Sentencia Nº 2019004054 de Sala Constitucional, 08-03-2019

Número de sentencia2019004054
Fecha08 Marzo 2019
Número de expediente18-018883-0007-CO
EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)

*180188830007CO*

Exp: 18-018883-0007-CO

Res. Nº 2019004054

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 18-018883-0007-CO, interpuesto por JULIO A.F.P., cédula de identidad 0110500677, favor de EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA S.A., contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

Resultando

  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:31 horas del 26 de noviembre de 2018, el recurrente interpone recurso de amparo a favor de Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A. contra la Municipalidad de San José, y expresa que la empresa amparada, se dedica a la comercialización publicitaria de mobiliario urbano conocida como "Mupis", instaladas en paradas de autobús de rutas nacionales y cantonales en todo el país. Señala que para la colocación del referido mobiliario urbano, su representada, cuenta con el debido permiso emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No obstante lo anterior, alega que el pasado 25 de octubre, sin mediar notificación previa de acto administrativo alguno, la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de San José, acudió a la vía de hecho y comenzó a clausurar el mobiliario urbano instalado en rutas nacionales, actuación que alega, se ha mantenido hasta el día de hoy, pese a la inexistencia de algún procedimiento en contra de la empresa amparada y sin previa notificación de acto administrativo que lo sustente. En virtud de lo expuesto, estima violentado el derecho de defensa de su representada; toda vez que, ante la inexistencia de un acto administrativo, se imposibilita ejercer el derecho de impugnar la decisión de clausura, volviendo ineficaz cualquier remedio ordinario; máxime que desconocen las razones que motivó el acto. Además, considera que la autoridad recurrida, invadió las competencias constitucionales asignadas al MOPT; pues colocó sellos en rutas nacionales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de Ley.
  2. Informa bajo juramento N.G.G., en condición de Directora de Control Urbano de la Municipalidad de San José, que la sociedad de la cual se arroja la interposición de este recurso de amparo, se encuentra ejerciendo una actividad comercial “publicitaria” en forma ilegal e irregular, al no contar con autorización municipal. Manifiesta que, dicha sociedad persiste en seguir utilizando para su propio y único beneficio económico con ocasión de la colaboración de la publicidad que despliega en dichas estructuras y usufructuando los bienes de dominio público, obteniendo así un lucro por dicha actividad para sí, sin retribuir nada a cambio, y ello además en contra de los intereses públicos que esta Municipalidad pretende tutelar ante la situación de la irregularidad de la empresa al respecto, impidiendo que el cantón cuente con un mobiliario urbano moderno, que se ajuste a las regulaciones de la ley 7600, que sea menos lesivo a la contaminación visual e invasivo de las áreas públicas, razones que son entre otras y muchas más, las que motivan a la Municipalidad a estar en un proceso en la actualidad, con el fin de procurar concretar una opción a través de otra empresa que no es EUCOR, en la dotación de dicho mobiliario urbano. Señala que, la empresa interpuso una “medida cautelar” ante el Tribunal Contencioso Administrativo que se tramita bajo el expediente 18-007034-1027-CA (donde EUCOR amplía las pretensiones en función de los mismos actos que aquí está cuestionando y que constituye el objeto de este recurso de amparo). Considera que al no prosperar dicha pretensión, lo que pretende ahora es responsabilizarla ante la Jurisdicción Constitucional sin fundamento alguno. Expresa que no tiene derecho a reclamar la tutela efectiva de la justicia de derechos, cuando la empresa se encuentra en una situación de ilegalidad, siendo la actuación municipal cuestionada dada la función de regularizar la actividad desplegada ilícitamente y dentro de las competencias municipales. Asegura que tanto en la vía Constitucional como en la Contenciosa Administrativa alega que las clausuras son actos ilegales de la municipalidad, es decir, reclama la misma situación ante las dos jurisdicciones mencionadas. Aclara que, el Tribunal Contencioso resolvió no acoger la pretensión de ordenar a la Municipalidad levantar los sellos. Detalla que, la respuesta brindada al recurrente mediante el oficio DCU-442-2018 del 30 de noviembre de 2018, se hizo no estando en conocimiento de la existencia del recurso de amparo, mismo que fue notificado hasta el 03 de diciembre de 2018, ni se tenía conocimiento de lo resuelto cautelarmente según se indicó supra, por lo que se está preparando una respuesta para el recurrente, disponiendo que en el tanto se resuelva lo pertinente, se dispondrán las acciones del caso. Expresa que la ilegalidad no es tutelable y que estar accediendo