Sentencia Nº 2018-001771 de Sala Segunda de la Corte, 26-10-2018

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha26 Octubre 2018
Número de resolución*160006270166LA*   Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA   Exp: 16-000627-0166-LA 2018-001771 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.               Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por CARLOS ALBERTO RIZO BROWN, casado, y ÓSCAR BRENES ZÚÑIGA, en unión de hecho; ambos oficiales de seguridad y vecinos de Limón, contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA), representado por su procuradora adjunta, la licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas. Figura como apoderada especial judicial de la parte actora, la licenciada Marlene Mora Montero. Con las excepciones indicadas, son mayores, casadas, abogadas y vecinas de Alajuela. RESULTANDO:               1.- Los actores, en escrito presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, promovieron la presente acción para que en sentencia se ordene el reajuste de salarios y se condene al demandado al pago de diferencias salariales, diferencias en aguinaldo y vacaciones, daños y perjuicios, indexación, intereses y ambas costas.               2.- La representante del Estado contestó en los términos indicados en el memorial que presentó el siete de setiembre de dos mil dieciséis y opuso la excepción de falta de derecho.               3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sección Primera, por sentencia de las ocho horas treinta minutos del primero de junio de dos mil diecisiete, dispuso: "De conformidad con lo antes expuesto y citas legales mencionadas, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representante estatal y por ende, SE DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la demanda interpuesta por CARLOS RIZO BROWN y OSCAR BRENES ZUÑIGA contra el EL ESTADO. Se condena a los actores al pago de las costas en la suma prudencial de CINCUENTA MIL COLONES cada uno...". (Sic).               4.- La apoderada especial judicial de la parte actora apeló, y el Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Quinta, por sentencia de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, resolvió: "Se declara que, en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión. Se revoca el fallo venido en alzada, y se otorgan diferencias salariales a los actores en el lapso comprendido entre el 15 de mayo del 2015 al 18 de marzo del 2016 ya que a los actores en que cada semana se le adeudaron 8 horas diarias, incluyendo en esas diferencias lo correspondiente a aguinaldo y vacaciones. Se conceden intereses e indexación, desde que debió pagarse cada suma y al efectivo pago, los intereses deberán calcularse al tipo de interés que pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo en colones. Se deniega la cancelación de daños y perjuicios por cuanto en autos no hay apreciación de su existencia, ni siquiera existió una cuantificación por parte de los actores. La defensa de falta de derecho se rechaza, lo anterior en virtud de que quedó demostrado en autos que los demandantes efectivamente tienen derecho al pago de ocho horas por semana efectivamente laboradas y la misma no le fue cancelada. Son ambas costas a cargo de la parte demandada, fijándose las personales en el veinte por ciento de la condenatoria (artículo 221 del Código Procesal Civil)". (Sic). 5.- La representación estatal formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que se dirán en la parte considerativa.               6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.               Redacta el Magistrado Blanco González y, CONSIDERANDO: I.- ANTECEDENTES: los señores Rizo Brown y Brenes Zúñiga refirieron que trabajan como oficiales de seguridad para el Ministerio de Educación Pública –en adelante MEP- desde hace aproximadamente 11 y 6 años, respectivamente, con un rol de 6x1 y una jornada laboral de 8 horas diarias. Según indican, el artículo 33 de la convención colectiva suscrita entre dicho ministerio, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) concede a los oficiales de seguridad 2 días libres y les fija una jornada semanal de 40 horas; disposición que se dejó de aplicar el 15 de mayo de 2015 y se retomó el 18 de marzo de 2016. Solicitaron reajuste de salario, conforme lo dispuesto en el numeral convencional antes citado; diferencias salariales por las 8 horas semanales que se les adeudan del 15 de mayo de 2015 al 18 de marzo de 2016; las diferencias que se generen en aguinaldo y vacaciones; intereses, indexación, daños y perjuicios y ambas costas (documento incorporado el 2 de junio de 2016 a las 8:34:25 horas). La representación estatal contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (documento agregado el 7 de setiembre de 2016 a las 15:30:49 horas). La jueza de primera instancia declaró sin lugar la demanda y condenó a los actores al pago de ambas costas. Fijó las personales en la suma prudencial de ¢50.000,00 cada uno (sentencia incluida el 1° de junio de 2017 a las 8:39:37 horas). La parte demandante apeló (documento incorporado el 20 de junio de 2017 a las 15:32:08 horas) y el Tribunal revocó parcialmente lo resuelto. En su lugar, otorgó diferencias salariales en el lapso comprendido entre el 15 de mayo de 2015 y el 18 de marzo de 2016, por las 8 horas diarias adeudadas por semana; así como las diferencias generadas en aguinaldo y vacaciones, intereses e indexación. Además, ordenó al Estado pagar ambas costas. Fijó las personales en el 20% de la condenatoria (sentencia agregada el 23 de octubre de 2017 a las 10:47:49 horas). II.- AGRAVIOS: la representación estatal se muestra disconforme con la sentencia del Ad-quem. Primero: reprocha el reconocimiento de horas extra. Indica que la convención colectiva fue suscrita el 16 de abril de 2013 y la versión primigenia del artículo 33 iba dirigida a las personas trabajadoras de las oficinas centrales y direcciones regionales del MEP, no así de los centros educativos. Aclara que dicho numeral fue interpretado de manera auténtica por la Junta Paritaria creada por aquel instrumento jurídico y mediante resolución n.° 001-11-2015 JPRL-MEP-SEC-SITRACOME-2015 sus alcances se extendieron a las personas funcionarias de centros educativos que tuvieran igual condición y derechos que quienes se encontraban en la misma clase y naturaleza en función del servicio educativo; interpretación que empezó a regir el 7 de diciembre de 2015, con la comunicación de la circular n.