Sentencia Nº 2018-001517 de Sala Segunda de la Corte, 05-09-2018

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha05 Septiembre 2018
Número de sentencia2018-001517
Número de resolución*130028041178LA*   Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA   Exp: 13-002804-1178-LA 2018-001517 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil dieciocho.               Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por GERARDO NAPOLEÓN VARGAS MÉNDEZ, casado, oficial de seguridad, contra el CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN representado por su apoderada generalísima Elena Quesada Serrano, soltera, periodista, y el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Ana Lorena Pérez Mora, estado civil que no consta en autos. Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, el licenciado Luis Roberto Canales Ugarte, soltero y del Consejo co-demandado, la licenciada Rosa Eugenia Castro Zamora, divorciada, de domicilio desconocido. Todos mayores, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas. RESULTANDO:               1.- El actor, en escrito de demanda presentado el treinta y uno de octubre de dos mil trece, promovió la presente acción para que en sentencia se condenara a la parte demandada al reconocimiento y pago retroactivo del día de descanso absoluto después de siete días ininterrumpidos en el turno de las veintidós horas a las ocho horas, día que no ha disfrutado durante toda la relación laboral; así como al pago de las diferencias que por concepto de aguinaldo, vacaciones y salario escolar correspondan; las diferencias reportadas del fondo de capitalización laboral y pensión complementaria obligatoria desde el inicio de la relación laboral, diciembre de 2004, en forma retroactiva y mientras se mantenga laborando en esas condiciones. Requirió que sobre las rentas vencidas se le cancelaran los intereses legales al tipo indicado en el artículo 1163 del Código Civil, los cuales correrán desde la fecha de presentación de esta demanda y hasta el momento del pago efectivo de todos los extremos laborales reclamados; que los montos que se adeudan sean indexados al momento en que sean efectivamente pagados y el pago de ambas costas del proceso.               2.- La representante estatal contestó la acción en memorial de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece y opuso la excepción de falta de derecho.               3.- La apoderada generalísima del consejo co-demandado contestó la acción en memorial de fecha siete de diciembre de dos mil trece y no opuso excepciones.               4.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por sentencia de las trece horas quince minutos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, dispuso: “Con base en las razones expuestas, preceptos constitucionales y normativos, Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y jurisprudenciales invocados, se declara CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la presente demanda ordinaria laboral interpuesta por GERARDO NAPOLEÓN VARGAS MÉNDEZ con cédula de identidad uno quinientos ochenta y uno trescientos setenta y seis contra EL ESTADO, representado por la Señora Procuradora doña Ana Lorena Pérez Mora y contra el CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. Cancelarán solidariamente al actor el reconocimiento y pago retroactivo del día de descanso absoluto después de seis días ininterrumpidos en el turno de las veintidós horas a las ocho horas, a partir de la fecha de ingreso a laborar con el Estado el 16 de diciembre de dos mil cuatro y hasta la efectiva normalización de las jornadas y horarios con el pago de las diferencias que por concepto de aguinaldo, vacaciones y salario escolar correspondan. Así mismo el debido reporte y pago de las diferencias reportadas del fondo de capitalización laboral y pensión complementaria obligatoria desde el inicio de la relación laboral (diciembre 2004) en forma retroactiva y mientras se mantenga laborando en esas condiciones. Se reconocerá además los intereses sobre la total condenatoria en porcentaje igual al que cancela el Banco Nacional de Costa Rica por los depósitos en colones a seis meses plazo a partir del treinta y uno de octubre de dos mil trece tal como lo pide el actor, y hasta su efectivo pago. Además de ello se cancelará la totalidad de lo adeudado de forma indexada, esto es, se deberá pagar el adeudo de forma actualizada a valor presente en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores para el área metropolitana, que lleva el órgano competente de determinar ese porcentaje, cuya fijación se deja para la etapa de ejecución de sentencia. Además cancelarán ambas costas del proceso, se fijan las personales en el veinte por ciento de la total condenatoria. Todos estos extremos se liquidarán en sede administrativa, liquidando mes a mes lo adeudado, en caso de disconformidad se conocerá en la etapa de ejecución del fallo. Se rechaza la excepción de falta de derecho…” (Sic).               5.- La representación estatal apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, resolvió: “Se declara, que en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión y se confirma en todos sus extremos el fallo en lo que fue objeto de impugnación”.  6.- La representante estatal formuló recurso para ante esta Sala en escrito de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que se dirán en la parte considerativa.               7.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. Redacta la Magistrada Allón Zúñiga; y, CONSIDERANDO:          I.- ANTECEDENTES: El actor formuló la demanda para que se obligue al Estado y también al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven a reconocerle y pagarle retroactivamente el día de descanso absoluto, después de siete días de trabajo ininterrumpido en el turno que va de las diez de la noche a las ocho de la mañana del siguiente día, el cual no ha disfrutado durante toda la relación de servicio. Demandó el pago de las diferencias adeudadas por aguinaldo, vacaciones y salario escolar; así como en los fondos de capitalización laboral y pensión complementaria obligatoria, junto con los intereses, la indexación y las costas. (Archivo digital del Juzgado incorporado el 01-11-2013 a las 08:12:12 en carpeta Escritos). La apoderada del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven contestó negativamente (archivo digital del Juzgado incorporado el 17-12-2013 a las 09:20:56 en carpeta Escritos). De igual forma lo hizo la representante del Estado, quien además opuso la excepción de falta de derecho (archivo digital del Juzgado incorporado el 20-12-2013 a las 08:04:05 horas en carpeta Escritos). En primera instancia se acogieron parcialmente las pretensiones y se dispuso que el Estado deberá reconocerle al servidor el pago retroactivo del día de descanso absoluto después de seis días ininterrumpidos en el turno de las veintidós a las ocho horas, desde su ingreso a laborar con el Estado y hasta la efectiva normalización de las jornadas y horarios. Se ordenó el pago de las diferencias resultantes en los aguinaldos, vacaciones, salario escolar y en los fondos de capitalización laboral y de pensión complementaria obligatoria. Sobre el monto de la condena se concedieron los intereses legales y la indexación. Se condenó al demandado a pagar ambas costas y se fijaron las personales en el veinte por ciento de la condenatoria. (Archivo digital del Juzgado incorporado el 18-12-2014 a las 14:52:33 en carpeta Documentos Asociados). La representante estatal formuló recurso de apelación (archivo digital del Juzgado incorporado el 04-02-2015 a las 10:54:03 en carpeta Escritos), pero el Tribunal confirmó lo resuelto (archivo digital del Tribunal incorporado el 27-04-2017 a las 15:10:20 en carpeta Documentos Asociados).          