Sentencia Nº 2018-001467 de Sala Segunda de la Corte, 29-08-2018

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de resolución*110007111178LA*   Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA   Exp: 11-000711-1178-LA 2018-001467 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.               Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por MILTON VALERIO MENA, casado, GEORGE AGUILAR PRIETO, MÁRCEL SOLANO CAMPOS, PABLO SÁENZ BENAVIDES, GEINER PRIETO CHINCHILLA, vecino de San José, DAGOBERTO GÓMEZ JIMÉNEZ, casado, JEFFRY ELIZONDO SALDAÑA, RUDY MÉNDEZ ALFARO, RICARDO LÉPIZ SOTO, MARLON BARRIENTOS CUNNINGHAM, licenciado en Informática y vecino de San José; CYNTHIA ELENA GRANADOS PICADO, licenciada en Informática y vecina de San José; OSCAR JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ, licenciado en Informática y vecino de San José, JOSÉ MANUEL SOLÍS RODRÍGUEZ, licenciado en Informática, WALTER ESTEBAN MADRIGAL CHAVES, licenciado en Informática y vecino de San José; y ELBERT DELGADO SÁNCHEZ, licenciado en Informática, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado general el licenciado Víctor Mauro Guzmán León, divorciado y vecino de San José. Todos mayores, solteros, analistas de sistemas y vecinos de Heredia, con las excepciones indicadas. RESULTANDO:               1.- Los actores, en escrito de fecha diez de junio de dos mil once, promovieron la presente acción pretendiendo: que en sentencia se condenara a la demandada a lo siguiente: “1- Se les equipare en forma salarial, con el fin de que reciban el aumento en el salario base del 22.5%;/ 2- Que dicho aumento debe llevarse a cabo también en el reconocimiento de la Dedicación Exclusiva;/ 3- Que dicho aumento se les reconozca el porcentaje a la base que tiene que hacerse efectivo en forma retroactiva a partir de la adquisición del derecho./ 4- Se les reconozca todos los incentivos salariales, en forma retroactiva del salario base y por clase en relación con los rubros de aguinaldo, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales;/ 5- Que se les reconozcan los intereses correspondientes a los montos citados, contados a partir de la exigencia de cada obligación individual./ 6- Que se reconozca el pago de las costas legales y procesales a los aquí reclamantes” (sic) equiparar en forma salarial, con el fin de que recibir el aumento en el salario base del 22.5%; en dicho aumento debe llevarse a cabo en el reconocimiento de la Dedicación Exclusiva, también se reconozca el porcentaje a la base que tiene que hacerse efectivo en forma retroactiva a partir de la adquisición del derecho. Así como todos los incentivos salariales, en forma retroactiva del salario base y por clase en relación con los rubros de aguinaldos, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales; junto con los respectivos intereses correspondientes a los montos citados, contados a partir de la exigencia de cada obligación individual y ambas costas" (sic).               2.- El apoderado general judicial de la demandada contestó la acción en memorial de fecha cinco de agosto de dos mil once y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de Legitimación activa y pasiva.               3.- El Juzgado de Trabajo de Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por sentencia de las dieciséis horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil quince, dispuso: “SOBRE EL PROCEDIMIENTO VER CONSIDERANDO NUMERO UNO. Con fundamento en las razones expuestas, Votos de la Sala Constitucional números Sala Constitucional número 4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996; voto N. 2765 de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997; Sentencia N° 1696-92, de 15.30 horas de 23 de junio de 1992; Voto N° 440 de las 15:27 horas del 27 de enero de 1998; Sala Nº 4044-96, de las 11:12 horas del 9 de agosto de 1996; Voto Nº 2354-97 de las 11:12 horas del 25 de abril de 1997 y de la Sala Segunda número Voto Nº 2004-00170 de las 11:10 horas del 12 de marzo de 2004; así como de los artículos 492, 493 del Código de Trabajo; 11 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; se declara CON LUGAR la presente demanda ordinario laboral de MILTON VALERIO MENA cédula de identidad número 1-1066-0251, GEORGE AGUILAR PRIETO cédula de identidad número 4-0174-0385, MARCEL SOLANO CAMPOS cédula de identidad número 3-0373-0518, PABLO SAENZ BEANAVIDES cédula de identidad número 1-1238-0180, GEINER PRIETO CHINCHILLA cédula de identidad número 3-0402-0118, DAGOBERTO GOMEZ JIMENEZ cédula de identidad número 3-0383-0394, JEFFRY ELIZONDO SALDAÑA cédula de identidad número 1-1180-0699, RUDY MENDEZ ALFARO cédula de identidad número 6-0345-0353, RICARDO LÉEPIZ SOTO cédula de identidad número 4-0183-0452, MARLON BARRIENTOS CUNNINGHAM cédula de identidad número 7-0113-0704, CINTHIA ELENA GRANADOS PICADO cédula de identidad número 3-0384-0902, OSCAR JOAQUIN GOMEZ GOMEZ cédula de identidad número 3-0381-0334, JOSE MANUEL SOLÍS RODRIGUEZ cédula de identidad número 4-0169-0613, WALTER ESTEBAN MADRIGAL CHAVES cédula de identidad número 1-1145-0937, ELBERT DELGADO SANCHEZ cédula de identidad número 1-0882-0702, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su Apoderada General Judicial VICTOR MAURO GUZMAN GUZMÁN LEON. Se rechaza la excepción de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva, opuesta por la institución accionada; pues los actores son funcionarios de dicha institución. En tal estado de las cosas, se ordena a la Caja Costarricense del Seguro Social a: a) Equiparar los salarios de los poderdantes con sus homólogos informáticos que laboran en el Departamento de Informática de la Institución en las Oficinas Centrales de la institución. Esto es aumentarles, un veintidós punto cinco por ciento en su salario base; b) Reconocer dicho aumento en la Dedicación Exclusiva, pero únicamente a aquellos que actores y actoras que se les cancele y que hayan firmado el contrato respectivo; pago que deberá realizarse a partir de la fecha de la firma respectiva del documento; c) Deberá pagar retroactivamente dicho aumento, el del veintidós punto cinco por ciento en el salario base, a partir de la adquisición de ese derecho. Sea a partir del momento en que fueron nombrados en el Departamento de Informática de la accionada; d) Reconocer, también, todos los incentivos salariales, en forma retroactiva del salario base y por clase en relación con los rubros de aguinaldo, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales -en la misma forma que el punto c) anterior-; y, e) Sobre la totalidad de lo adeudado a cada accionante, deberá reconocer los intereses conforme a los certificados de depósito a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, a partir del momento de la exigencia de cada obligación individual y hasta su efectivo pago. COSTAS. Son ambas costas de la acción a cargo de la demandada, fijándose las personales en la suma prudencias de UN MILLÓN DE COLONES del total de la condenatoria…”. (Sic)                4.- La representación de la demandada apeló y  la parte actora se adhirió. El Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por sentencia de las ocho horas veinte minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, resolvió: “No se observan defectos u omisiones que puedan haber producido nulidad o indefensión alguna a las partes. Se revoca la sentencia venida en alzada. Se acoge la excepción de falta de derecho, se rechaza la de falta de legitimación. Se declara sin lugar la demanda interpuesta, sin especial condena en costas”. (Sic) 5.- La parte demandante formuló recurso para ante esta Sala, en escrito presentado el cinco de julio de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.               6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley.               Redacta la Magistrada Varela Araya; y, CONSIDERANDO: I.- ANTECEDENTES: En la acción, la representación de la parte actora expresó que sus mandantes eran funcionarios informáticos de la accionada y cumplían una jornada de 9 horas de lunes a jueves y de 8 horas los viernes. Explicó que en 1988, la demandada reconoció al personal en informática un aumento salarial denominado “Ampliación de la Jornada” y lo justificó en la inopia del personal en esa materia, situación que coincidió con el incremento de la jornada, la cual pasó de las 8 a.m. a las 3:45 p.m. de lunes a viernes, a una que se extendía  de las 8 a.m. a las 5:00 p.m. Señaló que el aumento de jornada implicó en forma inmediata un aumento en el salario de un 22.5% a la base de cada uno de los funcionarios informáticos. Las justificaciones dadas por las autoridades se sustentaron en evitar la fuga de profesionales informáticos en la rama debido a la diferencia salarial existente con la empresa privada y la mayoría de instituciones públicas. Refirió que una vez que se puso en marcha el reconocimiento, se inició el pago correspondiente. Acusó que la demandada ha reconocido dicho aumento a funcionarios que iniciaron la relación después de enero de 1998 y los que ganaron los recursos de amparo que formularon así como a quienes se les ha reconocido de oficio, esto por cuanto ese rubro forma parte integral de los salarios de los informáticos pertenecientes a la Subgerencia de Tecnologías de la Información. Cita los votos de la Sala Constitucional números 5130 de las 13:45 horas, del 29 de agosto de 1997, 4044 de las 11:12 horas, del 9 de agosto de 1996 y 897 de las 17:12 horas, del 15 de febrero de 1995. Indicó que en la actualidad los informáticos que no reciben el incentivo, pretenden sumarse a los informáticos de la Dirección de Informática o fugarse a otras instituciones públicas o privadas en las que sí se les reconozcan sus derechos salariales como profesionales. Expresó que los actores se desempeñaban en el Área de Tecnología en diferentes gerencias de la división, cumpliendo labores en ese campo y con iguales e incluso mayores responsabilidades que aquellos que recibían el incentivo. Esa situación, manifestó, ha significado un trato desigual que irrespeta lo dispuesto en los numerales 33 y 57 de la Constitución Política. Mencionó también que en sede laboral, en el expediente 04-003746-166-LA, fue resuelto el caso de un grupo de compañeros de sus poderdantes. Con base en lo expuesto, solicitó la equiparación salarial a efecto de que se pagara a sus mandantes el aumento del 22.5% sobre el salario base y que ese reconocimiento se hiciera retroactivo desde la adquisición del derecho y además que se aplicara a la dedicación exclusiva. Del mismo modo, pretendió el pago de las diferencias correspondientes en aguinaldo, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales, los intereses legales y las costas de la acción (archivo incorporado en fecha 23-06-2011). La representación de la accionada contestó en términos negativos. Una vez que explicó el contexto histórico en que surgió el incentivo de ampliación de jornada consistente en un 22.5% sobre el salario base, sostuvo que no se produjo la desigualdad alegada por los actores, dadas  las condiciones en que suscribieron sus contratos de trabajo. Refirió que estos fueron contratados con una jornada laboral de 44 horas conforme al laudo, mientras que quienes ostentaban aquel pago lo fueron en una jornada de 36.5 horas. Alegó que si habían otros funcionarios cubiertos era en virtud de resoluciones de la Sala Constitucional que han desnaturalizado la concepción transitoria y objetiva de la “Ampliación de Jornada”. Con base en lo indicado, opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva (archivo incorporado en fecha 05-08-2011). En primera instancia se acogió la demanda y se ordenó a la accionada  equiparar los salarios de los actores con sus homólogos informáticos que laboraban en el Departamento de Informática de la Institución en Oficinas Centrales, lo que suponía aumentarles un 22.5% en su salario base; reconocerles ese aumento en dedicación exclusiva a aquellos a los que ese rubro se les cancele y hayan firmado el respectivo contrato, pago que debía efectuarse a partir de la firma del documento correspondiente; el pago retroactivo de ese aumento, desde que fueron nombrados en el Departamento de Informática de la accionada, así como las diferencias en aguinaldo, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales, los intereses desde la exigencia de cada obligación y hasta su efectivo pago más las costas de la acción, fijando las personales en la suma prudencial de ¢1.000.000,00 (archivo incorporado en fecha 22-05-2015). Contra ese fallo recurrieron ambas partes (archivo incorporado en fecha 27-05-2015 en imágenes 1 a 10 y 08-03-2017). El Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José lo revocó, acogió la excepción de falta de derecho, denegó la demanda y resolvió sin especial condena en costas (archivo incorporado en fecha 02-05-2017). II.- AGRAVIOS: Ante la Sala recurre el apoderado especial judicial de la parte actora. Sostiene que los juzgadores de instancia citaron el oficio n.° STAP-3773-90, del cual se desprenden, según el recurrente, dos aspectos que comprueban la tesis sostenida en el proceso. El primer aspecto, señala, consiste en que la posición de la Autoridad Presupuestaria es discriminatoria respecto a los funcionarios de la Dirección de Informática, pues hace referencia solamente a un grupo y no a todos los funcionarios, pese a que no había diferencia entre unos y otros. Al respecto, afirmó que todos los informáticos que laboran en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación se les ha pagado un 22.5% desde 1987 y hasta la fecha. Acusa que aun cuando se iniciaran labores el 3 de julio de 2017 en esa Dirección, se les pagaba ese 22.5% laborando 44 horas por semana; no obstante, si entraban en un Centro de Gestión de Informática, o en cualquier otra dependencia, en funciones de informática dentro del perfil de analista 1, 2, 3 o 4, cumpliendo todos los requisitos, no eran acreedores de aquel pago, a pesar de entrar en aquella misma fecha (3 de julio de 2017) y tener las mismas funciones y responsabilidades que los primeros (informáticos de la citada Dirección). En segundo lugar, afirma, que se desprende que a sus poderdantes les asiste el derecho. Señala que con el laudo arbitral se dieron dos situaciones, a saber: un aumento en la jornada de trabajo de 36 a 44 horas que no solo significó un aumento en el salario correspondiente a esas horas sino también un aumento en el salario base a los informáticos de la Dirección de un 22.5%, esto último como una forma de equiparar salarialmente a los informáticos de la demandada con el resto de empleados públicos. Niega, con fundamento en la prueba aportada, lo expuesto en torno a que el derecho del 22.5% desapareció para las nuevas contrataciones. En su opinión, el planteamiento de que el derecho desaparece es falso, ofensivo e inexacto. Señala que varios funcionarios acudieron a la Sala Constitucional y la accionada tuvo que reconocerles ese 22.5%, pues es un derecho que siempre tuvieron y seguirán teniendo. Expone que en esos votos claramente se recoge que los trabajadores de la demandada, que fungen como programadores o analistas tienen derecho al reconocimiento de ese 22.5%. Cita la sentencia de esta Sala número 979 de las 9:30 horas, del 2 de julio de 2010. Refiere que el aumento de ocho horas semanales (de 36 a 44 horas) correspondía a un 18% y no a un 22.5%, el cual no se ajusta a la realidad, por lo que la demandada ni la Contraloría General de la República lo aceptarían en esos términos. Explica que entre 1987 y 1988 se dio un laudo arbitral en el que se aumentaba la jornada. Recuerda que el salario en la accionada era muy bajo por lo que los funcionarios laboraban poco tiempo y renunciaban para trabajar en otra institución, ante lo que la demandada decidió aplicar el aumento de 22.5% para evitar esa fuga de profesionales informáticos. No aceptó que a partir de 1990 los funcionarios que ingresaban a la accionada no percibieron el 22.5%, toda vez que los informáticos que lo hicieron en esa Dirección sí percibían el aumento, no así quienes entraron al Centro de Gestión Informática. Tampoco avala, como ha sostenido la demandada, que este porcentaje correspondiera a un aumento de jornada, toda vez que obedecía a un aumento de salario, por lo que se convirtió en un derecho adquirido para todos los informáticos de la Institución. Cita los expedientes 04-3746-166-LA y 10-1376-166-LA, en los que, según señala, los actores obtuvieron resultado favorable a sus pretensiones, los cuales se encontraban en una situación semejante a la de sus mandantes. Destaca que existen funcionarios que habían ingresado al Centro de Gestión Informática sin percibir el aumento, pero luego de 1990 fueron trasladados a la mencionada Dirección y desde el primer día en ese Despacho se les concedió el 22.5% de aumento. Acusa que la demandada para desvirtuar los procesos que se presentaron en su contra, creó códigos y cambió nomenclaturas de la descripción de puestos, a efecto de dejar establecido que los cargos no existían; sin embargo, olvidó cambiar las funciones, por lo que continuaron siendo las mismas. Hace referencia, como sustento de sus afirmaciones, a la declaración del testigo Pacheco Araya así como a las de los demás testigos presentados. Refiere que aporta documental en la que funcionarios de la demandada han dejado sentada la responsabilidad de la institución para proceder a los pagos referentes a ese 22.5%. Por lo señalado, solicitan revocar la sentencia recurrida y acoger la demanda en todos sus extremos (archivo incorporado en fecha 06-07-2017, imágenes 1 a 9).   III.- CUESTIONES PREVIAS: Los argumentos relativos a que el aumento de las ocho horas semanales correspondían a un 18% y no a un 22.5% y que la demandada, en un intento de desvirtuar los procesos presentados en su contra, creó y cambió nomenclaturas de la descripción de puestos para establecer que los cargos no existían, constituyen hechos nuevos que no fueron planteados al trabarse la litis (nunca fueron objeto de debate), toda vez que se alegaron hasta en esta instancia, lo que imposibilitaría cualquier consideración, dado que hacerlo significaría un grave quebranto al debido proceso, por sus repercusiones en el derecho de defensa de la parte demandada.   IV.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN MATERIA LABORAL: El artículo 493 del Código de Trabajo establece un régimen especial de valoración de las pruebas en materia laboral. Esta norma, textualmente dice que “Salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio”. Sin embargo, por no establecer esta norma un régimen de íntima o libre convicción, quien juzga, debe valorar los elementos de convicción allegados a los autos, con aplicación de las reglas de la sana crítica y la razonabilidad. Respecto de esta disposición del ordenamiento jurídico, la Sala Constitucional, mediante sentencia 4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996, indicó que “... la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, ...las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo fundamentado, en aplicación de las reglas de la sana crítica y razonabilidad”. Como queda expuesto, el sistema de valoración de la prueba establecido por el legislador en el Código de Trabajo, debe ser entendido bajo los parámetros de constitucionalidad fijados por el tribunal constitucional en la sentencia transcrita, pues, como se dijo, no podría pensarse que se trata de uno que deja a la arbitrariedad del juzgador la emisión del fallo. La doctrina del derecho laboral ha entendido que en el sistema de apreciación de la prueba en conciencia, que no es nuevo, el juzgador aplica sus conocimientos jurídicos, su experiencia, el conocimiento del proceso y su sentido de justicia, lo que debe hacer según las reglas del correcto entendimiento humano, conformadas por la razón, la ética, la psicología y la lógica, con gran libertad y razonable discreción, en búsqueda de la verdad (Pasco Cosmópolis, Mario. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. (S.L.), 2ª ed., Servicios Gráficos José Antonio, p. 78, 1997; Amílcar Baños, Heberto. La apreciación de la prueba en el proceso laboral. El juicio en conciencia, Buenos Aires, Ediciones Arayú, pp. 110-111, 116-117; y, Montero Aroca, Juan. El proceso laboral, Tomo II, Barcelona, segunda edición, Editado por Hijos de José Bosch, S.A., 1982, pp. 264-265). Con base en esas premisas, procede entonces analizar si los reproches acusados por la parte actora deben o no, ser estimados.               V.