Sentencia Nº 20-019207-0007-CO de Sala Constitucional, 23-10-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha23 Octubre 2020
Número de sentencia20-019207-0007-CO
Revisión del Documento

*200192070007CO*

EXPEDIENTE N° 20-019207-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020020599

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de octubre de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por ADRIANA BARRIENTOS GRANADOS, carné de abogada 30049 a favor de RAFAEL ÁNGEL CHAVES HERNÁNDEZ, contra el MINISTERIO PÚBLICO.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 19:26 horas del 19 de octubre de 2020, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio Público. Manifiesta su disconformidad con el actuar de la Fiscalía General en la resolución n.° 416-2020 de las 7:30 hora del 10 de setiembre de 2020, en la cual confirmó en todos los extremos el Informe Técnico Interdisciplinario por el Área de Valoración Psico-sociolaboral dentro del expediente 20-AVAL-UCS-35. Agrega su disconformidad con la resolución 385-2020. Indica que en la resolución 316-2020 se observa la subjetividad y falta de elementos científicos para su fundamentación, lo anterior por cuanto se indica “En virtud de lo anterior, emitió un criterio no recomendativo de Chaves Hernández, lo anterior, al identificarse conductas reiteradas que se han presentado durante el periodo de tiempo que ha laborado en el Poder Judicial, las cuales riñen con los valores compartidos y la reglamentación que rige las conductas de los servidores judiciales y específicamente las establecidas para funcionarios del Ministerio Público. En ese sentido, se determinaron conductas reflejadas en procesos disciplinarios que se han tramitado en contra del señor Chaves Hernández, las cuales están relacionadas con: conductas irregulares, abandono injustificado de labores, incumplimiento y negligencia de funciones, incorrecciones en las labores propias del cargo, incumplimiento de deberes y llegadas tardías injustificadas. Bajo esta idea, el AVAL concluyó que las acciones que realizamos las personas son el reflejo de las decisiones que tomamos, en el caso del trabajo, para poder cumplir con las labores asignadas, las cuales para los servidores y servidoras del Ministerio Público es esperado que sean realizadas con responsabilidad, honestidad, compromiso, iniciativa e integridad, valores que no son reflejados en las acciones tomadas por el señor Chaves Hernández y que han generado varias sanciones disciplinarias”. Acota que, desde noviembre de 2019, el amparado ha desempeñado nombramientos como Fiscal Auxiliar por inopia. Manifiesta que, en febrero de 2020, por orden de la Fiscalía General, el tutelado fue incluido en el proceso del Área de Valoración Psico Socio Laboral (AVAL) del Ministerio Público, a los efectos de que, mediante la aplicación de diversos elementos de valoración, se emitiera un criterio para que este continuara con su labor como Fiscal Auxiliar. Narra que el amparado se sometió al referido proceso y aportó la información requerida; además, realizó todas las pruebas requeridas. Reclama que el tutelado obtuvo un criterio no recomendativo, mediante resolución 385-2020 de las 7:30 horas del 28 de setiembre de 2020. Manifiesta que tal resolución fue recurrida y, mediante pronunciamiento 416-2020 de las 7:30 horas del 10 de setiembre de 2020, la impugnación fue resuelta. Estima que ambas resoluciones adolecen serias violaciones a sus derechos fundamentales. Considera que tales vicios derivan de los procedimientos realizados en el Área de Valoración, los cuales se observan en el Informe Técnico 20-AVAL-UCS-35. Aduce que “en vista de que con las citadas resoluciones NO se esta (sic) realizando un acto de escogencia o contratación como tal, por lo cual no se puede indicar que es un acto de discrecionalidad y potestad de escogencia del Ministerio Publico, de postulantes”. Recrimina que la valoración efectuada es omisa en indicar si el criterio esbozado es solo para realizar nombramientos como Fiscal por inopia, o si el mismo tienen relación con el proceso de selección de fiscales elegibles del Ministerio Público. Indica que el amparado cuenta con el examen escrito de fiscal. Considera que la valoración es un acto administrativo que debe realizarse en forma objetiva y con apego a las formalidades y obligaciones que derivan del numeral 11 de la Constitución Política. Estima que “Con la citada resolución, y después de realizar un análisis detallado de la misma, así como del procedimiento, utilizado para que el suscrito no continúe desempeñándose como Fiscal auxiliar por inopia dentro del Ministerio Publico, se están realizando una violación de diversos derechos fundamentales, y principios constitucionales”. Considera que se ha vulnerado el principio de legalidad y el debido proceso. Refiere que no existe una forma taxativa para valorar un criterio no recomendativo. Manifiesta que “el criterio No Recomendativo, al carecer de respaldo legal, por ende, su aplicación se encuentra vedada, siendo que al desconocerse en qué casos de forma taxativa es que se debe otorgar el mismo por parte de las profesionales a cargo y en qué casos los oferentes se encontraran bajo este parámetro. Sumado a lo anterior de las causas que fueron tomadas en cuenta