Sentencia Nº 2004-07781 de Sala Constitucional, 29-03-2019

Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2019
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
 
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EXPEDIENTE N° 19-005080-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019005894

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve .

             

Recurso de amparo interpuesto por ROY ALBÁN ENRÍQUEZ LÓPEZ cédula de identidad Nº 5-0359-0580, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (MSP). 

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:52 horas horas del 25 de marzo de 2019, el accionante, quien es oficial de la Fuerza Pública, interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública. Indica que el 11 de enero de 2019, en una audiencia realizada en el Juzgado Penal de Cañas (expediente n.°18-1043-73-PE), el juez Abraham Jirón Calvo dictó medidas cautelares en su contra consistentes en su suspensión del cargo por 6 meses,  deber firmar cada 15 días, mantener domicilio fijo e impedimento de salida del país. Alega que, el 4 de febrero de 2019, el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad le notificó la resolución n.°4-2019-DRH, según la cual fue suspendido sin goce de salario. Acusa que dicha medida administrativa  se sustentó en la supuesta prisión preventiva que se le impuso en sede penal; lo anterior, pese a que nunca se decretó prisión preventiva en su contra, sino solo medidas sustitutivas. Apunta que la suspensión de su puesto debe ser con goce de salario. Menciona que, en la resolución de las 14:30 horas del 11 de marzo de 2019, el juez penal indicó que la suspensión “no es sin goce de salario”. Argumenta que se le busca despedir por hechos que aún no han sido demostrados en sede penal, lo cual violenta el principio de inocencia.  Cita el voto n.° 3966-2014 de la Sala. Solicita que no se dicte acto final de despido hasta que no haya sentencia penal firme en su contra y que se aclare la situación de su suspensión. Refiere que la medida de suspensión es omisa en cuanto a si es con goce de salario, por lo que pide que esta situación sea aclarada. Reitera que lo procedente es que sea con goce de salario. Solicita que se le paguen los días que no se le han cancelado desde su suspensión.

2.-El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

              Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

              I.- Objeto del recurso. El recurrente, quien es oficial de la Fuerza Pública, aduce que, mediante resolución n.°4-2019-DRH (notificada el 4 de febrero de 2019), el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad lo suspendió de su cargo sin goce de salario. Explica que ello se sustentó en la suspensión de cargo dictada en su contra en el expediente penal n.°18-1043-73-PE, donde figura como imputado. Refiere que “la medida de suspensión del cargo es omisa en cuanto así (sic.) es con goce de salario”, mas considera que debe ser con goce de salario. Argumenta violentado el principio de inocencia, toda vez que los hechos endilgados no le han sido demostrados. Solicita que se le paguen los días que no se le han cancelado desde su suspensión.

II.-Sobre el caso concreto. En virtud de los agravios esgrimidos por el recurrente, es menester indicar lo dispuesto por esta Sala en sentencia n.° 2018-20009 de las 9:30 horas del 30 de noviembre de 2018, donde se resolvió una situación similar al sub lite. En dicha oportunidad, la Sala indicó lo siguiente:

I.- OBJETO DEL AMPARO. La recurrente señala que desde abril de dos mil quince, el amparado labora para la Dirección General de Migración y Extranjería, desempeñando sus funciones como Policía 1, destacado en Peñas Blancas. Dice que su representado enfrenta una causa penal por el delito de tráfico ilícito de migrantes, según consta en el expediente N° 16-0000001-1321-PE que se tramita ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Refiere que por medio de resolución de las seis horas del nueve de setiembre de dos mil dieciocho, ese despacho judicial le impuso al tutelado, como medida cautelar, mantener domicilio fijo y la suspensión en el cargo, por el plazo de seis meses, en el período comprendido entre el nueve de setiembre de dos mil dieciocho al nueve de marzo de dos mil diecinueve. Señala que en el mes de setiembre de este año, el amparado recibió su salario con normalidad; pero a partir de octubre de los corrientes no le hicieron el depósito respectivo, sin que haya recibido una comunicación por parte de su patrono, en donde se motive el acto administrativo de la suspensión “sin goce de salario”. Comenta que el artículo 224, del Código Procesal Penal, preceptuada que una medida cautelar privativa de libertad, podría ser: “i) suspensión en el ejercicio del cargo, cuando se le atribuye un delito funcional”, pero dicha norma no señala que dicha suspensión funcional sea sin goce de salario. Manifiesta que lo llevado a cabo es contrario a lo dispuesto en el artículo 78, del Código de Trabajo, que señala: “Es también causa de suspensión del contrato de trabajo, su responsabilidad para el patrono ni para el trabajador, el arresto que alguna autoridad judicial o administrativa le imponga a éste, o la prisión preventiva que en su contra se decrete, siempre que sea seguida de sentencia absolutoria”, pues lo indicado por el legislador se refiere a los casos de arresto o prisión preventiva, en los que se daría la suspensión del trabajo sin responsabilidad patronal; pero en ningún momento se señala que por una suspensión en el cargo, como medida cautelar no privativa de libertad, dicha suspensión o inhabilitación anticipada deba darse sin goce de salario. Agrega que en el caso del tutelado existe una evidente vulneración al principio de inocencia e indefensión, unido al hecho de que existe falta de fundamentación el acto administrativo, ya que la resolución judicial no expresa que dicha suspensión sea sin goce de salario, y ha sido la Administración, la que de forma interpretativa ha vulnerado dicho derecho, en contra de su representado. Solicita que se declare con lugar el presente recurso de amparo, con las  consecuencias legales que ello implica.

