Sentencia de Sala Constitucional, 19-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-014581-0007-CO
Fecha19 Agosto 2020
Número de sentencia20-014581-0007-CO
Tipo de procesoACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Revisión del Documento

*200145810007CO*

EXPEDIENTE:

20-014581-0007-CO

PROCESO:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACCIONANTE:

[Nombre 001]

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las quince horas y veintinueve minutos del diecinueve de agosto de dos mil veinte.

Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.º 41996-MP-MIDEPLAN, por estimarlo contrario a los artículos 24 y 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política, al derecho a la autodeterminación informativa, al principio de legalidad, de la finalidad legítima y de la interdicción de la arbitrariedad, así como del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de la Presidencia y a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica. La norma se impugna en cuanto violenta el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa, por cuanto faculta a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no solamente a solicitar a otras entidades datos cuya recolección y transmisión está vedada por la doctrina, la jurisprudencia constitucional y la ley n.° 8968, sino también porque la faculta a hacerlo sin mantener las garantías mínimas que para esos menesteres debería observar. El decreto impugnado echa de menos la garantía del consentimiento del titular de la información y establece como una obligación de las instituciones de la Administración Pública, central o descentralizada, el permitirle a la UPAD un acceso limpio sin el consentimiento del titular, a ese tipo de datos que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la doctrina y la ley mencionada le pertenecen a la persona no al Estado, con lo cual la normativa impugnada violenta la dignidad del derecho habiente, el principio de legalidad y el principio de jerarquía normativa. Asimismo, la normativa impugnada rompe con los mencionados principios (de legalidad y de jerarquía normativa), al permitir a la UPAD el acopio de datos para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la información. Al tratarse la autodeterminación informativa de un derecho de naturaleza fundamental, la manipulación de los datos de las personas encuentra un límite en el principio de reserva de ley. En ese tanto, la doctrina entiende que la transferencia de datos de una institución a otra tiene que estar prevista expresamente en la ley, salvo los casos de excepción. En este caso, el decreto impugnado no se fundamenta en ninguna norma de rango legal que faculte a la UPAD para requerir la transferencia de datos personales al resto de la administración centralizada y descentralizada. Las excepciones contenidas en los incisos e) y d) de la ley n.º 8968 que invoca el decreto, no le son de aplicación. La UPAD ni la Presidencia de la República brindan un servicio público, de conformidad con el concepto que se ha desarrollado en nuestro medio. Tampoco se trata de actividad ordinaria de la Presidencia de la República, como señala el artículo 5 del decreto impugnado. Asimismo, el decreto impugnado tampoco garantiza la confidencialidad en el tratamiento de datos personales que se le transfieran a la UPAD, ni se establecen responsables del manejo de la misma desde otras entidades, ni las consecuencias por vulnerar eventualmente ese deber de confidencialidad. Indica que la potestad reglamentaria debe respetar la pirámide jerárquica del ordenamiento jurídico, razón por la cual debe estar autorizada de forma expresa o razonablemente implícita por una norma de jerarquía superior. En el caso del decreto ejecutivo impugnado, es improcedente justificar su legalidad en la ley n.° 8968, pues excede la potestad reglamentaria, al no ceñir su contenido a lo estrictamente referido en esa ley, cuyo contenido ya fue reglamentado en el Decreto Ejecutivo n.° 37554-JP. La potestad reglamentaria tiene como límite formal, regular lo que es estrictamente el objeto de la ley, sin poder ir más allá de lo que esta dispone o regular materias distintas. El decreto impugnado rebasa el objeto de la ley, en el tanto y en el cuanto, se aparta de las mismas normas, principios, reglas y garantías que establece la Constitución Política, la doctrina, la jurisprudencia constitucional y la ley n.° 8969. Ese decreto limita el contenido esencial del derecho a la autodeterminación informativa, y violenta con ello el principio de reserva de ley; así como el principio de interdicción de la arbitrariedad. Este último principio supone la prohibición de la arbitrariedad, esto es, de toda diferencia carente de una razón suficiente y justa. La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o las leyes, y obedece al mero capricho o voluntad del agente público. La norma impugnada resulta arbitraria porque excluye de la tutela, fiscalización y control a las actuaciones de la UPAD respecto de las garantías que para la tutela del derecho de autodeterminación informativa establecen las normas, principios, reglas contenidos en el derecho de la Constitución Política, la doctrina, la jurisprudencia constitucional y la misma ley n.° 8969. El decreto impugnado también irrespeta el principio de la finalidad legítima. Una norma es razonable si tiene una finalidad legítima y conforme con el Derecho de la Constitución. El fin de la norma debe ser lícito, y no contrario a normas imperativas No basta cualquier finalidad, tiene que haber una motivación fuerte, que esté como mínimo, en consonancia o a la altura del sacrificio que se reclama a la otra parte por el juego de equilibrios que debe existir entre el interés de la Administración y los derechos fundamentales de los administrados. En el caso de la norma cuestionada, resulta evidente que no existe ninguna motivación o justificación razonable que amerite su existencia. El Derecho de la Constitución tiene entre sus cometidos, asegurar el eficiente funcionamiento del Estado y el óptimo respeto de los derechos fundamentales. Esto supone que la organización y la función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico. Entonces, en el caso de la UPAD no pueden existir normas reglamentarias (como la impugnada) que contradigan los derechos de los administrados o las obligaciones de la administración que están tipificadas en otras de mayor jerarquía (como las constitucionales, las de los instrumentos de derechos humanos y las legales supra señaladas). Al suceder esta palmaria contradicción entre la norma impugnada y las de mayor jerarquía ya citadas, sin que exista, ni por asomo, una justificación o motivación razonable, la norma reglamentaria tiene un fin ilícito, por ser contraria a normas imperativas, con lo cual deviene en inconstitucional, por violación al principio de la finalidad legítima. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de los accionantes proviene del recurso de amparo que se tramita ante este Tribunal en el expediente 20-03823-0007-CO, dentro del cual se confirió plazo al recurrente para la interposición de esta acción, mediante resolución n.° 2020-12309 de las once treinta horas del treinta de junio de dos mil veinte. P. por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. N..

EXPEDIENTE N° 20-014581-0007-CO

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