° DM-83-12-2015. No comparte que el órgano de alzada haya incluido a los accionantes dentro del ordinal en cuestión, toda vez que –a su juicio- este alude a puestos administrativos estrictamente y no de oficial de seguridad de centros educativos; cuya jornada laboral se regula en el artículo 30 del Reglamento de Servicio para los Agentes de Seguridad y Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia (Decreto Ejecutivo n.° 37439-MEP del 25 de setiembre de 2012). Destaca que este último cuerpo normativo se encuentra vigente (no ha sido derogado, modificado ni declarado inconstitucional) y es la normativa especial que aplica para el cargo ocupado por los servidores. Aduce que la seguridad y vigilancia de los centros educativos debe darse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que no puede fijarse -para quienes se desempeñan en esos puestos- una jornada distinta a la estipulada en los numerales 136, 138 y 143 del Código de Trabajo. Cita el ordinal 8 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. Afirma que el MEP no ha girado ninguna instrucción tendiente a variar la jornada laboral de los agentes de vigilancia y seguridad y que el director del centro educativo puede modificar el horario mas no la jornada, menos aún cuando existe una norma que la establece. Invoca el principio de legalidad –contemplado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública- que prima en materia de empleo público. Alude a los criterios emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP, los cuales fueron aportados como prueba y resultan vinculantes para todos los centros educativos. Segundo: arguye que el reconocimiento de horas extra nace cuando se supera la jornada laboral ordinaria y se trabaja en jornada extraordinaria. Transcribe los numerales 58 de la Constitución Política y 136 y 139 del Código de Trabajo. Reconoce el carácter excepcional de la jornada extraordinaria y, en relación con la carga de la prueba, copia un extracto de la sentencia de esta Sala n.° 1036, de las 9:30 horas del 10 de noviembre de 2006. Asevera que correspondía a la parte actora demostrar haber laborado tiempo extraordinario durante el período reclamado, lo cual no cumplió. Refiere al ordinal 17 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y señala que los demandantes incurren en una conducta de mala fe –contraria al artículo 19 del Código de Trabajo-, por cuanto tenían pleno conocimiento de cuál es su jornada y horario. Transcribe un extracto de la resolución n.° 1135, de las 9:00 horas del 12 de diciembre de 2006, de esta Sala y de la n.° 341, de las 9:13 horas del 12 de enero de 2001, de la Sala Constitucional. Tercero: resalta que se está ante un caso de empleo público y no de derecho laboral privado, por lo que se rige por normas de derecho administrativo y principios distintos, incluso contrapuestos al derecho laboral privado, derivados de la relación de sujeción especial. Cita la sentencia n.° 946, de las 9:55 horas del 11 de octubre de 2006, de esta Sala y la n.° 11524, de las 14:48 horas del 21 de diciembre de 2000, de la Sala Constitucional. Argumenta que el numeral 191 de la Constitución Política estipula que el Estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y sus personas trabajadoras y que la determinación de los salarios se realizará con base en el Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil, confeccionado por la Dirección General de Servicio Civil. Menciona que el ordinal 48 del Estatuto antes citado indica que los salarios de las personas que prestan sus servicios al Poder Ejecutivo serán decretados por la Ley de Salarios que fijará las sumas mínimas, intermedias y máximas correspondientes a cada categoría de empleo. Trae a colación el artículo 13 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y lo manifestado por esta Sala en la resolución n.° 394, de las 15:04 horas del 31 de mayo de 2006. Expone que el motivo de discordia de esta litis es un aspecto de mera legalidad, dado que el salario, funciones y jornada laboral se encuentran debidamente regulados en disposiciones legales y reglamentarias. Cuarto: precisa algunos aspectos relativos a la potestad que tiene la Administración de auto organizarse a través de los reglamentos autónomos de servicio. Remite a la sentencia de la Sala Constitucional n.° 10930, de las 15:10 horas del 17 de agosto de 2011. Señala que la potestad de emitir reglamentos deviene del numeral 140, inciso 3, de la Constitución Política y que tiene como fin regular diversos aspectos de la relación de servicio entre la Administración y sus personas funcionarias. Rescata que la Sala Constitucional ha dispuesto que un reglamento constituye una norma secundaria, subalterna, inferior y complementaria de la ley. Añade que, de conformidad con el orden jerárquico de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, contemplado en el ordinal 6, inciso 3, de la Ley General de la Administración Pública, los reglamentos son actos administrativos internos de alcance general, que producen efectos jurídicos en una generalidad y ostentan carácter normativo –artículo 121, inciso 2, de la ley recién citada-. Insiste en que la Administración debe cumplir con lo que establece el reglamento mientras sus normas se encuentren vigentes y los efectos derivados de su modificación no pueden ser dimensionados de manera retroactiva. En ese sentido, sostiene que en el caso concreto debe aplicarse el Reglamento de Servicio para los Agentes de Seguridad y Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia del Ministerio de Educación Pública; cuerpo normativo que no puede aplicarse en unos casos sí y en otros no, por cuanto de ser así se violaría el principio de inderogabilidad singular del reglamento, desarrollado por la Sala Primera en la resolución n.° 1022-F-S1-2012, de las 14:05 horas del 23 de agosto de 2012. Considera que la única manera para que la Administración pueda establecer una jornada laboral distinta a la estipulada en aquel reglamento es mediante una derogatoria o que este sea declarado inconstitucional. Quinto: recalca que la jornada laboral de los accionantes se encuentra regulada en el Decreto Ejecutivo n.