Sentencia Nº 2019-000013 de Sala Segunda de la Corte, 11-01-2019

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha11 Enero 2019
Número de expediente15-000001-0166-LA
Número de sentencia2019-000013
20150166000006-1361780-1.rtf

*150000010166LA*

Corte Suprema de Justicia

SALA SEGUNDA

Exp: 15-000001-0166-LA

Res: 2019-000013

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta y cinco minutos del once de enero de dos mil diecinueve.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por EMILIA ALVARADO CÓRDOBA, M.C.D., vecino de Alajuela, R.E.C.Z., divorciada, R.G.F., vecina de Alajuela, R.M.R., vecino de H., R.R.J., H.S.C., vecino de Alajuela, J.M.S.Q., y M.E.T.V., soltera, contra el ESTADO, representado por su Procurador Adjunto, el licenciado R.V.V., abogado. Figura como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado M.A.M.Q., de calidades desconocidas. Con las excepciones indicadas, son mayores, casados, empleados públicos y con domicilio en San José. R.a la Magistrada Rojas Espinoza; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: Por medio de su apoderado especial judicial, las y los actores formularon la demanda para que se condene al Estado al ajuste de sus salarios, con base en las resoluciones de la Dirección General del Servicio Civil números DG-088-2013 y DG-078-89. Solicitaron el pago de las diferencias correspondientes en sus salarios base y en todos los pluses salariales, entre ellos aguinaldo, vacaciones, salarios escolares, aportes a la Asociación Solidarista y fondos de pensiones. Por último, demandaron el pago de intereses y ambas costas. El representante del Estado contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho. Mediante sentencia número 1626, de las 9:55 horas del 25 de agosto de 2017, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José acogió las pretensiones formuladas, pero únicamente durante el período de vigencia de la resolución DG-078-89, sea del año 1989 y hasta el año 1994, momento en que fue derogada.

II.- AGRAVIOS: El procurador representante del Estado muestra disconformidad con lo resuelto. Señala que no existe un derecho adquirido que deba ser respetado. Remite a las razones expuestas en el escrito de contestación a la demanda, relacionadas con la jurisprudencia constitucional y de esta otra Sala, conforme la cual el único derecho adquirido corresponde a los salarios ingresados al patrimonio de las personas servidoras. En caso de considerarse que existe un derecho adquirido, manifiesta que el fallo debe corregirse en tanto concedió las diferencias a partir de 1989, pues el Estado aplicó la fórmula de reajuste salarial hasta el 31 de diciembre de 1992. Por otra parte, objeta la condena en costas impuesta a su representado. Al respecto, aduce que las pretensiones fueron acogidas parcialmente e invoca el artículo 222 del Código Procesal Civil, a fin de que se exonere al Estado del pago de esos gastos. En cualquier caso, refiere que la condena debe establecerse en un monto fijo y no porcentualmente, dado que algunas pretensiones son inestimables.

III.- CUESTIONES PREVIAS: La parte demandada denomina el recurso como de apelación, cuando realmente se trata del de casación regulado en el numeral 586 del Código de Trabajo. Con independencia del nombre dado, en atención a los principios de sencillez e informalismo enunciados en el canon 421 ídem, procede conocer el recurso formulado.