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: En primer lugar, debe señalarse que es correcto que esta Sala en el voto número 979, de las 9:30 horas del 2 de julio de 2010, conoció un asunto semejante al que nos ocupa y concluyó que “La entidad empleadora viene ejecutando la creación de un plus denominada jornada ampliada con un criterio que no es claro y preciso, tal y como lo dijo el a quo y ratificó el tribunal. Y no justifica el trato salarial distinto en contra de los aquí actores, tampoco encuentra sustento en el principio de razonabilidad, por el  contrario, se evidencia que no hay diferencia en la jornada y categoría entre los actores y los homólogos que reciben ese plus, tienen el mismo superior e iguales funciones de acuerdo con el manual descriptivo de puestos razón por la cual se debe ratificar la decisión del tribunal, por que resolvió en aplicación del principio de igualdad entre iguales, no permitiendo la discriminación en el caso concreto” (sic); no obstante frente al caso que se estudia es necesario un replanteamiento del tema, a partir del análisis de los elementos probatorios constantes en los autos. Así, de la prueba aportada resulta relevante tomar en cuenta lo siguiente: a) En oficio de la Directora de Recursos Humanos de fecha 28 de agosto de 1987, se formuló: “La situación de no competitividad salarial de la Caja, con el mercado laboral en el área de Informática, la que es producida en su gran mayoría por la creación de incentivos especiales como es el reconocimiento de un porcentaje por prohibición, ha originado la fuga de personal muy calificado y los constantes reclamos, justamente planteados, del personal que actualmente labora en esa Dirección./ Para superar esa situación se propuso a la Gerencia a su cargo el pago de un incentivo por especialización en Informática, el que oscila entre un 10% y un 26% del salario base de los puestos técnicos. Esta propuesta fue inclusive aprobada por la Junta Directiva de la Institución” (imagen 79 del segundo archivo incorporado en fecha 23-06-2011); sin embargo, se hizo ver la imposibilidad de que la Autoridad Presupuestaria aprobara un incentivo como el propuesto, en los términos que se les había adelantado. Ante ese panorama, se explicó: “Esto nos ha obligado a buscar una opción alternativa transitoria,... la cual fue aceptada por el grupo y que consiste en aumentar la jornada de 36 a 44 horas semanales. Con esta modalidad laboran desde el 16 del mes en curso” (imagen 80 ídem). Además, se concluyó que con esa medida “a) Se satisfacen las necesidades salariales de los petentes, cual es la equiparación salarial con el mercado, sobre la base de un mayor número de horas laborables./ b) Mas horas de producción que permitirán desarrollar otros programas o acortar plazos en los mismos, equivalentes a 4 empleados adicionales./ c) Se logra retener un personal capacitado y experimentado en un área donde el reclutamiento y la selección es difícil básicamente por la no competitividad en el mercado salarial./ d) Se garantiza el funcionamiento del sistema, por la no fuga del personal, lógicamente en beneficio de todos los sistemas de la Institución que dependen de la informática, al igual que el servicio que se presta a otras instituciones (INA, IMAS, ASIGNACIONES FAMILIARES, BANCO POPULAR, TRIBUTACIÓN DIRECTA, etc.)” (imágenes 80 a 81). b) Asimismo, la Junta Directiva en sesión 6151 del 10 de setiembre de 1987, artículo 12, dispuso: “aprobar el reconocimiento del 45% del salario base, por concepto de Dedicación Exclusiva, a los Profesionales del Área de Informática, que cumplan los requisitos específicamente establecidos al efecto”, en su intento de paliar la situación que como se ha explicado atravesaba la institución con ese tipo de profesionales (imágenes 3 y 4 del archivo incorporado en fecha 08-08-2011). c) En circular STAP-3773-90 del 1 de noviembre de 1990 se recogió: “La Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria realizó el estudio correspondiente y determinó que no existe ningún inconveniente para que se realice el pago del complemento salarial junto con el aumento de la jornada./ Lo anterior debido a que el aumento de la jornada de los puestos del personal de Computación, no puede clasificarse como un incentivo ni como un sobresueldo, ya que efectivamente las horas incrementadas son legítimamente trabajadas” (imagen 70 ídem). d) Ante los reclamos judiciales y los fallos de la Sala Constitucional que favorecían a empleados nuevos en la rama (informática), la jefatura del Área de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Humanos, explicó los antecedentes, señalando que “En los años anteriores a 1987, existía inopia de personal calificado en la especialidad de la informática, por lo que estos trabajadores en la Caja tenían una alta rotación debido a los salarios, ya que estos eran muy bajos comparados con la empresa privada y otras instituciones autónomas del sector público. La escala de salarios del Sector Público por la cual se regía la Caja, no permitía hacer ningún tipo de valoración que permitiera solucionar la problemática que se presenta./ Por lo anterior la Dirección de Recursos Humanos conjuntamente con la Dirección de Informática idearon el aumento de jornada a las plazas de los Analistas y a los Programadores de 8 horas a 9.7 horas, que traducido a términos porcentuales es el 22.2% del salario base de estos puestos para efectos de pago, que es lo que actualmente se paga./ A los funcionarios que se les aumentó la jornada, pasaron a trabajar de 36 horas por semana a 44 por semana, es decir se hizo un aumento real de jornada por lo cual se les pagaba el porcentaje citado” (Oficio A.E.S. 147 del 11 de setiembre de 1997, en imagen 71 ídem). Además, propuso: “En vista de la disyuntiva que se presenta, entre los intereses institucionales y los derechos de los trabajadores Analistas programadoras y jefes de la Dirección de Informática, se propone como una salida alterna lo siguiente:/ 1. Pagar un sobresueldo denominada DAJ (Diferencia Ajuste de Jornada) equivalente al 22.2% del salario base, para aquellos funcionarios que están en la situación de haber pasado de 36 horas a 44 horas semanales, por efecto de aumento de jornada antes del Laudo Arbitral y eliminar de sus plazas la condición de 9.7 horas o el 22.2%./ 2. En cuanto a los funcionarios nuevos que ganaron los juicios, se propone que el aumento de jornada que se les otorgó, también se les pague por medio del sobresueldo DAJ, y que el mismo tengo vigencia mientras trabajen en la Dirección de Informática y en los cargos de Analistas programadores, en el tanto, la situación que les permitió que la Sala Constitucional les otorgara tal beneficio desaparezca, también debe desaparecer el sobresueldo en mención” (imagen 73 ídem).  e) En oficio n.° D.J.- 3023-2001 del 27 de agosto de 2001, en relación a las 25 plazas nuevas de la Dirección de Informática, el coordinador de la Dirección Jurídica Corporativa de la accionada concluyó: “Si la Caja realizó los trámites para crear las plazas y por un error no se consideró en ese momento, el pago por ampliación de la jornada que igualmente reciben otros funcionarios de la Institución que realizan las mismas funciones de la propia Dirección de Informática, no es motivo para que dicho concepto no pueda reconocerse, por el contrario, ello podría constituir una desigualdad que la administración no debe tutelar” (imagen 4 ídem. Véase también oficio DJ-3240-04 del 15 de julio de 2004, en imagen 5 a 8 ídem. En relación, debe considerarse también el oficio D.R.H.No. 0253-2005 del 28 de marzo de 2005, en imágenes 11 a 12 ídem). f) El 31 de marzo de 2005 se aprobó un proceso de reestructuración para el Área de Tecnologías de Información y Comunicación, en el cual se derogó la estructura administrativa denominada Dirección de Informática y se creó la Dirección de Tecnologías, Información y Comunicación (oficio TI-1408-2005 del 14 de junio de 2005, en imagen 18 del quinto archivo incorporado en fecha 23-06-2011). En el citado oficio se contemplaron las definiciones de los Centros de Gestión Informática y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación conforme al Manual de Centros de Gestión Informática de la demandada. Así, respecto de los primeros se contempló: “Los centros de gestión informática están organizados y desarrollan su gestión en los niveles: Gerencial, Hospitales Nacionales Desconcentrados, Regional y Local. Son responsables técnicamente de los sistemas de información y procesos informáticos propios de cada uno de ellos, coordinando lo correspondiente con otros Centros similares, con la Dirección de Tecnologías de Información y con el Sistema de Información de su ámbito de acción, para la integración de los sistemas locales, regionales o institucionales. La autoridad conferida en sus actuaciones con los usuarios finales es de carácter técnico funcional y su responsabilidad es el desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones con recursos técnicos propios o la contratación de servicios, la administración de bases de datos y la asesoría correspondiente para la adquisición de hardware y software…” (imagen 19 ídem); mientras que la segunda (Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación) se definió como: Órgano regulador y ejecutor de procesos informáticos que orienta y apoya la tesis estratégica, el desarrollo operativo, la transferencia y adaptación de las tecnologías de información y de comunicaciones para generar una prestación eficaz de los servicios de salud y de pensiones. Esta Dirección es la responsable de generar la regulación, la normativa técnica, las políticas, las directrices, las estrategias de ámbito institucional, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los procesos operativos críticos, como herramientas fundamentales para agilizar la prestación de los servicios y retroalimentar la toma de decisiones en las áreas de salud y de pensiones” (ídem). g) En la certificación de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, se indicó: “La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación ejerce autoridad de línea sobre los departamentos adscritos, funcional y técnica en materia de tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito institucional./ Consideramos que la diferencia está dada por el grado de responsabilidad y de complejidad del nivel central (Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación), que está enmarcado en el establecimiento de la arquitectura, la plataforma principal y los estándares que debe aplicar toda la Institución, la cual es de acatamiento obligatorio para todas las unidades adscritas, los C.G.I. son instancias que se limitan a la aplicación de esa normativa definida, en sus respectivos ámbitos de acción, quedando a nivel central la responsabilidad absoluta de desarrollar las soluciones operativas y para toma de decisiones que deben ser visualizas desde una unidad coordinadora institucional. Existen CGIs Gerenciales que coordinan a los regionales, Regionales que coordinan o apoyan los niveles locales, locales que pueden ser Departamentales, de un Centro Médico, de una Sucursal e inclusive de un Ebais./ En cuanto a la complejidad, el personal de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, debe velar por la integración de las aplicaciones desde su presupuesto, planificación, gasto y operación entre otros” (sic) (imagen 20 ídem). h) Según se recoge de la testimonial en el expediente 04-3746-166-LA, aportado como prueba, se advierte que el deponente José Miguel Murillo Jiménez, quien fungía como Subdirector de Recursos Humanos, declaró: “Las jornadas laborales que existían antes del laudo arbitral en general de toda la institución con especial énfasis sobre el personal de informáticos, antes del laudo las jornadas era para oficinas centrales se tenían jornadas de 36 horas semanales en el resto lo que eran clínicas y hospitales, en los últimos de 48 horas y en clínicas y sucursales de 44 semanales, respecto de los informáticos sea los trabajadores de la Dirección de Informática concretamente en los años 80 y atrás se conocía como centro de cómputo, luego la Dirección de Informática, esas personas tenían 36 horas semanales luego había inopia del personal de cómputo en el país los trabajadores entraban hacían cierta experiencia en la CCSS y luego renunciaban, esta alta rotación obligó a la CCSS  a buscar aumentar salarios para hacerlos competitivos en el mercado porque en ese entonces se aplicaba la escala del Servicio Civil, se decidió aumentar la jornada de trabajo se pasó a trabajar 44 horas, en las oficinas centrales los únicos que trabajaban esta jornada eran los informáticos. No se les aumentó el salario lo que se hizo fue aumentar la jornada y por ende se les tenía que pagar más cantidad. Esto no constituyó ningún incentivo salarial. Si el laudo estableció o no algún transitorio respecto las jornadas, sí el laudo reguló un transitorio sobre el derecho de mantener las jornadas establecidas en 36 horas hasta que se fueran de la Institución, y los nuevos ingresos se regularon en 44 horas. Había inopia de personal calificado en informática en los años 85-86 para atrás. Se solucionó esta inopia cuando la UCR y otras instituciones abrieron carreras y comenzaron a salir  graduados y la inopia terminó. El aumento de jornada de 36 a 44 horas semanales se le aplicó a los analistas y programadores en informática. A los trabajadores que se les aumentó la jornada fueron los empleados de lo que en ese momento se conocía como Centro de Cómputo ubicado en oficinas centrales, que luego pasó a ser la Dirección de Informática. El centro de cómputo se dedicaba al manejoramiento de los programas y grandes sistemas informáticos, darle mantenimiento a esos sistemas informáticos, estas eran las grandes funciones que hacían en la actualidad mantiene las mismas funciones, se transforma en dirección por el aumento o creación de nuevos sistemas para la función institucional. La Dirección de Informática no tiene trabajadores por todo el país pero la institución si tiene personal de cómputo o informática en todo el país. El personal que trabaja en todo el país no ejecuta las mismas labores que el personal que trabaja para la dirección de informática en la sede central, el personal de la dirección maneja los programas macro de la institución, ejemplo el programa de recursos humanos, otro ejemplo es el Sicere, que antes se llamaba planilla preelaborada que con la ley de protección del trabajador le da más responsabilidades a la CCSS, esto se maneja a nivel institucional nadie puede tocarlo a nivel local solo en San José esto por aplicación de acuerdos de Junta Directiva. Las jornadas de programadores y analistas que ingresaron a laborar a la CCSS luego de laudo se les estableció en 44 horas semanales, con la misma base salarial… Los ingenieros o licenciados de la dirección de informática como los que trabajan en los centros de gestión informática no tiene diferencia todos se rigen por la misma escala salarial, sí hay una clasificación por funciones analista 1, 2, 3 todos los 3 se les paga el mismo salario lo que sí se diferencia es por lo del 22.5% que se les paga a las personas que indiqué supra” (sic) (énfasis agregado) (imagen 7 del octavo archivo incorporado en fecha 23-06-2011). Del mismo modo, el señor Sander Alonso Pacheco Araya, quien es el subgerente de Tecnología y Comunicaciones, manifestó: “… No me consta que se hiciera un aumento de jornada real al personal de la institución, lo que sí me consta es que la CCSS negoció en aquel momento una ampliación de la jornada con los trabajadores de informática para evitar la fuga del personal dado que los salarios eran más atractivos en la empresa privada y provocaba la fuga de cerebros, me refiero al personal que ya tenía capacitación… La jornada de trabajo de los profesionales de la informática que estaban al momento de la inopia sí es diferente a la que en la actualidad se aplica al personal nuevo o contratado con posterioridad. Los contratos en los años 80 se pactó una ampliación de la jornada por la cual se les pagaba más luego entiendo que se dio un laudo que estableció una jornada de trabajo que regía de ese momento hacia atrás y a partir de allí cuando entra un nuevo funcionario se le establece un horario distinto, en este momento es de 44 horas semanales, es decir todos trabajan 44 horas semanales la diferencia es que a los trabajadores que estaban en la institución antes del laudo y cuando se dio la inopia se les cancela un porcentaje del 22.5% de diferencia entre unos y otros trabajadores… Existen lo que hasta hace poco se llamaba los centros de gestión de informática también bajo mi mando pero con una diferencia es decir yo no tengo el control administrativo yo no los nombro ni controlo sus vacaciones ni su ámbito administrativo normalmente es el gerente de división o director del hospital o clínica o área de salud. Pero sí tengo la conducción técnica y de normalización es decir puedo instruirlos para que hagan algo ejemplo cuando crean un sistema tienen que hacerlo bajo las reglas que nosotros les indicamos si van a comprar equipo de cómputo tienen que ajustarse a los lineamientos que la dirección o la subgerencia indica. Cualquier centro de informática puede ser intervenido por la dirección o la subgerencia, de ser necesario… Existen sistemas que no son ámbito nuestro ejemplo pensiones, almacenes, pero no es mi responsabilidad que operen o no pero sí que lo hagan bajo las normas que la institución tiene en la subgerencia que lidero. A nivel macro soy el responsable de los sistemas más grandes de la institución ejemplo SICERE, control de sistema de comunicaciones, respaldo de la planilla de la institución, oficiales de seguridad y control de calidad y esto se da de junio de 2005 a la fecha porque se dio una reestructuración institucional… En la actualidad el personal que labora en la Dirección de Informática sí se le está pagando el reconocimiento del 22.5% esto por un fallo de un juez pero no tengo los datos concretos solo sé que sí se cancela a las personas que están colegiadas en el colegio de informáticos es decir cuando ya se les ha reconocido el título, de lo contrario no se les paga. Los requisitos para trabajar en un centro de gestión son los mismos para trabajar en la dirección de informática. El personal en los centros de gestión si están obligados  a seguir las instrucciones, normativa y estándares que la Dirección de Informática disponga. Los sistemas institucionales o Dirección de Informática sí pueden asumir los centros de gestión, en este caso no se tienen los centros de gestión como una duplicidad del trabajo sino para que estén más cerca del usuario, también hay una diferencia de administración, porque si yo controlara todos los centros por ejemplo si el que está en Upala no tengo la capacidad operativa para su control y manejo, esta separación es  una conveniencia administrativa más que técnica. Los únicos que pueden desarrollar sistemas de informática son los que están adscritos a gerencias de división y aun así antes del desarrollo tienen que tener el visto bueno nuestro, un hospital es esperable que no se ponga a desarrollar sino que más bien haga la gestión de operación esto es que mantenga la red local de datos que los sistemas o servidores estén disponibles y los respaldos de la operación que ellos hacen a ese nivel…El plan estratégico contempla igual capacitación para todo el personal que labora en áreas de tecnología que labora a nivel nacional, que podamos maximizar el recurso de las unidades de gestión que cada persona entienda el rol que tiene en el sistema y lograr la unificación. Si existe al menos un programa que los trabajadores de las unidades de gestión pueden modificar ejemplo el de pensiones, esto no es abierto a todo mundo sino  que está restringido a tres sistemas de operaciones almacenes, recursos humanos y pensiones, después de allí no puede nadie… los parámetros en el caso de pensiones solo la gerencia de pensiones bajo la supervisión de la Dirección de Informática, inclusive se puede contratar empresas para ello. Conozco algunos casos de personal que trabajaron para la dirección en el que se les reconocía el 22.5% y fueron trasladados a centros de gestión y se les mantiene el respeto de sus derechos laborales… en la base se les paga igual a los profesionales de informática a excepción del plus del 22.5% que se les paga a las personas que dije antes... ” (sic) (énfasis agregado) (imágenes 10 a 12 ídem). Finalmente, el deponente German Alonso Zúñiga Aguilar, mencionó: “Ampliación de jornada si sé lo que es yo la disfruto en la actualidad, lo que es se refiere al resultado de una lucha que tuvieron los analistas y programadores de la antigua dirección de informática para equiparar sus salarios a los que disfrutaban otros profesionales en el sector público, inicialmente, lo que se nos dio fue la posibilidad de laborar horas extra de manera fija ante el problema de que las horas extra se debe originar en situación de emergencia se buscó la manera de sustituir ese beneficio que veníamos disfrutando desde 1985, toda esta lucha se dio hasta 1988 hasta que se sustituyó por el concepto de ampliación de jornada tiempo que los profesionales del área laborábamos, me refiero a los profesionales en informática de oficinas centrales únicamente. Todo lo anterior se dio como una solución para tener mayor trabajo sin contratar más personal. Es decir nosotros trabajábamos 36.5 horas semanales y con el recargo de horas extra, trabajábamos como 7.5 horas extra por semana todo el personal sea analistas, programadores y jefes… se llegó  a modificar para no pagarlo como extras sino como jornada ordinaria. En la actualidad no existe diferencia entre el personal de la dirección de informática y el personal de los centros de gestión por cuanto la responsabilidad no hay diferencia pero respecto de la función si existe ciertas diferencias marcadas ya que en oficinas centrales las funciones están separadas mientras en los Centros de Gestión muchos funcionarios tienen que realizar diferentes funciones, comunicaciones, desarrollo de sistemas, mantenimiento, elaboración de presupuestos, etc. Sí conozco personal que no labora en la Dirección de Informática y sí reciben el reconocimiento de ampliación de jornada está mi propio caso ya que fui trasladado con todo y plaza a partir de febrero de 1996 a la gerencia de pensiones. El cambio obedeció a que a finales de 1995 se crearon los Centros de Gestión regionales y gerenciales y como mi función estaba totalmente relacionada con el área de pensiones me ofrecí a formar esa nueva unidad en dicha gerencia y debido a esto fue que se me trasladó. Otro de los casos que se dio fue el del licenciado Marco Antonio Mora Portilla jefe del Departamento de desarrollo y mantenimiento de sistemas, el cual por problemas con el personal fue reubicado en otra área pero siempre bajo el presupuesto de la antigua Dirección de Informática. En la actualidad lo sustituyó el Master Danilo Hernández Monge que sí tiene la cobertura de la ampliación de jornada… Los Centros de Gestión sí están obligados a seguir las sugerencias que indique la Subgerencia de tecnología y de la información… Los Centros de Gestión pueden ser unipersonal dependiendo de la ubicación jerárquica y física por ejemplo un Ebais podría ser atendido por un solo profesional, mientras que un hospital requiere de un mayor número de profesionales. Los Centros de Gestión no pueden laborar separados de la Dirección de Informática, por la obligación de cumplir con las disposiciones en materia de tecnología de la información y segundo porque dependen de las líneas de comunicación que establece el nivel central para todos los sistemas de rango nacional… El 22.5% sobre el salario base representa la ampliación de jornada sobre el salario base. Se le cancela a los técnicos y profesionales en informática que trabajan en la Subgerencia de Tecnologías y en este caso también a mí que como dije no laboro allí, sino en la Gerencia División Pensiones… No es lo mismo un programador que un licenciado en informática, dependiendo de la escala de puestos institucionales se hace las diferencias esto por los requisitos del puesto y las labores por desempeñar. Aclaro que el personal que disfrutó de la ampliación de jornada no solo fue profesional sino también a técnicos que se les cubrió con dicha ampliación, actualmente al momento de nuevas contrataciones ese beneficio solo se le da al personal con grado académico aclaro que es las contrataciones para la Subgerencia de Informática…” (sic) (énfasis agregado) (imágenes 13 a  17 ídem). i) El Director Jurídico de la accionada, mediante oficio DJ-0168-2014 del 17 de marzo de 2014, en relación a las recomendaciones del Informe n.