a los órganos jurisdiccionales en pleno conocimiento de su situación de ilegalidad, resulta un actuar de mala fe, una estrategia procesal con el fin de mantenerse ilegalmente en el tiempo ejerciendo la actividad económica publicitaria, anteponiendo sus intereses económicos y lucrativos por encima de los intereses públicos que la Municipalidad tutela y dentro de ellos la legalidad que se pretende imponer, actuando la empresa en desobediencia a lo ordenado por la Municipalidad y en incumplimiento a lo que ella misma se había comprometido. Según Auditoría Municipal 075-INF-A-2017 del 9 de mayo de 2018, la empresa con la que se tenía el contrato de ampliación, sustitución, reubicación y cesión de la concesión entre la Municipalidad de San José, Publivias S.A, y Equipamientos Urbanos de Costa Rica para la instalación de pérgolas, casetas o parabuses en el cantón central de San José, venció desde el 2015, periodo en el cual se registró el último ingreso por ese concepto, sin interrupción de su actividad. Agrega que en dicho documento se indica que ha existido una explotación comercial (actividad) que no ha generado ingresos a la municipalidad en los años 2016 y 2017, lo cual ha lesionado los recursos económicos de la institución y va en detrimento de la Ley de Patentes de la Municipalidad de San José. Reitera que el recurrente lo que pretende es colocarse en una situación de privilegio respecto de todos los demás patentados del cantón y más allá de eso, busca ante la jurisdicción constitucional el reconocimiento de una “liberalidad total” al margen de la ley y de la Municipalidad, para continuar desarrollando una actividad económica que indistintamente se trate de vías nacionales o cantonales se rige por la materia y exige ajustarse a derecho sin ninguna autorización municipal ni patente comercial para su desarrollo. Adiciona que además de no contar con autorización respecto del mobiliario sobre vías cantonales por parte de la Municipalidad (pues según el mismo contrato vencido en 2015, la empresa debía de derribar esas estructuras y dejar de utilizarlas), la empresa tampoco ha cancelado estipendio alguno o el canon correspondiente por ocupación del espacio público, según así lo dispone el Reglamento de Espacios Públicos, Viabilidad y Transporte. Menciona que, como consecuencia de la atención de dos gestiones presentadas ante la Defensoría de los Habitantes, la Sección de Patentes procedió a notificar a la empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A., mediante la notificación Nº 45711-2017 del 10 de agosto de 2017 que en un plazo máximo de 10 días hábiles debían de retirar y eliminar todos los elementos de publicidad exterior colocados en los dispositivos MUPIS, parabuses y/o cualquier tipo de publicidad en el equipamiento urbano ubicado en las aceras frente a las vías cantonales de San José y que en el caso de no ser así, se efectuaría el retiro forzoso de los elementos de publicidad ubicados en el equipamiento urbano, bajo responsabilidad de la empresa, siéndole trasladado el costo en que incurriría la Municipalidad por ello. Comenta que, en esa misma notificación le fue advertido sobre las consecuencias legales del delito de evasión fiscal y de desobediencia a la autoridad. Explica que, la empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A., mediante solicitud de trámite Nº 452777 del 21 de agosto de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en contra de la notificación Nº 45711-2017, el cual fue rechazado mediante resolución Sinsp-2750-2017 del 03 de octubre de 2017 por la Dirección de Asuntos Jurídicos debido a que fue presentado de manera extemporánea y no fue elevado el expediente al alcalde por la preclusión de la fase procesal dada su inacción en el tiempo. La resolución Sinsp-2750-2017 fue notificada a la empresa Equipamientos de Costa Rica S.A el 03 de octubre de 2017 y al no ser recurrida en tiempo, quedó en firme y por ende, también la notificación Nº 45711-2017. Comenta que la Gerencia de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano, mediante oficio GGMU-262-2018 del 23 de octubre de 2018, solicitó a Control Urbano proceder a clausurar publicidad sin permiso municipal, por lo que, con sustento en los antecedentes ya mencionados y aunado a la directriz anterior, se procedió a girar el oficio DCU-376-2018 a efectos colocar sellos en la publicidad de dichas estructuras. Argumenta que dado que si existió un acto administrativo previo de notificación, la empresa amparada pudo ejercer su derecho de defensa mediante la interposición del recurso correspondiente, sin embargo, el mismo fue interpuesto extemporáneamente, quedando en firme el acto de notificación respecto del retiro de la publicidad desplegada ilegalmente en los MUPIS. Indica que el recurrente pretende distorsionar la actuación municipal en el sentido de querer hacer ver que cuentan con una autorización del MOPT (que en todo casa no ha sido acreditado ante este gobierno local por la empresa). Elucida que dicha autorización del MOPT es respecto de la