IV.- ANÁLISIS DEL CASO: La remisión que el recurrente hace a los argumentos expuestos en el escrito de contestación de demanda no es admisible. El recurso debe sustentarse por sí mismo, sin que resulte válido que las partes dirijan a la Sala a las razones dadas en otro momento procesal. El artículo 590 del Código de Trabajo establece la obligación de las partes de exponer sus razones de manera clara y puntual. En ese sentido, la norma expresa: El escrito en que se interponga el recurso de apelación deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés./El de casación deberá puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales./” (La negrita se agregó). En relación con el tema de la existencia de un derecho adquirido, la mayoría de esta Sala ha sostenido, en forma reiterada, que las personas servidoras que fueron nombradas en un puesto profesional de los contemplados en la resolución DG-078-89, de previo a que esta fuera emitida y durante su vigencia, conservan el derecho a que se les continúe aplicando la fórmula de aumento o ajuste salarial que ahí se previó, puesto que la resolución que la derogó –DG-046-94, del 4 de mayo de 1994- se dictó sin perjuicio de los derechos adquiridos del personal que se había beneficiado con aquella disposición. En ese sentido, en la sentencia 1288, de las 10:00 horas del 16 de setiembre de 2010, invocada durante el proceso, se explicó: “En un proceso arbitral establecido por los profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Tribunal Superior de Trabajo, mediante sentencia de las 8:00 horas, del 12 de julio de 1989, dispuso que 'en un plazo improrrogable de tres meses la Dirección General de Servicio Civil, deberá revisar el salario base y anualidades, así como definir las bases para futuras revaloraciones de los puestos Profesional 1, 2 y 3; Jefe Profesional 1, 2 y 3, y D. General, para ajustarlos a los dictámenes de la técnica, la realidad imperante, la equidad y la justicia'. En acatamiento de ese laudo, la Dirección General del Servicio Civil dictó la resolución DG-078-89 de las 13:00 horas, del 14 de setiembre de 1989, amparado en el Informe C-280-89 del órgano técnico Departamento de Clasificación y Valoración de Puestos, según el cual, '...con base en la realidad salarial del profesional amparado al Régimen y de acuerdo con lo que informa la técnica en la materia, se recomienda una nueva estructura salarial para la serie Profesional, así como un mecanismo automático para revalorar estos puestos en el futuro que garantice un equilibrio con el medio y las demás clases del sistema y a la vez se recomienda una modificación de la escala salarial que permite incrementar el monto de las anualidades de los profesionales y adecuarlos a las nuevas circunstancias'. Con esa resolución administrativa ejecutoria del laudo, entre otros aspectos, se revaloraron los puestos indicados, modificándose la escala salarial hasta entonces vigente; estableciéndose, en su artículo 4, las bases para revaloraciones de las clases Profesional 1, 2 y 3, Profesional Jefe 1, 2 y 3, y D.G., así: 'Ajustar los salarios de los Profesionales cuando se otorgue un aumento general a los funcionarios amparados al Régimen de Servicio Civil, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: (SBV3) (1.07) + D = SBPJ1, en donde SB = Salario base V 3 = Veterinario 3 PJ1 = Profesional Jefe 1 D = Diferencia entre el producto resultante y la categoría superior más cercana'. En el artículo 5, a la vez, se dispuso preservar la estructura de los salarios de los niveles profesionales, a partir de lo establecido en la norma anterior; fijando el salario base de cada nivel -o la respectiva fórmula para obtenerlo-. El derecho que reclaman los actores, proviene de la directa ejecución del laudo mediante la resolución DG-078-89, de haber formado parte del conflicto colectivo que originó el fallo arbitral y de no haberlo sido, se deriva del mencionado acto administrativo y no directamente de aquel laudo… Así las cosas, está claro que el derecho pretendido por los demandante (sic), a que se les aplique la mencionada fórmula automática, nació a la vida jurídica con el cumplimiento del laudo mediante aquel acto administrativo firme y ejecutorio -antes del cual no existía ningún derecho subjetivo para que la fórmula se aplicara-, acto que derogó la Dirección General de Servicio Civil mediante resolución DG 046-94 de las 9:00 horas del 4 de mayo de 1994, eliminando así el mecanismo automático de revaloración establecido en aquella resolución administrativa ejecutoria, por lo que se debe determinar si dicha fórmula se incorporó o no al contrato de trabajo de los actores, como derecho adquirido o situación jurídica consolidada”. Al momento de analizar el tema de los derechos adquiridos, se tiene que la fórmula de cálculo explicada en la resolución DG-078-89 había