° 37439-MEP, el cual dispone que esta se rige por los numerales 136, 138 y 143 del Código de Trabajo y, por ende, su jornada ordinaria diurna es de 48 horas semanales. Sexto: copia el ordinal 33 de la convención colectiva y apunta que este va dirigido a las personas que trabajan en las oficinas centrales y direcciones regionales del MEP y no a quienes laboran en centros educativos. Alude a la interpretación auténtica realizada por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales en el 2015 respecto de este; la cual se comunicó el 7 de diciembre de ese mismo año mediante circular. En su criterio, quienes se desempeñan como oficiales de vigilancia y seguridad de centros educativos no cuentan con la misma condición y naturaleza de las personas a quienes va dirigida la convención colectiva. Agrega que la jornada de los servidores se define según la naturaleza de su prestación del servicio. Trascribe un extracto de la sentencia n.° 3560, de las 11:18 horas del 15 de julio de 1994, de la Sala Constitucional y de la n.° 1205, de las 10:30 horas del 28 de octubre de 2015, de esta Sala. Resalta que esta última reconoce que las faenas de los agentes de seguridad y de las personas funcionarias administrativas no son comparables, por lo que –partiendo de esa premisa- los actores están excluidos del artículo 33 convencional. Sétimo: concluye que los demandantes, por las funciones que desarrollan, no están cubiertos por la jornada de aquel numeral. Insiste que su jornada es la establecida en el Reglamento de Servicio para los Agentes de Seguridad y Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia del Ministerio de Educación Pública, la cual corresponde a 48 horas semanales. Niega que los accionantes hayan laborado jornada extraordinaria y reitera que estos han trabajado una jornada ajustada al principio de legalidad. Octavo: objeta la condenatoria en costas. Estima que no ha litigado de mala fe y arguye que hubo un vencimiento recíproco (documento incluido el 13 de noviembre de 2017 a las 10:39:48 horas). III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: el punto medular de este caso está en determinar si los actores se encuentran cubiertos o no por lo dispuesto en el ordinal 33 de la convención colectiva suscrita entre el MEP, el SEC y SITRACOME que a texto expreso estipula: “Jornada Ordinaria. Las personas trabajadoras de las Oficinas Centrales y de las Direcciones Regionales del MEP tendrán una jornada máxima acumulativa de 40 horas semanales. El MEP, dentro del plazo máximo de un mes contado a partir de la firma de la presente Convención, realizará la modificación del Reglamento Interior de Trabajo con el fin de incorporar la jornada establecida en el párrafo anterior” (sic. El resaltado es agregado. Imagen 65 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). La representación estatal es del criterio que esta norma no le resulta aplicable a los demandantes, en primer lugar, porque su versión primigenia iba dirigida a las personas trabajadoras de las oficinas centrales y direcciones regionales del MEP, no así a las de los centros educativos. Este reparo no es de recibo. Si bien de la lectura del artículo en cuestión se advierte que, efectivamente, este va orientado a “las personas trabajadoras de las Oficinas Centrales y de las Direcciones Regionales del MEP…”, como bien se esclarece en el recurso, el 17 de noviembre de 2015, la Junta Paritaria de Relaciones Laborales llevó a cabo una interpretación auténtica de este y mediante resolución n.° 001-11-2015 JPRL-MEP-SEC-SITRACOME-2015 acordó: “Artículo 1°- En la facultad de interpretación al artículo 33 de la Convención Colectiva-MEP-SEC-SITRACOME, la presente Junta Paritaria dice: La jornada máxima acumulativa, de cuarenta horas indicada en el numeral 33 de la Convención Colectiva, y que rige para los funcionarios de Oficinas Centrales y Direcciones Regional, debe abarca por igual a los funcionarios del Título Primero del Estatuto de Servicio Civil de Centros Educativos, que poseen la misma condición y derechos que los demás funcionarios de su misma clase y naturaleza…” (Sic. Imagen 68 ibídem). En adición a lo anterior, en la parte considerativa de esa misma resolución, se indicó: "QUINTO: Dicho lo anterior, y al ser una potestad y facultad de la Junta Paritaria, el interpretar los alcances de sus artículos, particularmente cuando por su redacción no permitan un interpretación literal de su contenido, se procede a la interpretación auténtica del contenido del artículo 33, a fin de establecer los alcances en el tema de la jornada laboral ordinaria, para los funcionarios administrativos, que debe imperar al seno del Ministerio de Educación Pública. SEXTO: En atención  a dicha necesidad, y para clarificar los alcances del artículo en discusión, consideramos necesario definir los conceptos de: Funcionarios Administrativos de Centros Educativos; Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública. A-) Funcionarios Administrativos de Centros Educativos "Entiéndase por aquellos funcionarios que no se encuentran dentro de lo descrito en los artículos: 54 del Título Segundo del Estatuto de Servicio Civil, y 2 del Reglamento de Carrera Docente" (sic. El resaltado es agregado. Imagen 66 ibídem). El numeral 54 del Estatuto de Servicio Civil reza: “Se consideran comprendidos en la Carrera Docente los siguientes servidores del Ministerio de Educación Pública: quienes impartan lecciones, realicen funciones técnicas propias de la docencia o sirvan en puestos para cuyo desempeño se requiera poseer título o certificado que acredite para ejercer función docente de acuerdo con el Manual Descriptivo de Puestos” y el ordinal 2 del Reglamento de Carrera Docente –Decreto Ejecutivo n.° 2235, del 14 de febrero de 1972- establece: “Se consideran servidores docentes los comprendidos por el artículo 54 de la Ley de Carrera Docente y que, para los efectos que la presente reglamentación, se dividen en: a) Funcionarios propiamente docentes, que son los profesores que en el ejercicio de su profesión, imparten lecciones en cualquier de los niveles de la enseñanza de acuerdo con los programas oficiales; b) Funcionarios técnico-docentes, que son los que realizan fundamentalmente labores de planificación, asesoramiento, orientación o cualquier otra actividad técnica, íntimamente vinculada con la formulación de la política en la educación pública nacional; y c) Funcionarios administrativo-docentes, que son los que realizan primordialmente labores de dirección, supervisión y otras de índole administrativa, relacionadas con el proceso educativo y para cuyo desempeño se requiere poseer título o certificado que faculte para la función docente. (Ley N° 4889 del 17 de noviembre de 1971)” (sic). De conformidad con los textos antes trascritos, queda claro que, con base en la citada resolución, los accionantes quedaron amparados por el artículo 33 convencional; toda vez que trabajan en un centro educativo y no se encuentran dentro de los presupuestos de hecho de los