ubicación o instalación de dichas estructuras sobre vías nacionales, mientras que la actuación municipal es respecto de la exhibición de la publicidad, por la actividad económica desplegada sin autorización municipal o patente comercial. Considera entonces, que los sellos colocados por dicha razón, se encuentran a derecho y ante la situación de irregularidad y de abuso de la empresa en detrimento de los intereses del cantón y del erario municipal. Consta en el oficio EUC-DG-039-17 de la empresa EUCOR/JCDecaux del 15 de diciembre de 2017 dirigido al despacho de la Alcaldía de la Municipalidad, que EUCOR se compromete a retirar todas las estructuras en el cantón en un plazo de seis meses, con el propósito de hacer mejoras y reparaciones en las aceras que se vieron afectadas, por lo que se demuestra que la actuación municipal desplegada ha sido legítima y que la recurrente tenía conocimiento de su situación. Señala que el compromiso venció el 15 de junio de 2018, sin que EUCOR haya cumplido con el retiro de las estructuras y mucho menos con el retiro de la publicidad de las mismas. Narra que la empresa recurrente solicitó una prórroga la cual le fue denegada y que por el contrario, tenía pleno conocimiento de que ante su incumplimiento, la municipalidad actuaría dentro de sus competencias. Solicita declarar sin lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos.
  3. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de diciembre de 2018, el recurrente solicitó la aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que existió una satisfacción extraprocesal del objeto del recurso. Explica que el 22 de noviembre de 2018 presentó un escrito ante la Municipalidad de San José, con el objetivo de que “gire instrucciones escritas para que se levante la totalidad de sellos de clausura colocados en mobiliario urbano instalado en rutas nacionales, así como me mantenga en copia de dichas instrucciones”. Sostiene que desde la presentación del amparo, el día 30 de noviembre de 2018, la autoridad recurrida dio respuesta a la gestión que había presentado el recurrente en vía administrativa mediante oficio DCU-442-2018, que la propia funcionaria aportó y que consta en la página 138 del archivo en formato PDF que aparece en el sistema de gestión en línea como el informe rendido por ella. Advierte que dicho documento se aportó incluyendo un adhesivo con anotaciones a mano que obstaculiza parcialmente su texto, siempre se puede leer lo siguiente: “(…) he girado instrucciones verbales a los encargados respectivos, a efectos de que se proceda a eliminar los sellos colocados sobre aquellas estructuras (mobiliario urbano) que se encuentran sobre vías nacionales y propiedad de EUCOR S.A.”. Externa que “en todo caso, en este acto, estoy aportando la notificación que recibí de la autoridad recurrida ese mismo día (30 de noviembre de 2018). Así las cosas, tal y como adelanté, ruego a esta Sala apreciar que en este caso se ha configurado el supuesto previsto por el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el tanto, mediante acto administrativo escrito y de fecha posterior a la presentación del amparo, la autoridad recurrida satisfizo la pretensión al señalar que procedería a “eliminar los sellos colocados sobre aquellas estructuras (mobiliario urbano) que se encuentren sobre vías nacionales, y propiedad de EUCOR S.A.”- Es que, efectivamente, como consta con absoluta claridad del memorial de interposición, este recurso nunca tuvo relación alguna con el mobiliario instalado en rutas cantonales, sino, solamente, sobre rutas nacionales. - El oficio DCU-442-2018 no solamente implica la satisfacción extraprocesal de la pretensión del amparo, sino que, lógicamente, es acto favorable a la empresa amparada que está protegido por la garantía constitucional de intangibilidad de los actos propios. No puede, por tanto, ser desconocido por la autoridad recurrida. De tal forma, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, visto el oficio DCU-442-2018, solicito de manera muy atenta a esta Sala que, con la inmediatez que permitan sus ocupaciones, declare con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas. - Agréguese que, con base en una línea jurisprudencial que, si bien es cierto, es de vieja data, se ha mantenido incólume, cuando se da la satisfacción procesal esta Sala procede a declarar con lugar el amparo sin entrar a examinar el fondo de lo alegado. Lo anterior, pues el justiciable ya obtuvo lo que pedía en virtud de decisión en vía administrativa. Al respecto, en la resolución No. 665-92 de las 14:50 horas del 11 de marzo de 1992, esta Sala señaló lo siguiente: “Como quedó debidamente acreditado en autos, la actuación impugnada fue suspendida administrativamente por el demandado y así el recurrente obtuvo lo que perseguía con el recurso, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala no entra a considerar las violaciones que pudieran haberse cometido sino que por disposición legal debe declararse imperativamente con lugar el recurso en la forma allí