° DAGP-ITPS-02-2013, concluyó: “1. Que en el año 1986 ante la poca competitividad salarial que ofrecía la Caja a los profesionales en el área informática y la no existencia de incentivos especiales como el reconocimiento de una ‘prohibición’ generó una fuga de personal calificado, así como constantes reclamos, por lo que se opta por la alternativa transitoria de aumentar la jornada de 36.5 a 44 horas semanales, lo cual fue reconocido con un complemento salarial correspondiente a un 22.5% del salario base./ 2. Que con la firma del laudo arbitral en setiembre de 1988 se modifica la jornada laboral para los funcionarios de Oficinas Centrales, estableciéndose en 44 horas semanales, por lo que desaparece para las nuevas contrataciones la necesidad que originó la aplicación de la ‘ampliación de jornada’./ 3. Que en sentencias emitidas por la Sala Constitucional y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se reconoce ese derecho a profesionales en el Área Informática que no cumplían en su contrato de trabajo con una jornada laboral de 36.5 horas semanales, ni se encontraban laborando para la institución cuando existía inopia de este tipo de profesional, pues lo que se tomó en cuenta fue que se trataba de trabajadores que realizaban las mismas funciones, dentro de la misma unidad de trabajo y durante la misma jornada laboral./ 4. Que lo que operó en la práctica fue la adecuación de la jornada laboral, misma que fue ampliada dentro de los rangos permitidos tanto a nivel constitucional como en nuestra Normativa de Relaciones Laborales, retribuyéndose con un porcentaje adicional denominado ‘plus de ampliación de jornada’, sin embargo dicho rubro paso a formar parte de la masa global del salario, pues el pago se efectúa por la labor efectivamente realizada./ 5. Que dicho plus constituye un derecho subjetivo adquirido que al volverse habitual y permanente, ingresó a la esfera patrimonial de este grupo de trabajadores, por lo que no podría eliminarse por cuanto violentaría el principio de irretroactividad de la ley, entendiéndose la ley en sentido general, como cualquier norma o disposición o acuerdo de Junta Directiva que así lo regule, máxime que no se aprecia que exista ningún tipo de nulidad que deba declararse./ 6. Que en consecuencia considera esta asesoría que no resultan viables desde el punto de vista jurídico, las recomendaciones contenidas en el Informe Técnico ITPS-02-2013” (imágenes 31 a 32 del archivo incorporado en fecha 08-05-2015). Del análisis efectuado, se desprende que el pago de un 22.5% por “Ampliación de Jornada” efectuado por la accionada a algunos (as) funcionarios (as) informáticos (as) tuvo un fin concreto: hacer atractivo el salario de los funcionarios del área informática para combatir la fuga de personal así como la inopia existente en esa disciplina para aquel momento (cuando surgió dicho pago). Este se implementó como una contraprestación al aumento de la jornada de dichos funcionarios de 36 a 44 horas semanales, lo que no solo contó con el aval de la Autoridad Presupuestaria (órgano técnico rector de la política salarial en materia de empleo público y cuyas directrices y pronunciamientos son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública sometida a su ámbito de aplicación) que expresamente indicó: “…no existe ningún inconveniente para que se realice el pago del complemento salarial junto con el aumento de la jornada./ Lo anterior debido a que el aumento de la jornada de los puestos del personal de Computación, no puede clasificarse como un incentivo ni como un sobresueldo, ya que efectivamente las horas incrementadas son legítimamente trabajadas”, sino que también supuso -además de lo que se pretendía con la aplicación de la medida- un mayor número de horas de producción, que permitiría desarrollar otros programas o acortar plazos en los mismos, así como garantizar el funcionamiento del sistema. De esta forma, no se advierte ninguna discriminación en relación con el profesional informático contratado por la demandada para cumplir una jornada laboral de 44 horas, como es el caso de los actores (esta fue la que adoptó la demandada a partir del Laudo, según quedó acreditado en autos), por lo que no tenía que hacérseles el pago en cuestión. Nótese que lo acontecido, como se apuntó, tuvo un propósito específico ante la problemática enfrentada por la accionada en ese determinado momento, lo que constituye una razón objetiva para la diferenciación que surgió con el tiempo, en razón de que los nuevos profesionales en informática no recibían el pago, toda vez que no se encontraban en el supuesto de hecho previsto para ese reconocimiento (el del 22.5% únicamente, pues según quedó establecido, las escalas salariales son iguales para todos, como lo indicaron los testigos Murillo Jiménez y Pacheco Araya), a saber: no vieron ampliada la jornada laboral por la que fueron contratados (tómense en cuenta los hechos probados 3 a 19 de la sentencia impugnada) y, en consecuencia, no había nada que retribuirles. En relación con el tema, es de interés traer a colación la sentencia de esta Sala n.° 1102, de las 11:24 horas del 23 de octubre de 2009, en la que se sostuvo: “El sobresueldo se originó como medida para compensar las nuevas responsabilidades que demandaba el trabajo en el proyecto, así como las desventajas relativas al desarraigo del puesto ordinario de trabajo, inclusive, en algunos casos, por la pérdida de la jerarquía, puesto que algunos jefes de informática pasarían a formar parte de los subalternos en el proyecto, dirigidos por los responsables de la Unidad Ejecutora. Para devengar ese incremento salarial cada funcionario/a debía cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser empleado ordinario del Poder Judicial, que por motivo de conveniencia institucional hayan sido trasladados a trabajar a la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte- BID y desempeñan una labor de equipo contraparte, esto es decir, vigilando, comprobando el cumplimiento de plazos, requisitos, condiciones técnicas del proyecto; b) Los/as servidores/as deben dedicar el 100% de su tiempo a su labor de equipo de contraparte (folios 47-48 frente del expediente administrativo). El Departamento de Personal en el oficio n° 859-S-2002, de 8 de julio de 2002, explica las razones por las cuales unos funcionarios tienen derecho al beneficio y porque otros no. Se  indicó que los puestos regulares de la Unidad Ejecutora no se hacían acreedores del sobresueldo, ya que son puestos que dimanan de la relación ordinaria de servicio de la propia Unidad Ejecutora, por lo que sus titulares no enfrentan un cambio en sus labores para la que fueron contratados en el Poder Judicial, y por lo tanto, su costo de oportunidad está referido en forma exclusiva al mercado laboral… Los criterios que pretenden que se les aplique para acceder a ese derecho, no fueron los que estableció la administración, y por el contrario quedó demostrado que los demandantes, todos/as empleados/as en propiedad antes de la presentación de esta demanda, no fueron trasladados a trabajar a la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte- BID, es decir que no desempeñaron una labor de equipo contraparte, vigilando, comprobando el cumplimiento de plazos, requisitos, condiciones técnicas del proyecto, ni dedicaron el cien por ciento de su tiempo a su labor de equipo de contraparte. Debemos recordar que el sobresueldo se originó como medida para compensar las nuevas responsabilidades que demandaba el trabajo en el proyecto, así como las desventajas relativas del desarraigo del puesto ordinario de trabajo, inclusive, en algunos casos, por la pérdida de la jerarquía, puesto que algunos jefes de informática pasarían a formar parte de los subalternos en el proyecto, dirigidos por los responsables de la Unidad Ejecutora, situación que no se dio en el caso de los recurrentes. En aplicación del principio de legalidad, para que proceda el pago o reconocimiento del beneficio del sobresueldo, debe de cumplirse con los requisitos mencionados; de lo contrario procede el rechazo del reclamo. Por último, en cuanto al quebranto del principio de igualdad que se invoca, el artículo 33 de la Constitución Política establece: ‘Toda persona es igual ante la Ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana’. Esta igualdad no implica que en todos los casos, se brinde un tratamiento igual, pues en algunos de ellos pueden existir diferencias, como el caso presente, donde a los/as actores/as se les deniega el derecho al SUE, porque no cumplían con los requisitos de nombramientos, como el desarraigo, no eran contraparte, estaban nombrados en informática, y no en el Proyecto CORTE-BID… Siguiendo ese mismo criterio, debemos decir que, en el caso en concreto no se violentó ese principio, porque los actores, si bien profesionales en informática, no cumplían con los requisitos para disfrutar de ese plus, por cuanto no fueron nombrados en el Proyecto Corte-BID, no tenían el desarraigo, ni realizaban funciones de contraparte. Como se ha expuesto de manera reiterada, el Consejo Superior ordenó el pago del plus SUE, para aquellos/as funcionarios/as de Informática, pero bajo ciertas condiciones, que los demandantes no cumplieron, y por eso,  resultan inatendibles los argumentos que exponen”. Asimismo, en el voto n.° 546 de las 15:15 horas, del 3 de junio de 2014 se dijo: “De igual forma, erró el Ad quem cuando aplicó en la forma en que lo hizo el principio de igualdad salarial. En un caso semejante, esta Sala consideró: ´De manera que, no lleva razón el apoderado de los actores cuando afirma que se violentó el principio de igualdad salarial contemplado en los numerales 33 y 57 de la Constitución Política y 167 del Código de Trabajo, al mantener empleados de igual categoría y clase, en funciones idénticas, con bases salariales y salarios totales desiguales, porque tal como se ha reconocido por la jurisprudencia de esta Sala y de la Constitucional, esa diferenciación tiene una base objetiva, es decir, no es arbitraria ni antojadiza, sino que fue consecuencia de la sentencia 549-2003, dictada en un proceso ordinario (que a su vez se basó en una sentencia arbitral que perdió vigencia), donde algunos de los homólogos de los aquí actores obtuvieron el aumento de sus salarios base en razón de la vigencia temporal del laudo arbitral que existió en la institución demandada. En la citada sentencia (549-03) algunos de los gestionantes fueron excluidos de beneficio derivado del laudo por no haber formado parte de los firmantes quedando así en situación salarial distinta según lo dispuso la sentencia de primera instancia. Es decir, con independencia de las razones por las que esos actores fueron excluidos del proceso de marras (que no es el punto a dilucidar en el presente), es lo cierto que fueron excluidos del mismo. Ahora bien, siendo esto así, no podrían los gestionantes de la presente litis pretender que se les reconozca lo pedido con fundamento en aquel proceso, pues, tal como lo han planteado desde la demanda, su situación es igual a la de quienes fueron excluidos del mismo (no eran trabajadores o no ocupaban los puestos y categorías a que el laudo se refería), por ende, diferente a la de quienes resultaron favorecidos con aquella sentencia. Consecuentemente, si los supuestos de hecho que los aquí actores tenían durante la vigencia del laudo, eran distintos a los que fueron considerados para el reconocimiento de derechos adquiridos (a los gestionantes del proceso que culminó con la sentencia 549-2003), no podría, con base en esa sentencia, accederse a lo que aquí han reclamado. De manera que, a nada conduciría el análisis de reproche sobre el supuesto desvío en el estudio de los efectos de las sentencias colectivas que se acusa, porque, como queda dicho, la sentencia en la que se fundamenta la demanda, no les otorga a los aquí actores base jurídica para sostener sus reclamos’ (sentencia n° 252 de las 9:35 horas, del 13 de marzo de 2013). De este modo, no podría colocarse al actor en la misma condición de aquellos que, pese a ostentar igual categoría y clase así como las mismas funciones de éste, sí se les aplicó, a diferencia del demandante, la fórmula de ajuste salarial regulada en la resolución n° DG-078-89, dado que ocuparon un puesto profesional (de las particularidades señaladas) mientras estuvo en vigencia el beneficio, en contraposición al actor que ocupó un puesto profesional hasta agosto de 2008; es decir, cuando había pasado más de una década de haber perdido vigencia la norma que autorizaba la fórmula cuya aplicación se ha venido pretendiendo”. En otro orden de cosas, no existe certeza, como lo afirmara la parte recurrente, en relación a que a los funcionarios de la Dirección de Informática se les pagaran un 22.5% desde 1987 y con independencia de la fecha de ingreso. Al efecto, en autos de lo que se tiene evidencia es que ese pago se asignó a aquellos informáticos a quienes se les varió (aumentó) la jornada así como a quienes mediante recurso amparo u otra resolución judicial se les ha asignado este pago. De igual modo, consta que las autoridades de la accionada contemplaron ese reconocimiento respecto de veinticinco plazas nuevas que se crearon en la Dirección de Informática (véase oficio n.° D.J.-3023-2001 del 27 de agosto de 2001). A pesar de ello, coincidimos plenamente con las integrantes del Tribunal cuando en relación con el punto expresaron: “Si bien en este proceso se ha argumentado que existen funcionarios que ingresaron con posterioridad al momento histórico al cual se ha hecho referencia y que aún así reciben el incentivo por ampliación de jornada, esta situación no puede servir de base para otorgar a los reclamantes el beneficio que solicitan, pues recordemos que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución pública, sujeta al principio de legalidad y como tal todo acto que despliegue, incluyendo los relacionados con la retribución salarial de sus servidores debe poseer un fundamento normativo que permita su concesión, por lo que si la entidad de manera errónea ha pagado a personas que no se encuentran en el presupuesto de hecho necesario, ello no faculta para extender la compensación de manera generalizada e injustificada, pues el error no puede generar derecho”. Por otro lado, el recurrente ha manifestado también que sus representados tenían iguales funciones y responsabilidades que aquellos trabajadores a los que sí se les hacía el reconocimiento, los cuales, y conforme lo señaló, se desempeñaban en la Dirección de Informática. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que lo apuntado no constituye, como se indicó, un aspecto relevante para la concesión y, en todo caso, si bien es cierto a partir de la prueba ha quedado establecido que los requisitos y las funciones eran iguales entre los que se desempeñaban en aquella Dirección y los que no, lo mismo que la capacitación que la institución demandada les proporcionaba,  también quedó establecido que la diferencias estaba en “el grado… complejidad del nivel central” (véase certificación de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. Además, debe aclararse que en el citado documento también se contempló como disímil el nivel de responsabilidad; sin embargo, no puede valorarse pues en el hecho probado segundo de la sentencia de primera instancia, prohijado por el Ad quem, se estableció: “Que los actores no se les ha reconocido ni equiparado en su salario, el aumento en el salario base del veintidós punto cinco por ciento; como se les ha realizado a otros funcionarios también Informáticos de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, que realizan y desempeñan las mismas funciones en el campo de la Tecnología con idénticas responsabilidades”, aspecto concreto que no fue combatido por la parte demandada), a cuyo tenor se explicó que “Existen CGIs Gerenciales que coordinan a los regionales, Regionales que coordinan o apoyan los niveles locales, locales que pueden ser Departamentales, de un Centro Médico de una sucursal e inclusive de un Ebais”.  Tampoco resulta precisa la posición de la parte actora en torno a que el derecho al 22.5% no desaparece para la nuevas contrataciones. Nótese, como se explicó, que frente a estos lo que operó fue una inaplicabilidad de aquel pago, dado que se encontraban en circunstancias distintas a las que generaron ese reconocimiento: su relación de servicios se inició bajo una jornada de 44 horas semanales y el salario conforme a la base establecida. Además, en contraposición a tal manifestación, quedó acreditado que la institución ha respetado el derecho de todos aquellos que percibieron ese pago producto de encontrarse en las condiciones de hecho para este o bien, de una decisión judicial que acogió un reclamo en esos términos. Sobre el particular, el Director Jurídico de la accionada en oficio n.° DJ-0168-2014 del 17 de marzo de 2014, claramente planteó que “dicho plus constituye un derecho subjetivo adquirido que al volverse habitual y permanente, ingresó a la esfera patrimonial de este grupo de trabajadores, por lo que no podría eliminarse por cuanto violentaría el principio de irretroactividad…”. Es cierto, como se ha acreditado, que la Sala Constitucional en los votos números 5130 de las 13:45 horas, del 29 de agosto de 1997, 4044 de las 11:12 horas, del 9 de agosto de 1996 (citada en la sentencia de primera instancia) y 897 de las 17:12 horas, 15 de febrero de 1995, acogió el amparo interpuesto por algunos trabajadores y ordenó equipararlos a los servidores que se encontraban percibiendo ese 22.5% más de salario por concepto de aumento de jornada. De igual modo, consta que más recientemente ese órgano contralor de constitucionalidad ha sostenido respecto al punto que “El recurrente alega que a pesar de que se desempeña en igual de condiciones respecto a analistas en sistemas de la Dirección de Tecnologías, no se le paga el aumento de jornada de trabajo, lo cual estima lesivo a sus derechos fundamentales toda vez que inclusive dicho beneficio se le cancela a ciertos funcionarios que laboran fuera de la Dirección de Tecnologías de la Información. Ahora bien, la Sala considera que en el fondo lo que el recurrente pretende con la interposición de este amparo, es que se le otorgue el beneficio de ‘ampliación de jornada’; sin embargo, la situación que alega no implica una lesión directa a sus derechos fundamentales. En el caso concreto concluye la Sala que al amparado no se le ha brindado un trato discriminatorio al no reconocerle la Administración recurrida el pago del incentivo que pretende, habida cuenta que, según se informa bajo fe de juramento, la procedencia de este incentivo no surge de forma automática, sino que requiere la realización de un estudio técnico relacionado con el perfil que determine el cumplimiento de las condiciones para su otorgamiento, estudio que el amparado no ha solicitado, toda vez que no apareció en los registros de la Dirección de Recursos Humanos gestión del recurrente en tal sentido. Por lo tanto, si el recurrente estima que les corresponde el pago del plus salarial denominado ‘ampliación de jornada’, ello es un diferendo que, como tal, debe plantearse, discutirse y resolverse ante las instancias administrativas respectivas donde se resolverá lo que en derecho corresponda./ V.- Con respecto a que a otros funcionarios se les cancela dicho rubro, no es de recibo la acusada violación al principio de Igualdad, toda vez que tal y como se explicó, si un funcionario cumplió con las condiciones establecidas para el otorgamiento del beneficio y se le otorgó dicho beneficio, pero posteriormente fue trasladado de la Dirección de Informática a otro centro de trabajo, se considera que el rubro se incorporó a su contrato de trabajo por lo que se le mantiene el beneficio. Así las cosas, al no demostrarse la alegada violación a sus derechos fundamentales no puede calificarse de discriminatoria la actuación administrativa recurrida, según la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional y, en consecuencia, no se constata para el caso concreto la alegada violación al principio de igualdad, imponiéndose la desestimatoria de este recurso como en efecto se procede”. Según se advierte de este voto, el reconocimiento depende del cumplimiento de ciertos requisitos: “a) ser trabajador adscrito directamente a la Dirección de Informática, b) ocupar puestos como: Analista en sistemas 1, 2, 3 y 4 en TIC, Jefe en Sistemas 1 y 2, y Director de Servicios Informáticos, c) tener una jornada laboral de 44 horas semanales” (véase hecho probado 2 del voto mencionado), situación que nos lleva a representarnos, a través de esta posición de la Sala Constitucional, que los (as) actores (as), al igual que la persona que interpuso el amparo en cuestión, no pueden tenerse como acreedores del reconocimiento por la ampliación de jornada, toda vez que no cumplen con el primero de los requisitos. En todo caso, con independencia de lo expresado, debe apuntarse que ya esta Sala ha emitido pronunciamiento, en el sentido que los votos de la Sala Constitucional se dictan desde la perspectiva constitucional mientras que en esta otra vía (la ordinaria) se hace desde la legalidad. VI.- PRUEBA ANTE LA SALA: En relación con la prueba documental aportada en imágenes 10 a 18 del archivo incorporado en fecha 06-07-2017, debe tomarse en cuenta que el artículo 561 del Código de Trabajo, establece, que ante la Sala “no podrá proponerse ni admitirse ninguna prueba, ni le será permitido al Tribunal ordenar prueba para mejor proveer, salvo el caso de que ésta fuere absolutamente indispensable para decidir con acierto el punto o puntos controvertidos”. La prueba que se ofrece no tiene tal carácter, es decir, no es “absolutamente indispensable para decidir con acierto el punto o puntos controvertidos”, por las razones señaladas en el considerando anterior. VII.- CONSIDERACIONES FINALES: Corolario de lo expuesto, procede confirmar la sentencia impugnada en lo que fue objeto de recurso. POR TANTO:                             Se confirma el fallo recurrido.   Orlando Aguirre Gómez       Julia Varela Araya                            Luis Porfirio Sánchez Rodríguez         Héctor Luis Blanco González                 Flora Marcela Allón Zúñiga        IARAYAV/jjmb.-   1
Fecha29 Agosto 2018
Número de sentencia2018-001467
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

