Sentencia Nº 2012-01064 de Sala Tercera de la Corte, 30-11-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2012-01064
Número de expedienteExp:
Fecha30 Noviembre 2021
Revisión del Documento

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Exp: 15-000297-0077-PE

Res: 2021-01417

SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las diez horas cuarenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra J.E.C.S.ánchez, por los delitos de amenazas a un funcionario público, resistencia agravada y portación ilícita de arma permitida, cometidos en perjuicio de la autoridad pública y la seguridad pública; y,

Considerando:

I. La licenciada N.H.P., F.a de la F.ía Adjunta de Impugnaciones del Ministerio Público, interpone recurso de casación (folios 466 a 468), en contra de la resolución número 2021-00281, de las 10:00 horas del 17 de marzo del 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, S.R., Sección Cuarta (folios 438 a 446), que resolvió, lo siguiente: Por tanto: Se declaran con lugar el primer motivo del recurso formulado por el licenciado R.M.M., en su calidad de defensor público del acusado J.E.C.S., y sin lugar el segundo de ellos. Se revoca la sentencia apelada solamente en cuanto condenó al imputado por los delitos de resistencia agravada y amenaza a funcionario público en concurso ideal y, en su lugar, el endilgado responde penalmente por un único ilícito de resistencia agravada. Se corrige el monto de la pena total que deberá descontar el encausado, quien deberá purgar tres años de privación de libertad, que corresponde a la sumatoria de los dos años de prisión por el ilícito de resistencia agravada y un año de cárcel por el delito de portación ilícita de arma permitida. En lo demás, permanece incólume la resolución venida en alzada. N. (folios 445 vuelto y 446 frente).