indicada”. En esa misma línea, en la resolución No. 3337-92 de las 17:35 horas del 4 de noviembre de 1992, este Tribunal se pronunció así: “… sólo procede declarar con lugar el mismo para los efectos de indemnización y costas, puesto que el fondo del mismo ya ha sido resuelto con la respuesta que por parte de la Administración se le diera a la recurrente”. Finalmente, interesa citar la resolución No. 85-I-95 de las 14:30 horas del 1 de febrero de 1995: “El artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al establecer la estimación automática del recurso por satisfacción extraprocesal, supone iuris et de jure que para esa satisfacción haya pesado la existencia del recurso, además de que hubo de parte del recurrente una obvia justificación para plantearlo”. - Por todo lo expuesto, invocando el artículo 52 de la Ley No. 7135, solicito declarar con lugar el amparo, para efectos de indemnización y costas, vista la satisfacción extraprocesal derivada del oficio DCU-442-2018”. Advierte una serie de inexactitudes en el informe rendido por la funcionaria de la Municipalidad de San José, sea que “para empezar, lógicamente, la Directora de Control Urbano no puede ir en contra de sus propios actos, desconociendo el oficio DCU-442-2018, en donde ya accedió a lo solicitado y hasta indicó que giraría instrucciones para eliminar los sellos colocados en mobiliario que se encuentre sobre vías nacionales. Y es que, específicamente, en ello radica la grave inexactitud que caracteriza el informe rendido por la autoridad recurrida, pues todos sus alegatos sobre la supuesta ausencia de una relación contractual en entre la empresa amparada y la Municipalidad, así como la discusión que se está sosteniendo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, se refieren al mobiliario ubicado en rutas cantonales (lo cual, según consta con claridad del memorial de interposición de este amparo, no tiene relación con el presente recurso). Así que toda la discusión que la funcionaria recurrida pretende plantear ante esta Sala, resulta estéril. Tan claro es que esa discusión se refiere al mobiliario urbano de rutas cantonales (no nacionales), que las notificaciones realizadas en el año 2017 y con las que dicha funcionaria pretendía rechazar nuestro alegato relativo a la flagrante violación del debido proceso, indican, literalmente, lo siguiente: POR CONSIGUIENTE: Se gira orden a la Empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica Sociedad Anónima, para que en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la presente notificación, retiren y eliminen todos los elementos de publicidad exterior colocados en los dipositivos (…) en las aceras frente a las vías cantonales del Cantón de San José. Por último, en lo relativo a la discusión que la Municipalidad también pretende someter ante esta Sala sobre la supuesta ausencia de patente o licencia comercial (discusión que sería un tema de legalidad y nunca de constitucionalidad), convenientemente a sus intereses, el informe que fue rendido bajo fe de juramento omite aclarar que la amparada ha venido solicitando pagar patente hace mucho, pero la misma Municipalidad no lo ha permitido. Es más, lo último que se notificó a la empresa amparada, fue el 3 de julio de 2018, donde la Municipalidad indicó que el cobro de patente no se ha realizado todavía porque el Concejo Municipal aún sigue sin definir cuál es el monto que la amparada debe cancelar (véase adjunto, que aportamos sólo para fines ilustrativos pues, se insiste, es un tema de legalidad). Por supuesto, se reitera, que ese no es un asunto de constitucionalidad, y es claro que no incurriremos en el mismo error de la funcionaria recurrida, de trasladar dicha discusión a esta sede. En cambio, lo que sí es un asunto de constitucionalidad, y que fue lo que se reclamó con absoluta precisión desde un inicio en este amparo, es que no hubo notificación alguna relativa al mobiliario instalado en ruta nacional, donde la Municipalidad “motivara” su actuación en la supuesta falta de patente o cualquier otra pretendida justificación. Es hasta ahora, con posterioridad, que la Municipalidad intenta “motivar ex post” su actuación; pero, de nuevo, desde el 30 de noviembre de 2018, mediante el oficio DCU-442-2018, ya nos dio la razón y hasta expresó que giraría instrucciones para levantar los sellos colocados sobre mobiliario en ruta nacional. En síntesis, además de que, se insiste, ya operó la satisfacción extraprocesal con la emisión del oficio DCU-442-2018, todos los alegatos con los que la funcionaria recurrida pretendió rebatir nuestro recurso se refieren a mobiliario instalado en rutas cantonales (cuando el objeto del amparo es el mobiliario de rutas nacionales). N., de hecho, que el oficio DCU-442-2018 es muy claro en cuanto a delimitar su alcance al mobiliario de rutas nacionales, por lo que reitero mi respetuosa petición para que, tan pronto así lo permitan sus ocupaciones, esta Sala proceda en consonancia con lo establecido por el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.