*110007111178LA*

Corte Suprema de Justicia

SALA SEGUNDA

Exp: 11-000711-1178-LA

Res: 2018-001467

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por MILTON VALERIO MENA, casado, GEORGE AGUILAR PRIETO, MÁRCEL SOLANO CAMPOS, PABLO SÁENZ BENAVIDES, GEINER PRIETO CHINCHILLA, vecino de San José, DAGOBERTO GÓMEZ JIMÉNEZ, casado, JEFFRY ELIZONDO SALDAÑA, RUDY MÉNDEZ ALFARO, RICARDO LÉPIZ SOTO, MARLON BARRIENTOS CUNNINGHAM, licenciado en Informática y vecino de San José; CYNTHIA ELENA GRANADOS PICADO, licenciada en Informática y vecina de San José; OSCAR JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ, licenciado en Informática y vecino de San José, JOSÉ MANUEL SOLÍS RODRÍGUEZ, licenciado en Informática, WALTER ESTEBAN MADRIGAL CHAVES, licenciado en Informática y vecino de San José; y ELBERT DELGADO SÁNCHEZ, licenciado en Informática, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado general el licenciado Víctor Mauro Guzmán León, divorciado y vecino de San José. Todos mayores, solteros, analistas de sistemas y vecinos de Heredia, con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:

1.- Los actores, en escrito de fecha diez de junio de dos mil once, promovieron la presente acción pretendiendo: que en sentencia se condenara a la demandada a lo siguiente: 1- Se les equipare en forma salarial, con el fin de que reciban el aumento en el salario base del 22.5%;/ 2- Que dicho aumento debe llevarse a cabo también en el reconocimiento de la Dedicación Exclusiva;/ 3- Que dicho aumento se les reconozca el porcentaje a la base que tiene que hacerse efectivo en forma retroactiva a partir de la adquisición del derecho./ 4- Se les reconozca todos los incentivos salariales, en forma retroactiva del salario base y por clase en relación con los rubros de aguinaldo, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales;/ 5- Que se les reconozcan los intereses correspondientes a los montos citados, contados a partir de la exigencia de cada obligación individual./ 6- Que se reconozca el pago de las costas legales y procesales a los aquí reclamantes” (sic) equiparar en forma salarial, con el fin de que recibir el aumento en el salario base del 22.5%; en dicho aumento debe llevarse a cabo en el reconocimiento de la Dedicación Exclusiva, también se reconozca el porcentaje a la base que tiene que hacerse efectivo en forma retroactiva a partir de la adquisición del derecho. Así como todos los incentivos salariales, en forma retroactiva del salario base y por clase en relación con los rubros de aguinaldos, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales; junto con los respectivos intereses correspondientes a los montos citados, contados a partir de la exigencia de cada obligación individual y ambas costas" (sic).

2.- El apoderado general judicial de la demandada contestó la acción en memorial de fecha cinco de agosto de dos mil once y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de Legitimación activa y pasiva.

3.- El Juzgado de Trabajo de Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por sentencia de las dieciséis horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil quince, dispuso:SOBRE EL PROCEDIMIENTO VER CONSIDERANDO NUMERO UNO. Con fundamento en las razones expuestas, Votos de la Sala Constitucional números Sala Constitucional número 4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996; voto N. 2765 de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997; Sentencia N° 1696-92, de 15.30 horas de 23 de junio de 1992; Voto N° 440 de las 15:27 horas del 27 de enero de 1998; Sala Nº 4044-96, de las 11:12 horas del 9 de agosto de 1996; Voto Nº 2354-97 de las 11:12 horas del 25 de abril de 1997 y de la Sala Segunda número Voto Nº 2004-00170 de las 11:10 horas del 12 de marzo de 2004; así como de los artículos 492, 493 del Código de Trabajo; 11 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; se declara CON LUGAR la presente demanda ordinario laboral de MILTON VALERIO MENA cédula de identidad número 1-1066-0251, GEORGE AGUILAR PRIETO cédula de identidad número 4-0174-0385, MARCEL SOLANO CAMPOS cédula de identidad número 3-0373-0518, PABLO SAENZ BEANAVIDES cédula de identidad número 1-1238-0180, GEINER PRIETO CHINCHILLA cédula de identidad número 3-0402-0118, DAGOBERTO GOMEZ JIMENEZ cédula de identidad número 3-0383-0394, JEFFRY ELIZONDO SALDAÑA cédula de identidad número 1-1180-0699, RUDY MENDEZ ALFARO cédula de identidad número 6-0345-0353, RICARDO LÉEPIZ SOTO cédula de identidad número 4-0183-0452, MARLON BARRIENTOS CUNNINGHAM cédula de identidad número 7-0113-0704, CINTHIA ELENA GRANADOS PICADO cédula de identidad número 3-0384-0902, OSCAR JOAQUIN GOMEZ GOMEZ cédula de identidad número 3-0381-0334, JOSE MANUEL SOLÍS RODRIGUEZ cédula de identidad número 4-0169-0613, WALTER ESTEBAN MADRIGAL CHAVES cédula de identidad número 1-1145-0937, ELBERT DELGADO SANCHEZ cédula de identidad número 1-0882-0702, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su Apoderada General Judicial VICTOR MAURO GUZMAN GUZMÁN LEON. Se rechaza la excepción de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva, opuesta por la institución accionada; pues los actores son funcionarios de dicha institución. En tal estado de las cosas, se ordena a la Caja Costarricense del Seguro Social a: a) Equiparar los salarios de los poderdantes con sus homólogos informáticos que laboran en el Departamento de Informática de la Institución en las Oficinas Centrales de la institución. Esto es aumentarles, un veintidós punto cinco por ciento en su salario base; b) Reconocer dicho aumento en la Dedicación Exclusiva, pero únicamente a aquellos que actores y actoras que se les cancele y que hayan firmado el contrato respectivo; pago que deberá realizarse a partir de la fecha de la firma respectiva del documento; c) Deberá pagar retroactivamente dicho aumento, el del veintidós punto cinco por ciento en el salario base, a partir de la adquisición de ese derecho. Sea a partir del momento en que fueron nombrados en el Departamento de Informática de la accionada; d) Reconocer, también, todos los incentivos salariales, en forma retroactiva del salario base y por clase en relación con los rubros de aguinaldo, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales -en la misma forma que el punto c) anterior-; y, e) Sobre la totalidad de lo adeudado a cada accionante, deberá reconocer los intereses conforme a los certificados de depósito a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, a partir del momento de la exigencia de cada obligación individual y hasta su efectivo pago. COSTAS. Son ambas costas de la acción a cargo de la demandada, fijándose las personales en la suma prudencias de UN MILLÓN DE COLONES del total de la condenatoria…”. (Sic)

4.- La representación de la demandada apeló y la parte actora se adhirió. El Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por sentencia de las ocho horas veinte minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, resolvió:No se observan defectos u omisiones que puedan haber producido nulidad o indefensión alguna a las partes. Se revoca la sentencia venida en alzada. Se acoge la excepción de falta de derecho, se rechaza la de falta de legitimación. Se declara sin lugar la demanda interpuesta, sin especial condena en costas”. (Sic)

5.- La parte demandante formuló recurso para ante esta Sala, en escrito presentado el cinco de julio de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley.

Redacta la Magistrada Varela Araya; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: En la acción, la representación de la parte actora expresó que sus mandantes eran funcionarios informáticos de la accionada y cumplían una jornada de 9 horas de lunes a jueves y de 8 horas los viernes. Explicó que en 1988, la demandada reconoció al personal en informática un aumento salarial denominado “Ampliación de la Jornada” y lo justificó en la inopia del personal en esa materia, situación que coincidió con el incremento de la jornada, la cual pasó de las 8 a.m. a las 3:45 p.m. de lunes a viernes, a una que se extendía de las 8 a.m. a las 5:00 p.m. Señaló que el aumento de jornada implicó en forma inmediata un aumento en el salario de un 22.5% a la base de cada uno de los funcionarios informáticos. Las justificaciones dadas por las autoridades se sustentaron en evitar la fuga de profesionales informáticos en la rama debido a la diferencia salarial existente con la empresa privada y la mayoría de instituciones públicas. Refirió que una vez que se puso en marcha el reconocimiento, se inició el pago correspondiente. Acusó que la demandada ha reconocido dicho aumento a funcionarios que iniciaron la relación después de enero de 1998 y los que ganaron los recursos de amparo que formularon así como a quienes se les ha reconocido de oficio, esto por cuanto ese rubro forma parte integral de los salarios de los informáticos pertenecientes a la Subgerencia de Tecnologías de la Información. Cita los votos de la Sala Constitucional números 5130 de las 13:45 horas, del 29 de agosto de 1997, 4044 de las 11:12 horas, del 9 de agosto de 1996 y 897 de las 17:12 horas, del 15 de febrero de 1995. Indicó que en la actualidad los informáticos que no reciben el incentivo, pretenden sumarse a los informáticos de la Dirección de Informática o fugarse a otras instituciones públicas o privadas en las que sí se les reconozcan sus derechos salariales como profesionales. Expresó que los actores se desempeñaban en el Área de Tecnología en diferentes gerencias de la división, cumpliendo labores en ese campo y con iguales e incluso mayores responsabilidades que aquellos que recibían el incentivo. Esa situación, manifestó, ha significado un trato desigual que irrespeta lo dispuesto en los numerales 33 y 57 de la Constitución Política. Mencionó también que en sede laboral, en el expediente 04-003746-166-LA, fue resuelto el caso de un grupo de compañeros de sus poderdantes. Con base en lo expuesto, solicitó la equiparación salarial a efecto de que se pagara a sus mandantes el aumento del 22.5% sobre el salario base y que ese reconocimiento se hiciera retroactivo desde la adquisición del derecho y además que se aplicara a la dedicación exclusiva. Del mismo modo, pretendió el pago de las diferencias correspondientes en aguinaldo, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales, los intereses legales y las costas de la acción (archivo incorporado en fecha 23-06-2011). La representación de la accionada contestó en términos negativos. Una vez que explicó el contexto histórico en que surgió el incentivo de ampliación de jornada consistente en un 22.5% sobre el salario base, sostuvo que no se produjo la desigualdad alegada por los actores, dadas las condiciones en que suscribieron sus contratos de trabajo. Refirió que estos fueron contratados con una jornada laboral de 44 horas conforme al laudo, mientras que quienes ostentaban aquel pago lo fueron en una jornada de 36.5 horas. Alegó que si habían otros funcionarios cubiertos era en virtud de resoluciones de la Sala Constitucional que han desnaturalizado la concepción transitoria y objetiva de la “Ampliación de Jornada”. Con base en lo indicado, opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva (archivo incorporado en fecha 05-08-2011). En primera instancia se acogió la demanda y se ordenó a la accionada equiparar los salarios de los actores con sus homólogos informáticos que laboraban en el Departamento de Informática de la Institución en Oficinas Centrales, lo que suponía aumentarles un 22.5% en su salario base; reconocerles ese aumento en dedicación exclusiva a aquellos a los que ese rubro se les cancele y hayan firmado el respectivo contrato, pago que debía efectuarse a partir de la firma del documento correspondiente; el pago retroactivo de ese aumento, desde que fueron nombrados en el Departamento de Informática de la accionada, así como las diferencias en aguinaldo, vacaciones, anualidades y aumentos semestrales, los intereses desde la exigencia de cada obligación y hasta su efectivo pago más las costas de la acción, fijando las personales en la suma prudencial de ¢1.000.000,00 (archivo incorporado en fecha 22-05-2015). Contra ese fallo recurrieron ambas partes (archivo incorporado en fecha 27-05-2015 en imágenes 1 a 10 y 08-03-2017). El Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José lo revocó, acogió la excepción de falta de derecho, denegó la demanda y resolvió sin especial condena en costas (archivo incorporado en fecha 02-05-2017).

II.- AGRAVIOS: Ante la Sala recurre el apoderado especial judicial de la parte actora. Sostiene que los juzgadores de instancia citaron el oficio n.° STAP-3773-90, del cual se desprenden, según el recurrente, dos aspectos que comprueban la tesis sostenida en el proceso. El primer aspecto, señala, consiste en que la posición de la Autoridad Presupuestaria es discriminatoria respecto a los funcionarios de la Dirección de Informática, pues hace referencia solamente a un grupo y no a todos los funcionarios, pese a que no había diferencia entre unos y otros. Al respecto, afirmó que todos los informáticos que laboran en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación se les ha pagado un 22.5% desde 1987 y hasta la fecha. Acusa que aun cuando se iniciaran labores el 3 de julio de 2017 en esa Dirección, se les pagaba ese 22.5% laborando 44 horas por semana; no obstante, si entraban en un Centro de Gestión de Informática, o en cualquier otra dependencia, en funciones de informática dentro del perfil de analista 1, 2, 3 o 4, cumpliendo todos los requisitos, no eran acreedores de aquel pago, a pesar de entrar en aquella misma fecha (3 de julio de 2017) y tener las mismas funciones y responsabilidades que los primeros (informáticos de la citada Dirección). En segundo lugar, afirma, que se desprende que a sus poderdantes les asiste el derecho. Señala que con el laudo arbitral se dieron dos situaciones, a saber: un aumento en la jornada de trabajo de 36 a 44 horas que no solo significó un aumento en el salario correspondiente a esas horas sino también un aumento en el salario base a los informáticos de la Dirección de un 22.5%, esto último como una forma de equiparar salarialmente a los informáticos de la demandada con el resto de empleados públicos. Niega, con fundamento en la prueba aportada, lo expuesto en torno a que el derecho del 22.5% desapareció para las nuevas contrataciones. En su opinión, el planteamiento de que el derecho desaparece es falso, ofensivo e inexacto. Señala que varios funcionarios acudieron a la Sala Constitucional y la accionada tuvo que reconocerles ese 22.5%, pues es un derecho que siempre tuvieron y seguirán teniendo. Expone que en esos votos claramente se recoge que los trabajadores de la demandada, que fungen como programadores o analistas tienen derecho al reconocimiento de ese 22.5%. Cita la sentencia de esta Sala número 979 de las 9:30 horas, del 2 de julio de 2010. Refiere que el aumento de ocho horas semanales (de 36 a 44 horas) correspondía a un 18% y no a un 22.5%, el cual no se ajusta a la realidad, por lo que la demandada ni la Contraloría General de la República lo aceptarían en esos términos. Explica que entre 1987 y 1988 se dio un laudo arbitral en el que se aumentaba la jornada. Recuerda que el salario en la accionada era muy bajo por lo que los funcionarios laboraban poco tiempo y renunciaban para trabajar en otra institución, ante lo que la demandada decidió aplicar el aumento de 22.5% para evitar esa fuga de profesionales informáticos. No aceptó que a partir de 1990 los funcionarios que ingresaban a la accionada no percibieron el 22.5%, toda vez que los informáticos que lo hicieron en esa Dirección sí percibían el aumento, no así quienes entraron al Centro de Gestión Informática. Tampoco avala, como ha sostenido la demandada, que este porcentaje correspondiera a un aumento de jornada, toda vez que obedecía a un aumento de salario, por lo que se convirtió en un derecho adquirido para todos los informáticos de la Institución. Cita los expedientes 04-3746-166-LA y 10-1376-166-LA, en los que, según señala, los actores obtuvieron resultado favorable a sus pretensiones, los cuales se encontraban en una situación semejante a la de sus mandantes. Destaca que existen funcionarios que habían ingresado al Centro de Gestión Informática sin percibir el aumento, pero luego de 1990 fueron trasladados a la mencionada Dirección y desde el primer día en ese Despacho se les concedió el 22.5% de aumento. Acusa que la demandada para desvirtuar los procesos que se presentaron en su contra, creó códigos y cambió nomenclaturas de la descripción de puestos, a efecto de dejar establecido que los cargos no existían; sin embargo, olvidó cambiar las funciones, por lo que continuaron siendo las mismas. Hace referencia, como sustento de sus afirmaciones, a la declaración del testigo Pacheco Araya así como a las de los demás testigos presentados. Refiere que aporta documental en la que funcionarios de la demandada han dejado sentada la responsabilidad de la institución para proceder a los pagos referentes a ese 22.5%. Por lo señalado, solicitan revocar la sentencia recurrida y acoger la demanda en todos sus extremos (archivo incorporado en fecha 06-07-2017, imágenes 1 a 9).