para emitir un criterio no Recomendativo, ninguna se encuentra activa y las mismas ya están archivadas debido a que fueron causas ocurridas en el año 2010,2013,2014, 2016 y 2018 de las cuales es oportuno aplicar el derecho al olvido, esto con el fin de que no se vuelvan una pena perpetua, y un doble castigo”. Enuncia que el tutelado no cuenta con causa penal alguna. Indica que “Es mas (sic) que evidente, que no es posible realizar una Motivación o fundamentación coherente, con la jurisprudencia antes mencionada, lo anterior debido a que hace 11 años laboro para el Organismo de Investigación Judicial, y me encuentro nombrado en propiedad desde el año 2012, para lo cual realice todas las valoraciones respectivas, las cuales indicaron ser Idóneo para desempeñar cargos dentro del Poder Judicial, y nunca ser vinculado con algún nexo de Delitos de Inflación a la Ley de Psicotrópicos. Además, no se realiza una relación entre la fundamentación, y los peligros que se aduce, podría sufrir el Ministerio Publico, con la realización de mi función como Fiscal Auxiliar por Inopia, ya que en mis once años como investigador y funcionario judicial nunca se me ha abierto una causa o investigación de índole Penal y menos por algún caso de corrupción, delito de índole funcional o de probidad, para que se realice la comparación con este tipo de jurisprudencia”. Reclama que en las resoluciones recurridas no se realizó una fundamentación taxativa u objetiva de los motivos por los cuales no procedió un resultado recomendativo o recomendativo con reserva, al contrario, solo se formulan argumentos retóricos que no analizan el caso en concreto. Considera que tal situación vulnera el principio de motivación o fundamentación de los actos administrativos. Reclama que los argumentos esbozados en el recurso de reconsideración no fueron valorados en forma objetiva. Agrega que “como elemento novedoso introducido y que no se valoró en lo absoluto, fue el detalle del porqué de cada una de las causas disciplinarias, y los informes de la comisión de asuntos laborales en donde se desprende que, en una de esas causas administrativas, en su momento existió algún tipo de persecución por parte de la jefatura hacia mi persona para la apertura”. Agrega que “en la resolución recurrida, existe una violación al principio del Debido Proceso, Proporcionalidad, y Motivación al querer comparar hechos de infracción a la Ley de Psicotrópicos con causas disciplinarias leves, aunado a que no se realizó una motivación alguna con respecto a en que forma podrían “amenazar” al Ministerio Público, la falta de valoración del tiempo que he servido como fiscal auxiliar por (inopia), y señalar como únicamente en una frase “una falta de valores de responsabilidad, honestidad, compromiso, iniciativa e integridad,” reflejan una contraposición de la (sic) pericias científicas realizadas a mi persona ya que en las pruebas psicológicas se destacan y rescatan los valores como honesto, honrado, correcto. Resultando con lo anterior que para emitir un criterio no Recomendativo, lo que se toma en cuenta es una valoración totalmente subjetiva, sin evidencia técnica o jurídica que evidencie que el presentar algún tipo de causa disciplinaria en el pasado produzca una amenaza para el Ministerio Publico, o que me convierta en una persona sin Idoneidad para ejercer el cargo de fiscal auxiliar, resultando que por el contrario el informe AVAL- UCS-117-MP-2020”. Sostiene que se ha vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad, pues indica que los resultados del tutelado fueron excelentes, menos el criterio jurídico, mismo que no cuenta con un instrumento de medición establecido. Estima que tales circunstancias vulneran el derecho a la libre elección de trabajo del tutelado, pues su labor como Fiscal Auxiliar por inopia no era una expectativa de empleo, sino que era una función materializada; empero, debido al resultado no recomendativo, se le excluyó de la lista de oferentes y no pudo acceder a un nombramiento en agosto de 2020. Aduce que hay una violación al principio de igualdad, pues “es de conocimiento del suscrito que otros funcionarios, lo cuales contaban con causas disciplinarias, resueltas y causas activas han pasado el procedimiento de AVAL, y continúan realizando nombramientos y en la lista de postulantes a Fiscales por Inopia, además de que después de la notificación de la resolución citada y la presentación del recurso de reconsideración, se realizaron cambios en la forma y dinámica de aprobación y revisión de los criterios de Aval”. Solicita que se dejen sin efectos las resoluciones 385-2020 y 416-2020 de la Fiscalía General de la República. Pide que se verifique la existencia de funcionarios judiciales que aprobaron el proceso AVAL, a pesar detener causas disciplinarias activas o archivadas. Solicita que se declare la inexistencia del artículo 15 del Protocolo de Actuación del Área de Valoración Psico Social Laboral de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Pide que el amparado sea reincorporado en forma inmediata a la lista de oferentes para poder ser elegible y realizar funciones de Fiscal Auxiliar por inopia; además, que se le permita ocupar en forma inmediata un nombramiento de Fiscal por inopia en cualquier dependencia que lo requiera.

