finca con ese plano, misma que estaba inscrita a nombre del reclamante. En consecuencia, fueron a MUCAP y allí les dijeron que era un error y que iban a ver como arreglaban el asunto. No obstante, fueron pasando los meses y los funcionarios de la MUCAP decían que eso estaba en estudio. Más bien, los meses se hicieron años y aquellos no resolvieron nada. De hecho, cuando quiso tramitar su pensión por el régimen no contributivo, como aparecía con dos propiedades, la Limón 32694-000 y la Limón 112474-000, no le permitían adquirir la pensión, por lo que tuvo que traspasar la propiedad mayor a su nieto y se quedó únicamente con la del bono. No obstante, él desconocía que habían construido su casa en otro sitio que no correspondía y, en su ignorancia sobre lo ocurrido, pensó que cuando construyeron le habían segregado el lote donde se ubicaba la casa con el plano de don Héctor Castro, pero que era un error de documentos y que eso se podía cambiar. Posteriormente, vendió la propiedad Limón 32694000, que estaba a nombre de su nieto, sin saber que también vendía el terreno donde se ubicaba su casa. Años después, a raíz de que Héctor Castro quiso continuar con el trámite de la inscripción de su lote, averiguaron bien cómo había ocurrido este asunto. Fue cuando el petente se dio cuenta de que había vendido el terreno donde está construida su casa, situación que le ha generado mucho estrés. Desde que se enteró de lo sucedido inició una serie de gestiones empezando por el Registro de la Propiedad, al cual le hizo la consulta en el mes de noviembre del 2018, porque el Héctor Castro, en su interés de inscribir su lote, canceló el plano L-371323-1996 que pertenece a la finca inscrita a su nombre fundada mediante el otorgamiento de bono de vivienda; esta cancelación generada mediante la gestión realizada por el topógrafo Randall Fuentes Rodríguez, debido a que él mismo realiza un estudio que en la ubicación real al plano indicado no hay construcción alguna, contestando el registro que la gestión del topógrafo está bien realizada y que la cancelación del plano estaba correcta y que ellos no resolvían las cuestiones de fondo sobre su consulta. El 10 de mayo del 2019 envió un correo electrónico, dirigido al Jefe de Oficinas Centrales de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, el señor Carlos Romero Padilla, explicando ampliamente lo sucedido, comunicado que no tuvo respuesta por el señor Romero Padilla, por lo que decidió dirigirle un correo a personeros del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), copiando el escrito enviado al Jefe de MUCAP, el 5 de julio del 2019 y teniendo respuesta inmediata del Carlos Romero Padilla, poniéndose a las órdenes para lo que corresponde, ese mismo día. Para el día 08 de agosto de 2019 nuevamente consultó al señor Carlos Romero Padilla, vía correo electrónico, si se había iniciado el proceso de investigación del caso y contestando 25 minutos después que el caso se encontraba en revisión, que ya se había realizado una visita de campo y que a partir de esto debe revisarse el caso y que una vez que se concluyera se le informaría al respecto. El ingeniero Alfonso Salas Gamboa le visitó, le dijo que su situación pronto se solucionaría y que se estuviera tranquilo en su casa, pero desde ese momento, a mediados del año 2019, no se da respuesta sobre posible solución al problema; la última comunicación que tuvo con el ingeniero Alfonso Salas fue el 1° de noviembre de 2019, en la que indicó que aún no había podido conversar con la señora dueña registral de la propiedad donde se ubicaba su casa. Ha visto un desinterés por parte de los responsables que, conociendo por años del error que cometieron en la ubicación de su casa de bono, no dan respuesta concreta, teniendo que recurrir a asesoría legal para defender su caso, máxime que vive únicamente de una pensión del régimen no contributivo. Después de cinco meses de haber realizado una visita de campo, no han hablado siquiera con la dueña registral de la propiedad donde se ubica su casa, con la excusa de que está en estudio el caso. Siendo su incertidumbre cada vez mayor, sin un horizonte claro sobre la situación, con pocas esperanzas de solución y a sus 77 años, con el temor de que si vuelven a vender la propiedad donde se ubica su casa, el próximo dueño registral, puede mandar un desalojo cuando lo desee. Por las razones citadas presenta recurso de amparo, para que el responsable repare su error, adquiriendo y traspasando al amparado el terreno donde se asienta su casa, pues construir otra vivienda en la finca a su nombre no es correcto, ya que ese terreno es del señor Héctor Castro García y él tampoco tiene porque perder su propiedad por error ajeno como le ha pasado al recurrente. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- ACERCA DE LA ALEGADA MOROSIDAD ADMINISTRATIVA. Vistos los alegatos del recurrente, se le hacer ver que en lo tocante al cumplimiento de plazos de resolución de la MUCAP en materia de bonos de la vivienda y extremos relacionados, la Sala declaró, en la sentencia N° 2019003623 de las 09:45 horas del 1° de marzo de 2019, lo siguiente:

"El recurrente alega que se encuentra tramitando un bono familiar de vivienda, junto a su esposa e hijo, con la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP), donde labora... Reclama que, a la fecha de la interposición de este recurso, no se le ha otorgado respuesta formal escrita sobre la denegatoria de su petitoria.

(...)

V.- En cuanto a la respuesta a su solicitud . Finalmente, en lo tocante a que no se le ha otorgado respuesta formal escrita sobre la denegatoria de su petitoria de bono de vivienda, resultan de aplicación los siguientes considerandos:

a) Nueva justicia administrativa mecanismo célere y cumplido para la protección de situaciones jurídicas sustanciales de los administrados. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o 'amparo de legalidad', los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

b) Verificación de los plazos pautados por ley para resolver los procedimientos administrativos: cuestión evidente de legalidad ordinaria. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa".

Como este precedente es aplicable al caso en estudio, deberá la parte amparada acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a interponer el correspondiente amparo de legalidad, a fin de que se resuelva lo que en derecho proceda. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

II.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

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