  4. Por resolución de las 15:10 hrs. del 11 de diciembre de 2018, la Magistrada Instructora le requirió a la Directora de Control Urbano de la Municipalidad de San José, a fin de que aclarar lo siguiente: “el pasado 10 de diciembre de 2018, el recurrente presentó un escrito en el presente expediente e indicó que mediante oficio No. DCU-442-2018 del 30 de noviembre de 2018, la autoridad recurrida giró “instrucciones verbales a los encargados respectivos, a efectos de que se proceda a eliminar los sellos colocados sobre aquellas que estructuras (mobiliario urbano) que se encuentren sobre vías nacionales, y propiedad de EUCOR S.A.”. Por lo anterior, se le solicita a la funcionaria recurrida que informe cuándo se le notificó ese oficio al recurrente y justifique de forma clara los motivos del por qué se levantaron los sellos”.
  5. Informa bajo juramento N.G.G., en su condición de Directora de Control Urbano de la Municipalidad de San José, que se opone a la solicitud de la aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Manifiesta que el oficio No. DCU-442-2018 del 30 de noviembre de 2018 se le notificó ese mismo día. Señala que ya existen dos resoluciones del Tribunal Contenciosos que han denegado el levantamiento de sellos. Aclara que el objetivo de la Dirección es controlar y regular las actividades comerciales y urbanas que se dan en el cantón de San José. Sostiene que por oficio No. DCU-442-2018 del 30 de noviembre de 2018 se dio con ocasión de la notificación de un escrito que presentó F.P. el 22 de noviembre de 2018. Alega que el recurrente ya había solicitado una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, relacionado con la colocación de sellos en las estructuras que se alegan en este proceso de amparo y la misma le fue rechazada. Menciona que el 26 de octubre de 2018 la Empresa EUCOR requirió al Tribunal Contencioso que se ordenara a la Municipalidad de San José que se ordenara levantar los sellos de clausura y que se abstuviera de colocarlos nuevamente. Señala que el 09 de noviembre de 2018 solicitó nuevamente el levantamiento de sellos. Acota que a pesar y en conocimiento de lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo que no acogió las medidas cautelares respecto de “levantar” o “quitar” los sellos colocados, F.P., presentó un escrito en el que “haciendo manifestaciones en mención a la causa bajo el expediente número 18-007034-1027-CA, que es el expediente bajo cuya égida ha estado el conocimiento y resolución de todas las medidas cautelares ante causam y provisionalísimas interpuestas antes mencionadas. En dicho oficio que me fuere presentado por el Sr. F.P., peticionando que se levante la totalidad de los sellos de clausura colocados en el mobiliario urbano instalado sobre rutas nacionales, sin embargo, omite mencionarme en su escrito que ello ya había sido resuelto, y menos indicar que había resuelto de forma desfavorable por el Tribunal Contencioso mediante resolución de las 9:30 horas del 29 de octubre y que les fuere retirado denegando dicha solicitud también mediante resolución de las 10:30 horas del 12 de noviembre de noviembre (sic) del presente año”. Añade que el recurrente pretendió hacerle entender que la cautelar estaba en curso cuando no lo era así y bajo un cuadro fáctico que no era exacto. Acota que por oficio No. DCU-453-2018 del 06 de diciembre de 2018 no se autorizó el levantamiento de sellos. Resalta que el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo procede a resolver la medida cautelar ante causam, resolviendo “declarar sin lugar la medida cautelar anticipada”, ordenando levantar la medida cautelar decretada en carácter de provisionalísima concedida por medio de la resolución dictada de las 13:45 horas del 17 de octubre de 2018, en torno a la suspensión de la demolición de las estructuras. Transcribe el considerando No. VIII de la resolución 2018-698-2018 de las 16:15 hrs. del 05 de diciembre de 2018. Concluye que no estamos dentro una vía de hecho “ni siquiera era necesario volver a notificar por cuanto ya se habían gestado las notificaciones según se indicó donde el fondo del asunto deriva en que no cuentan con licencia comercial (patente) para la explotación de la actividad publicitaria al