2.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 11:38 horas del 21 de octubre de 2020, se aportó prueba.

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que, desde noviembre de 2019, el amparado ha desempeñado nombramientos como Fiscal Auxiliar por inopia. Aduce que, en febrero de 2020, por orden de la Fiscalía General, el tutelado fue incluido en el proceso del Área de Valoración Psico Socio Laboral (AVAL) del Ministerio Público, a los efectos de que, mediante la aplicación de diversos elementos de valoración, se emitiera un criterio para que este continuara con su labor como Fiscal Auxiliar. Narra que el amparado se sometió al referido proceso y aportó la información requerida; además, realizó todas las pruebas requeridas. Reclama que el tutelado obtuvo un criterio no recomendativo, mediante resolución 385-2020 de las 7:30 horas del 28 de setiembre de 2020. Sostiene que tal resolución fue recurrida y, a través del pronunciamiento 416-2020 de las 7:30 horas del 10 de setiembre de 2020, la impugnación fue resuelta. Discrepa de lo resuelto en ambas resoluciones y estima que no fueron correctamente motivadas, de manera que se lesionaron los derechos fundamentales del tutelado. Considera que también carece de respaldo legal. Además, los resultados del tutelado fueron excelentes, menos el criterio jurídico, mismo que no cuenta con un instrumento de medición establecido. Sostiene que también existe una lesión al principio a la igualdad, pues a otros compañeros con causas pendientes o resueltas han pasado el procedimiento de AVAL. Solicita la intervención de la Sala.

II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se advierte que lo planteado por la recurrente obedece a un conflicto de legalidad ordinaria, que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, motivo por el cual excede el ámbito de competencia de esta Sala. En efecto, este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar lo resuelto por el recurrido respecto del criterio no recomendativo del tutelado ni la procedencia de la resolución que lo confirma. Ciertamente, no es el del resorte de la Sala valorar si el amparado cumple o no los requisitos necesarios para que se emita un criterio recomendativo para continuar con los nombramientos aludidos. A partir de lo anterior, a esta Sala tampoco le compete actuar conforme a lo pretendido y dejar sin efecto las resoluciones 385-2020 y 416-2020 de la Fiscalía General de la República, ni ordenar que el amparado sea reincorporado a la lista de oferentes para poder ser elegible y realizar funciones de Fiscal Auxiliar por inopia. Lo anterior debe ser discutido antes las instancias administrativas (como así indica haberlo hecho, al ejercer su derecho de defensa mediante un recurso de impugnación), o bien, judiciales competentes.

Por otro lado, en relación con la acusada lesión al derecho a la igualdad y el hecho de que aparentemente haya otros funcionarios judiciales que aprobaron el proceso AVAL, a pesar de tener causas disciplinarias activas o archivadas; se advierte, que a esta Sala no le corresponde fungir como una instancia de alzada y valorar los atestados y demás situaciones en particular, para determinar si llevan razón o no el amparado. Ello también obedece a un conflicto de legalidad. Además, en reiteradas ocasiones esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales. Partiendo de lo expuesto, y luego de revisado el escrito de interposición, así como la prueba aportada, este Tribunal estima que en el sub lite no se infieren elementos suficientes –ni siquiera indiciarios- que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad.

En mérito de lo expuesto, se declara inadmisible el recurso.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-019207-0007-CO

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