II.- AGRAVIOS: Ante la Sala, la procuradora muestra disconformidad con lo resuelto por el Tribunal. Objeta que se hayan otorgado las diferencias salariales correspondientes al día de descanso semanal por los períodos respectivos, desde el dieciséis de diciembre de 2004, con su respectiva indexación e intereses. Disiente de lo así razonado debido a que su representado siempre se ajustó a lo resuelto sobre el tema por la Sala Constitucional en el voto 2001-10842, así como por la Sala Segunda en algunas de sus sentencias. Agrega que en esos pronunciamientos se hizo alusión al alcance que debe darse al ordinal 58 de la Constitución Política y al 152 del Código de Trabajo en cuanto el derecho es a un descanso de veinticuatro horas continuas, lo cual sí le fue otorgado al accionante en este asunto. Considera que su representado, lejos de haber actuado al margen de la buena fe, lo que hizo fue ajustarse al principio de vinculación positiva y proceder conforme con los referidos criterios jurisprudenciales de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional. Acota que de acuerdo con lo previsto en el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia y precedentes de la Sala Constitucional son vinculantes -erga omnes- salvo para sí misma. Agrega que en el voto indicado se declaró la acción sin lugar en cuanto se dirigió contra el párrafo primero del artículo 152 del Código de Trabajo y se señaló que no resultaba inconstitucional esa norma siempre y cuando se interpretara que la frase “después de cada semana o cada seis días de trabajo continuo” no contiene una alternativa u opción para el empleador, sino que se refiere a dos situaciones de hecho distintas. Afirma que de acuerdo con lo plasmado en los roles de trabajo aportados a los autos y con base en los cuales el actor prestó sus servicios, se infiere que entre cada uno de ellos o el cambio de turno, no sólo mediaron las horas no trabajadas tras completar el último día de labores de un rol determinado, sino también las veinticuatro horas completas del respectivo día libre semanal. Asegura que la Sala Segunda en el voto número 734 del 5 de octubre de 2007, exteriorizó un nuevo razonamiento aplicable en casos como el presente, pero lo actuado por su representado con antelación al referido cambio de criterio estuvo siempre ajustado a derecho, por lo que no es procedente ni justa la condena impuesta con rige desde el 5 de enero de 1995 (sic). Considera que resolver lo contrario comportaría un quebranto del principio de seguridad jurídica que genera la jurisprudencia de las citadas salas de la Corte, con la consecuente inobservancia del principio de legalidad. No concuerda con lo dispuesto en la sentencia recurrida sobre la inaplicación en este asunto del ordinal 7 de la Ley General de la Administración Pública, ya que si esa norma dispone que la jurisprudencia sirve para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico y tiene el rango de la norma que interpreta, integra o delimita, no debe existir razón válida para desconocer sus alcances y establecer con ello que su representado procedió sin sustento durante el mencionado periodo, de manera que ninguna injusticia se pudo cometer contra el actor. Expone que con anterioridad al 5 de octubre de 2007, lo único que su representado hizo fue concordar el proceder a los alcances que los referidos órganos jurisdiccionales le habían dado hasta entonces a los mencionados artículos 58 y 152. Según explica, el Tribunal razonó que debido a que el salario del accionante era mensual y, como tal, comprendía el pago de treinta días del mes, la sanción económica es pagar el salario del demandante en forma sencilla, pero finalmente resolvió confirmar en todos sus extremos la sentencia de primera instancia. Dice que lo así dispuesto es contradictorio y carece de sustento fáctico legal por cuanto si la indicada remuneración se paga por mes o quincena, queda cubierto el salario de todos los días, incluidos los de descanso y feriados, y el patrono cumple con la doble retribución con sólo cancelar un pago adicional a la forma sencilla que ya ha incluido en el pago quincenal o mensual. Sostiene que el salario del demandante es mensual a liquidar en dos quincenas, por lo cual su representado sólo podría ser conminado al pago del importe necesario para completar el doble que establece el párrafo segundo del citado artículo 152, es decir, el pago sencillo en forma adicional al que ya percibió, pues lo contrario conllevaría a un enriquecimiento sin causa del actor en perjuicio del erario público. Discrepa del criterio de los juzgadores de mantener la condena en costas a su representado con fundamento en la posición jurídica de la representación estatal y en la oposición formulada a esta litis, lo cual –según el órgano de alzada- provocó que el actor se viera obligado a acudir a la vía judicial y debiera cubrir los gastos que ello demanda. No obstante, la recurrente critica que no se haya ponderado que la referida oposición se basó en la falta de prueba idónea del actor respecto a los roles laborados desde el 16 de diciembre de 2004 y en que lo actuado por su representado hasta el 5 de octubre de 2007 se encontraba apegado a derecho. Niega haber actuado de mala fe. Solicita se revoque lo dispuesto sobre costas y se exonere a su representado del pago de esos gastos conforme al numeral 222 del Código Procesal Civil o, en su defecto, que dicha condenatoria se reduzca al extremo menor del 15% en atención a la labor desplegada por el accionante en el proceso. Por último, pide se acoja el recurso y se declare sin lugar la demanda. (Archivo digital de la Sala incorporado el 09-05-2017 a las 10:29:18 en carpeta Documentos Asociados).           III.- ANÁLISIS DEL CASO: Según la posición del actor, él no disfrutaba semanalmente de un día de descanso absoluto cuando finalizaba el rol con horario nocturno y pasaba de inmediato al rol mixto al siguiente día, por lo que no se cumplía lo dispuesto en el artículo 152 del Código de Trabajo. Así, luego de laborar en el turno que comprendía de las diez de la noche a las ocho de la mañana del siguiente, volvía a ingresar a la tres de la tarde del próximo día, por lo que en ambos días debía trabajar algunas horas. La representación del Estado contestó la demanda en forma negativa y sostuvo que eso no es cierto porque el demandante nunca entró a laborar el mismo día que salía de hacerlo, por lo que sí se le concedía el descanso de ley. No obstante, a pesar de las alegaciones hechas en la contestación y en el recurso ante la Sala, se logra concluir que, efectivamente, el Estado no cumplió su obligación de otorgar un día de descanso absoluto, computado de las cero a las veinticuatro horas. Los agravios formulados en relación con este punto deben desestimarse. De la prueba y de las declaraciones evacuadas, queda claramente probado que el accionante tenía que laborar algunas horas de lo que se consideraba su “día libre” (de las cero a las ocho horas), con lo cual no se cumplía la obligación legal de conceder un día de descanso absoluto en el sentido que se explicará enseguida (testimonios de Ricardo Gerardo Robles