sido dejada de aplicar, dada la derogatoria acordada por la número DG-046-94, del 4 de mayo de 1994. Según se indicó, esta última derogó aquella otra, pero sin que se pudieran afectar los derechos adquiridos de las personas servidoras al amparo de la resolución que se dejaba sin efecto. De esa manera, se consideró que quienes hubieran estado en los supuestos de hecho de la DG-078-89 tenían derecho a que esta les siguiera siendo aplicada a futuro, sin límite en el tiempo, y no hasta la fecha de la resolución que la derogó (4 de mayo de 1994). En ese sentido se explicó: En el mes de enero de 1993 se dejó de aplicar aquella fórmula de ajuste automático, supuestamente por haberse derogado la resolución DG-078-89 con la n° DG-046-94 -lo que aconteció un año, cinco meses y cuatro días después de dejarse de aplicar la citada fórmula-, no obstante expresar esa última resolución que se respetarían los derechos adquiridos de los servidores afectados con la derogatoria de la primera… Los demandantes adquirieron el derecho a que se les siga aplicando la fórmula de ajuste automático que reclaman, por haberse consolidado e incorporado a su patrimonio como derecho adquirido, por lo cual continúan siendo acreedores de dicho beneficio. Esto es así porque la derogatoria de aquella resolución, en la que amparan sus derechos, se efectuó sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, que es el supuesto en que ellos estaban, por la sola razón de que se encontraban en la circunstancia de hecho prevista en dicha resolución, lo que significa que los profesionales que adquirieron el derecho a que se les aplicara la fórmula de ajuste automático a la fecha en que estaba vigente la resolución que lo acordaba, adquirieron el derecho a ese beneficio, en la forma que lo autorizaba entonces aquella resolución; lo que también significa que la resolución posterior no puede interpretarse ni aplicarse de manera tal que vaya en perjuicio del derecho adquirido y, por ende, de la aplicación de la mencionada fórmula de ajuste automático; lo anterior significa que si la resolución DG-046-94 eliminó o modificó el beneficio que establecía dicha fórmula, la enmienda solamente es aplicable a aquellos que llegaron a ocupar el puesto de profesional 1, 2 y 3, profesional jefe 1, 2 y 3, y de directores generales con posterioridad a la derogatoria de la resolución DG-078-89.” (La negrita y el subrayado no son del original). De esa manera, como en el presente asunto se ha tenido por acreditado -sin cuestionamiento alguno por parte del demandado- que las y los demandantes fueron nombrados en puestos profesionales de los contemplados en la resolución DG-078-89 antes de que esta fuera derogada, efectivamente conservan el derecho regulado en esa resolución, puesto que la derogatoria acordada el 4 de mayo de 1994, se dispuso sin afectar los derechos del personal al que se le aplicaba el mecanismo de reajuste salarial previsto en la primera resolución, y no se advierten razones para variar ese criterio. A lo expuesto, debe añadirse lo explicado por esta Sala en el voto 683, de las 8:30 horas del 4 de julio de 2014: “…debe aclararse que esta Sala ha sido del criterio de que los derechos basados en la mencionada fórmula derivan tanto del laudo (Tribunal Superior de Trabajo de las 8:00 horas, del 12 de julio de 1989) como de la Resolución de la Dirección General del Servicio Civil n°. DG-078-89 de las 13:00 horas, del 14 de setiembre de 1989. La citada resolución vino a acatar lo dispuesto en el laudo, entre otros, respecto de los salarios base, las anualidades y las bases para futuras revalorizaciones de los puestos señalados (profesional 1, 2 y 3; jefe profesional 1, 2 y 3 y director general), conforme al criterio del órgano técnico competente. Así fue como se dispuso la revalorización de los puestos, por medio de la modificación de la escala salarial, para lo cual se implementó la aplicación de la fórmula (artículos 4 y 5 de la referida resolución), cuya puesta en práctica se pretende en los casos que se vienen discutiendo en el proceso. Como se dijo en aquel voto (n° 1288-2010), en la sentencia arbitral no se estableció ningún mecanismo para llevar a cabo la labor propuesta (revisar los salarios base y las anualidades de aquellos grupos profesionales así como definir las bases para futuras revalorizaciones de éstos), la cual además es de naturaleza técnica y, por ende, propia de un órgano especializado como lo es, precisamente, la Dirección del Servicio Civil. Es decir, la fórmula automática de ajuste de los salarios no se contempló en el laudo, sino en la indicada resolución, como resultado de estudios técnicos posteriores que acogió la administración. Así, antes de aquel acto administrativo y ejecutorio del laudo, no existía la fórmula y, por consiguiente, tampoco un derecho subjetivo a su aplicación. Con ese fundamento, se considera que debe mantenerse la posición sostenida, máxime cuando no existe ningún motivo que implique modificarla. De igual modo, debe decirse que no hay mérito para variar la concepción del derecho adquirido que se manejó en el mencionado voto (n°. 