tenor de la ley de patentes y reglamento municipal según se ha inferido antes. Por lo que el recurrente, no puede alegar derecho cuando lo que tenía era un derecho precario que se le venció desde el 2015, y al tratarse de bienes demaniales, los mismos por su naturaleza los hacen fuera del comercio de los hombres y bajo la tutela estricta sea municipal o del gobierno central; siendo que además, existían más que claros actos y manifestaciones de la empresa EUCOR en hacer el retiro voluntario de las estructuras y por ende de la publicidad, sin que haya honrado dicho compromiso ante la municipalidad y persista A HOY en estar desplegando la actividad contra la voluntad municipal. Se refiere entonces que es contundente la cantidad de oficios que demuestran: A) El pleno conocimiento de la empresa recurrente EUCOR , en cuanto a la inexistencia de un contrato que amparara la continuación de la explotación del espacio público mediante la venta de publicidad en MUPIS y por consiguiente, la imposibilidad de seguir lucrando con dicho espacio público. B) El pleno conocimiento de la empresa recurrente, acerca de la imposibilidad de ´revivir´ el contrato vencido. C) El pleno conocimiento de la empresa recurrente de su obligación de desinstalar el mobiliario de su propiedad y de no continuar con la explotación comercial del espacio público. D) El pleno conocimiento de la empresa recurrente de la intención (que también es obligación) de esta Municipalidad de proceder con la desinstalación del mobiliario y de impedir que el espacio público de su propiedad siga siendo explotando comercialmente por una empresa privada de forma irregular. La empresa EUCOR en fecha 23 de agosto del 2018, al plantear medida cautelar ante causam, pretende desconocer que en el expediente 18-007034-1027-CA el Tribunal Contencioso le denegó y ante la oposición fundada de la Municipalidad, las medidas cautelares provisionalísimas de levantar los sellos, hechos procesales que el recurrente omite indicarle a la Sala Constitucional, y finalmente también le denegó la cautelar ante causam, lo cual también se le omite(…) Considérese que la ilegalidad no es tutelable, y estar accediendo a los órganos jurisdiccionales en pleno conocimiento de su situación de ilegalidad resulta amén de un actuar de mala fe, una estrategia procesal –cuestionable-, con el fin de mantenerse ilegalmente en el tiempo ejerciendo la actividad económica publicitaria, y censurablemente anteponiendo sus intereses económicos y lucrativos por encima de los intereses públicos que esta Municipalidad está tutelado y dentro de ellos la legalidad que se pretende imponer, actuando la empresa en desobediencia a lo ordenado por la Municipalidad, y en incumplimiento a lo que ella misma se había comprometido según se ha demostrado en los autos. Así el Tribunal Contencioso en la resolución N° 698-2018-T dispuso, manifestaciones que hacemos nuestras ante el reconocimiento expreso de la actora la realización de la actividad publicitaria(…) Debe prevalecer el INTERÉS PÚBLICO SOBRE EL ESTRICTAMENTE PRIVADO ANTE LA ILEGALIDAD INCLUSIVE MANIFIESTA Y DESBORDANTE, sin dejar de considerar que estamos ante una actividad publicitaria desplegada que pretende el recurrente colocarse bajo una situación de privilegio respecto de todos los demás patentados del cantón y más allá de eso busca ante ustedes un reconocimiento de una ´liberalidad total´ al margen de la ley y de la Municipalidad, y seguir desarrollando una actividad económica que indistintamente se trate de vías nacionales y cantonales se rige por la materia y exige ajustarse a derecho, siendo que a la fecha se insiste NO CUENTA LA EMPRESA EUCOR a favor de quien se interpone el presente recurso de amparo, con ninguna autorización municipal, ni patente comercial para el desarrollo de la actividad económica publicitaria que está desplegando a lo largo y ancho de todo el cantón. Se demuestra lo anterior según y así consta en constancia emitida por esta Municipalidad de San José de fecha 5 de diciembre del 2018(…)”. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  6. Por escrito recibido el 07 de enero de 2019, el recurrente replicó a lo informado por la Directora de Control Urbano de la Municipalidad de San José.