numerales 54 del Estatuto de Servicio Civil y 2 del Reglamento de Carrera Docente. Luego, la recurrente lleva razón al alegar que la norma de la convención colectiva versa sobre puestos estrictamente administrativos y no de oficial de seguridad. Sin embargo, por lo recién expuesto, quienes ostentan este último cargo califican como funcionarios administrativos y, a mayor abundamiento, el ordinal 2 del Reglamento de Servicio para los Agentes de Seguridad y Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia del Ministerio de Educación Pública cataloga a “los y las Agentes de Seguridad y Vigilancia y los y las Auxiliares de Vigilancia” como “servidores administrativos puros del Ministerio de Educación Pública…” Por otro lado, la parte recurrente argumenta que los actores se rigen por lo dispuesto en el reglamento recién mencionado, el cual no ha sido derogado, modificado ni declarado inconstitucional, y no por la convención colectiva. Al respecto debe indicarse que el simple hecho de que exista un cuerpo normativo vigente y exclusivo para el puesto ocupado por los demandantes no es suficiente para afirmar que estos se encuentran excluidos de las disposiciones normativas contenidas en el instrumento colectivo suscrito entre el MEP, el SEC y el SITRACOME. Para ello la parte accionada debió, como era su obligación, probar que los accionantes están fuera del ámbito de aplicación de este, o bien, que se encuentran incorporados en una cláusula de exclusión; lo que no hizo y por ello debe soportar las consecuencias de tal omisión. Aunado a ello, tómese en consideración que, de conformidad con el ordinal 54 del Código de Trabajo, una convención colectiva tiene fuerza de ley entre las partes y que la invocada en este caso se suscribió con posterioridad al reglamento (la convención colectiva se firmó el 16 de abril de 2013 –imagen 2 del documento incorporado el 13 de noviembre de 2017 a las 10:39:48 horas- y el reglamento se dictó el 25 de setiembre de 2012). Lo anterior no significa que esta Sala desconoce la potestad que tiene la Administración de auto regularse a través de este tipo de instrumento jurídico, sino que constituye la razón por la cual -en este caso- el reglamento aludido no resulta oponible a la norma convencional. De igual manera, ante esta tercera instancia rogada se plantea que el MEP no ha girado ninguna instrucción tendiente a variar la jornada laboral de los agentes de vigilancia y seguridad. No obstante, ello no lleva a denegar lo pretendido en este proceso, puesto que esa acción no era necesaria para ejecutar lo dispuesto por la Junta mediante resolución n.° 001-11-2015 JPRL-MEP-SEC-SITRACOME-2015. Obsérvese que en esta se expuso: “…le corresponderá al Director de cada centro de educación, determinar los funcionarios que cumplen con dicho perfil, y que su jornada laboral, se equipare en lo que a derecho corresponde, a una jornada ordinaria de cuarenta horas semanales, pudiendo ajustar los rangos de servicio entre lo que la ley así faculta, esto sin perjuicio alguno que obstaculice, o impida la prestación del servicio educativo. Para tal efecto el Director de cada centro de enseñanza pública, deberá informar a la Dirección de Recursos Humanos los funcionarios administrativos a su cargo, que requieran modificar o actualizar su jornada máxima acumulativa” (imagen 68 ibídem). Así las cosas, bastaba con que el director o directora del centro educativo subsumiera a los servidores en el supuesto de la norma, según la interpretación auténtica dada, para que esta les fuera aplicable. En otro orden de ideas, en relación con el reparo de las horas extra, ha de aclararse que lo concedido por el Tribunal fueron “las diferencias salariales a los actores en el lapso comprendido entre el 15 de mayo del 2015 al 18 de marzo del 2016 ya que a los actores en que cada semana se le adeudaron 8 horas diarias…” (Sic. Imagen 7 de la sentencia incorporada el 23 de octubre de 2017 a las 10:47:49 horas); lo cual resulta conforme con lo pretendido en el escrito inicial. Adicionalmente, se debe anotar que es un hecho probado (hecho 3 de la sentencia de primera instancia, ratificado por el Ad-quem) y no controvertido en este proceso que -dentro del período reclamado- los actores prestaron sus servicios durante 48 horas por semana; por lo que no es cierta la falta de demostración alegada. Por otra parte, los reproches expuestos en cuanto a la normativa que regula y fija los salarios de las personas servidoras en el Sector Público no resultan procedentes; ya que este punto no fue objeto de debate ni fue un tema sobre el que el órgano de alzada emitió pronunciamiento alguno. Asimismo, no omite indicarse que si bien esta Sala, en ocasiones anteriores, ha señalado que el personal de vigilancia y seguridad no se compara con el administrativo y, por ende, sus condiciones laborales –entre ellas su jornada- pueden ser distintas; ello no aplica en este caso, por cuanto, según lo expuesto líneas atrás, la normativa interna del ministerio, invocada en el sub litem, los equipara y les brinda un trato igualitario. Por último, cabe señalar que los criterios de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación Pública sobre el particular, no resultan vinculantes para esta Sala. IV.- COSTAS: la representación estatal impugna la condenatoria en costas. Considera que la fijación de estas en su contra es improcedente, porque su representado no ha litigado de mala fe y hubo un vencimiento recíproco. Al respecto ha de indicarse que al haberse resuelto como se hizo, tomando en cuenta que los accionantes se vieron obligados a acudir a estrados judiciales en procura de la satisfacción de sus derechos, se estima no estar en ninguno de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 222 del Código Procesal Civil (concretamente la buena fe invocada en el recurso), a efecto de ejercer la facultad concedida a los juzgadores de exonerar del pago de las costas a la parte vencida. V.- CONSIDERACIONES FINALES: como corolario de lo expuesto, al no haber reparo alguno que hacerle a la sentencia impugnada en los términos señalados en el recurso, lo único que cabe es confirmarla. POR TANTO: En lo que ha sido objeto de agravio, se confirma la sentencia recurrida.       Orlando Aguirre Gómez       Julia Varela Araya                                                 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez       Héctor Luis Blanco González                      Flora Marcela Allón Zúñiga Res: 2018001771 PROJASM / wdcerdas   1
Número de sentencia2018-001771
20170005002725-1247865-1.rtf