1288-2010) y, en consecuencia, debe considerarse como tal el derecho de aquellos que se encontraron en el supuesto de hecho previsto en la resolución DG-078-89 mientras estuvo vigente. Al respecto, es importante traer a colación las consideraciones expresadas por la Sala Constitucional en el voto n°. 3285 de las 15:00 horas, del 30 de octubre de 1992, que en lo conducente sostuvo: 'II. El dimensionamiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional formuló la Sala en la sentencia N° 1696-92, se origina en la necesidad de respetar, en la medida de los posible, los efectos que en justicia y al amparo de la situación anterior se hubieran producido. Evidentemente, una praxis tan extendida, ha generado a través del tiempo derechos y beneficios para servidores y organizaciones sociales, que se han incorporado a la relación de servicio, por más que el clausulado del que derivan desaparezca formalmente hablando. Por eso, la Sala considera que sí procede aclarar la sentencia en aquéllos extremos en los que haya dudas razonables de su alcance a la situación presente. Entiende la Sala, que el derecho adquirido sería el que se ha obtenido en firme, por la vigencia del laudo, aún cuando a hoy aquél haya fenecido formalmente, por manera que se ha incorporado la relación, en la medida en que no haya necesidad de acudir nuevamente al texto, clausulado o mecanismos allí establecidos (porque evidentemente ya no es posible), para que se produzca el derecho o beneficio. También es evidente, que la supervivencia que se atribuya a determinados efectos -derechos adquiridos en los términos dichos-, no puede otorgarse y aclararse, sino en favor de los trabajadores cobijados por ellos, y no a quienes luego de la sentencia de inconstitucionalidad adquieran ese carácter. Otros aspectos en los que puedan surgir dudas sobre el alcance de la sentencia aquí comentada, deberán ser planteados ante la jurisdicción común y resueltos de conformidad con los principios y normas aplicables en la materia', a cuyo efecto dispuso 'Se adiciona y aclara la sentencia N° 1696-92 de las quince y treinta horas del día veintitrés de junio de mil novecientos noventa y dos, cuya fecha se aclara, en la siguiente forma: a) En cuanto a los laudos sin plazo, con prórroga automática o prorrogados de hecho, las cláusulas que reconozcan derechos directamente en favor de los servidores o de sus organizaciones sociales, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1993, por razones de equidad; las restantes cláusulas se tendrán por fenecidas a la fecha de publicación del fallo de la Sala; b) al vencer los laudos conforme a su plazo o según la regla del apartado anterior, se mantendrán los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas al amparo de los laudos por los trabajadores protegidos actualmente por ellos…'. En esa misma línea, en la resolución DG-046-94, que derogó la DG-078-89, se dispuso en el numeral 2 que 'Los servidores afectados por las resoluciones derogadas tendrán protección de sus derechos adquiridos, de conformidad con las normas legales vigentes' (énfasis agregado). Además, es importante indicar que en el artículo siguiente se normó: 'El Departamento de Salarios e Incentivos en coordinación con el Departamento Legal, emitirá las normas y criterios técnicos que se requieran para dar cumplimiento al artículo 2 anterior' (artículo 3 de la resolución DG-046-94), disposición que no tendría razón de ser, si como lo expuso el recurrente, los derechos adquiridos se limitaban a las sumas salariales efectivamente devengadas por el (la) funcionario (a) y, por ende, incorporadas a su patrimonio, pues entonces no habría nada que regular y los montos que entraron en tal patrimonio sencillamente ingresaron y no habría nada más que regular. Conforme a lo que se ha planteado, debe entenderse la fórmula automática como incorporada a la relación de los (as) actores (as)…” A lo expuesto, también cabe añadir lo indicado en el voto 1180, de las 9:15 horas del 23 de octubre de 2015, en el que se explicó: “Además, para clarificar la tesis imperante en los pronunciamientos de la Sala Constitucional que nos interesan (a saber, el 1696 de las 15:30 horas del 23 de agosto y el 3285 de las 15 horas del 30 de octubre, ambos de 1992), es relevante tomar en cuenta lo que se acotó en el voto salvado de este último, en cuyo texto se lee: '…3) Tampoco es admisible que se disponga la supervivencia indefinida e indiscriminada de derechos y situaciones, comprendiéndose entre ellos hasta los que sean derivados de cláusulas de los laudos que crearon