II.- EL CASO CONCRETO. En primer lugar, si la disconformidad de la petente radica en la forma en que la Dirección General de Migración y Extranjería implementó una medida cautelar, a partir de lo dispuesto por una autoridad judicial, ello es una cuestión que corresponde ser alegada en la vía de legalidad respectiva y no ante este Tribunal. De igual modo, esta Sala en reiteradas ocasiones dispuso que si una autoridad judicial había dictado una medida de no acercarse al lugar de trabajo o suspensión en el cargo, tal como ocurre en el sub examine, no resultaba arbitrario que la suspensión administrativa fuese adoptada sin goce de salario. A los efectos, en la Sentencia N° 2017-8748 de las 9:15 horas del 13 de junio de 2017, este Tribunal reiteró: (…)

V.- Bajo una mejor ponderación, esta Sala considera oportuno retomar el criterio original. La relación laboral impone al trabajador la obligación de asistir al trabajo y al patrono la de pagar el salario. Si hay una razón, ajena a la voluntad de ambos, por la cual el trabajador no puede cumplir con su obligación, la relación laboral se suspende, como dispone el artículo 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las  partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. Ese artículo 78 tiene como fin proteger al trabajador de un despido sin responsabilidad patronal, que habría sido la consecuencia normal por su falta de asistencia al trabajo. El mismo artículo 78 impone al trabajador el deber de reanudar su trabajo tan pronto como la causa desaparezca. De esta manera, por la misma razón por la que, durante la prisión preventiva, no se paga el salario (imposibilidad de asistir al trabajo), tampoco se debe pagar durante el plazo de otra medida cautelar que también impida al trabajador asistir, aunque no necesariamente esté privado de libertad. (…) El error radica en considerar que el Juez Penal impone una sanción administrativa, cuando en realidad lo que hace es imponer medidas cautelares en aras de proteger los fines del proceso penal. Precisamente, la sentencia No. 2004-07781 (y la jurisprudencia posterior de esta Sala) imponen al Juez Penal una función ajena a sus competencia, como lo es determinar si debe o no suspender con goce de salario, cuando en realidad, el interés en sede penal son las consecuencias dentro del mismo proceso y no las circunstancias de la relación laboral.

VI.- CASO CONCRETO. Mediante resolución No. 42-2013, el Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito ordenó la libertad del amparado y le impuso como medidas cautelares impedimento de salida del país, deber de informar al Tribunal sobre los lugares de trabajo y domicilio, obligación de comparecer a firmar una vez cada quince días y prohibición de comunicarse o perturbar a los testigos del proceso (copia del voto dictado por ese despacho). Aún está pendiente la realización del juicio para conocer la acusación contra el amparado, de manera que las medidas se mantendrán vigentes hasta el debate. Ahora bien, el Tribunal impuso al recurrente la prohibición de comunicarse con los testigos y estos, precisamente, son personas con quien él, como guarda de seguridad, interactúa, a diario, en el edificio de los Tribunales de Golfito; en consecuencia, sí hay una razón, ajena a la voluntad del patrono, por la cual el recurrente no puede, materialmente, reincorporarse a su lugar de trabajo. La decisión del Consejo Superior no nace de su propia voluntad, sino que se deriva de las medidas cautelares dictadas en sede penal. En suma, el trabajador no pude asistir al trabajo en virtud de medidas cautelares dispuestas en su contra, por lo que no hay obligación del patrono de pagar el salario".

De igual forma, en fecha más reciente, esta Sala, en la Sentencia N° 2016- 008533, de las 9:05 horas, del 24 de junio de 2016, reiteró el criterio vertido, y dispuso lo siguiente:

