Sentencia Nº 20-022637-0007-CO de Sala Constitucional, 15-12-2020

Emisor:Sala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia:20-022637-0007-CO

*200226370007CO*

EXPEDIENTE N° 20-022637-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020024140

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad No. [Valor 001] , contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 14:15 horas del 9 de diciembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que desde 31 de julio de 2015 se encuentra desempleado y ha cotizado para el régimen de pensiones de la autoridad recurrida en donde cuenta con 334 cuotas. No obstante, desde el 2015 padece de artrosis degenerativa, motivo por el cual solicitó una pensión ante la autoridad recurrida, pero en el 2017 fue denegada, dado que no alcanzó el porcentaje de discapacidad necesario para obtenerla. Señala que se encuentra gestionando por segunda ocasión la pensión, pues por su condición de salud no le es posible conseguir trabajo, por lo que ha realizado trabajos ocasionales de mensajería, reparación de electrodomésticos y artículos de madera. Por otra parte, agrega que desde octubre de 2019 cuenta con un seguro otorgado por el Estado y gracias a este, ha recibido tratamiento mensual para la hipertensión e inclusive tiene citas programadas para enero del 2021 y su hija, recibe medicamentos para los trastornos de salud. Sin embargo, afirma que su seguro médico va ser retirado el 31 de diciembre de 2020, por lo que las atenciones programadas y tratamientos referidos no podrían continuar para el próximo año. Por lo anterior, estima lesionados sus derechos fundamentales y solicita la intervención de la Sala para que ordene a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el tanto se resuelve la pensión solicitada por invalidez, que se le permita continuar con el seguro social.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que cuenta con un seguro social otorgado por el Estado, pero el mismo finaliza el 31 de diciembre de 2020; sin embargo, lo necesita para el tratamiento y atenciones médicas tanto suyas como de su hija. Por lo anterior, estima lesionados sus derechos fundamentales y solicita la intervención de la Sala para que ordene a la autoridad recurrida que, en el tanto se resuelve la pensión que solicitó por invalidez, se le permita continuar con el seguro social.

II.- Sobre el caso concreto. Respecto a los agravios expuestos en el memorial de interposición de este recurso, es preciso indicar que excede la competencia de esta Sala entrar a determinar, de conformidad con la normativa infraconstitucional que regula la materia, si se le debe o no continuar brindando el seguro por el Estado, pues se trata de un conflicto de legalidad ordinaria, cuya discusión corresponde a la vía común. Tampoco le corresponde verificar si el accionante cumple o no con los requisitos dispuestos por ley para la pensión de invalidez alegada y, en consecuencia, si debe o no otorgársele la misma. En consecuencia, el recurrente deberá plantear sus inconformidades o reclamos ante la propia autoridad recurrida o en la jurisdicción ordinaria correspondiente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

Por otra parte, del propio dicho del petente, se desprende que tanto a él como a su hija no se le has denegado la atención médica cuando la han requerido y aún se les continúa brindado, pues el seguro sigue vigente, por lo que no se observa una denegatoria arbitraria de atención. En ese sentido se descarta una posible afectación al derecho a la salud. Debe tener presente el accionante que, si fuere el caso, que el seguro no continúe, la autoridad recurrida está obligada a brindar la atención médica de urgencia que sea necesaria, con el cobro posterior de dichos servicios. En consecuencia, el recurso es inadmisible.

III.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Nancy Hernández L.
Presidenta a.i.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Ana María Picado B.
Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

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