o superaron beneficios, muchas veces, en forma contraria al ordenamiento jurídico vigente./ 4) La aclaración al fallo permitirá que coexistan dos categorías de funcionarios en la Administración: unos con amplios e irreversibles beneficios, especialmente salariales y simultáneamente, otros que por el simple hecho de la fecha de ingreso al servicio, carecerán de ellos, originándose así, una desigualdad inconstitucional, por carecer de razonabilidad y proporcionalidad. Esta desigualdad se dará, además, respecto de grupos (en otros entes y órganos públicos), en los que no se dictaron laudos arbitrales, con efectos, desde luego, muy graves./ 5) Considera el voto de minoría, que luego del cese de la vigencia de cada laudo, las situaciones de fondo contenidas en cada cláusula, deben ser redefinidas, utilizando los medios jurídicamente disponibles y en general, actuando dentro del marco legal ahora aplicable, precisamente el delimitado por la misma sentencia de la Sala'. Lo externado en ese voto disidente sirve para comprender cuál fue la posición de la mayoría de esa Sala en el tema del dimensionamiento, que debe respetarse porque conforme al ordinal 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional resulta vinculante erga omnes. En resumen, ese voto de minoría es el que sostiene el criterio de la inexistencia de un derecho adquirido hacia el futuro, aunque el nombramiento sea anterior a la inconstitucionalidad; tesis que ha venido defendiendo la representación del Estado en estos litigios; sin embargo, esa postura no es aceptable, porque lo que debe aplicarse es el criterio del voto de mayoría y no el de minoría… Según el señor Procurador, se ignoraron los fallos de la Sala Constitucional sobre derechos adquiridos; empero, no lleva razón porque esos pronunciamientos, si bien son vinculantes, lo que hicieron fue definir dicho concepto desde el punto de vista del Derecho de la Constitución y brindaron un marco de referencia sobre el tema. El hecho de que este otro Despacho haya dicho que en este caso concreto se está ante un derecho adquirido no implica que se esté contraviniendo lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, pues se trata de un punto de criterio jurídico aplicado al caso concreto, donde incluso se han tomado como fundamento otros fallos constitucionales. El Estado argumenta también que existen algunos pronunciamientos de esta Sala donde se ha resuelto en forma distinta respecto al tema de los derechos adquiridos, cuando se trata de fórmulas de reajuste de salarios. En respuesta a lo anterior, cabe acotar que la jurisprudencia es solo una fuente informadora del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no es de acatamiento inquebrantable, a la vez que se deben considerar principios fundamentales como el de independencia de la persona juzgadora y la circunstancia de que son veredictos que se emiten desde la perspectiva de cada caso en concreto. De todas formas, los votos a que alude el impugnante no versaron sobre asuntos idénticos al que ahora se discute”. (En igual sentido pueden consultarse las sentencias 1112, de las 10:20 horas del 7 de octubre y 1154, de las 9:40 horas del 16 de octubre, ambas de 2015). En síntesis, ese voto salvado en conjunto con el de mayoría es lo que sustenta el criterio que ha sostenido la mayoría de la Sala en estos asuntos, sobre la existencia de un derecho adquirido hacia futuro, pues precisamente el voto de minoría se aparta en tanto la mayoría consideró incorporados a las relaciones aquellos derechos y aplicables a futuro. Conforme a lo que se ha explicado, debe entenderse la fórmula automática como incorporada a la relación de la parte actora. Como corolario, el tema del derecho adquirido en estos casos viene resuelto expresamente por la Sala Constitucional y, nos guste o no, debemos respetarlo conforme al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por consiguiente, el recurso del Estado no puede ser acogido en cuanto plantea que a la parte actora no le asiste ningún derecho adquirido y, en consecuencia, conforme a los agravios que se formulan en esta instancia, lo decidido en cuanto a la concesión del derecho hasta el 4 de mayo de 1994 debe mantenerse. En forma subsidiaria, el representante del Estado expone que el derecho no puede ser concedido desde la fecha de la resolución DG-078-89 -14 de setiembre de 1989-, porque esta se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1992. Sin embargo, en el expediente no hay prueba de si a la parte actora se le aplicó la fórmula de revaloración ni tampoco del momento en que dejó de aplicársele. En cualquier caso, debe entenderse que el derecho surge a partir de la fecha en que cada una de las personas accionantes fue nombrada en un puesto de los contemplados en dicha resolución, con límite al 4 de mayo de 1994, como viene resuelto.