(…)Si hay una razón, ajena a la voluntad de ambos, por la cual el trabajador no puede cumplir con su obligación, la relación laboral se suspende, como dispone el artículo 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. En este caso, el Juzgado Penal le impuso al recurrente varias medidas cautelares, entre ellas la “suspensión del cargo como docente, para evitar el contacto con menores de edad en funciones.” Lo cual es tomado por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio recurrido para disponer la suspensión sin goce de salario por cuanto, consideran que dicha medida adoptada en sede penal hace que el recurrente se encuentre en imposibilidad de desempeñarse en el puesto para el cual fue nombrado. Medida que, no opera como una sanción, ni tampoco puede considerarse desproporcionada, pues tiene como sustento una resolución judicial. Pese a que el amparado considera que “puedo continuar ejerciendo mis funciones tal como lo hice en la Supervisión del Circuito 03 solamente requiero una readecuación en otra región educativa.” Ciertamente, en el mismo sentido en que se examinó en los votos referidos, los precedentes citados son aplicables a este caso, toda vez que este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dichas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta en la situación planteada y observa que la suspensión deriva de la resolución de medidas cautelares tomada dentro de un proceso penal seguido en contra del recurrente, dictada por el Juzgado Penal, en la cual dispone su suspensión como docente y lo actuado responde al seguimiento de tal disposición que bien podría atacarse en la sede común, a fin de que se resuelva lo correspondiente. Al no haberse producido violación alguna de los derechos fundamentales del tutelado, lo propio es que, si persiste en su inconformidad, acuda ante la vía de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En conclusión, la Sala estima que no existe violación alguna a los derechos fundamentales del tutelado, dado que el Ministerio recurrido, con fundamento en la resolución judicial dictada, procedió a comunicarle la suspensión sin goce de salario, al encontrarse facultada la autoridad recurrida, para resolver sobre el otorgamiento del beneficio salarial durante dicha suspensión, por lo que la parte accionada no se encuentra en la obligación de pagar el salario. Además, el hecho de que la resolución le fuera notificada el mismo día de su entrada en vigencia no le impidió al recurrente ejercer su derecho de defensa”

V.- Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, y como no existe motivo para variar el criterio vertido en las sentencias parcialmente transcritas, cuyas consideraciones ahí contenidas resultan aplicables al supuesto que nos ocupa; lo procedente es ordenar la desestimación del presenta (sic.) asunto, como en efecto se dispone, toda vez que existe una razón ajena a la voluntad del patrono, por la cual el amparado no puede, materialmente, reincorporarse a su lugar de trabajo. La decisión del Ministerio de Educación Púbica no nace de su propia voluntad, sino que se deriva de las medidas cautelares dictadas en sede penal. De esa manera, como se ha citado, si hay una razón, ajena a la voluntad del trabajador y el patrono, por la cual el trabajador no puede cumplir su obligación, la relación laboral se suspende, como dispone el artículo 78, del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. En razón de lo anterior, al igual que en las sentencias parcialmente transcritas, como en el caso bajo estudio la medida cautelar de suspensión del cargo al amparado resulta ajena a la voluntad del patrono - al no presentarse la trabajadora a su lugar de trabajo por existir una medida cautelar en sede penal-, no existe obligación laboral de pagar el salario. En consecuencia, como la suspensión del pago del salario al amparado, en el caso bajo estudio, se da en las condiciones indicadas, procede desestimar el recurso, como en efecto se dispone. Finalmente, hay que indicar, como también se resolvió en la última sentencia citada, dado que la suspensión deriva de la resolución de medidas cautelares tomada dentro de un proceso penal seguido en contra del recurrente, dictada por el Juzgado Penal, y lo actuado responde al seguimiento de tal disposición, la disconformidad del promovente podría plantearse en la sede común, si a bien lo tiene, a fin de que se resuelva lo correspondiente. Por las razones expuestas, y dado que no se encontró lesión alguna a los derechos fundamentales del tutelado, el amparo resulta improcedente, como en efecto se declara."

II.- Este nuevo planteamiento del recurrente, carece -respecto del Ministerio de Educación- de algún cambio de la situación fáctica que permita entender que sea requerido levantar la suspensión sin goce de sueldo que sufre el interesado. Así las cosas, resulta plenamente aplicable el antecedente citado y procede entonces rechazar el recurso…”.

De conformidad con lo expuesto, la medida impugnada se fundamenta en la imposibilidad del tutelado para apersonarse a su lugar de trabajo dictada por una autoridad judicial, y no corresponde a esta jurisdicción, verificar si procede o no la aplicación a este caso concreto de lo dispuesto en el artículo 78, del Código de Trabajo, por ser un asunto de legalidad.” (énfasis agregado).

De este modo, al tenor del precedente parcialmente transcrito, la suspensión administrativa sin goce de salario basada en la suspensión del cargo decretada en sede penal, no implica, per se, una vulneración de derechos de rango constitucional dirimible ante esta Sala. En todo caso, así como se señaló en el antecedente jurisprudencial citado, en caso de que el recurrente esté disconforme con aspectos atinentes a su suspensión, podrá alegarlos, si a bien lo tiene, ante la vía de legalidad ordinaria.    

En mérito de las consideraciones esgrimidas, se impone rechazar este amparo.

III.- Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético,  óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo el recurso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

Paul Rueda L.

 

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

 

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

 

Mauricio Chacón J.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-005080-0007-CO