*160006270166LA*

Corte Suprema de Justicia

SALA SEGUNDA

Exp: 16-000627-0166-LA

Res: 2018-001771

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por CARLOS ALBERTO RIZO BROWN, casado, y ÓSCAR BRENES ZÚÑIGA, en unión de hecho; ambos oficiales de seguridad y vecinos de Limón, contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA), representado por su procuradora adjunta, la licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas. Figura como apoderada especial judicial de la parte actora, la licenciada Marlene Mora Montero. Con las excepciones indicadas, son mayores, casadas, abogadas y vecinas de Alajuela.

RESULTANDO:

1.- Los actores, en escrito presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, promovieron la presente acción para que en sentencia se ordene el reajuste de salarios y se condene al demandado al pago de diferencias salariales, diferencias en aguinaldo y vacaciones, daños y perjuicios, indexación, intereses y ambas costas.

2.- La representante del Estado contestó en los términos indicados en el memorial que presentó el siete de setiembre de dos mil dieciséis y opuso la excepción de falta de derecho.

3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Sección Primera, por sentencia de las ocho horas treinta minutos del primero de junio de dos mil diecisiete, dispuso: "De conformidad con lo antes expuesto y citas legales mencionadas, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representante estatal y por ende, SE DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la demanda interpuesta por CARLOS RIZO BROWN y OSCAR BRENES ZUÑIGA contra el EL ESTADO. Se condena a los actores al pago de las costas en la suma prudencial de CINCUENTA MIL COLONES cada uno...". (Sic).

4.- La apoderada especial judicial de la parte actora apeló, y el Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Quinta, por sentencia de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, resolvió: "Se declara que, en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión. Se revoca el fallo venido en alzada, y se otorgan diferencias salariales a los actores en el lapso comprendido entre el 15 de mayo del 2015 al 18 de marzo del 2016 ya que a los actores en que cada semana se le adeudaron 8 horas diarias, incluyendo en esas diferencias lo correspondiente a aguinaldo y vacaciones. Se conceden intereses e indexación, desde que debió pagarse cada suma y al efectivo pago, los intereses deberán calcularse al tipo de interés que pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo en colones. Se deniega la cancelación de daños y perjuicios por cuanto en autos no hay apreciación de su existencia, ni siquiera existió una cuantificación por parte de los actores. La defensa de falta de derecho se rechaza, lo anterior en virtud de que quedó demostrado en autos que los demandantes efectivamente tienen derecho al pago de ocho horas por semana efectivamente laboradas y la misma no le fue cancelada. Son ambas costas a cargo de la parte demandada, fijándose las personales en el veinte por ciento de la condenatoria (artículo 221 del Código Procesal Civil)". (Sic).

5.- La representación estatal formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Blanco González y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: los señores Rizo Brown y Brenes Zúñiga refirieron que trabajan como oficiales de seguridad para el Ministerio de Educación Pública –en adelante MEP- desde hace aproximadamente 11 y 6 años, respectivamente, con un rol de 6x1 y una jornada laboral de 8 horas diarias. Según indican, el artículo 33 de la convención colectiva suscrita entre dicho ministerio, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) concede a los oficiales de seguridad 2 días libres y les fija una jornada semanal de 40 horas; disposición que se dejó de aplicar el 15 de mayo de 2015 y se retomó el 18 de marzo de 2016. Solicitaron reajuste de salario, conforme lo dispuesto en el numeral convencional antes citado; diferencias salariales por las 8 horas semanales que se les adeudan del 15 de mayo de 2015 al 18 de marzo de 2016; las diferencias que se generen en aguinaldo y vacaciones; intereses, indexación, daños y perjuicios y ambas costas (documento incorporado el 2 de junio de 2016 a las 8:34:25 horas). La representación estatal contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (documento agregado el 7 de setiembre de 2016 a las 15:30:49 horas). La jueza de primera instancia declaró sin lugar la demanda y condenó a los actores al pago de ambas costas. Fijó las personales en la suma prudencial de ¢50.000,00 cada uno (sentencia incluida el 1° de junio de 2017 a las 8:39:37 horas). La parte demandante apeló (documento incorporado el 20 de junio de 2017 a las 15:32:08 horas) y el Tribunal revocó parcialmente lo resuelto. En su lugar, otorgó diferencias salariales en el lapso comprendido entre el 15 de mayo de 2015 y el 18 de marzo de 2016, por las 8 horas diarias adeudadas por semana; así como las diferencias generadas en aguinaldo y vacaciones, intereses e indexación. Además, ordenó al Estado pagar ambas costas. Fijó las personales en el 20% de la condenatoria (sentencia agregada el 23 de octubre de 2017 a las 10:47:49 horas).