III.- CUESTIONES PREVIAS: Los argumentos relativos a que el aumento de las ocho horas semanales correspondían a un 18% y no a un 22.5% y que la demandada, en un intento de desvirtuar los procesos presentados en su contra, creó y cambió nomenclaturas de la descripción de puestos para establecer que los cargos no existían, constituyen hechos nuevos que no fueron planteados al trabarse la litis (nunca fueron objeto de debate), toda vez que se alegaron hasta en esta instancia, lo que imposibilitaría cualquier consideración, dado que hacerlo significaría un grave quebranto al debido proceso, por sus repercusiones en el derecho de defensa de la parte demandada.

IV.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN MATERIA LABORAL: El artículo 493 del Código de Trabajo establece un régimen especial de valoración de las pruebas en materia laboral. Esta norma, textualmente dice que “Salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio”. Sin embargo, por no establecer esta norma un régimen de íntima o libre convicción, quien juzga, debe valorar los elementos de convicción allegados a los autos, con aplicación de las reglas de la sana crítica y la razonabilidad. Respecto de esta disposición del ordenamiento jurídico, la Sala Constitucional, mediante sentencia 4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996, indicó que “... la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, ...las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo fundamentado, en aplicación de las reglas de la sana crítica y razonabilidad”. Como queda expuesto, el sistema de valoración de la prueba establecido por el legislador en el Código de Trabajo, debe ser entendido bajo los parámetros de constitucionalidad fijados por el tribunal constitucional en la sentencia transcrita, pues, como se dijo, no podría pensarse que se trata de uno que deja a la arbitrariedad del juzgador la emisión del fallo. La doctrina del derecho laboral ha entendido que en el sistema de apreciación de la prueba en conciencia, que no es nuevo, el juzgador aplica sus conocimientos jurídicos, su experiencia, el conocimiento del proceso y su sentido de justicia, lo que debe hacer según las reglas del correcto entendimiento humano, conformadas por la razón, la ética, la psicología y la lógica, con gran libertad y razonable discreción, en búsqueda de la verdad (Pasco Cosmópolis, Mario. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. (S.L.), 2ª ed., Servicios Gráficos José Antonio, p. 78, 1997; Amílcar Baños, Heberto. La apreciación de la prueba en el proceso laboral. El juicio en conciencia, Buenos Aires, Ediciones Arayú, pp. 110-111, 116-117; y, Montero Aroca, Juan. El proceso laboral, Tomo II, Barcelona, segunda edición, Editado por Hijos de José Bosch, S.A., 1982, pp. 264-265). Con base en esas premisas, procede entonces analizar si los reproches acusados por la parte actora deben o no, ser estimados.