II. Único motivo: Existencia de precedentes contradictorios del Tribunal de Apelación de Sentencia y la S. Tercera, con respecto al tema de la fijación de pena de forma directa, por parte de los Tribunales de Apelación (folio 466 vuelto). Fundamenta el recurso en el artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal. La F.a, arguye que existen resoluciones o precedentes contradictorios, entre el criterio del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, externado en la resolución que aquí se impugna, la número 2021-281 de las 10:00 horas del 17 de marzo de 2021, y el criterio de la honorable S. Tercera que se contiene en los votos 2014-1745 de las 10:07 horas del 31 de octubre de 2014, el 2014- 01950 de las 10:10 horas del 18 de diciembre del 2014, así como el 2015-1044 de las 9:15 horas del 07 de agosto de 2015, éste último unificador de criterios, ello con respecto al tema de la posibilidad o imposibilidad de los Tribunales de Apelación, de fijar la pena directamente en sede de apelación, luego de detectar vicios o errores en la fundamentación y determinación de la misma, realizada por el Tribunal de instancia, o como en este caso, al recalificarse la conducta acreditada (folio 466 vuelto), lo cual justifica la casación de esta sentencia de conformidad con el numeral 468, en su inciso a) del Código Procesal Penal. Explica que, en el caso concreto, el ad quem decidió ordenar la recalificación de parte de las conductas acreditadas, considerando que entre los delitos de resistencia a la autoridad agravada y amenazas a funcionario público, no existía concurso ideal de delitos, sino aparente, y que por ende, se trataba de un único delito de resistencia a la autoridad agravada, que se suma al delito de portación ilegal de arma permitida, respecto del que no hubo discusión en cuanto a su configuración. Continúa señalando que, se enmendó el monto de la pena, para que se entienda que es de 3 años de prisión, y se indicó: “Lo anterior es consecuencia directa de que, el tribunal de mérito, declaró al encartado como responsable de los delitos de resistencia agravada y amenaza a funcionado público en concurso ideal; sin embargo, al momento de fijar la sanción penal, dispuso dos años de prisión por la primera delincuencia y uno más por la otra, las que, finamente, sumó al año de privación de libertad que dispuso por la comisión del ilícito deportación ilegal de arma permitida. Al no haber mediado recurso del Ministerio Público, debe entenderse que, la pena impuesta por el delito de resistencia agravada, fue de dos años, de ahí que, al corregirse el error en la calificación jurídica de los hechos probados, se tiene que, dicho monto, debe adicionarse al año de prisión que se le fijó por el delito deportación ilegal de arma permitida (folio 466 vuelto). Apunta que, lo resuelto por el ad quem, es contrario a lo resuelto en el voto 2014-1745, de las 10:17 horas, del 31 de octubre del 2014, dictado por la S. Tercera, en el tanto se dijo: En todo caso esta S. no comparte la decisión del ad quem de fijar de una vez en esa sede la sanción de un año de prisión para cada uno de los imputados, mediante una nueva fundamentación de la pena, por considerar la existencia de vicios en la imposición realizada por el a quo, pues ello violentó el principio de doble instancia al que tienen derecho las partes del proceso. Al respecto, nota esta Cámara que dicho órgano, al detectar las falencias en el razonamiento emitido por el Tribunal de Juicio en la fundamentación de la pena, consideró que debía entonces en alzada fijarse una nueva penalidad y negarle a las partes su derecho a discutir el punto ante el a quo mediante el reenvío de la causa y así tener la posibilidad de impugnar ante el Superior lo ahí resuelto (folio 467 frente). Así mismo, hace alusión al voto 2014-01950 de las 10:10 horas, del 18 de diciembre del 2014, en el que la S. Tercera señaló: "Asimismo, en lugar de ordenar un juicio de reenvío en cuanto a dicho extremo, procedió a fijar la sanción en veinte años de prisión (diez años menos de los dispuestos en el pronunciamiento de primera instancia),...( ) Ahora, lo cierto es que además de esto, en la sentencia recurrida se indicó que correspondía imponer la pena mínima que prevé el tipo penal pues suprimidos los argumentos mencionados atrás, todo lo que resta en la exposición del Tribunal de Juicio son aspectos que favorecen al imputado y porque, de anular y disponer el reenvío, se le concedería una nueva oportunidad al órgano fiscal, que no recurrió, para obtener una pena distinta a la mínima, pese a que solo había recurso de la defensa, lo que de forma solapada supondría violar el principio de prohibición de reforma en perjuicio. Para esta Cámara, tales razonamientos no son de recibo, pues si bien el recurso de apelación de sentencia lo formuló únicamente la defensa del justiciable, la pena fijada en primera instancia fue de treinta años de prisión, con lo cual este sería el monto que limitaría las pretensiones punitivas del Ministerio Público. En este tanto, ordenar la realización de un juicio reenvío, cuyo resultado pudiese ser la imposición de una pena superior a los veinte años de prisión, no hubiese vulnerado la prohibición de reforma en perjuicio, como lo concluyó erróneamente el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Todo lo contrario, proceder de dicha forma hubiese garantizado los derechos de ambas partes - Ministerio Público y defensa- de discutir con amplitud el tema de la sanción y eventualmente recurrir lo que se decida al respecto. Se trata de derechos que, en el presente asunto, adquieren mayor importancia al considerar que el defensor no impugnó la pena impuesta a su patrocinado, con lo cual la F.