Jiménez y Rodrigo Campos Valerio). El Tribunal dejó claro que el rol donde se presentaba la controversia es cuando el actor salía a las ocho de la mañana, disfrutaba todo ese día de descanso semanal, pero debía ingresar a laborar en horario mixto a las quince horas del día siguiente. Para ello, los juzgadores de instancia explicaron lo siguiente: "...al actor no se le daba veinticuatro horas completas de descanso semanal, ya que se estaba tomando, las doce horas del día anterior, como parte de su día de descanso, lo cual no es procedente, ya que ese tiempo de descanso, son las normales que un trabajador debe gozar después de trabajar un día de trabajo efectivo, por lo que esas horas no son compensables para efectos de su día de descanso, ya que el mismo comienza al día siguiente y debe dársele el plazo de veinticuatro horas, por lo que la A–quo resolvió en buena forma este litigio. Ahora bien, si lo que trataba hacer ver el demandado era que se estaba contabilizando el período de descanso del accionante desde la hora de la salida del accionante en el turno de nocturno ya indicado, lo que debió darse es un lapso de treinta y seis horas, para que el día de descanso esté bien proporcionado, de acuerdo a los parámetros que establece el numeral 152 del Código de Trabajo –Ley 2 del veintisiete de setiembre de mil novecientos cuarenta y tres-, precepto legal que desarrolla el cardinal constitucional 59, por ello yerra el accionado en ese sentido y por ello bien hizo bien la jueza de instancia en condenar a éste último al pago de días de descanso no pagados en forma debida, ya que lo debió pagar doble, pero en el caso de la accionante como su salario es mensual están contemplados el pago de los treinta días del mes, por lo que la sanción económica es pagar el salario de la demandante en forma sencilla, para completar el mismo y cumplir con los lineamientos que establece el cardinal ut supra". Esta Sala estima que debe confirmarse lo resuelto por el Tribunal, pero por razones distintas. Como se evidencia, ese órgano hizo referencia a un descanso de veinticuatro horas adicionales a las doce de descanso diario que tenía el actor. Esa tesis de treinta y seis horas de descanso resulta acertada en tanto da una mayor flexibilidad y siempre la persona trabajadora tendría el periodo de veinticuatro horas al que ha hecho referencia la Sala Constitucional, aunado al descanso diario. Dicho razonamiento tampoco contradice la más reciente jurisprudencia emitida por esta Sala sobre el tema. En este sentido, en la sentencia número 787, de las 11:20 horas del 17 de julio de 2015, se explicó: “El tema que se trata en este expediente, acerca del descanso semanal de los trabajadores en horarios rotativos, ha sido tratado en ocasiones anteriores por esta Sala. La jurisprudencia ha variado con el tiempo, sin embargo, en las resoluciones más recientes, esta Sala se ha decantado por considerar que las personas trabajadoras deben gozar, tanto de descanso diario después de su jornada laboral, como de descanso semanal, éste último constante de al menos un día completo de conformidad con lo establecido por el artículo 152 del Código de Trabajo. En este sentido se dijo en la resolución n.º 1243-13 de las 9:35 horas del 30 de octubre del 2013: ‘(…) La obligación de conceder ese día de descanso responde a la natural necesidad de que la persona trabajadora pueda realmente recuperarse, física y mentalmente, de la fatiga producida por el trabajo de cada día. Constituye un derecho fundamental, que garantiza también el derecho a la salud -física y emocional-, al tiempo que permite un adecuado desarrollo de la necesaria vida en familia, al promoverse tanto la convivencia como el indispensable esparcimiento. (…) Tal y como se advierte en el recurso, la interpretación del numeral 152 citado ha sido en esos términos, ya que es la forma en que se estima garantizado el cumplimiento de la finalidad del descanso, cual es que la persona trabajadora pueda desvincularse un día completo de sus labores, a fin de que pueda disponer de ese tiempo para el descanso, el esparcimiento o la vida social o en familia, sin estar al pendiente de que en un momento determinado de ese día deba atender cuestiones de índole laboral. En ese sentido, en la sentencia número 746, de las 11:42 horas del 24 de agosto de 2012, en forma expresa, se indicó: ‘…esta Sala ha resuelto que se debe tratar de un día absoluto de descanso -de las 0 a las 24 horas- sin que de la normativa atinente se desprenda la posibilidad de compensar periodos menores en diferentes días (véanse al respecto los votos de esta Sala números 606, de las 10:25 horas del 3 de julio de 2009; 94, de las 10:25 horas del 28 de enero de 2011; y 9, de las 10:00 horas del 13 de enero de 2012). Ahora bien, en el asunto que se conoce, la parte empleadora no acreditó que a la trabajadora se le concediera un día completo de descanso’.  Con base en esa misma premisa, también se ha dicho que aun cuando se otorguen descansos continuos de veinticuatro horas o más (treinta y seis, por ejemplo), no se cumple la finalidad de la norma si la persona que trabaja tiene que disponer al menos de ciertas horas del día para cumplir con sus responsabilidades laborales.’ Tal es el caso que nos ocupa, en el cual, el trabajador salía de su día laboral a las 6:00 am y volvía a ingresar al día siguiente a las 2:00 pm, es decir, 32 horas después de haber salido de su rol anterior. Esto trajo como consecuencia que nunca haya tenido un día de descanso absoluto entre estos dos roles, ya que terminaba de laborar un día y al día siguiente ya estaba trabajando, aún cuando fuera 32 horas después de haber salido del rol anterior. En los términos de la sentencia transcrita, ambos días debía destinar una parte de dos días consecutivos a labores propias de su trabajo, por lo que no contaba con un día completo de descanso absoluto. De esta manera, no lleva razón la representación estatal en este aspecto, por lo que la sentencia recurrida debe ser confirmada en este punto”. (Fin de la cita textual). Por otra parte, la representante del Estado pretende que el derecho se conceda a partir del momento cuando operó un cambio en la jurisprudencia sobre la materia; por cuanto, antes de la sentencia de esta Sala número 734, dictada el 5 de octubre de 2007, se entendía que el derecho consistía en la concesión de veinticuatro horas seguidas de descanso. Aunque es cierto que hubo un criterio conforme al cual la obligación de conceder un día libre por cada seis de trabajo se tenía por cumplida con el descanso continuo de veinticuatro horas, ello no puede conllevar a que los asuntos actuales se resuelvan conforme a la evolución de los criterios jurisprudenciales, resolviendo los casos por períodos, según la jurisprudencia vigente en cada momento. En relación con este tema, en la sentencia número 27, de las 10:00 horas del 23 de enero de 2004 se indicó: “Por las mismas razones, tampoco es de recibo el reparo a propósito de la alegada aplicación retroactiva de la jurisprudencia constitucional, en perjuicio –supuestamente- de derechos adquiridos del recurrente. Nadie puede invocar una especie de congelamiento del ordenamiento jurídico, siendo cambiante, como lo es, la sociedad y por ende sus normas. En igual sentido, tampoco se puede pretender que la jurisprudencia permanezca inmóvil. De ahí el concepto de jurisprudencia progresiva; y que, el mismo artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establezca que, si bien la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes; no lo son para la misma Sala Constitucional. De modo que, al no existir retroacción de la ley, ninguna prohibición existe al respecto. Por el contrario, la infracción se produciría si, en vez de invocar la más reciente jurisprudencia de esa Sala, como lo hicieron los Jueces de Alzada para sustentar su fallo; hubiesen aplicado precedentes anteriores, como los invocados por el recurrente. Lo cual iría justamente en contra del propósito y fines del principio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas del artículo 9 del Código Civil, que dispone: 'La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho'.’ (En similar sentido pueden consultarse las sentencias de esta Sala, números 579, de las 15:00 horas del 7 de junio de 2000; 496, de las 10:30 horas del 9 de octubre; 642, de las 9:30 horas del 13 de diciembre, ambas de 2002; y, 433, de las 11:00 horas del 13 de agosto de 2003). En relación con el tema, la Sala Constitucional también explicó: ‘Se alega que esa Sala había creado una norma no escrita, pero que como tal es fuente de derecho y no puede ser modificada en perjuicio de situaciones como en la que se encontró…, toda vez que con ella resolvió varios casos en particular con la regla jurisprudencial que regía en aquélla época. Expuesto el planteamiento del accionante, esta Sala estima que el objeto de la presente acción radica en determinar si la variación de una norma jurisprudencial como fuente material no escrita debe tener el mismo trato jurídico que una Ley formal. Planteadas así las cosas, esta Sala incursiona en un tema cuya discusión resulta escasa en la jurisdicción constitucional, se refiere a la regla del precedente en la jurisdicción ordinaria y su vigencia en todas las aristas de la vida social de la Nación. Precisamente, cuando se pretende que la norma jurisprudencial de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia permanezca actual para los Tribunales ordinarios como para sí misma, se pide a la Sala declararla una fuente formal escrita con carácter vinculante para todas las relaciones sociales que se suscitaron durante su vigencia./ Nuestro ordenamiento jurídico sigue el sistema romano-germánico, el cual da mayor preponderancia a la ley que a la jurisprudencia, pues aquella se la considera como la fuente formal y creadora de Derecho. La Constitución Política impone al Poder Judicial lo que expresa el artículo 154, en cuanto dice: 'El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos'… /El precedente judicial, entonces, si bien ha ido adquiriendo un peso especial en nuestro sistema jurídico, a la luz de lo que dispone el artículo 9 del Código Civil, tiene como fin darle sustancia al ordenamiento jurídico con la doctrina desarrollada por los Tribunales de cúspide al interpretar la ley, la costumbre y los principios generales de Derecho, mas no es una fuente formal de Derecho como lo pretende el accionante. La función de la Casación es velar por el principio de seguridad jurídica e igualdad, de modo que no se permita que el ordenamiento jurídico se inestabilice con resoluciones abierta e inexplicablemente contradictorias. Pero como fuente material no escrita del derecho, no se puede entender que la jurisprudencia resulta también inmutable, pues es la porción más viva del Derecho, y que cambia para amoldarse casuísticamente a las nuevas situaciones sociales y económicas que pretende solucionar. No hay, pues, un derecho adquirido a una determinada línea jurisprudencial, lo cual atenta contra la normal evolución del pensamiento de los hombres y la sociedad misma. La jurisprudencia puede variar por diferentes razones, como la composición del propio tribunal juzgador, y su tratamiento dista de las fuentes formales del derecho, como en el supuesto de la ley, pues trata de solucionar casos particulares en una sociedad. Dentro de los caracteres de la Ley está la de ser general, de allí que los efectos contradictorios del cambio jurisprudencial que denota el accionante, los lograría mediante disposiciones derogatorias o transitorias, que por obvias razones no puede lograrse en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios. Los jueces deciden los casos individualmente con independencia y ello implica que pueden fallar acorde con la jurisprudencia del superior o según dicta su razón, de allí que el problema descrito por el accionante no se configura como derecho adquirido o situación jurídica consolidada’ (sentencia 5415, de las 14:46 horas del 25 de junio de 2003). Con base en lo expuesto, queda claro que no resulta posible dirimir la contienda como se pretende, es decir separadamente por períodos, del inicio de la relación en diciembre de 2004 al 5 de octubre de 2007 (en que se dictó la sentencia de esta Sala 734-2007) de una forma; y a partir de esta última fecha y a futuro, de manera distinta, según los criterios jurisprudenciales que imperaron en cada momento. Aunado a lo expuesto, resulta de interés hacer ver que esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares al presente, sin que advierta motivos que hagan posible variar la decisión adoptada en esos otros casos (consúltense las sentencias 741, de las 10:25 horas del 3 de julio de 2013 y 787, de las 11:20 horas del 17 de julio de 2015)”. Por otra parte, no lleva razón la recurrente en cuanto a que se haya condenado a su representado a pagar el día de descanso semanal en forma doble. La impugnante estima, en ese sentido, que al ser el pago mensual o quincenal, ya se consideró la retribución en forma sencilla. Como lo explicó el Tribunal, en la sentencia lo que se ordenó fue el pago del otro tanto adeudado y no el pago doble, por lo que su protesta carece de interés. IV.- SOBRE LAS COSTAS: La procuradora también pretende que se exonere a su representado del pago de costas. Sobre este punto, la regla es imponer dicha obligación a la parte que resultó vencida (artículo 221, Código Procesal Civil aplicable supletoriamente en esta materia). Conforme al numeral 222 ídem, quien juzga puede ejercer la facultad legal de eximirla de ese pago, cuando se presencie alguno de los supuestos que la norma prevé. Analizado el actuar procesal de la demandada y de acuerdo con lo resuelto en el anterior considerando, la Sala no advierte la presencia de alguna de las causas de exención. La referida por la recurrente no se presenta en este caso porque finalmente se acogieron las pretensiones principales y no se acreditó la evidente buena fe que se invoca y, al contrario, de forma insistente se han negado pretensiones procedentes del accionante, de manera que se trata de una obligación legal que el demandado debe asumir en su condición de parte perdidosa. Tampoco procede rebajar las costas personales porque el porcentaje fijado se estima acorde con los parámetros establecidos por el numeral 495 del Código de Trabajo. V.- CONSIDERACIONES FINALES: A la luz de lo explicado, lo procedente es confirmar el fallo impugnado en lo que fue objeto de recurso y por las razones antes mencionadas. POR TANTO:          En lo que fue motivo de recurso, se confirma la sentencia recurrida.     Orlando Aguirre Gómez     Julia Varela Araya                                           Luis Porfirio Sánchez Rodríguez         Héctor Luis Blanco González                                               Flora Marcela Allón Zúñiga                                                 HVARGASP/drm   1
Número de expedienteExp:
20170005000860-1145813-1.rtf