V.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: En primer lugar, debe señalarse que es correcto que esta Sala en el voto número 979, de las 9:30 horas del 2 de julio de 2010, conoció un asunto semejante al que nos ocupa y concluyó que “La entidad empleadora viene ejecutando la creación de un plus denominada jornada ampliada con un criterio que no es claro y preciso, tal y como lo dijo el a quo y ratificó el tribunal. Y no justifica el trato salarial distinto en contra de los aquí actores, tampoco encuentra sustento en el principio de razonabilidad, por el contrario, se evidencia que no hay diferencia en la jornada y categoría entre los actores y los homólogos que reciben ese plus, tienen el mismo superior e iguales funciones de acuerdo con el manual descriptivo de puestos razón por la cual se debe ratificar la decisión del tribunal, por que resolvió en aplicación del principio de igualdad entre iguales, no permitiendo la discriminación en el caso concreto” (sic); no obstante frente al caso que se estudia es necesario un replanteamiento del tema, a partir del análisis de los elementos probatorios constantes en los autos. Así, de la prueba aportada resulta relevante tomar en cuenta lo siguiente: a) En oficio de la Directora de Recursos Humanos de fecha 28 de agosto de 1987, se formuló: “La situación de no competitividad salarial de la Caja, con el mercado laboral en el área de Informática, la que es producida en su gran mayoría por la creación de incentivos especiales como es el reconocimiento de un porcentaje por prohibición, ha originado la fuga de personal muy calificado y los constantes reclamos, justamente planteados, del personal que actualmente labora en esa Dirección./ Para superar esa situación se propuso a la Gerencia a su cargo el pago de un incentivo por especialización en Informática, el que oscila entre un 10% y un 26% del salario base de los puestos técnicos. Esta propuesta fue inclusive aprobada por la Junta Directiva de la Institución” (imagen 79 del segundo archivo incorporado en fecha 23-06-2011); sin embargo, se hizo ver la imposibilidad de que la Autoridad Presupuestaria aprobara un incentivo como el propuesto, en los términos que se les había adelantado. Ante ese panorama, se explicó: “Esto nos ha obligado a buscar una opción alternativa transitoria,... la cual fue aceptada por el grupo y que consiste en aumentar la jornada de 36 a 44 horas semanales. Con esta modalidad laboran desde el 16 del mes en curso” (imagen 80 ídem). Además, se concluyó que con esa medida “a) Se satisfacen las necesidades salariales de los petentes, cual es la equiparación salarial con el mercado, sobre la base de un mayor número de horas laborables./ b) Mas horas de producción que permitirán desarrollar otros programas o acortar plazos en los mismos, equivalentes a 4 empleados adicionales./ c) Se logra retener un personal capacitado y experimentado en un área donde el reclutamiento y la selección es difícil básicamente por la no competitividad en el mercado salarial./ d) Se garantiza el funcionamiento del sistema, por la no fuga del personal, lógicamente en beneficio de todos los sistemas de la Institución que dependen de la informática, al igual que el servicio que se presta a otras instituciones (INA, IMAS, ASIGNACIONES FAMILIARES, BANCO POPULAR, TRIBUTACIÓN DIRECTA, etc.)” (imágenes 80 a 81). b) Asimismo, la Junta Directiva en sesión 6151 del 10 de setiembre de 1987, artículo 12, dispuso: “aprobar el reconocimiento del 45% del salario base, por concepto de Dedicación Exclusiva, a los Profesionales del Área de Informática, que cumplan los requisitos específicamente establecidos al efecto”, en su intento de paliar la situación que como se ha explicado atravesaba la institución con ese tipo de profesionales (imágenes 3 y 4 del archivo incorporado en fecha 08-08-2011). c) En circular STAP-3773-90 del 1 de noviembre de 1990 se recogió: “La Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria realizó el estudio correspondiente y determinó que no existe ningún inconveniente para que se realice el pago del complemento salarial junto con el aumento de la jornada./ Lo anterior debido a que el aumento de la jornada de los puestos del personal de Computación, no puede clasificarse como un incentivo ni como un sobresueldo, ya que efectivamente las horas incrementadas son legítimamente trabajadas” (imagen 70 ídem). d) Ante los reclamos judiciales y los fallos de la Sala Constitucional que favorecían a empleados nuevos en la rama (informática), la jefatura del Área de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Humanos, explicó los antecedentes, señalando que “En los años anteriores a 1987, existía inopia de personal calificado en la especialidad de la informática, por lo que estos trabajadores en la Caja tenían una alta rotación debido a los salarios, ya que estos eran muy bajos comparados con la empresa privada y otras instituciones autónomas del sector público. La escala de salarios del Sector Público por la cual se regía la Caja, no permitía hacer ningún tipo de valoración que permitiera solucionar la problemática que se presenta./ Por lo anterior la Dirección de Recursos Humanos conjuntamente con la Dirección de Informática idearon el aumento de jornada a las plazas de los Analistas y a los Programadores de 8 horas a 9.7 horas, que traducido a términos porcentuales es el 22.2% del salario base de estos puestos para efectos de pago, que es lo que actualmente se paga./ A los funcionarios que se les aumentó la jornada, pasaron a trabajar de 36 horas por semana a 44 por semana, es decir se hizo un aumento real de jornada por lo cual se les pagaba el porcentaje citado” (Oficio A.E.S. 147 del 11 de setiembre de 1997, en imagen 71 ídem). Además, propuso: “En vista de la disyuntiva que se presenta, entre los intereses institucionales y los derechos de los trabajadores Analistas programadoras y jefes de la Dirección de Informática, se propone como una salida alterna lo siguiente:/ 1. Pagar un sobresueldo denominada DAJ (Diferencia Ajuste de Jornada) equivalente al 22.2% del salario base, para aquellos funcionarios que están en la situación de haber pasado de 36 horas a 44 horas semanales, por efecto de aumento de jornada antes del Laudo Arbitral y eliminar de sus plazas la condición de 9.7 horas o el 22.2%./ 2. En cuanto a los funcionarios nuevos que ganaron los juicios, se propone que el aumento de jornada que se les otorgó, también se les pague por medio del sobresueldo DAJ, y que el mismo tengo vigencia mientras trabajen en la Dirección de Informática y en los cargos de Analistas programadores, en el tanto, la situación que les permitió que la Sala Constitucional les otorgara tal beneficio desaparezca, también debe desaparecer el sobresueldo en mención” (imagen 73 ídem). e) En oficio n.° D.J.- 3023-2001 del 27 de agosto de 2001, en relación a las 25 plazas nuevas de la Dirección de Informática, el coordinador de la Dirección Jurídica Corporativa de la accionada concluyó: “Si la Caja realizó los trámites para crear las plazas y por un error no se consideró en ese momento, el pago por ampliación de la jornada que igualmente reciben otros funcionarios de la Institución que realizan las mismas funciones de la propia Dirección de Informática, no es motivo para que dicho concepto no pueda reconocerse, por el contrario, ello podría constituir una desigualdad que la administración no debe tutelar” (imagen 4 ídem. Véase también oficio DJ-3240-04 del 15 de julio de 2004, en imagen 5 a 8 ídem. En relación, debe considerarse también el oficio D.R.H.No. 0253-2005 del 28 de marzo de 2005, en imágenes 11 a 12 ídem). f) El 31 de marzo de 2005 se aprobó un proceso de reestructuración para el Área de Tecnologías de Información y Comunicación, en el cual se derogó la estructura administrativa denominada Dirección de Informática y se creó la Dirección de Tecnologías, Información y Comunicación (oficio TI-1408-2005 del 14 de junio de 2005, en imagen 18 del quinto archivo incorporado en fecha 23-06-2011). En el citado oficio se contemplaron las definiciones de los Centros de Gestión Informática y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación conforme al Manual de Centros de Gestión Informática de la demandada. Así, respecto de los primeros se contempló: “Los centros de gestión informática están organizados y desarrollan su gestión en los niveles: Gerencial, Hospitales Nacionales Desconcentrados, Regional y Local. Son responsables técnicamente de los sistemas de información y procesos informáticos propios de cada uno de ellos, coordinando lo correspondiente con otros Centros similares, con la Dirección de Tecnologías de Información y con el Sistema de Información de su ámbito de acción, para la integración de los sistemas locales, regionales o institucionales. La autoridad conferida en sus actuaciones con los usuarios finales es de carácter técnico funcional y su responsabilidad es el desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones con recursos técnicos propios o la contratación de servicios, la administración de bases de datos y la asesoría correspondiente para la adquisición de hardware y software…” (imagen 19 ídem); mientras que la segunda (Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación) se definió como: Órgano regulador y ejecutor de procesos informáticos que orienta y apoya la tesis estratégica, el desarrollo operativo, la transferencia y adaptación de las tecnologías de información y de comunicaciones para generar una prestación eficaz de los servicios de salud y de pensiones. Esta Dirección es la responsable de generar la regulación, la normativa técnica, las políticas, las directrices, las estrategias de ámbito institucional, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los procesos operativos críticos, como herramientas fundamentales para agilizar la prestación de los servicios y retroalimentar la toma de decisiones en las áreas de salud y de pensiones” (ídem). g) En la certificación de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, se indicó: “La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación ejerce autoridad de línea sobre los departamentos adscritos, funcional y técnica en materia de tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito institucional./ Consideramos que la diferencia está dada por el grado de responsabilidad y de complejidad del nivel central (Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación), que está enmarcado en el establecimiento de la arquitectura, la plataforma principal y los estándares que debe aplicar toda la Institución, la cual es de acatamiento obligatorio para todas las unidades adscritas, los C.G.I. son instancias que se limitan a la aplicación de esa normativa definida, en sus respectivos ámbitos de acción, quedando a nivel central la responsabilidad absoluta de desarrollar las soluciones operativas y para toma de decisiones que deben ser visualizas desde una unidad coordinadora institucional. Existen CGIs Gerenciales que coordinan a los regionales, Regionales que coordinan o apoyan los niveles locales, locales que pueden ser Departamentales, de un Centro Médico, de una Sucursal e inclusive de un Ebais./ En cuanto a la complejidad, el personal de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, debe velar por la integración de las aplicaciones desde su presupuesto, planificación, gasto y operación entre otros” (sic) (imagen 20 ídem). h) Según se recoge de la testimonial en el expediente 04-3746-166-LA, aportado como prueba, se advierte que el deponente José Miguel Murillo Jiménez, quien fungía como Subdirector de Recursos Humanos, declaró: “Las jornadas laborales que existían antes del laudo arbitral en general de toda la institución con especial énfasis sobre el personal de informáticos, antes del laudo las jornadas era para oficinas centrales se tenían jornadas de 36 horas semanales en el resto lo que eran clínicas y hospitales, en los últimos de 48 horas y en clínicas y sucursales de 44 semanales, respecto de los informáticos sea los trabajadores de la Dirección de Informática concretamente en los años 80 y atrás se conocía como centro de cómputo, luego la Dirección de Informática, esas personas tenían 36 horas semanales luego había inopia del personal de cómputo en el país los trabajadores entraban hacían cierta experiencia en la CCSS y luego renunciaban, esta alta rotación obligó a la CCSS a buscar aumentar salarios para hacerlos competitivos en el mercado porque en ese entonces se aplicaba la escala del Servicio Civil, se decidió aumentar la jornada de trabajo se pasó a trabajar 44 horas, en las oficinas centrales los únicos que trabajaban esta jornada eran los informáticos. No se les aumentó el salario lo que se hizo fue aumentar la jornada y por ende se les tenía que pagar más cantidad. Esto no constituyó ningún incentivo salarial. Si el laudo estableció o no algún transitorio respecto las jornadas, sí el laudo reguló un transitorio sobre el derecho de mantener las jornadas establecidas en 36 horas hasta que se fueran de la Institución, y los nuevos ingresos se regularon en 44 horas. Había inopia de personal calificado en informática en los años 85-86 para atrás. Se solucionó esta inopia cuando la UCR y otras instituciones abrieron carreras y comenzaron a salir graduados y la inopia terminó. El aumento de jornada de 36 a 44 horas semanales se le aplicó a los analistas y programadores en informática. A los trabajadores que se les aumentó la jornada fueron los empleados de lo que en ese momento se conocía como Centro de Cómputo ubicado en oficinas centrales, que luego pasó a ser la Dirección de Informática. El centro de cómputo se dedicaba al manejoramiento de los programas y grandes sistemas informáticos, darle mantenimiento a esos sistemas informáticos, estas eran las grandes funciones que hacían en la actualidad mantiene las mismas funciones, se transforma en dirección por el aumento o creación de nuevos sistemas para la función institucional. La Dirección de Informática no tiene trabajadores por todo el país pero la institución si tiene personal de cómputo o informática en todo el país. El personal que trabaja en todo el país no ejecuta las mismas labores que el personal que trabaja para la dirección de informática en la sede central, el personal de la dirección maneja los programas macro de la institución, ejemplo el programa de recursos humanos, otro ejemplo es el Sicere, que antes se llamaba planilla preelaborada que con la ley de protección del trabajador le da más responsabilidades a la CCSS, esto se maneja a nivel institucional nadie puede tocarlo a nivel local solo en San José esto por aplicación de acuerdos de Junta Directiva. Las jornadas de programadores y analistas que ingresaron a laborar a la CCSS luego de laudo se les estableció en 44 horas semanales, con la misma base salarial… Los ingenieros o licenciados de la dirección de informática como los que trabajan en los centros de gestión informática no tiene diferencia todos se rigen por la misma escala salarial, sí hay una clasificación por funciones analista 1, 2, 3 todos los 3 se les paga el mismo salario lo que sí se diferencia es por lo del 22.5% que se les paga a las personas que indiqué supra” (sic) (énfasis agregado) (imagen 7 del octavo archivo incorporado en fecha 23-06-2011). Del mismo modo, el señor Sander Alonso Pacheco Araya, quien es el subgerente de Tecnología y Comunicaciones, manifestó: “… No me consta que se hiciera un aumento de jornada real al personal de la institución, lo que sí me consta es que la CCSS negoció en aquel momento una ampliación de la jornada con los trabajadores de informática para evitar la fuga del personal dado que los salarios eran más atractivos en la empresa privada y provocaba la fuga de cerebros, me refiero al personal que ya tenía capacitaciónLa jornada de trabajo de los profesionales de la informática que estaban al momento de la inopia sí es diferente a la que en la actualidad se aplica al personal nuevo o contratado con posterioridad. Los contratos en los años 80 se pactó una ampliación de la jornada por la cual se les pagaba más luego entiendo que se dio un laudo que estableció una jornada de trabajo que regía de ese momento hacia atrás y a partir de allí cuando entra un nuevo funcionario se le establece un horario distinto, en este momento es de 44 horas semanales, es decir todos trabajan 44 horas semanales la diferencia es que a los trabajadores que estaban en la institución antes del laudo y cuando se dio la inopia se les cancela un porcentaje del 22.5% de diferencia entre unos y otros trabajadores… Existen lo que hasta hace poco se llamaba los centros de gestión de informática también bajo mi mando pero con una diferencia es decir yo no tengo el control administrativo yo no los nombro ni controlo sus vacaciones ni su ámbito administrativo normalmente es el gerente de división o director del hospital o clínica o área de salud. Pero sí tengo la conducción técnica y de normalización es decir puedo instruirlos para que hagan algo ejemplo cuando crean un sistema tienen que hacerlo bajo las reglas que nosotros les indicamos si van a comprar equipo de cómputo tienen que ajustarse a los lineamientos que la dirección o la subgerencia indica. Cualquier centro de informática puede ser intervenido por la dirección o la subgerencia, de ser necesario… Existen sistemas que no son ámbito nuestro ejemplo pensiones, almacenes, pero no es mi responsabilidad que operen o no pero sí que lo hagan bajo las normas que la institución tiene en la subgerencia que lidero. A nivel macro soy el responsable de los sistemas más grandes de la institución ejemplo SICERE, control de sistema de comunicaciones, respaldo de la planilla de la institución, oficiales de seguridad y control de calidad y esto se da de junio de 2005 a la fecha porque se dio una reestructuración institucional… En la actualidad el personal que labora en la Dirección de Informática sí se le está pagando el reconocimiento del 22.5% esto por un fallo de un juez pero no tengo los datos concretos solo sé que sí se cancela a las personas que están colegiadas en el colegio de informáticos es decir cuando ya se les ha reconocido el título, de lo contrario no se les paga. Los requisitos para trabajar en un centro de gestión son los mismos para trabajar en la dirección de informática. El personal en los centros de gestión si están obligados a seguir las instrucciones, normativa y estándares que la Dirección de Informática disponga. Los sistemas institucionales o Dirección de Informática sí pueden asumir los centros de gestión, en este caso no se tienen los centros de gestión como una duplicidad del trabajo sino para que estén más cerca del usuario, también hay una diferencia de administración, porque si yo controlara todos los centros por ejemplo si el que está en Upala no tengo la capacidad operativa para su control y manejo, esta separación es una conveniencia administrativa más que técnica. Los únicos que pueden desarrollar sistemas de informática son los que están adscritos a gerencias de división y aun así antes del desarrollo tienen que tener el visto bueno nuestro, un hospital es esperable que no se ponga a desarrollar sino que más bien haga la gestión de operación esto es que mantenga la red local de datos que los sistemas o servidores estén disponibles y los respaldos de la operación que ellos hacen a ese nivel…El plan estratégico contempla igual capacitación para todo el personal que labora en áreas de tecnología que labora a nivel nacional, que podamos maximizar el recurso de las unidades de gestión que cada persona entienda el rol que tiene en el sistema y lograr la unificación. Si existe al menos un programa que los trabajadores de las unidades de gestión pueden modificar ejemplo el de pensiones, esto no es abierto a todo mundo sino que está restringido a tres sistemas de operaciones almacenes, recursos humanos y pensiones, después de allí no puede nadie… los parámetros en el caso de pensiones solo la gerencia de pensiones bajo la supervisión de la Dirección de Informática, inclusive se puede contratar empresas para ello. Conozco algunos casos de personal que trabajaron para la dirección en el que se les reconocía el 22.5% y fueron trasladados a centros de gestión y se les mantiene el respeto de sus derechos laborales… en la base se les paga igual a los profesionales de informática a excepción del plus del 22.5% que se les paga a las personas que dije antes... ” (sic) (énfasis agregado) (imágenes 10 a 12 ídem). Finalmente, el deponente German Alonso Zúñiga Aguilar, mencionó: “Ampliación de jornada si sé lo que es yo la disfruto en la actualidad, lo que es se refiere al resultado de una lucha que tuvieron los analistas y programadores de la antigua dirección de informática para equiparar sus salarios a los que disfrutaban otros profesionales en el sector público, inicialmente, lo que se nos dio fue la posibilidad de laborar horas extra de manera fija ante el problema de que las horas extra se debe originar en situación de emergencia se buscó la manera de sustituir ese beneficio que veníamos disfrutando desde 1985, toda esta lucha se dio hasta 1988 hasta que se sustituyó por el concepto de ampliación de jornada tiempo que los profesionales del área laborábamos, me refiero a los profesionales en informática de oficinas centrales únicamente. Todo lo anterior se dio como una solución para tener mayor trabajo sin contratar más personal. Es decir nosotros trabajábamos 36.5 horas semanales y con el recargo de horas extra, trabajábamos como 7.5 horas extra por semana todo el personal sea analistas, programadores y jefes… se llegó a modificar para no pagarlo como extras sino como jornada ordinaria. En la actualidad no existe diferencia entre el personal de la dirección de informática y el personal de los centros de gestión por cuanto la responsabilidad no hay diferencia pero respecto de la función si existe ciertas diferencias marcadas ya que en oficinas centrales las funciones están separadas mientras en los Centros de Gestión muchos funcionarios tienen que realizar diferentes funciones, comunicaciones, desarrollo de sistemas, mantenimiento, elaboración de presupuestos, etc. Sí conozco personal que no labora en la Dirección de Informática y sí reciben el reconocimiento de ampliación de jornada está mi propio caso ya que fui trasladado con todo y plaza a partir de febrero de 1996 a la gerencia de pensiones. El cambio obedeció a que a finales de 1995 se crearon los Centros de Gestión regionales y gerenciales y como mi función estaba totalmente relacionada con el área de pensiones me ofrecí a formar esa nueva unidad en dicha gerencia y debido a esto fue que se me trasladó. Otro de los casos que se dio fue el del licenciado Marco Antonio Mora Portilla jefe del Departamento de desarrollo y mantenimiento de sistemas, el cual por problemas con el personal fue reubicado en otra área pero siempre bajo el presupuesto de la antigua Dirección de Informática. En la actualidad lo sustituyó el Master Danilo Hernández Monge que sí tiene la cobertura de la ampliación de jornada… Los Centros de Gestión sí están obligados a seguir las sugerencias que indique la Subgerencia de tecnología y de la información… Los Centros de Gestión pueden ser unipersonal dependiendo de la ubicación jerárquica y física por ejemplo un Ebais podría ser atendido por un solo profesional, mientras que un hospital requiere de un mayor número de profesionales. Los Centros de Gestión no pueden laborar separados de la Dirección de Informática, por la obligación de cumplir con las disposiciones en materia de tecnología de la información y segundo porque dependen de las líneas de comunicación que establece el nivel central para todos los sistemas de rango nacional… El 22.5% sobre el salario base representa la ampliación de jornada sobre el salario base. Se le cancela a los técnicos y profesionales en informática que trabajan en la Subgerencia de Tecnologías y en este caso también a mí que como dije no laboro allí, sino en la Gerencia División Pensiones… No es lo mismo un programador que un licenciado en informática, dependiendo de la escala de puestos institucionales se hace las diferencias esto por los requisitos del puesto y las labores por desempeñar. Aclaro que el personal que disfrutó de la ampliación de jornada no solo fue profesional sino también a técnicos que se les cubrió con dicha ampliación, actualmente al momento de nuevas contrataciones ese beneficio solo se le da al personal con grado académico aclaro que es las contrataciones para la Subgerencia de Informática…” (sic) (énfasis agregado) (imágenes 13 a 17 ídem). i) El Director Jurídico de la accionada, mediante oficio DJ-0168-2014 del 17 de marzo de 2014, en relación a las recomendaciones del Informe n.