  7. En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada E.R.; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. El recurrente reclama la infracción a los derechos fundamentales de Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A, pues acusa que su empresa se dedica a la comercialización publicitaria de mobiliario urbano dentro en paradas de autobuses en rutas nacionales y cantonales. No obstante, pese a lo anterior, el 25 de octubre de 2018, la Municipalidad de S.J. –sin notificar acto administrativo alguno- clausuró el mobiliario urbano instalado en las rutas nacionales, el cual contaba con un permiso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En consecuencia, acusa que la Municipalidad de San José irrespetó las competencias exclusivas y excluyentes del MOPT y que a la fecha de interposición del recurso, no se ha abierto ningún procedimiento en contra de la empresa amparada.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
    1. El 29 de abril de 2015, venció un contrato entre la Municipalidad de San José y la empresa EUCOR, relacionado con la colocación de estructuras urbanas a lo largo del cantón de San José (véase informe de la autoridad recurrida).
    2. El 09 de mayo de 2018, la Auditoría de la Municipalidad de San José emitió el informe No. 075-INF-A-2017, en que se consignó lo siguiente: “…La empresa con la que se tenía el contrato de ampliación, sustitución, reubicación y cesión de la concesión entre la Municipalidad de San José, Publivías S.A. y Equipamientos Urbanos de Costa Rica para la instalación de pérgolas, casetas o parabuses en el cantón central de San José, venció desde el 2015, periodo en el cual se registré (sic) el ultimo (sic) ingreso por este concepto, sin interrupción de su actividad”. Además, se indicó que “Al respecto, se determinó que en el 2015, se realizó el último registro de ingresos de la explotación publicitaria de los Mupis, sin embargo, la empresa en cuestión no ha interrumpido su actividad publicitaria durante estos años, lo cual se comprueba en el informe que el 20 de diciembre del 2017, realizó la Sección de Inspección a esta Auditoría” y que “(…) Ha existido una explotación comercial (actividad) que no ha generado ingresos a la municipalidad en los años 2016 y 2017, lo cual ha lesionado los recursos económicos de la Institución, lo cual va en detrimento de la ley 5694” (véase informe de la Municipalidad de San José).
    3. El 25 de noviembre de 2018, la Municipalidad de San José colocó una serie de sellos en los MUPIS de la Empresa EUCOR que se encuentran ubicados en el cantón de San José (véase informe de la Municipalidad de San José).
    4. La colocación de sellos en los MUPIS de la Empresa EUCOR por parte de la Municipalidad de San José se realizó por la publicidad que exhiben sin la debida patente comercial (véase informe de la Municipalidad de San José).