*130028041178LA*

Corte Suprema de Justicia

SALA SEGUNDA

Exp: 13-002804-1178-LA

Res: 2018-001517

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil dieciocho.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por GERARDO NAPOLEÓN VARGAS MÉNDEZ, casado, oficial de seguridad, contra el CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN representado por su apoderada generalísima Elena Quesada Serrano, soltera, periodista, y el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Ana Lorena Pérez Mora, estado civil que no consta en autos. Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, el licenciado Luis Roberto Canales Ugarte, soltero y del Consejo co-demandado, la licenciada Rosa Eugenia Castro Zamora, divorciada, de domicilio desconocido. Todos mayores, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:

1.- El actor, en escrito de demanda presentado el treinta y uno de octubre de dos mil trece, promovió la presente acción para que en sentencia se condenara a la parte demandada al reconocimiento y pago retroactivo del día de descanso absoluto después de siete días ininterrumpidos en el turno de las veintidós horas a las ocho horas, día que no ha disfrutado durante toda la relación laboral; así como al pago de las diferencias que por concepto de aguinaldo, vacaciones y salario escolar correspondan; las diferencias reportadas del fondo de capitalización laboral y pensión complementaria obligatoria desde el inicio de la relación laboral, diciembre de 2004, en forma retroactiva y mientras se mantenga laborando en esas condiciones. Requirió que sobre las rentas vencidas se le cancelaran los intereses legales al tipo indicado en el artículo 1163 del Código Civil, los cuales correrán desde la fecha de presentación de esta demanda y hasta el momento del pago efectivo de todos los extremos laborales reclamados; que los montos que se adeudan sean indexados al momento en que sean efectivamente pagados y el pago de ambas costas del proceso.

2.- La representante estatal contestó la acción en memorial de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece y opuso la excepción de falta de derecho.

3.- La apoderada generalísima del consejo co-demandado contestó la acción en memorial de fecha siete de diciembre de dos mil trece y no opuso excepciones.

4.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por sentencia de las trece horas quince minutos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, dispuso:Con base en las razones expuestas, preceptos constitucionales y normativos, Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y jurisprudenciales invocados, se declara CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la presente demanda ordinaria laboral interpuesta por GERARDO NAPOLEÓN VARGAS MÉNDEZ con cédula de identidad uno quinientos ochenta y uno trescientos setenta y seis contra EL ESTADO, representado por la Señora Procuradora doña Ana Lorena Pérez Mora y contra el CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. Cancelarán solidariamente al actor el reconocimiento y pago retroactivo del día de descanso absoluto después de seis días ininterrumpidos en el turno de las veintidós horas a las ocho horas, a partir de la fecha de ingreso a laborar con el Estado el 16 de diciembre de dos mil cuatro y hasta la efectiva normalización de las jornadas y horarios con el pago de las diferencias que por concepto de aguinaldo, vacaciones y salario escolar correspondan. Así mismo el debido reporte y pago de las diferencias reportadas del fondo de capitalización laboral y pensión complementaria obligatoria desde el inicio de la relación laboral (diciembre 2004) en forma retroactiva y mientras se mantenga laborando en esas condiciones. Se reconocerá además los intereses sobre la total condenatoria en porcentaje igual al que cancela el Banco Nacional de Costa Rica por los depósitos en colones a seis meses plazo a partir del treinta y uno de octubre de dos mil trece tal como lo pide el actor, y hasta su efectivo pago. Además de ello se cancelará la totalidad de lo adeudado de forma indexada, esto es, se deberá pagar el adeudo de forma actualizada a valor presente en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores para el área metropolitana, que lleva el órgano competente de determinar ese porcentaje, cuya fijación se deja para la etapa de ejecución de sentencia. Además cancelarán ambas costas del proceso, se fijan las personales en el veinte por ciento de la total condenatoria. Todos estos extremos se liquidarán en sede administrativa, liquidando mes a mes lo adeudado, en caso de disconformidad se conocerá en la etapa de ejecución del fallo. Se rechaza la excepción de falta de derecho…” (Sic).

5.- La representación estatal apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, resolvió:Se declara, que en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión y se confirma en todos sus extremos el fallo en lo que fue objeto de impugnación”.

6.- La representante estatal formuló recurso para ante esta Sala en escrito de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que se dirán en la parte considerativa.

7.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Allón Zúñiga; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: El actor formuló la demanda para que se obligue al Estado y también al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven a reconocerle y pagarle retroactivamente el día de descanso absoluto, después de siete días de trabajo ininterrumpido en el turno que va de las diez de la noche a las ocho de la mañana del siguiente día, el cual no ha disfrutado durante toda la relación de servicio. Demandó el pago de las diferencias adeudadas por aguinaldo, vacaciones y salario escolar; así como en los fondos de capitalización laboral y pensión complementaria obligatoria, junto con los intereses, la indexación y las costas. (Archivo digital del Juzgado incorporado el 01-11-2013 a las 08:12:12 en carpeta Escritos). La apoderada del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven contestó negativamente (archivo digital del Juzgado incorporado el 17-12-2013 a las 09:20:56 en carpeta Escritos). De igual forma lo hizo la representante del Estado, quien además opuso la excepción de falta de derecho (archivo digital del Juzgado incorporado el 20-12-2013 a las 08:04:05 horas en carpeta Escritos). En primera instancia se acogieron parcialmente las pretensiones y se dispuso que el Estado deberá reconocerle al servidor el pago retroactivo del día de descanso absoluto después de seis días ininterrumpidos en el turno de las veintidós a las ocho horas, desde su ingreso a laborar con el Estado y hasta la efectiva normalización de las jornadas y horarios. Se ordenó el pago de las diferencias resultantes en los aguinaldos, vacaciones, salario escolar y en los fondos de capitalización laboral y de pensión complementaria obligatoria. Sobre el monto de la condena se concedieron los intereses legales y la indexación. Se condenó al demandado a pagar ambas costas y se fijaron las personales en el veinte por ciento de la condenatoria. (Archivo digital del Juzgado incorporado el 18-12-2014 a las 14:52:33 en carpeta Documentos Asociados). La representante estatal formuló recurso de apelación (archivo digital del Juzgado incorporado el 04-02-2015 a las 10:54:03 en carpeta Escritos), pero el Tribunal confirmó lo resuelto (archivo digital del Tribunal incorporado el 27-04-2017 a las 15:10:20 en carpeta Documentos Asociados).