° DAGP-ITPS-02-2013, concluyó: “1. Que en el año 1986 ante la poca competitividad salarial que ofrecía la Caja a los profesionales en el área informática y la no existencia de incentivos especiales como el reconocimiento de una ‘prohibición’ generó una fuga de personal calificado, así como constantes reclamos, por lo que se opta por la alternativa transitoria de aumentar la jornada de 36.5 a 44 horas semanales, lo cual fue reconocido con un complemento salarial correspondiente a un 22.5% del salario base./ 2. Que con la firma del laudo arbitral en setiembre de 1988 se modifica la jornada laboral para los funcionarios de Oficinas Centrales, estableciéndose en 44 horas semanales, por lo que desaparece para las nuevas contrataciones la necesidad que originó la aplicación de la ‘ampliación de jornada’./ 3. Que en sentencias emitidas por la Sala Constitucional y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se reconoce ese derecho a profesionales en el Área Informática que no cumplían en su contrato de trabajo con una jornada laboral de 36.5 horas semanales, ni se encontraban laborando para la institución cuando existía inopia de este tipo de profesional, pues lo que se tomó en cuenta fue que se trataba de trabajadores que realizaban las mismas funciones, dentro de la misma unidad de trabajo y durante la misma jornada laboral./ 4. Que lo que operó en la práctica fue la adecuación de la jornada laboral, misma que fue ampliada dentro de los rangos permitidos tanto a nivel constitucional como en nuestra Normativa de Relaciones Laborales, retribuyéndose con un porcentaje adicional denominado ‘plus de ampliación de jornada’, sin embargo dicho rubro paso a formar parte de la masa global del salario, pues el pago se efectúa por la labor efectivamente realizada./ 5. Que dicho plus constituye un derecho subjetivo adquirido que al volverse habitual y permanente, ingresó a la esfera patrimonial de este grupo de trabajadores, por lo que no podría eliminarse por cuanto violentaría el principio de irretroactividad de la ley, entendiéndose la ley en sentido general, como cualquier norma o disposición o acuerdo de Junta Directiva que así lo regule, máxime que no se aprecia que exista ningún tipo de nulidad que deba declararse./ 6. Que en consecuencia considera esta asesoría que no resultan viables desde el punto de vista jurídico, las recomendaciones contenidas en el Informe Técnico ITPS-02-2013” (imágenes 31 a 32 del archivo incorporado en fecha 08-05-2015). Del análisis efectuado, se desprende que el pago de un 22.5% por “Ampliación de Jornada” efectuado por la accionada a algunos (as) funcionarios (as) informáticos (as) tuvo un fin concreto: hacer atractivo el salario de los funcionarios del área informática para combatir la fuga de personal así como la inopia existente en esa disciplina para aquel momento (cuando surgió dicho pago). Este se implementó como una contraprestación al aumento de la jornada de dichos funcionarios de 36 a 44 horas semanales, lo que no solo contó con el aval de la Autoridad Presupuestaria (órgano técnico rector de la política salarial en materia de empleo público y cuyas directrices y pronunciamientos son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública sometida a su ámbito de aplicación) que expresamente indicó: “…no existe ningún inconveniente para que se realice el pago del complemento salarial junto con el aumento de la jornada./ Lo anterior debido a que el aumento de la jornada de los puestos del personal de Computación, no puede clasificarse como un incentivo ni como un sobresueldo, ya que efectivamente las horas incrementadas son legítimamente trabajadas”, sino que también supuso -además de lo que se pretendía con la aplicación de la medida- un mayor número de horas de producción, que permitiría desarrollar otros programas o acortar plazos en los mismos, así como garantizar el funcionamiento del sistema. De esta forma, no se advierte ninguna discriminación en relación con el profesional informático contratado por la demandada para cumplir una jornada laboral de 44 horas, como es el caso de los actores (esta fue la que adoptó la demandada a partir del Laudo, según quedó acreditado en autos), por lo que no tenía que hacérseles el pago en cuestión. Nótese que lo acontecido, como se apuntó, tuvo un propósito específico ante la problemática enfrentada por la accionada en ese determinado momento, lo que constituye una razón objetiva para la diferenciación que surgió con el tiempo, en razón de que los nuevos profesionales en informática no recibían el pago, toda vez que no se encontraban en el supuesto de hecho previsto para ese reconocimiento (el del 22.5% únicamente, pues según quedó establecido, las escalas salariales son iguales para todos, como lo indicaron los testigos Murillo Jiménez y Pacheco Araya), a saber: no vieron ampliada la jornada laboral por la que fueron contratados (tómense en cuenta los hechos probados 3 a 19 de la sentencia impugnada) y, en consecuencia, no había nada que retribuirles. En relación con el tema, es de interés traer a colación la sentencia de esta Sala n.° 1102, de las 11:24 horas del 23 de octubre de 2009, en la que se sostuvo: “El sobresueldo se originó como medida para compensar las nuevas responsabilidades que demandaba el trabajo en el proyecto, así como las desventajas relativas al desarraigo del puesto ordinario de trabajo, inclusive, en algunos casos, por la pérdida de la jerarquía, puesto que algunos jefes de informática pasarían a formar parte de los subalternos en el proyecto, dirigidos por los responsables de la Unidad Ejecutora. Para devengar ese incremento salarial cada funcionario/a debía cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser empleado ordinario del Poder Judicial, que por motivo de conveniencia institucional hayan sido trasladados a trabajar a la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte- BID y desempeñan una labor de equipo contraparte, esto es decir, vigilando, comprobando el cumplimiento de plazos, requisitos, condiciones técnicas del proyecto; b) Los/as servidores/as deben dedicar el 100% de su tiempo a su labor de equipo de contraparte (folios 47-48 frente del expediente administrativo). El Departamento de Personal en el oficio n° 859-S-2002, de 8 de julio de 2002, explica las razones por las cuales unos funcionarios tienen derecho al beneficio y porque otros no. Se indicó que los puestos regulares de la Unidad Ejecutora no se hacían acreedores del sobresueldo, ya que son puestos que dimanan de la relación ordinaria de servicio de la propia Unidad Ejecutora, por lo que sus titulares no enfrentan un cambio en sus labores para la que fueron contratados en el Poder Judicial, y por lo tanto, su costo de oportunidad está referido en forma exclusiva al mercado laboral… Los criterios que pretenden que se les aplique para acceder a ese derecho, no fueron los que estableció la administración, y por el contrario quedó demostrado que los demandantes, todos/as empleados/as en propiedad antes de la presentación de esta demanda, no fueron trasladados a trabajar a la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte- BID, es decir que no desempeñaron una labor de equipo contraparte, vigilando, comprobando el cumplimiento de plazos, requisitos, condiciones técnicas del proyecto, ni dedicaron el cien por ciento de su tiempo a su labor de equipo de contraparte. Debemos recordar que el sobresueldo se originó como medida para compensar las nuevas responsabilidades que demandaba el trabajo en el proyecto, así como las desventajas relativas del desarraigo del puesto ordinario de trabajo, inclusive, en algunos casos, por la pérdida de la jerarquía, puesto que algunos jefes de informática pasarían a formar parte de los subalternos en el proyecto, dirigidos por los responsables de la Unidad Ejecutora, situación que no se dio en el caso de los recurrentes. En aplicación del principio de legalidad, para que proceda el pago o reconocimiento del beneficio del sobresueldo, debe de cumplirse con los requisitos mencionados; de lo contrario procede el rechazo del reclamo. Por último, en cuanto al quebranto del principio de igualdad que se invoca, el artículo 33 de la Constitución Política establece: ‘Toda persona es igual ante la Ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana’. Esta igualdad no implica que en todos los casos, se brinde un tratamiento igual, pues en algunos de ellos pueden existir diferencias, como el caso presente, donde a los/as actores/as se les deniega el derecho al SUE, porque no cumplían con los requisitos de nombramientos, como el desarraigo, no eran contraparte, estaban nombrados en informática, y no en el Proyecto CORTE-BID… Siguiendo ese mismo criterio, debemos decir que, en el caso en concreto no se violentó ese principio, porque los actores, si bien profesionales en informática, no cumplían con los requisitos para disfrutar de ese plus, por cuanto no fueron nombrados en el Proyecto Corte-BID, no tenían el desarraigo, ni realizaban funciones de contraparte. Como se ha expuesto de manera reiterada, el Consejo Superior ordenó el pago del plus SUE, para aquellos/as funcionarios/as de Informática, pero bajo ciertas condiciones, que los demandantes no cumplieron, y por eso, resultan inatendibles los argumentos que exponen”. Asimismo, en el voto n.° 546 de las 15:15 horas, del 3 de junio de 2014 se dijo: “De igual forma, erró el Ad quem cuando aplicó en la forma en que lo hizo el principio de igualdad salarial. En un caso semejante, esta Sala consideró: ´De manera que, no lleva razón el apoderado de los actores cuando afirma que se violentó el principio de igualdad salarial contemplado en los numerales 33 y 57 de la Constitución Política y 167 del Código de Trabajo, al mantener empleados de igual categoría y clase, en funciones idénticas, con bases salariales y salarios totales desiguales, porque tal como se ha reconocido por la jurisprudencia de esta Sala y de la Constitucional, esa diferenciación tiene una base objetiva, es decir, no es arbitraria ni antojadiza, sino que fue consecuencia de la sentencia 549-2003, dictada en un proceso ordinario (que a su vez se basó en una sentencia arbitral que perdió vigencia), donde algunos de los homólogos de los aquí actores obtuvieron el aumento de sus salarios base en razón de la vigencia temporal del laudo arbitral que existió en la institución demandada. En la citada sentencia (549-03) algunos de los gestionantes fueron excluidos de beneficio derivado del laudo por no haber formado parte de los firmantes quedando así en situación salarial distinta según lo dispuso la sentencia de primera instancia. Es decir, con independencia de las razones por las que esos actores fueron excluidos del proceso de marras (que no es el punto a dilucidar en el presente), es lo cierto que fueron excluidos del mismo. Ahora bien, siendo esto así, no podrían los gestionantes de la presente litis pretender que se les reconozca lo pedido con fundamento en aquel proceso, pues, tal como lo han planteado desde la demanda, su situación es igual a la de quienes fueron excluidos del mismo (no eran trabajadores o no ocupaban los puestos y categorías a que el laudo se refería), por ende, diferente a la de quienes resultaron favorecidos con aquella sentencia. Consecuentemente, si los supuestos de hecho que los aquí actores tenían durante la vigencia del laudo, eran distintos a los que fueron considerados para el reconocimiento de derechos adquiridos (a los gestionantes del proceso que culminó con la sentencia 549-2003), no podría, con base en esa sentencia, accederse a lo que aquí han reclamado. De manera que, a nada conduciría el análisis de reproche sobre el supuesto desvío en el estudio de los efectos de las sentencias colectivas que se acusa, porque, como queda dicho, la sentencia en la que se fundamenta la demanda, no les otorga a los aquí actores base jurídica para sostener sus reclamos’ (sentencia n° 252 de las 9:35 horas, del 13 de marzo de 2013). De este modo, no podría colocarse al actor en la misma condición de aquellos que, pese a ostentar igual categoría y clase así como las mismas funciones de éste, sí se les aplicó, a diferencia del demandante, la fórmula de ajuste salarial regulada en la resolución n° DG-078-89, dado que ocuparon un puesto profesional (de las particularidades señaladas) mientras estuvo en vigencia el beneficio, en contraposición al actor que ocupó un puesto profesional hasta agosto de 2008; es decir, cuando había pasado más de una década de haber perdido vigencia la norma que autorizaba la fórmula cuya aplicación se ha venido pretendiendo”. En otro orden de cosas, no existe certeza, como lo afirmara la parte recurrente, en relación a que a los funcionarios de la Dirección de Informática se les pagaran un 22.5% desde 1987 y con independencia de la fecha de ingreso. Al efecto, en autos de lo que se tiene evidencia es que ese pago se asignó a aquellos informáticos a quienes se les varió (aumentó) la jornada así como a quienes mediante recurso amparo u otra resolución judicial se les ha asignado este pago. De igual modo, consta que las autoridades de la accionada contemplaron ese reconocimiento respecto de veinticinco plazas nuevas que se crearon en la Dirección de Informática (véase oficio n.° D.J.-3023-2001 del 27 de agosto de 2001). A pesar de ello, coincidimos plenamente con las integrantes del Tribunal cuando en relación con el punto expresaron: “Si bien en este proceso se ha argumentado que existen funcionarios que ingresaron con posterioridad al momento histórico al cual se ha hecho referencia y que aún así reciben el incentivo por ampliación de jornada, esta situación no puede servir de base para otorgar a los reclamantes el beneficio que solicitan, pues recordemos que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución pública, sujeta al principio de legalidad y como tal todo acto que despliegue, incluyendo los relacionados con la retribución salarial de sus servidores debe poseer un fundamento normativo que permita su concesión, por lo que si la entidad de manera errónea ha pagado a personas que no se encuentran en el presupuesto de hecho necesario, ello no faculta para extender la compensación de manera generalizada e injustificada, pues el error no puede generar derecho”. Por otro lado, el recurrente ha manifestado también que sus representados tenían iguales funciones y responsabilidades que aquellos trabajadores a los que sí se les hacía el reconocimiento, los cuales, y conforme lo señaló, se desempeñaban en la Dirección de Informática. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que lo apuntado no constituye, como se indicó, un aspecto relevante para la concesión y, en todo caso, si bien es cierto a partir de la prueba ha quedado establecido que los requisitos y las funciones eran iguales entre los que se desempeñaban en aquella Dirección y los que no, lo mismo que la capacitación que la institución demandada les proporcionaba, también quedó establecido que la diferencias estaba en “el grado… complejidad del nivel central” (véase certificación de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. Además, debe aclararse que en el citado documento también se contempló como disímil el nivel de responsabilidad; sin embargo, no puede valorarse pues en el hecho probado segundo de la sentencia de primera instancia, prohijado por el Ad quem, se estableció: “Que los actores no se les ha reconocido ni equiparado en su salario, el aumento en el salario base del veintidós punto cinco por ciento; como se les ha realizado a otros funcionarios también Informáticos de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, que realizan y desempeñan las mismas funciones en el campo de la Tecnología con idénticas responsabilidades”, aspecto concreto que no fue combatido por la parte demandada), a cuyo tenor se explicó que “Existen CGIs Gerenciales que coordinan a los regionales, Regionales que coordinan o apoyan los niveles locales, locales que pueden ser Departamentales, de un Centro Médico de una sucursal e inclusive de un Ebais”. Tampoco resulta precisa la posición de la parte actora en torno a que el derecho al 22.5% no desaparece para la nuevas contrataciones. Nótese, como se explicó, que frente a estos lo que operó fue una inaplicabilidad de aquel pago, dado que se encontraban en circunstancias distintas a las que generaron ese reconocimiento: su relación de servicios se inició bajo una jornada de 44 horas semanales y el salario conforme a la base establecida. Además, en contraposición a tal manifestación, quedó acreditado que la institución ha respetado el derecho de todos aquellos que percibieron ese pago producto de encontrarse en las condiciones de hecho para este o bien, de una decisión judicial que acogió un reclamo en esos términos. Sobre el particular, el Director Jurídico de la accionada en oficio n.° DJ-0168-2014 del 17 de marzo de 2014, claramente planteó que “dicho plus constituye un derecho subjetivo adquirido que al volverse habitual y permanente, ingresó a la esfera patrimonial de este grupo de trabajadores, por lo que no podría eliminarse por cuanto violentaría el principio de irretroactividad…”. Es cierto, como se ha acreditado, que la Sala Constitucional en los votos números 5130 de las 13:45 horas, del 29 de agosto de 1997, 4044 de las 11:12 horas, del 9 de agosto de 1996 (citada en la sentencia de primera instancia) y 897 de las 17:12 horas, 15 de febrero de 1995, acogió el amparo interpuesto por algunos trabajadores y ordenó equipararlos a los servidores que se encontraban percibiendo ese 22.5% más de salario por concepto de aumento de jornada. De igual modo, consta que más recientemente ese órgano contralor de constitucionalidad ha sostenido respecto al punto que “El recurrente alega que a pesar de que se desempeña en igual de condiciones respecto a analistas en sistemas de la Dirección de Tecnologías, no se le paga el aumento de jornada de trabajo, lo cual estima lesivo a sus derechos fundamentales toda vez que inclusive dicho beneficio se le cancela a ciertos funcionarios que laboran fuera de la Dirección de Tecnologías de la Información. Ahora bien, la Sala considera que en el fondo lo que el recurrente pretende con la interposición de este amparo, es que se le otorgue el beneficio de ‘ampliación de jornada’; sin embargo, la situación que alega no implica una lesión directa a sus derechos fundamentales. En el caso concreto concluye la Sala que al amparado no se le ha brindado un trato discriminatorio al no reconocerle la Administración recurrida el pago del incentivo que pretende, habida cuenta que, según se informa bajo fe de juramento, la procedencia de este incentivo no surge de forma automática, sino que requiere la realización de un estudio técnico relacionado con el perfil que determine el cumplimiento de las condiciones para su otorgamiento, estudio que el amparado no ha solicitado, toda vez que no apareció en los registros de la Dirección de Recursos Humanos gestión del recurrente en tal sentido. Por lo tanto, si el recurrente estima que les corresponde el pago del plus salarial denominado ‘ampliación de jornada’, ello es un diferendo que, como tal, debe plantearse, discutirse y resolverse ante las instancias administrativas respectivas donde se resolverá lo que en derecho corresponda./ V.- Con respecto a que a otros funcionarios se les cancela dicho rubro, no es de recibo la acusada violación al principio de Igualdad, toda vez que tal y como se explicó, si un funcionario cumplió con las condiciones establecidas para el otorgamiento del beneficio y se le otorgó dicho beneficio, pero posteriormente fue trasladado de la Dirección de Informática a otro centro de trabajo, se considera que el rubro se incorporó a su contrato de trabajo por lo que se le mantiene el beneficio. Así las cosas, al no demostrarse la alegada violación a sus derechos fundamentales no puede calificarse de discriminatoria la actuación administrativa recurrida, según la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional y, en consecuencia, no se constata para el caso concreto la alegada violación al principio de igualdad, imponiéndose la desestimatoria de este recurso como en efecto se procede”. Según se advierte de este voto, el reconocimiento depende del cumplimiento de ciertos requisitos: “a) ser trabajador adscrito directamente a la Dirección de Informática, b) ocupar puestos como: Analista en sistemas 1, 2, 3 y 4 en TIC, Jefe en Sistemas 1 y 2, y Director de Servicios Informáticos, c) tener una jornada laboral de 44 horas semanales” (véase hecho probado 2 del voto mencionado), situación que nos lleva a representarnos, a través de esta posición de la Sala Constitucional, que los (as) actores (as), al igual que la persona que interpuso el amparo en cuestión, no pueden tenerse como acreedores del reconocimiento por la ampliación de jornada, toda vez que no cumplen con el primero de los requisitos. En todo caso, con independencia de lo expresado, debe apuntarse que ya esta Sala ha emitido pronunciamiento, en el sentido que los votos de la Sala Constitucional se dictan desde la perspectiva constitucional mientras que en esta otra vía (la ordinaria) se hace desde la legalidad.

VI.- PRUEBA ANTE LA SALA: En relación con la prueba documental aportada en imágenes 10 a 18 del archivo incorporado en fecha 06-07-2017, debe tomarse en cuenta que el artículo 561 del Código de Trabajo, establece, que ante la Sala “no podrá proponerse ni admitirse ninguna prueba, ni le será permitido al Tribunal ordenar prueba para mejor proveer, salvo el caso de que ésta fuere absolutamente indispensable para decidir con acierto el punto o puntos controvertidos”. La prueba que se ofrece no tiene tal carácter, es decir, no es “absolutamente indispensable para decidir con acierto el punto o puntos controvertidos”, por las razones señaladas en el considerando anterior.

VII.- CONSIDERACIONES FINALES: Corolario de lo expuesto, procede confirmar la sentencia impugnada en lo que fue objeto de recurso.

POR TANTO:

Se confirma el fallo recurrido.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Héctor Luis Blanco González Flora Marcela Allón Zúñiga

IARAYAV/jjmb.-

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