II.- AGRAVIOS: la representación estatal se muestra disconforme con la sentencia del Ad-quem. Primero: reprocha el reconocimiento de horas extra. Indica que la convención colectiva fue suscrita el 16 de abril de 2013 y la versión primigenia del artículo 33 iba dirigida a las personas trabajadoras de las oficinas centrales y direcciones regionales del MEP, no así de los centros educativos. Aclara que dicho numeral fue interpretado de manera auténtica por la Junta Paritaria creada por aquel instrumento jurídico y mediante resolución n.° 001-11-2015 JPRL-MEP-SEC-SITRACOME-2015 sus alcances se extendieron a las personas funcionarias de centros educativos que tuvieran igual condición y derechos que quienes se encontraban en la misma clase y naturaleza en función del servicio educativo; interpretación que empezó a regir el 7 de diciembre de 2015, con la comunicación de la circular n.° DM-83-12-2015. No comparte que el órgano de alzada haya incluido a los accionantes dentro del ordinal en cuestión, toda vez que –a su juicio- este alude a puestos administrativos estrictamente y no de oficial de seguridad de centros educativos; cuya jornada laboral se regula en el artículo 30 del Reglamento de Servicio para los Agentes de Seguridad y Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia (Decreto Ejecutivo n.° 37439-MEP del 25 de setiembre de 2012). Destaca que este último cuerpo normativo se encuentra vigente (no ha sido derogado, modificado ni declarado inconstitucional) y es la normativa especial que aplica para el cargo ocupado por los servidores. Aduce que la seguridad y vigilancia de los centros educativos debe darse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que no puede fijarse -para quienes se desempeñan en esos puestos- una jornada distinta a la estipulada en los numerales 136, 138 y 143 del Código de Trabajo. Cita el ordinal 8 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. Afirma que el MEP no ha girado ninguna instrucción tendiente a variar la jornada laboral de los agentes de vigilancia y seguridad y que el director del centro educativo puede modificar el horario mas no la jornada, menos aún cuando existe una norma que la establece. Invoca el principio de legalidad –contemplado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública- que prima en materia de empleo público. Alude a los criterios emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP, los cuales fueron aportados como prueba y resultan vinculantes para todos los centros educativos. Segundo: arguye que el reconocimiento de horas extra nace cuando se supera la jornada laboral ordinaria y se trabaja en jornada extraordinaria. Transcribe los numerales 58 de la Constitución Política y 136 y 139 del Código de Trabajo. Reconoce el carácter excepcional de la jornada extraordinaria y, en relación con la carga de la prueba, copia un extracto de la sentencia de esta Sala n.° 1036, de las 9:30 horas del 10 de noviembre de 2006. Asevera que correspondía a la parte actora demostrar haber laborado tiempo extraordinario durante el período reclamado, lo cual no cumplió. Refiere al ordinal 17 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y señala que los demandantes incurren en una conducta de mala fe –contraria al artículo 19 del Código de Trabajo-, por cuanto tenían pleno conocimiento de cuál es su jornada y horario. Transcribe un extracto de la resolución n.° 1135, de las 9:00 horas del 12 de diciembre de 2006, de esta Sala y de la n.° 341, de las 9:13 horas del 12 de enero de 2001, de la Sala Constitucional. Tercero: resalta que se está ante un caso de empleo público y no de derecho laboral privado, por lo que se rige por normas de derecho administrativo y principios distintos, incluso contrapuestos al derecho laboral privado, derivados de la relación de sujeción especial. Cita la sentencia n.° 946, de las 9:55 horas del 11 de octubre de 2006, de esta Sala y la n.° 11524, de las 14:48 horas del 21 de diciembre de 2000, de la Sala Constitucional. Argumenta que el numeral 191 de la Constitución Política estipula que el Estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y sus personas trabajadoras y que la determinación de los salarios se realizará con base en el Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil, confeccionado por la Dirección General de Servicio Civil. Menciona que el ordinal 48 del Estatuto antes citado indica que los salarios de las personas que prestan sus servicios al Poder Ejecutivo serán decretados por la Ley de Salarios que fijará las sumas mínimas, intermedias y máximas correspondientes a cada categoría de empleo. Trae a colación el artículo 13 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y lo manifestado por esta Sala en la resolución n.° 394, de las 15:04 horas del 31 de mayo de 2006. Expone que el motivo de discordia de esta litis es un aspecto de mera legalidad, dado que el salario, funciones y jornada laboral se encuentran debidamente regulados en disposiciones legales y reglamentarias. Cuarto: precisa algunos aspectos relativos a la potestad que tiene la Administración de auto organizarse a través de los reglamentos autónomos de servicio. Remite a la sentencia de la Sala Constitucional n.° 10930, de las 15:10 horas del 17 de agosto de 2011. Señala que la potestad de emitir reglamentos deviene del numeral 140, inciso 3, de la Constitución Política y que tiene como fin regular diversos aspectos de la relación de servicio entre la Administración y sus personas funcionarias. Rescata que la Sala Constitucional ha dispuesto que un reglamento constituye una norma secundaria, subalterna, inferior y complementaria de la ley. Añade que, de conformidad con el orden jerárquico de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, contemplado en el ordinal 6, inciso 3, de la Ley General de la Administración Pública, los reglamentos son actos administrativos internos de alcance general, que producen efectos jurídicos en una generalidad y ostentan carácter normativo –artículo 121, inciso 2, de la ley recién citada-. Insiste en que la Administración debe cumplir con lo que establece el reglamento mientras sus normas se encuentren vigentes y los efectos derivados de su modificación no pueden ser dimensionados de manera retroactiva. En ese sentido, sostiene que en el caso concreto debe aplicarse el Reglamento de Servicio para los Agentes de Seguridad y Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia del Ministerio de Educación Pública; cuerpo normativo que no puede aplicarse en unos casos sí y en otros no, por cuanto de ser así se violaría el principio de inderogabilidad singular del reglamento, desarrollado por la Sala Primera en la resolución n.