ía no se ha pronunciado sobre la existencia del vicio que se declara de oficio, siendo que además, como la decisión se adopta en segunda instancia, esta parte procesal queda impedida para solicitar a través de un recurso ordinario, amplio y flexible (como lo es el de apelación de sentencia), un examen amplio e integral de lo acordado y que califica como contrario a sus intereses. En este punto, no se puede dejar de subrayar que nuestro ordenamiento jurídico procesal penal garantiza el derecho de todas las partes (y no solo del imputado), de recurrir lo decidido. Por lo expuesto, se acoge el presente motivo de casación. Se anula la sentencia impugnada, así como la de primera instancia, únicamente en lo relacionado con la pena impuesta y en consecuencia, se ordena el reenvío del presente asunto al Tribunal de Juicio, para que, con una nueva integración, resuelva sobre dicho extremo (folio 467 frente y vuelto). Por último, hace referencia la F.a, al Voto 2015-1044 de las 9:15 horas, del 07 de agosto del 2015, de la S. Tercera, en el que se resolvió: "... La modificación de la pena por parte del órgano que resuelve la impugnación, supone para las partes, una limitación importante en cuanto a su derecho de recurrir dicho extremo: ni más ni menos, que el componente de la condena en el que culmina y se sintetiza la determinación tomada en cuanto al juicio de reproche al que se hizo merecedor el justiciable. En este orden de razonamiento, debe tomarse en cuenta también, que el rediseño del recurso de casación, para efectos del cumplimiento de la garantía de la doble instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incidió en un recurso de apelación de sentencia de amplios alcances, que supone la "revisión integral del fallo" de conformidad con lo que establece el numeral 459 del Código Procesal Penal. En contraste con el examen amplio y desformalizado que caracteriza al recurso de apelación de sentencia, el recurso de casación es formal, contempla causales de procedencia muy específicas y taxativas, y es limitado en cuanto al objeto de pronunciamiento. Todo ello redunda en que la individualización de la pena en forma directa por parte del ad quem, significaría el incumplimiento de la garantía de una revisión amplia e integral del fallo, en lo que a tal extremo atañe, ya que contra lo decidido por los jueces de apelación de sentencia, únicamente sería posible interponer recurso de casación. Tal y como se ha esbozado en los precedentes de cita (número 1745-2014, 1950-2014 y 658-2015 de esta S.), la única forma de garantizar que las partes puedan presentar y debatir con las garantías del contradictorio los argumentos que resulten de interés para individualizar la pena, y a la vez conserven la garantía de la doble instancia en relación con lo decidido, es que, una vez detectado que la imposición del quantum sancionatorio es ilegítimo, el Tribunal de Apelación de Sentencia lo decrete así en su pronunciamiento y ordene el reenvío de la causa para que el punto sea sustanciado nuevamente por parte del Tribunal de Juicio, con una nueva integración. En razón de que el fallo condenatorio fue impugnado en apelación de sentencia, únicamente por la defensa del encartado, la nueva imposición de la pena no podrá superar el monto fijado por el Tribunal de Juicio, en virtud del principio de no reforma en perjuicio. En conclusión, se declara con lugar el motivo único de revisión interpuesto por la licenciada H.E.. Esta Cámara unifica los precedentes en contradicción en el sentido de que no procede la fijación directa de un nuevo monto de pena por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia, pues ello conculcaría la garantía de la doble instancia, y en algunos supuestos, podría desconocer el derecho de las partes de someter al contradictorio todos los temas que resulten de relevancia para la decisión de la causa penal ..." (folio 467 vuelto). Objeta la F.a, claramente existen posiciones contrapuestas y por ende precedentes contradictorios, entre lo resuelto por el Tribunal de Apelación de S.R., mediante la resolución recurrida, y lo esbozado por la S. Tercera, en cuanto al tema en cuestión, ya que la última, ha dispuesto que para no vulnerar el derecho a la discusión, en relación con los aspectos que configuran el reproche para la imposición de una pena, se debe de realizar una nueva fijación de la sanción mediante la orden del reenvió correspondiente, para que las partes tengan la posibilidad de discutir, de forma amplia e integral, el quantum de la pena a imponer, e incluso que tengan la posibilidad de impugnar ante el superior, en caso de ser necesario, respetándose así la doble instancia, o más bien, el derecho a recurrir. Afirma que, en el caso concreto, ante la consideración de que los dos eventos del delito acusado, correspondientes a la resistencia y la amenaza a la Policía Municipal, constituían un solo delito y por ende un concurso aparente de