II.- AGRAVIOS: Ante la Sala, la procuradora muestra disconformidad con lo resuelto por el Tribunal. Objeta que se hayan otorgado las diferencias salariales correspondientes al día de descanso semanal por los períodos respectivos, desde el dieciséis de diciembre de 2004, con su respectiva indexación e intereses. Disiente de lo así razonado debido a que su representado siempre se ajustó a lo resuelto sobre el tema por la Sala Constitucional en el voto 2001-10842, así como por la Sala Segunda en algunas de sus sentencias. Agrega que en esos pronunciamientos se hizo alusión al alcance que debe darse al ordinal 58 de la Constitución Política y al 152 del Código de Trabajo en cuanto el derecho es a un descanso de veinticuatro horas continuas, lo cual sí le fue otorgado al accionante en este asunto. Considera que su representado, lejos de haber actuado al margen de la buena fe, lo que hizo fue ajustarse al principio de vinculación positiva y proceder conforme con los referidos criterios jurisprudenciales de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional. Acota que de acuerdo con lo previsto en el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia y precedentes de la Sala Constitucional son vinculantes -erga omnes- salvo para sí misma. Agrega que en el voto indicado se declaró la acción sin lugar en cuanto se dirigió contra el párrafo primero del artículo 152 del Código de Trabajo y se señaló que no resultaba inconstitucional esa norma siempre y cuando se interpretara que la frase “después de cada semana o cada seis días de trabajo continuo” no contiene una alternativa u opción para el empleador, sino que se refiere a dos situaciones de hecho distintas. Afirma que de acuerdo con lo plasmado en los roles de trabajo aportados a los autos y con base en los cuales el actor prestó sus servicios, se infiere que entre cada uno de ellos o el cambio de turno, no sólo mediaron las horas no trabajadas tras completar el último día de labores de un rol determinado, sino también las veinticuatro horas completas del respectivo día libre semanal. Asegura que la Sala Segunda en el voto número 734 del 5 de octubre de 2007, exteriorizó un nuevo razonamiento aplicable en casos como el presente, pero lo actuado por su representado con antelación al referido cambio de criterio estuvo siempre ajustado a derecho, por lo que no es procedente ni justa la condena impuesta con rige desde el 5 de enero de 1995 (sic). Considera que resolver lo contrario comportaría un quebranto del principio de seguridad jurídica que genera la jurisprudencia de las citadas salas de la Corte, con la consecuente inobservancia del principio de legalidad. No concuerda con lo dispuesto en la sentencia recurrida sobre la inaplicación en este asunto del ordinal 7 de la Ley General de la Administración Pública, ya que si esa norma dispone que la jurisprudencia sirve para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico y tiene el rango de la norma que interpreta, integra o delimita, no debe existir razón válida para desconocer sus alcances y establecer con ello que su representado procedió sin sustento durante el mencionado periodo, de manera que ninguna injusticia se pudo cometer contra el actor. Expone que con anterioridad al 5 de octubre de 2007, lo único que su representado hizo fue concordar el proceder a los alcances que los referidos órganos jurisdiccionales le habían dado hasta entonces a los mencionados artículos 58 y 152. Según explica, el Tribunal razonó que debido a que el salario del accionante era mensual y, como tal, comprendía el pago de treinta días del mes, la sanción económica es pagar el salario del demandante en forma sencilla, pero finalmente resolvió confirmar en todos sus extremos la sentencia de primera instancia. Dice que lo así dispuesto es contradictorio y carece de sustento fáctico legal por cuanto si la indicada remuneración se paga por mes o quincena, queda cubierto el salario de todos los días, incluidos los de descanso y feriados, y el patrono cumple con la doble retribución con sólo cancelar un pago adicional a la forma sencilla que ya ha incluido en el pago quincenal o mensual. Sostiene que el salario del demandante es mensual a liquidar en dos quincenas, por lo cual su representado sólo podría ser conminado al pago del importe necesario para completar el doble que establece el párrafo segundo del citado artículo 152, es decir, el pago sencillo en forma adicional al que ya percibió, pues lo contrario conllevaría a un enriquecimiento sin causa del actor en perjuicio del erario público. Discrepa del criterio de los juzgadores de mantener la condena en costas a su representado con fundamento en la posición jurídica de la representación estatal y en la oposición formulada a esta litis, lo cual –según el órgano de alzada- provocó que el actor se viera obligado a acudir a la vía judicial y debiera cubrir los gastos que ello demanda. No obstante, la recurrente critica que no se haya ponderado que la referida oposición se basó en la falta de prueba idónea del actor respecto a los roles laborados desde el 16 de diciembre de 2004 y en que lo actuado por su representado hasta el 5 de octubre de 2007 se encontraba apegado a derecho. Niega haber actuado de mala fe. Solicita se revoque lo dispuesto sobre costas y se exonere a su representado del pago de esos gastos conforme al numeral 222 del Código Procesal Civil o, en su defecto, que dicha condenatoria se reduzca al extremo menor del 15% en atención a la labor desplegada por el accionante en el proceso. Por último, pide se acoja el recurso y se declare sin lugar la demanda. (Archivo digital de la Sala incorporado el 09-05-2017 a las 10:29:18 en carpeta Documentos Asociados).