V.- COSTAS: La representación del Estado pretende que se resuelva sin especial sanción en costas. Sin embargo, la Sala no encuentra razones que permitan variar lo decidido. En lo que interesa, el artículo 562 del Código de Trabajo señala: En toda sentencia,… se condenará al vencido, …al pago de las costas personales y procesales causadas./ Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo o acoge excepciones materiales de las calificadas como previas, las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso…/ Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado…” El artículo 563 siguiente, por su parte, estipula: No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando:/ 1) Se haya litigado con evidente buena fe./ 2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente./ 3) Cuando haya habido vencimiento recíproco./ La exoneración debe ser siempre razonada./ No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados…” Si bien las pretensiones no fueron acogidas en su totalidad, la Sala considera que no es dable aplicar la facultad contemplada en esta última norma. En lo que sí lleva razón es en cuanto a que la fijación de las costas personales debe hacerse en una suma prudencial, dado que algunas pretensiones fueron inestimables.

VI.- CONSIDERACIONES FINALES: De conformidad con las razones dadas, debe acogerse el recurso en cuanto a lo decidido sobre costas personales y anularse la decisión de fijarlas en el quince por ciento de la condena. En su lugar, estas deben establecerse en trescientos mil colones respecto de cada una de las personas demandantes.

VII.- NOTA DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y CHACÓN ARTAVIA: A nuestro juicio, la decisión adoptada por el Juzgado, de limitar el derecho de la parte actora al cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro se encuentra ajustada a Derecho. La Sala Constitucional, en el fallo n.° 2765-97, refiriéndose a los alcances del ordinal 34 de la Carta Magna, indicó: “Los conceptos de "derecho adquirido" y "situación jurídica consolidada" aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que esta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la "situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando estos no se hayan extinguido aún (…). En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege –tornándola intangible– la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada”. En un pronunciamiento posterior (5291-00), el órgano contralor de constitucionalidad acotó: “Como adquirido, se debe entender aquel derecho (en cuanto expresión de una relación jurídica concreta que se proyecta sobre un determinado sujeto) que ha ingresado efectivamente en el patrimonio de una persona, de modo tal que no podría eliminarse sin causar un concreto y evidente menoscabo en las condiciones que ya ostentaba con anterioridad. Así, no podría entrar dentro de esta concepción una mera expectativa a futuro, aun cuando se contara con parámetros objetivos para hacer el cálculo de lo que podría constituir su posible consecuencia efectiva, pues lo cierto es que en este último estadio aún no ha pasado a formar parte de la esfera patrimonial del sujeto; ergo, no puede considerarse entonces "adquirido". El espíritu del artículo 34 impide a la nueva ley incidir sobre los efectos jurídicos ya producidos en determinadas situaciones concretas, derechos subjetivos que ya contaban con una expresión individualizada en el patrimonio de una persona al momento de sobrevenir la nueva legislación. Bajo este razonamiento, ha de admitirse que la proyección futura de una determinada relación jurídica no puede verse cobijada por esta garantía constitucional, pues tal cosa apareja una suerte de “congelamiento” o petrificación del ordenamiento y de la potestad legislativa y reglamentaria del Estado, que no compagina con el principio derivado del artículo 129 constitucional cuando señala que "las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen". Lo anterior, por cuanto ante toda posible variación en el régimen jurídico atinente a determinada materia, cualquiera podría alegar su "derecho adquirido" a que se mantengan o conserven las condiciones normativas anteriores, lo que en buena lógica resulta claramente inadmisible. Volviendo a lo dicho líneas atrás, la interdicción constitucional que fluye del artículo 34 rige únicamente para los derechos asumidos, integrados al patrimonio. En cambio, sobre las situaciones pendientes, futuras, sobre lo no consumado aún, solo es posible poseer una expectativa. Dentro de una relación jurídica que se mantiene en el tiempo, no existe aplicación retroactiva cuando las nuevas condiciones normativas se aplican al desarrollo futuro de la relación, sin incidir sobre los efectos ya consumados en la situación anterior”. La Sala Segunda también ha desarrollado el concepto de “derecho adquirido”, en los siguientes términos: “La teoría de los derechos adquiridos surge a raíz de los estudios relacionados con la aplicación de la Ley en el tiempo y, principalmente, con el principio de la irretroactividad de la ley, contemplado en el artículo 34 de nuestra Carta Magna. Dicha teoría ha dado lugar a una importante y amplia discusión doctrinal en el Derecho Comparado. Z.