normas, no un concurso ideal, la dinámica y las condiciones particulares del desarrollo de los hechos, deben formar parte del reproche, y que eso se debe de valorar para fijar la nueva pena correspondiente a la existencia de un único delito. Explica que: “el Ministerio Público debe considerar, que se trató de un hecho complejo, compuesto por varias acciones en sentido natural, cada una de ellas con una relevancia distinta a efectos del reproche a realizar, debiendo tomar en cuenta entonces, dentro del reproche correspondiente al delito de resistencia a la autoridad agravada, la amenaza referida, elementos que el Ministerio Público requiere discutir, resultando denegada esa posibilidad ante la disposición de fijación directa de la pena, antes indicada, situación que permite concretar el agravio correspondiente, que se deriva del vicio que en el presente recurso se reclama (folio 468 frente). Establece que, el Tribunal de Apelación de Sentencia, mediante lo resuelto en la sentencia recurrida, a pesar de haber justificado la pena impuesta, aplica una solución jurídica distinta a la que ha sido establecida por la S. Tercera, para casos iguales al que nos ocupa, generando desigualdad en la aplicación del derecho e inseguridad jurídica, por lo que se justifica la ineficacia de la misma, y que se proceda a declarar con lugar el recurso, con el fin unificador de la jurisprudencia, en cuanto al tema de la imposibilidad de los Tribunales de Apelación de fijar directamente la pena en esta sede, cuando se determine que la misma no se encuentra debidamente fundamentada o determinada por parte del Tribunal de instancia, incluso ante la existencia de una recalificación de hechos, como ocurre en el presente caso (folio 468 frente). Sostiene que la decisión recurrida, al revocar la pena impuesta por el Tribunal de Juicio, y de forma directa fijar la sanción por un único delito de resistencia a la autoridad agravada, en dos años de prisión, la cual suma a la pena impuesta por el delito de portación ilegal de arma permitida, para un total de tres años de prisión, causa un agravio, en tanto se ve afectada la pretensión punitiva del Ministerio Público, que ante el Tribunal de instancia solicitó en su momento, una pena total de tres años y seis meses de prisión, y solicitó la pena específica de dos años de prisión por el delito de resistencia a la autoridad agravada, sin incluir dentro de ese reproche, como ya se indicó, la amenaza a los funcionarios públicos realizada, vedándose así la posibilidad de esta representación de discutir el nuevo quatum sancionatorio, así como la de impugnar ante el superior si se considerara procedente, por no ajustarse la sanción nuevamente impuesta, a lo establecido en el numeral 71 del Código Penal (folio 468 frente). Solicita, se declare con lugar el presente recurso de casación de sentencia, y ante la recalificación de las conductas ordenada en sede de apelación, se deje sin efecto la sentencia impugnada, en lo que respecta únicamente, a la fijación de la pena realizada por el Tribunal de Apelación de Sentencia de forma directa, por el delito de resistencia a la autoridad agravada, y en su lugar se ordene el correspondiente juicio de reenvío, para la discusión de nuevo, solamente de este aspecto. El motivo es inadmisible: La causal de precedentes contradictorios, que corresponde a la alegada por la casacionista, se encuentra contemplada en el numeral 468 inciso a) del Código Procesal Penal, que dispone: “El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los siguientes motivos: a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la S. de Casación Penal.. Al respecto, la doctrina nacional ha desarrollado, concordantemente con dicha disposición que: “…existen precedentes judiciales contradictorios, cuando a la hora de aplicar el derecho sustantivo o procesal a dos casos de idénticas características, un mismo Tribunal de Apelación (o dos Tribunales distintos) dictan sentencias en las que aplican de manera distinta esa misma norma, realizando interpretaciones acerca de su significando y alcance que recíprocamente se oponen y destruyen entre sí, y como consecuencia de dicha contradicción a cada caso se le da una solución diferente, generando inseguridad jurídica acerca de cuál de las dos interpretaciones de esa norma es la que deberá ser aplicada a futuros casos con las mismas características (G. y Rojas, Manual Teórico Práctico de Apelación y Casación, p.179). La causal de precedentes contradictorios responde al interés del legislador de garantizar de manera efectiva los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, a través de los cuales los ciudadanos pueden anticipar las consecuencias de sus actos, y exigir que la ley se aplique de la misma manera a todas las personas que se encuentran en igualdad de condiciones. Respecto a tal causal, ha dicho esta S.: Podemos definir entonces que... precedente es una resolución judicial previa (de un Tribunal de Apelación o de la propia S. Tercera), en la que se aplicó como aspecto central del fallo, el tema jurídico que se estima resuelto de forma contraria por el Tribunal de Apelación en la sentencia impugnada. No puede entonces invocarse como precedente, un aspecto marginal de la resolución citada. Tampoco pueden señalarse como contradictorias, resoluciones que no comparten la