° 1022-F-S1-2012, de las 14:05 horas del 23 de agosto de 2012. Considera que la única manera para que la Administración pueda establecer una jornada laboral distinta a la estipulada en aquel reglamento es mediante una derogatoria o que este sea declarado inconstitucional. Quinto: recalca que la jornada laboral de los accionantes se encuentra regulada en el Decreto Ejecutivo n.° 37439-MEP, el cual dispone que esta se rige por los numerales 136, 138 y 143 del Código de Trabajo y, por ende, su jornada ordinaria diurna es de 48 horas semanales. Sexto: copia el ordinal 33 de la convención colectiva y apunta que este va dirigido a las personas que trabajan en las oficinas centrales y direcciones regionales del MEP y no a quienes laboran en centros educativos. Alude a la interpretación auténtica realizada por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales en el 2015 respecto de este; la cual se comunicó el 7 de diciembre de ese mismo año mediante circular. En su criterio, quienes se desempeñan como oficiales de vigilancia y seguridad de centros educativos no cuentan con la misma condición y naturaleza de las personas a quienes va dirigida la convención colectiva. Agrega que la jornada de los servidores se define según la naturaleza de su prestación del servicio. Trascribe un extracto de la sentencia n.° 3560, de las 11:18 horas del 15 de julio de 1994, de la Sala Constitucional y de la n.° 1205, de las 10:30 horas del 28 de octubre de 2015, de esta Sala. Resalta que esta última reconoce que las faenas de los agentes de seguridad y de las personas funcionarias administrativas no son comparables, por lo que –partiendo de esa premisa- los actores están excluidos del artículo 33 convencional. Sétimo: concluye que los demandantes, por las funciones que desarrollan, no están cubiertos por la jornada de aquel numeral. Insiste que su jornada es la establecida en el Reglamento de Servicio para los Agentes de Seguridad y Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia del Ministerio de Educación Pública, la cual corresponde a 48 horas semanales. Niega que los accionantes hayan laborado jornada extraordinaria y reitera que estos han trabajado una jornada ajustada al principio de legalidad. Octavo: objeta la condenatoria en costas. Estima que no ha litigado de mala fe y arguye que hubo un vencimiento recíproco (documento incluido el 13 de noviembre de 2017 a las 10:39:48 horas).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: el punto medular de este caso está en determinar si los actores se encuentran cubiertos o no por lo dispuesto en el ordinal 33 de la convención colectiva suscrita entre el MEP, el SEC y SITRACOME que a texto expreso estipula: “Jornada Ordinaria. Las personas trabajadoras de las Oficinas Centrales y de las Direcciones Regionales del MEP tendrán una jornada máxima acumulativa de 40 horas semanales. El MEP, dentro del plazo máximo de un mes contado a partir de la firma de la presente Convención, realizará la modificación del Reglamento Interior de Trabajo con el fin de incorporar la jornada establecida en el párrafo anterior” (sic. El resaltado es agregado. Imagen 65 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). La representación estatal es del criterio que esta norma no le resulta aplicable a los demandantes, en primer lugar, porque su versión primigenia iba dirigida a las personas trabajadoras de las oficinas centrales y direcciones regionales del MEP, no así a las de los centros educativos. Este reparo no es de recibo. Si bien de la lectura del artículo en cuestión se advierte que, efectivamente, este va orientado a “las personas trabajadoras de las Oficinas Centrales y de las Direcciones Regionales del MEP…”, como bien se esclarece en el recurso, el 17 de noviembre de 2015, la Junta Paritaria de Relaciones Laborales llevó a cabo una interpretación auténtica de este y mediante resolución n.° 001-11-2015 JPRL-MEP-SEC-SITRACOME-2015 acordó: “Artículo 1°- En la facultad de interpretación al artículo 33 de la Convención Colectiva-MEP-SEC-SITRACOME, la presente Junta Paritaria dice: La jornada máxima acumulativa, de cuarenta horas indicada en el numeral 33 de la Convención Colectiva, y que rige para los funcionarios de Oficinas Centrales y Direcciones Regional, debe abarca por igual a los funcionarios del Título Primero del Estatuto de Servicio Civil de Centros Educativos, que poseen la misma condición y derechos que los demás funcionarios de su misma clase y naturaleza…” (Sic. Imagen 68 ibídem). En adición a lo anterior, en la parte considerativa de esa misma resolución, se indicó: "QUINTO: Dicho lo anterior, y al ser una potestad y facultad de la Junta Paritaria, el interpretar los alcances de sus artículos, particularmente cuando por su redacción no permitan un interpretación literal de su contenido, se procede a la interpretación auténtica del contenido del artículo 33, a fin de establecer los alcances en el tema de la jornada laboral ordinaria, para los funcionarios administrativos, que debe imperar al seno del Ministerio de Educación Pública. SEXTO: En atención a dicha necesidad, y para clarificar los alcances del artículo en discusión, consideramos necesario definir los conceptos de: Funcionarios Administrativos de Centros Educativos; Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública. A-) Funcionarios Administrativos de Centros Educativos "Entiéndase por aquellos funcionarios que no se encuentran dentro de lo descrito en los artículos: 54 del Título Segundo del Estatuto de Servicio Civil, y 2 del Reglamento de Carrera Docente" (sic. El resaltado es agregado. Imagen 66 ibídem). El numeral 54 del Estatuto de Servicio Civil reza: “Se consideran comprendidos en la Carrera Docente los siguientes servidores del Ministerio de Educación Pública: quienes impartan lecciones, realicen funciones técnicas propias de la docencia o sirvan en puestos para cuyo desempeño se requiera poseer título o certificado que acredite para ejercer función docente de acuerdo con el Manual Descriptivo de Puestos” y el ordinal 2 del Reglamento de Carrera Docente –Decreto Ejecutivo n.