Á. expone las distintas teorías que se han expuesto sobre el tema. En ese sentido, señala que la concepción tradicional ha sido la de M., quien indicó que 'derechos adquiridos son aquellos que han entrado a nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no pueden sernos arrebatados por aquel de quien los hubimos'. Por su parte, C. de L’Allier lo definió como 'aquel que había sido irrevocablemente conferido y definitivamente adquirido antes del hecho, del acto o de la ley que se le pretende oponer para impedir el pleno y entero goce de él'. B., por su parte, funda su teoría en la noción fundamental de 'esperanza', derivando de ahí, no solo la concepción del derecho adquirido, sino también la de expectativa; indicando que la ley nueva no puede lesionar los derechos adquiridos. Todas estas definiciones no han estado exentas de críticas, pero nos dan una noción aproximada de lo que ha de entenderse por derecho adquirido. Más adelante, V., en la elaboración de su teoría, manifestó: 'Una vez consumada la existencia de los hechos o condiciones a que la ley ha unido el poder de formar o constituir un derecho, este principia a existir luego con el poder de desarrollarse en lo sucesivo produciendo todos los efectos que habría producido bajo el imperio de la ley que procedió a su formación”. Bajo ese mismo pensamiento, F. conceptuó el derecho adquirido como 'aquel que se debe tener por nacido en el ejercicio integralmente realizado o por haberse íntegramente verificado todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor para atribuir dicho derecho, pero que no fue consumado enteramente antes de haber comenzado a estar en vigor la ley nueva'. Con mayor claridad, R.H. expuso esta teoría y, al respecto, señaló que en toda disposición legal hay un elemento material y otro formal. El primero se refiere al supuesto o hipótesis de hecho previstos en la norma y, el formal, a la conclusión jurídica surgida como directa consecuencia del acaecimiento de aquellos supuestos e hipótesis fácticos. Verificado el hecho, nacen los efectos jurídicos que la ley le asigna y, que son, precisamente, los derechos adquiridos. De esa manera, las consecuencias de un hecho anterior a la ley nueva no pueden ser desconocidas ni destruidas por esta, cuando se hayan producido antes de que entre en vigor la nueva ley o, cuando no hubieren acontecido, se relacionen a su causa, como un resultado necesario y directo. La teoría de Bonnecase, de gran importancia y trascendencia, abandonando la discusión sobre los derechos adquiridos y las meras expectativas, estableció que la regla de la no retroactividad de las leyes significa, rigurosamente, que una ley nueva no puede vulnerar o atacar una situación jurídica concreta, nacida bajo el imperio de la ley antigua y considerada tanto en sus efectos pasados y en su existencia, como en sus efectos futuros, tal como los determinaba la ley derogada; entendiendo por situación jurídica la manera de ser de cada uno, respecto de una regla de derecho o institución jurídica que se concreta cuando se pone en funcionamiento la ley (Z.A., E.. Estudios Jurídicos, Bogotá, Editorial Temis, 1974, pp. 18-71. En el mismo sentido se manifiestan ARANGO VALENCIA, J.. (Derechos Adquiridos), Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, primera edición, 1983, pp. 25-58; y, G.M., E.. (Introducción al Estudio del Derecho), México, Editorial Porrúa, cuarta edición, 1951, pp. 377-391). En nuestro medio, R.H.V., bajo la misma inteligencia, señala que 'un derecho se adquiere o una situación jurídica se consolida cuando se realiza la situación de hecho prevista por la norma para que se produzcan los efectos que la misma disposición regula' (El Derecho de la Constitución, Volumen I, S.J., Editorial Juricentro, primera edición, 1993, p. 532)” (resolución 400-03). En un proceso arbitral, el Tribunal Superior de Trabajo, mediante laudo de las 8 horas del 12 de julio de 1989, dispuso que en un plazo improrrogable de tres meses, la Dirección General de Servicio Civil deberá revisar el salario base y anualidades, así como definir las bases para futuras revaloraciones de los puestos Profesional 1, 2 y 3, Jefe Profesional 1, 2 y 3 y D. General, para ajustarlos a los dictámenes de la técnica, la realidad imperante, la equidad y la justicia”. En cumplimiento de lo anterior, el 14 de setiembre de 1989 la Dirección General de Servicio Civil emitió la resolución DG-078-89. Su artículo 4 decía: “Establecer las siguientes bases para las revaloraciones de las clases Profesional 1, 2 y 3, Profesional Jefe 1, 2 y 3 y D.G., a saber: Ajustar los salarios de los Profesionales cuando se otorgue un aumento general a los funcionarios amparados al Régimen de Servicio Civil, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: (SBV3) (1.07) + D = SBPJ1; en donde SB = Salario Base, V3 = Veterinario 3, PJ1 = Profesional Jefe 1, D = Diferencia entre el producto resultante y la categoría superior más cercana”. Queda claro que se trató de una resolución ejecutoria del laudo, según se consignó expresamente en su primer considerando. La Sala Constitucional, en el voto 1696-92, determinó que la aplicación de los preceptos del Código de Trabajo concernientes a la intervención de los Tribunales de Trabajo en el procedimiento de arbitraje obligatorio en el ámbito de los servicios públicos resultaba inconstitucional, en el tanto en que ese procedimiento tuvo origen en otro orden constitucional, en el cual no existía la concepción de un régimen público exclusivo para los/as servidores/as del Estado, que sí fue previsto en la Constitución Política de 1949. Por esa razón, resolvió que al no existir un régimen administrativo laboral adecuado a la Carta Fundamental, ni una norma administrativa expresa que le permitiera al Estado someterse a los Tribunales de Arbitraje en aras de solucionar los conflictos colectivos, se quebrantaba el principio de legalidad. Concluyó, pues, que a las Administraciones regidas en materia de empleo por el Derecho Público no les eran aplicables los mecanismos de resolución de los conflictos colectivos de carácter económico y social, mientras