necesaria similitud entre las situaciones fácticas y jurídicas. Adicionalmente, en apego a los requisitos del artículo 469 del Código Procesal Penal, resulta esencial para la admisibilidad del recurso, que en su exposición queden perfectamente claros e individualizados, los nódulos específicos de cada resolución que se estimen contradictorios; siendo insuficientes las citas extensas de los fallos (Voto N° 2012-01064, a las 16:25 horas, del 31 de julio de 2012, por los Magistrados y M., A.G., R.Q., P.V., A.M. y Z.M.. Es decir, resulta necesario que se acredite la semejanza o similitud en los aspectos esenciales de los supuestos fácticos y jurídicos abordados en los casos que se utilizan como fundamento del reproche, y una vez determinados los aspectos comunes relevantes, pasar a señalar la oposición entre los fallos, dictados por los Tribunales de Apelación de sentencia, o entre estos y la S. de Casación Penal. De lo anterior se colige que para que se configure la causal invocada, deben concurrir los siguientes requisitos: a) S. en los supuestos fácticos; b) Identidad en la ratio decidendi; c) Oposición en el análisis jurídico. Los aspectos indicados deben ser claramente expuestos por la parte que recurre, con la finalidad de que esta Cámara, al analizar la admisibilidad de la impugnación, pueda determinar si existen elementos que sean indicativos de la contraposición en los precedentes, a fin de valorar si corresponde el estudio del reclamo por el fondo, lo que no sucede en el caso concreto, debido a que la F.a, en el recurso de casación que se conoce, omite exponer las situaciones fácticas que se corresponden a cada uno de los precedentes que refiere como contradictorios a efectos de sustentar su protesta. Ahora bien, mediante un ejercicio de mera constatación, se logra verificar que no existe tal similitud entre las situaciones fácticas resueltas en los precedentes de esta Cámara a los que hace referencia la impugnante (2014-1745 de las 10:07 horas del 31 de octubre de 2014, el 2014-01950 de las 10:10 horas del 18 de diciembre del 2014, y 2015-1044 de las 9:15 horas del 07 de agosto de 2015) y lo que fue dispuesto por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, en el fallo que se impugna, número 2021-281 de las 10:00 horas del 17 de marzo de 2021. En esta línea, se tiene lo siguiente: A) Resolución número 2014-1745 de las 10:07 horas del 31 de octubre de 2014, emitida por la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia: el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, anuló parcialmente la sentencia, solo en lo relativo al quantum de la pena de 6 años de prisión impuesta por el a quo, y la rebaja de manera automática, fijándola en el tanto de 1 año de prisión. En esta oportunidad esta Cámara resolvió, que según los hechos probados del fallo, se tuvieron por configurados 7 delitos de hurto agravado, en su modalidad de delito continuado, 6 de ellos consumados y uno en grado de tentativa, de manera que la pena que se impuso, corresponde a la máxima del delito de hurto agravado, aumentada en el doble, de acuerdo con el artículo 77 del Código Penal, por lo que, en el voto de cita, se indicó: A pesar de lo anterior, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal parece considerar, más bien, la existencia de siete delitos en grado de tentativa, lo cual, aparte de no estar absolutamente claro en esa resolución, es totalmente ayuno de fundamentación, pues no es más que una simple aseveración sin contenido técnico jurídico, ni se está realizando una variación de los hechos probados en la sentencia del a quo, lo cual sería el hilo conductor necesario para concluir en una recalificación de grado. Es decir, el ad quem se limitó a afirmar categóricamente, que los delitos en concurso material que integran el delito continuado son 7 en total y todos ellos cumplen el mismo tipo penal, por tratarse de hurtos agravados menores en grado de tentativa (cfr. folio 296 vuelto), sin llevar a cabo una fundamentación diáfana de los razonamientos que le hicieron llegar a una nueva calificación de cada delito, lo cual esta S. considera violatorio del artículo 142 del Código Procesal Penal y, siendo esta afirmación parte del sustento utilizado para la nueva imposición de la pena, ello genera la ineficacia de ese aspecto por presentarse un vicio grave en la fundamentación emitida. B) Resolución número 2014-01950 de las 10:10 horas del 18 de diciembre del 2014, emitida por la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia: el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, revocó parcialmente la sentencia, solo en cuanto a la pena impuesta y la fijó de manera automática en el tanto de 20 años de prisión. En el fallo de cita esta Cámara, resolvió lo siguiente: el Tribunal de Apelación de Sentencia, de oficio, examinó la fundamentación de la pena impuesta, concluyendo que la misma era inválida. Asimismo, en lugar de ordenar un juicio de reenvío en cuanto a dicho extremo, procedió a fijar la sanción en veinte años de prisión (diez años menos de los dispuestos en el pronunciamiento de primera instancia) [] Como se observa, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal estimó que el Tribunal de Juicio, para fundamentar una pena de 30 años de prisión, solo mencionó dos argumentos, a saber, el hecho de que se puso en