III. Análisis del caso. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal considera que el recurso debe ser desestimado por los motivos que a continuación se expondrán. De la lectura del escrito de interposición, el recurrente alegó que la Empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A. tiene una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes donde se les permite colocar mobiliario urbano en vías nacionales dentro del cantón de San José. No obstante, pese a lo anterior, acusó que la Municipalidad de San José incurrió en una vía de hecho porque procedió con la clausura del mobiliario de la citada sociedad en las vías nacionales y por ende, usurpó competencias exclusivas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. A propósito de ello, el recurrente alega la infracción al debido proceso. Ahora bien, del informe de la Dirección de Control Urbano –el cual constituye plena prueba- se indicó que la Empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica en su momento tuvo un contrato con esa corporación, relacionado con instalación de parabuses y que el mismo se encuentra vencido desde el 29 de abril de 2015. Asimismo, se indicó que esa empresa desde el año 2015 “no ha interrumpido su actividad publicitaria durante estos años”. Por otro lado, este Tribunal tuvo por demostrado que efectivamente la Municipalidad de San José inició con la colocación de sellos en diversos “MUPIS” que se encuentran en rutas cantonales y nacionales dentro del cantón central de San José pertenecientes a la sociedad recurrente, esto porque afirma la autoridad recurrida que existió una infracción a la legislación infra constitucional porque la Empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A. ha realizado una actividad comercial sin la debida autorización municipal o una patente comercial, indistintamente que los “MUPIS” se ubicaran en una ruta nacional o cantonal. En un caso similar al de estudio, esta Sala Constitucional sostuvo que:

“(...) compete a las Municipalidades, entre otros entes, fiscalizar que las personas que procuran dedicarse a actividades lucrativas o realizar el comercio en determinado cantón, se ajusten a los requisitos y condiciones establecidos -de forma razonable- por la normativa que regula la respectiva actividad comercial, lo que incluye, entre otros aspectos, el contar con la correspondiente licencia o patente municipal, así como dedicarse a la actividad efectivamente autorizada. Además, ante la constatación de una irregularidad en el funcionamiento de un local comercial, sea por falta de la correspondiente licencia o permiso municipal, o por ejercerse una actividad distinta a la autorizada, la respectiva Municipalidad está legítimamente facultada para proceder en el acto y de forma inmediata al cierre del local en cuestión. (...) N. que este Tribunal Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha señalado que no son inconstitucionales las actuaciones de la Administración tendentes a poner a derecho cualquier irregularidad que se verifique en el ejercicio de una actividad comercial, las cuales, por demás, no tienen el efecto de cercenar el goce de los derechos de trabajo, igualdad, y de libre comercio, los cuales -en todo caso- no son absolutos y pueden ser objeto de reglamentación y aún de restricciones, cuando se encuentran de por medio intereses superiores. Así, cuando un administrado desee realizar una determinada actividad comercial debe satisfacer todas las exigencias legales y reglamentarias que regulan esa materia, que imponen -entre otras cosas- la obtención de las patentes y permisos respectivos para su explotación, sin que las medidas acordadas para obligar al cumplimiento de esas disposiciones resulten arbitrarias, habida cuenta que las Corporaciones Municipales se encuentran facultadas para impedir la apertura u ordenar el cierre de establecimientos dedicados a actividades lucrativas que no cuenten con la respectiva licencia municipal o patente. Por demás, se debe mencionar en relación con el derecho al debido proceso, que la Sala Constitucional ha sostenido que se trata de la mera constatación por parte de la autoridad administrativa, en cuanto a la no existencia del permiso municipal correspondiente o sanitario, para que quepa el cierre del negocio o de la actividad en cuestión, sin que sea necesario llevar a cabo un procedimiento ad hoc (...)” (véase sentencias No. 2006-1378 de las 10:26 hrs. del 10 de febrero de 2006, 2015-17232 de las 14:30 hrs. del 03 de noviembre de 2015 y 2018-6880 de las 09:30 hrs. del 27 de abril de 2018).

Así las cosas, no se observa que alguna actuación por parte de la Municipalidad de San José amerite la intervención de esta Sala Constitucional, en el tanto se desprende que –según informa la autoridad recurrida- los sellos de clausura obedecen a que la Empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A no tiene ningún tipo de autorización o patente comercial para realizar la una actividad lucrativa, como sería la exhibición de publicidad. De ahí que conviene resaltarle al recurrente que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, por lo que no le corresponde funcionar como una instancia más en la materia expuesta, a efecto de revisar si el acta de clausura cuestionada se ajusta o no a los hechos y a la normativa legal o reglamentaria vigente, pues ello es una labor propia de la vía común. En consecuencia, si el recurrente considera que puede desarrollar una actividad comercial en un cantón sin una autorización o patente comercial, porque basta la tenencia del permiso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberá discutir ante la vía de legalidad que corresponda, administrativa o jurisdiccional, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda. En consecuencia, no se verifica que en esta vía sumarísima alguna infracción a derecho fundamental alguno, por lo que procede la desestimatoria del recurso.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Anamari Garro V.

Mauricio Chacón J.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*1PJN6AMNMFQ61*

1PJN6AMNMFQ61

EXPEDIENTE N° 18-018883-0007-CO

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