III.- ANÁLISIS DEL CASO: Según la posición del actor, él no disfrutaba semanalmente de un día de descanso absoluto cuando finalizaba el rol con horario nocturno y pasaba de inmediato al rol mixto al siguiente día, por lo que no se cumplía lo dispuesto en el artículo 152 del Código de Trabajo. Así, luego de laborar en el turno que comprendía de las diez de la noche a las ocho de la mañana del siguiente, volvía a ingresar a la tres de la tarde del próximo día, por lo que en ambos días debía trabajar algunas horas. La representación del Estado contestó la demanda en forma negativa y sostuvo que eso no es cierto porque el demandante nunca entró a laborar el mismo día que salía de hacerlo, por lo que sí se le concedía el descanso de ley. No obstante, a pesar de las alegaciones hechas en la contestación y en el recurso ante la Sala, se logra concluir que, efectivamente, el Estado no cumplió su obligación de otorgar un día de descanso absoluto, computado de las cero a las veinticuatro horas. Los agravios formulados en relación con este punto deben desestimarse. De la prueba y de las declaraciones evacuadas, queda claramente probado que el accionante tenía que laborar algunas horas de lo que se consideraba su “día libre” (de las cero a las ocho horas), con lo cual no se cumplía la obligación legal de conceder un día de descanso absoluto en el sentido que se explicará enseguida (testimonios de Ricardo Gerardo Robles Jiménez y Rodrigo Campos Valerio). El Tribunal dejó claro que el rol donde se presentaba la controversia es cuando el actor salía a las ocho de la mañana, disfrutaba todo ese día de descanso semanal, pero debía ingresar a laborar en horario mixto a las quince horas del día siguiente. Para ello, los juzgadores de instancia explicaron lo siguiente: "...al actor no se le daba veinticuatro horas completas de descanso semanal, ya que se estaba tomando, las doce horas del día anterior, como parte de su día de descanso, lo cual no es procedente, ya que ese tiempo de descanso, son las normales que un trabajador debe gozar después de trabajar un día de trabajo efectivo, por lo que esas horas no son compensables para efectos de su día de descanso, ya que el mismo comienza al día siguiente y debe dársele el plazo de veinticuatro horas, por lo que la A–quo resolvió en buena forma este litigio. Ahora bien, si lo que trataba hacer ver el demandado era que se estaba contabilizando el período de descanso del accionante desde la hora de la salida del accionante en el turno de nocturno ya indicado, lo que debió darse es un lapso de treinta y seis horas, para que el día de descanso esté bien proporcionado, de acuerdo a los parámetros que establece el numeral 152 del Código de Trabajo –Ley 2 del veintisiete de setiembre de mil novecientos cuarenta y tres-, precepto legal que desarrolla el cardinal constitucional 59, por ello yerra el accionado en ese sentido y por ello bien hizo bien la jueza de instancia en condenar a éste último al pago de días de descanso no pagados en forma debida, ya que lo debió pagar doble, pero en el caso de la accionante como su salario es mensual están contemplados el pago de los treinta días del mes, por lo que la sanción económica es pagar el salario de la demandante en forma sencilla, para completar el mismo y cumplir con los lineamientos que establece el cardinal ut supra". Esta Sala estima que debe confirmarse lo resuelto por el Tribunal, pero por razones distintas. Como se evidencia, ese órgano hizo referencia a un descanso de veinticuatro horas adicionales a las doce de descanso diario que tenía el actor. Esa tesis de treinta y seis horas de descanso resulta acertada en tanto da una mayor flexibilidad y siempre la persona trabajadora tendría el periodo de veinticuatro horas al que ha hecho referencia la Sala Constitucional, aunado al descanso diario. Dicho razonamiento tampoco contradice la más reciente jurisprudencia emitida por esta Sala sobre el tema. En este sentido, en la sentencia número 787, de las 11:20 horas del 17 de julio de 2015, se explicó: “El tema que se trata en este expediente, acerca del descanso semanal de los trabajadores en horarios rotativos, ha sido tratado en ocasiones anteriores por esta Sala. La jurisprudencia ha variado con el tiempo, sin embargo, en las resoluciones más recientes, esta Sala se ha decantado por considerar que las personas trabajadoras deben gozar, tanto de descanso diario después de su jornada laboral, como de descanso semanal, éste último constante de al menos un día completo de conformidad con lo establecido por el artículo 152 del Código de Trabajo. En este sentido se dijo en la resolución n.º 1243-13 de las 9:35 horas del 30 de octubre del 2013: ‘(…) La obligación de conceder ese día de descanso responde a la natural necesidad de que la persona trabajadora pueda realmente recuperarse, física y mentalmente, de la fatiga producida por el trabajo de cada día. Constituye un derecho fundamental, que garantiza también el derecho a la salud -física y emocional-, al tiempo que permite un adecuado desarrollo de la necesaria vida en familia, al promoverse tanto la convivencia como el indispensable esparcimiento. (…) Tal y como se advierte en el recurso, la interpretación del numeral 152 citado ha sido en esos términos, ya que es la forma en que se estima garantizado el cumplimiento de la finalidad del descanso, cual es que la persona trabajadora pueda desvincularse un día completo de sus labores, a fin de que pueda disponer de ese tiempo para el descanso, el esparcimiento o la vida social o en familia, sin estar al pendiente de que en un momento determinado de ese día deba atender cuestiones de índole laboral. En ese sentido, en la sentencia número 746, de las 11:42 horas del 24 de agosto de 2012, en forma expresa, se indicó: ‘…esta Sala ha resuelto que se debe tratar de un día absoluto de descanso -de las 0 a las 24 horas- sin que de la normativa atinente se desprenda la posibilidad de compensar periodos menores en diferentes días (véanse al respecto los votos de esta Sala números 606, de las 10:25 horas del 3 de julio de 2009; 94, de las 10:25 horas del 28 de enero de 2011; y 9, de las 10:00 horas del 13 de enero de 2012). Ahora bien, en el asunto que se conoce, la parte empleadora no acreditó que a la trabajadora se le concediera un día completo de descanso’. Con base en esa misma premisa, también se ha dicho que aun cuando se otorguen descansos continuos de veinticuatro horas o más (treinta y seis, por ejemplo), no se cumple la finalidad de la norma si la persona que trabaja tiene que disponer al menos de ciertas horas del día para cumplir con sus responsabilidades laborales.’ Tal es el caso que nos ocupa, en el cual, el trabajador salía de su día laboral a las 6:00 am y volvía a ingresar al día siguiente a las 2:00 pm, es decir, 32 horas después de haber salido de su rol anterior. Esto trajo como consecuencia que nunca haya tenido un día de descanso absoluto entre estos dos roles, ya que terminaba de laborar un día y al día siguiente ya estaba trabajando, aún cuando fuera 32 horas después de haber salido del rol anterior. En los términos de la sentencia transcrita, ambos días debía destinar una parte de dos días consecutivos a labores propias de su trabajo, por lo que no contaba con un día completo de descanso absoluto. De esta manera, no lleva razón la representación estatal en este aspecto, por lo que la sentencia recurrida debe ser confirmada en este punto”. (Fin de la cita textual). Por otra parte, la representante del Estado pretende que el derecho se conceda a partir del momento cuando operó un cambio en la jurisprudencia sobre la materia; por cuanto, antes de la sentencia de esta Sala número 734, dictada el 5 de octubre de 2007, se entendía que el derecho consistía en la concesión de veinticuatro horas seguidas de descanso. Aunque es cierto que hubo un criterio conforme al cual la obligación de conceder un día libre por cada seis de trabajo se tenía por cumplida con el descanso continuo de veinticuatro horas, ello no puede conllevar a que los asuntos actuales se resuelvan conforme a la evolución de los criterios jurisprudenciales, resolviendo los casos por períodos, según la jurisprudencia vigente en cada momento. En relación con este tema, en la sentencia número 27, de las 10:00 horas del 23 de enero de 2004 se indicó: “Por las mismas razones, tampoco es de recibo el reparo a propósito de la alegada aplicación retroactiva de la jurisprudencia constitucional, en perjuicio –supuestamente- de derechos adquiridos del recurrente. Nadie puede invocar una especie de congelamiento del ordenamiento jurídico, siendo cambiante, como lo es, la sociedad y por ende sus normas. En igual sentido, tampoco se puede pretender que la jurisprudencia permanezca inmóvil. De ahí el concepto de jurisprudencia progresiva; y que, el mismo artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establezca que, si bien la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes; no lo son para la misma Sala Constitucional. De modo que, al no existir retroacción de la ley, ninguna prohibición existe al respecto. Por el contrario, la infracción se produciría si, en vez de invocar la más reciente jurisprudencia de esa Sala, como lo hicieron los Jueces de Alzada para sustentar su fallo; hubiesen aplicado precedentes anteriores, como los invocados por el recurrente. Lo cual iría justamente en contra del propósito y fines del principio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas del artículo 9 del Código Civil, que dispone: 'La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho'.’ (En similar sentido pueden consultarse las sentencias de esta Sala, números 579, de las 15:00 horas del 7 de junio de 2000; 496, de las 10:30 horas del 9 de octubre; 642, de las 9:30 horas del 13 de diciembre, ambas de 2002; y, 433, de las 11:00 horas del 13 de agosto de 2003). En relación con el tema, la Sala Constitucional también explicó: ‘Se alega que esa Sala había creado una norma no escrita, pero que como tal es fuente de derecho y no puede ser modificada en perjuicio de situaciones como en la que se encontró…, toda vez que con ella resolvió varios casos en particular con la regla jurisprudencial que regía en aquélla época. Expuesto el planteamiento del accionante, esta Sala estima que el objeto de la presente acción radica en determinar si la variación de una norma jurisprudencial como fuente material no escrita debe tener el mismo trato jurídico que una Ley formal. Planteadas así las cosas, esta Sala incursiona en un tema cuya discusión resulta escasa en la jurisdicción constitucional, se refiere a la regla del precedente en la jurisdicción ordinaria y su vigencia en todas las aristas de la vida social de la Nación. Precisamente, cuando se pretende que la norma jurisprudencial de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia permanezca actual para los Tribunales ordinarios como para sí misma, se pide a la Sala declararla una fuente formal escrita con carácter vinculante para todas las relaciones sociales que se suscitaron durante su vigencia./ Nuestro ordenamiento jurídico sigue el sistema romano-germánico, el cual da mayor preponderancia a la ley que a la jurisprudencia, pues aquella se la considera como la fuente formal y creadora de Derecho. La Constitución Política impone al Poder Judicial lo que expresa el artículo 154, en cuanto dice: 'El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos'… /El precedente judicial, entonces, si bien ha ido adquiriendo un peso especial en nuestro sistema jurídico, a la luz de lo que dispone el artículo 9 del Código Civil, tiene como fin darle sustancia al ordenamiento jurídico con la doctrina desarrollada por los Tribunales de cúspide al interpretar la ley, la costumbre y los principios generales de Derecho, mas no es una fuente formal de Derecho como lo pretende el accionante. La función de la Casación es velar por el principio de seguridad jurídica e igualdad, de modo que no se permita que el ordenamiento jurídico se inestabilice con resoluciones abierta e inexplicablemente contradictorias. Pero como fuente material no escrita del derecho, no se puede entender que la jurisprudencia resulta también inmutable, pues es la porción más viva del Derecho, y que cambia para amoldarse casuísticamente a las nuevas situaciones sociales y económicas que pretende solucionar. No hay, pues, un derecho adquirido a una determinada línea jurisprudencial, lo cual atenta contra la normal evolución del pensamiento de los hombres y la sociedad misma. La jurisprudencia puede variar por diferentes razones, como la composición del propio tribunal juzgador, y su tratamiento dista de las fuentes formales del derecho, como en el supuesto de la ley, pues trata de solucionar casos particulares en una sociedad. Dentro de los caracteres de la Ley está la de ser general, de allí que los efectos contradictorios del cambio jurisprudencial que denota el accionante, los lograría mediante disposiciones derogatorias o transitorias, que por obvias razones no puede lograrse en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios. Los jueces deciden los casos individualmente con independencia y ello implica que pueden fallar acorde con la jurisprudencia del superior o según dicta su razón, de allí que el problema descrito por el accionante no se configura como derecho adquirido o situación jurídica consolidada(sentencia 5415, de las 14:46 horas del 25 de junio de 2003). Con base en lo expuesto, queda claro que no resulta posible dirimir la contienda como se pretende, es decir separadamente por períodos, del inicio de la relación en diciembre de 2004 al 5 de octubre de 2007 (en que se dictó la sentencia de esta Sala 734-2007) de una forma; y a partir de esta última fecha y a futuro, de manera distinta, según los criterios jurisprudenciales que imperaron en cada momento. Aunado a lo expuesto, resulta de interés hacer ver que esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares al presente, sin que advierta motivos que hagan posible variar la decisión adoptada en esos otros casos (consúltense las sentencias 741, de las 10:25 horas del 3 de julio de 2013 y 787, de las 11:20 horas del 17 de julio de 2015)”. Por otra parte, no lleva razón la recurrente en cuanto a que se haya condenado a su representado a pagar el día de descanso semanal en forma doble. La impugnante estima, en ese sentido, que al ser el pago mensual o quincenal, ya se consideró la retribución en forma sencilla. Como lo explicó el Tribunal, en la sentencia lo que se ordenó fue el pago del otro tanto adeudado y no el pago doble, por lo que su protesta carece de interés.