riesgo la vida de otras personas, dado que en el sitio había mucha gente y que la conducta era contraria a “…las leyes dadas por D., en uno de sus mandamientos que señala No matarás. Con absoluto apego a las reglas de la sana crítica, dicho despacho descartó la validez de ambos tópicos [..] Para esta Cámara, tales razonamientos no son de recibo, pues si bien el recurso de apelación de sentencia lo formuló únicamente la defensa del justiciable, la pena fijada en primera instancia fue de treinta años de prisión, con lo cual este sería el monto que limitaría las pretensiones punitivas del Ministerio Público. En este tanto, ordenar la realización de un juicio reenvío, cuyo resultado pudiese ser la imposición de una pena superior a los veinte años de prisión, no hubiese vulnerado la prohibición de reforma en perjuicio, como lo concluyó erróneamente el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Todo lo contrario, proceder de dicha forma hubiese garantizado los derechos de ambas partes -Ministerio Público y defensa- de discutir con amplitud el tema de la sanción y eventualmente recurrir lo que se decida al respecto. C) Resolución número 2015-1044 de las 9:15 horas del 07 de agosto de 2015, emitida por la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia: el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, revocó la pena de 10 años impuesta por el a quo y la fijó en 5 años de prisión, por un delito de violación en grado de tentativa, al considerar insuficiente el razonamiento que se hizo constar en la sentencia. Al respecto, resolvió esta Cámara, lo siguiente: Los jueces de apelación acogieron el reparo, al considerar insuficiente el razonamiento vertido por el para establecer el monto de la pena, en el mínimo previsto para la figura típica en cuestión, y no aplicar el rebajo discrecional al que la ley faculta, en razón de tratarse de un delito tentado. Sin embargo, en lugar de ordenar el reenvío para que el Tribunal de Juicio efectuase una nueva sustanciación con respecto al monto de la pena, el dispuso imponerla en forma directa al resolver el recurso de apelación de sentencia. Y es en este punto, que la decisión del Tribunal de Apelación contraviene la posición reiterada de esta S., la cual se señala en los precedentes comentados en el anterior considerando. La modificación de la pena por parte del órgano que resuelve la impugnación, supone para las partes, una limitación importante en cuanto a su derecho de recurrir dicho extremo: ni más ni menos, que el componente de la condena en el que culmina y se sintetiza la determinación tomada en cuanto al juicio de reproche al que se hizo merecedor el justiciable.. Ahora bien, la situación discutida en el pronunciamiento número 2021-281 de las 10:00 horas del 17 de marzo de 2021, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, S.R., radica en que se revocó la sentencia apelada solamente en cuanto, se condenó al imputado por los delitos de resistencia agravada y amenazas a funcionario público en concurso ideal y, en su lugar, se dispuso que respondía solo por un único delito de resistencia agravada, procediendo el ad quem, a establecer que el monto total de pena a descontar es de 3 años de prisión, que corresponde a la sumatoria de 2 años de prisión por el delito de resistencia agravada y 1 año por el delito de portación ilícita de arma permitida. N., que a diferencia de las tres resoluciones que fueron conocidas por esta S. y respecto de las que se resolvió en los fallos referidos por la F.a como contradictorios, en el caso bajo análisis, el ad quem no hizo fijación automática de pena en alzada, sino que mantuvo la pena que dispuso el a quo para el delito de resistencia agravada, sea 2 años de prisión, y así lo refirió en el Considerando III de la resolución: “Como corolario de lo resuelto en el primer acápite, y tomando en cuenta las particularidades del caso, se enmienda el monto de la pena total, para que se entienda que esta sea de tres años de prisión. Lo anterior es consecuencia directa de que, el tribunal de mérito, declaró al encartado como responsable de los delitos de resistencia agravada y amenaza a funcionario público en concurso ideal; sin embargo, al momento de fijar la sanción penal, dispuso dos años de prisión por la primera delincuencia y uno más por la otra, las que, finamente, sumó al año de privación de libertad que dispuso por la comisión del ilícito de portación ilegal de arma permitida. Al no haber mediado recurso del Ministerio Público, debe entenderse que, la pena impuesta por el delito de resistencia agravada, fue de dos años, de ahí que, al corregirse el error en la calificación jurídica de los hechos probados, se tiene que, dicho monto, debe adicionarse al año de prisión que se le fijó por el delito de portación ilegal de arma permitida (folio 445 vuelto). En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 467, 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal, se declara inadmisible el recurso de casación formulado por la licenciada N.H.P..

Por Tanto:

Se declara la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. N..

Patricia Solano C.

Álvaro Burgos M.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

William Serrano B.

Magistrado Suplente.

Roleon

Int: 490-3/7-3-21

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