no fueran subsanadas las deficiencias legales. En consecuencia, declaró inconstitucionales, del Código de Trabajo, los artículos 405 y 504 a 542, respecto de las Administraciones Públicas con régimen de empleo de naturaleza pública, y los ordinales 404 a 411 y 532, en relación con las Administraciones Públicas no sujetas, legalmente, a un régimen público de empleo. Lo expuesto incidió en la vigencia del laudo antes mencionado, quedando por lo tanto sin sustento jurídico la resolución DG-078-89. En vista de lo anterior, el 4 de mayo de 1994 se dictó la resolución DG-046-94, que derogó la DG-078-89, dejando a salvo los derechos adquiridos. Los servidores que fueron nombrados Profesionales con posterioridad a la derogación de la resolución DG-078-89 no ostentan ningún derecho adquirido, puesto que nunca se les aplicó la fórmula en cuestión (a la fecha de su designación como Profesionales, el mecanismo ya había desaparecido). Aquellos que fueron investidos en plazas de Profesionales mientras estuvo vigente la fórmula y se beneficiaron de la misma -como es el caso de los actores victoriosos-, sí tienen derechos adquiridos, mas no a la aplicación del mecanismo hacia futuro (es decir, a perpetuidad), porque no existe un derecho a la inmutabilidad del ordenamiento. Para ellos, el derecho adquirido está representado por las sumas de dinero que recibieron como resultado de la aplicación de la fórmula, las cuales no están obligados a devolver, por encontrarse ya incorporadas a sus respectivos patrimonios. Tampoco podría sustentarse la existencia de un derecho adquirido a la aplicación de la fórmula prevista en la resolución administrativa derogada con fundamento en lo dicho en el voto n.º 1696-92 de la Sala Constitucional, adicionado por el n.º 3285-92, ya citados, pues el concepto de derecho adquirido de esa Sala, ya expresado anteriormente, no fue variado, pues lo sigue entendiendo como, "...el que se ha obtenido en firme, por la vigencia del laudo, aun cuando a hoy aquél haya fenecido formalmente, por manera que se ha incorporado la relación, en la medida en que no haya necesidad de acudir nuevamente al texto, clausulado o mecanismos allí establecidos (porque evidentemente ya no es posible) para que se produzca el derecho o beneficio...." De ahí que en el último dispusiera que: "b) al vencer los laudos conforme a su plazo o según la regla del apartado anterior, se mantendrán los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas al amparo de los laudos por los trabajadores protegidos actualmente por ellos”. Es decir, ese reconocimiento sería conforme al concepto ya comentado de derecho adquirido. Resolver de otra manera iría contra lo dicho en esos votos pues la Administración para la aplicación de los aumentos salariales debería recurrir a las fórmulas o mecanismos de cálculo contenidas en la resolución derogada. A mayor abundamiento, en virtud del principio de legalidad presupuestaria (consagrado en el canon 180 de la Constitución Política), si no media una norma que sirva de base, la Administración se encuentra impedida para realizar pagos, siendo que la resolución administrativa en que se cimentaba la fórmula de reajuste aquí reclamada fue derogada en 1994. Para acabar, conviene transcribir un extracto del voto 799-11 de esta Sala, por las semejanzas que presenta con el sub júdice: “En el caso que ahora nos ocupa, la entidad accionada, en uso de sus potestades legales, derogó el método de revisión salarial consistente en la “homologación”. Así las cosas, al suprimirse la norma que servía de base para aplicar esos reajustes, no es posible “a futuro” continuar aplicando ese método, por cuanto no existe un derecho de los administrados para la inmutabilidad del ordenamiento jurídico, y lo que debe respetarse son los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de una norma vigente; ya sea que se hubieran integrado al patrimonio del administrado (en el caso de los primeros); o que se hubiera cumplido el factor condicionante en el caso de la segunda, y únicamente estuviera pendiente de producir sus efectos, como sería el caso de todas las homologaciones no efectuadas durante la vigencia de la norma, que no podrían dejar de efectuarse en virtud de la supresión del precepto legal, al haberse cumplido, durante el período en que rigió, los supuestos de hecho exigidos para que operase la consecuencia prevista en aquella regla jurídica. De modo que, lleva razón el recurrente al mostrarse agraviado con el fallo del ad quem, en cuanto establece la obligatoriedad para la accionada de continuar haciendo la homologación con base en la normativa derogada”. Conforme a lo expuesto, al estar probado que las y los demandantes fueron nombrados como Profesionales antes del 4 de mayo de 1994, se encuentran en los supuestos previstos en la resolución DG-078-89 para que se les aplique la fórmula de reajuste salarial automático en ella contenida, pero hasta la derogatoria de aquella resolución por la DG-046-94. Con base en las razones expuestas concurrimos con el voto de mayoría en cuanto declara sin lugar el recurso y mantiene la decisión del Juzgado de conceder el derecho hasta el 4 de mayo de 1994.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la sentencia solo en cuanto fijó las costas personales en el quince por ciento de la condena. En su lugar, estas se establecen en trescientos mil colones respecto de cada una de las personas demandantes. Las magistradas V.A. y C.A. consignan nota.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya Roxana Chacón Artavia

Flora Marcela Allón Zúñiga Milagro Rojas Espinoza

Res: 2019000013

GGONZALEZ

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