° 2235, del 14 de febrero de 1972- establece: “Se consideran servidores docentes los comprendidos por el artículo 54 de la Ley de Carrera Docente y que, para los efectos que la presente reglamentación, se dividen en: a) Funcionarios propiamente docentes, que son los profesores que en el ejercicio de su profesión, imparten lecciones en cualquier de los niveles de la enseñanza de acuerdo con los programas oficiales; b) Funcionarios técnico-docentes, que son los que realizan fundamentalmente labores de planificación, asesoramiento, orientación o cualquier otra actividad técnica, íntimamente vinculada con la formulación de la política en la educación pública nacional; y c) Funcionarios administrativo-docentes, que son los que realizan primordialmente labores de dirección, supervisión y otras de índole administrativa, relacionadas con el proceso educativo y para cuyo desempeño se requiere poseer título o certificado que faculte para la función docente. (Ley N° 4889 del 17 de noviembre de 1971)” (sic). De conformidad con los textos antes trascritos, queda claro que, con base en la citada resolución, los accionantes quedaron amparados por el artículo 33 convencional; toda vez que trabajan en un centro educativo y no se encuentran dentro de los presupuestos de hecho de los numerales 54 del Estatuto de Servicio Civil y 2 del Reglamento de Carrera Docente. Luego, la recurrente lleva razón al alegar que la norma de la convención colectiva versa sobre puestos estrictamente administrativos y no de oficial de seguridad. Sin embargo, por lo recién expuesto, quienes ostentan este último cargo califican como funcionarios administrativos y, a mayor abundamiento, el ordinal 2 del Reglamento de Servicio para los Agentes de Seguridad y Vigilancia y Auxiliares de Vigilancia del Ministerio de Educación Pública cataloga a “los y las Agentes de Seguridad y Vigilancia y los y las Auxiliares de Vigilancia” como “servidores administrativos puros del Ministerio de Educación Pública…” Por otro lado, la parte recurrente argumenta que los actores se rigen por lo dispuesto en el reglamento recién mencionado, el cual no ha sido derogado, modificado ni declarado inconstitucional, y no por la convención colectiva. Al respecto debe indicarse que el simple hecho de que exista un cuerpo normativo vigente y exclusivo para el puesto ocupado por los demandantes no es suficiente para afirmar que estos se encuentran excluidos de las disposiciones normativas contenidas en el instrumento colectivo suscrito entre el MEP, el SEC y el SITRACOME. Para ello la parte accionada debió, como era su obligación, probar que los accionantes están fuera del ámbito de aplicación de este, o bien, que se encuentran incorporados en una cláusula de exclusión; lo que no hizo y por ello debe soportar las consecuencias de tal omisión. Aunado a ello, tómese en consideración que, de conformidad con el ordinal 54 del Código de Trabajo, una convención colectiva tiene fuerza de ley entre las partes y que la invocada en este caso se suscribió con posterioridad al reglamento (la convención colectiva se firmó el 16 de abril de 2013 –imagen 2 del documento incorporado el 13 de noviembre de 2017 a las 10:39:48 horas- y el reglamento se dictó el 25 de setiembre de 2012). Lo anterior no significa que esta Sala desconoce la potestad que tiene la Administración de auto regularse a través de este tipo de instrumento jurídico, sino que constituye la razón por la cual -en este caso- el reglamento aludido no resulta oponible a la norma convencional. De igual manera, ante esta tercera instancia rogada se plantea que el MEP no ha girado ninguna instrucción tendiente a variar la jornada laboral de los agentes de vigilancia y seguridad. No obstante, ello no lleva a denegar lo pretendido en este proceso, puesto que esa acción no era necesaria para ejecutar lo dispuesto por la Junta mediante resolución n.° 001-11-2015 JPRL-MEP-SEC-SITRACOME-2015. Obsérvese que en esta se expuso: “…le corresponderá al Director de cada centro de educación, determinar los funcionarios que cumplen con dicho perfil, y que su jornada laboral, se equipare en lo que a derecho corresponde, a una jornada ordinaria de cuarenta horas semanales, pudiendo ajustar los rangos de servicio entre lo que la ley así faculta, esto sin perjuicio alguno que obstaculice, o impida la prestación del servicio educativo. Para tal efecto el Director de cada centro de enseñanza pública, deberá informar a la Dirección de Recursos Humanos los funcionarios administrativos a su cargo, que requieran modificar o actualizar su jornada máxima acumulativa” (imagen 68 ibídem). Así las cosas, bastaba con que el director o directora del centro educativo subsumiera a los servidores en el supuesto de la norma, según la interpretación auténtica dada, para que esta les fuera aplicable. En otro orden de ideas, en relación con el reparo de las horas extra, ha de aclararse que lo concedido por el Tribunal fueron “las diferencias salariales a los actores en el lapso comprendido entre el 15 de mayo del 2015 al 18 de marzo del 2016 ya que a los actores en que cada semana se le adeudaron 8 horas diarias…” (Sic. Imagen 7 de la sentencia incorporada el 23 de octubre de 2017 a las 10:47:49 horas); lo cual resulta conforme con lo pretendido en el escrito inicial. Adicionalmente, se debe anotar que es un hecho probado (hecho 3 de la sentencia de primera instancia, ratificado por el Ad-quem) y no controvertido en este proceso que -dentro del período reclamado- los actores prestaron sus servicios durante 48 horas por semana; por lo que no es cierta la falta de demostración alegada. Por otra parte, los reproches expuestos en cuanto a la normativa que regula y fija los salarios de las personas servidoras en el Sector Público no resultan procedentes; ya que este punto no fue objeto de debate ni fue un tema sobre el que el órgano de alzada emitió pronunciamiento alguno. Asimismo, no omite indicarse que si bien esta Sala, en ocasiones anteriores, ha señalado que el personal de vigilancia y seguridad no se compara con el administrativo y, por ende, sus condiciones laborales –entre ellas su jornada- pueden ser distintas; ello no aplica en este caso, por cuanto, según lo expuesto líneas atrás, la normativa interna del ministerio, invocada en el sub litem, los equipara y les brinda un trato igualitario. Por último, cabe señalar que los criterios de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación Pública sobre el particular, no resultan vinculantes para esta Sala.

IV.- COSTAS: la representación estatal impugna la condenatoria en costas. Considera que la fijación de estas en su contra es improcedente, porque su representado no ha litigado de mala fe y hubo un vencimiento recíproco. Al respecto ha de indicarse que al haberse resuelto como se hizo, tomando en cuenta que los accionantes se vieron obligados a acudir a estrados judiciales en procura de la satisfacción de sus derechos, se estima no estar en ninguno de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 222 del Código Procesal Civil (concretamente la buena fe invocada en el recurso), a efecto de ejercer la facultad concedida a los juzgadores de exonerar del pago de las costas a la parte vencida.

V.- CONSIDERACIONES FINALES: como corolario de lo expuesto, al no haber reparo alguno que hacerle a la sentencia impugnada en los términos señalados en el recurso, lo único que cabe es confirmarla.

POR TANTO:

En lo que ha sido objeto de agravio, se confirma la sentencia recurrida.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Héctor Luis Blanco González Flora Marcela Allón Zúñiga

Res: 2018001771

PROJASM / wdcerdas

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