IV.- SOBRE LAS COSTAS: La procuradora también pretende que se exonere a su representado del pago de costas. Sobre este punto, la regla es imponer dicha obligación a la parte que resultó vencida (artículo 221, Código Procesal Civil aplicable supletoriamente en esta materia). Conforme al numeral 222 ídem, quien juzga puede ejercer la facultad legal de eximirla de ese pago, cuando se presencie alguno de los supuestos que la norma prevé. Analizado el actuar procesal de la demandada y de acuerdo con lo resuelto en el anterior considerando, la Sala no advierte la presencia de alguna de las causas de exención. La referida por la recurrente no se presenta en este caso porque finalmente se acogieron las pretensiones principales y no se acreditó la evidente buena fe que se invoca y, al contrario, de forma insistente se han negado pretensiones procedentes del accionante, de manera que se trata de una obligación legal que el demandado debe asumir en su condición de parte perdidosa. Tampoco procede rebajar las costas personales porque el porcentaje fijado se estima acorde con los parámetros establecidos por el numeral 495 del Código de Trabajo.

V.- CONSIDERACIONES FINALES: A la luz de lo explicado, lo procedente es confirmar el fallo impugnado en lo que fue objeto de recurso y por las razones antes mencionadas.

POR TANTO:

En lo que fue motivo de recurso, se confirma la sentencia recurrida.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Héctor Luis Blanco González Flora Marcela Allón Zúñiga

HVARGASP/drm

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