Sentencia Nº 2019015327 de Sala Constitucional, 16-08-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha16 Agosto 2019
Número de sentencia2019015327
Revisión del Documento

*190131550007CO*

Exp: 19-013155-0007-CO

Res. Nº 2019015327

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciseis de agosto de dos mil diecinueve .

RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR NIELCI BARRANTES PÉREZ, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-0846-0306, A FAVOR DE ELSA GAMBOA MORA, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-411-194, CONTRA LA COMISIÓN NACIONAL DE APELACIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:39 horas del 24 de julio de 2019, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que la amparada el 27 de febrero del año 2018 planteó ante la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social con sede en San Isidro del General en Pérez Zeledón, una solicitud de pensión por vejez, ya que tiene de 66 años de edad y considera que es apta para recibir dicho beneficio. Sin embargo, el 22 de junio del mismo año, mediante la resolución N.104110194-2018, su solicitud fue rechazada, por lo que, el 17 de agosto del 2018, la amparada interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio ante la autoridad recurrida, el cual, mediante la resolución N.104110194-01-2018, fue declarada sin lugar. Consecuentemente, el 28 de agosto del 2018, dicho recurso de apelación fue remitido a la Comisión Nacional de Apelaciones de San José, resultando que a la fecha de interposición del presente recurso no ha sido resuelto. Considera que el atraso sufrido lesiona los derechos fundamentales de la interesada. Solicita se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 8:56 horas del 26 de julio de 2019, se dio curso al amparo.

3.-Por escrito incorporado al expediente digital el 31 de julio de 2019, Julio César Cano Barquero, en su condición de Coordinador Interino de la Comisión Nacional de Apelaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, informa que se procedió con el análisis del caso concreto, y mediante resolución número GP-141 7-2019 del 04 de marzo de 2019, emitida por el Gerente de Pensiones con base en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC, se atendió la apelación planteada por la recurrente y se determinó declarar sin lugar la apelación y confirmar la resolución impugnada toda vez que con la finalidad de resolver el recurso de apelación presentado, se revisaron los elementos que fundamentaron la denegatoria y se determinó que la misma respondió a los lineamientos y procedimientos establecidos para el abordaje de esa tipología de casos, e inclusive para mejor proceder, se verificó el reporte del Sistema Nacional de información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), denotándose que tenía fecha de actualización socio-económica 10 de enero de 2017, por lo que se encontraba vigente, ubicando al sistema familiar del cual es parte la amparada en situación de VULNERABILIDAD, categoría que le caracteriza aún como NO POBRE. Dicha resolución fue notificada al medio señalado dentro del expediente de pensión a folio 001 el 30 de julio de 2019 (folio 01 y 46). En ese sentido, el recurso de apelación ha sido resuelto por la Gerencia de Pensiones, con lo que se ha atendido la gestión que competía a la Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC y a la Gerencia de Pensiones, sin que esté pendiente alguna gestión de la amparada ante esta instancia. Cabe señalar que esta Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC como la Gerencia de Pensiones no ha violentado sus derechos fundamentales por cuanto se ha atendido el recurso de apelación y en todo momento se ha cumplido con el debido proceso en procura de los derechos de la amparada. Por lo cual, se solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Mediante escrito presentado el 31 de julio de 2019, Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social explica que al estar el expediente en custodia y análisis de la Comisión Nacional de Apelaciones, se instruyó al Coordinador de la Comisión para que remita informe a la Sala.

5.- Por escrito presentado el 5 de agosto de 2019, informa bajo juramento Jorge Minor Mata Arias, en su condición de Administrador de la Sucursal de la Caja Costarricense del Seguro Social, de Pérez Zeledón, y manifiesta lo siguiente: que la amparada -persona adulta mayor de 66 años de edad- solicitó una pensión del Régimen No Contributivo, la cual, fue rechazada. Posteriormente, la amparada planteó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, el cual, mediante resolución n° 104110194-01-2018 se declaró sin lugar, por lo que, en fecha 28 de agosto de 2018, se trasladó el expediente a la Comisión Nacional de Apelaciones mediante oficio SPZ-3014-2018. Indica que, es cierto, que a la fecha de interposición del amparo, la resolución del recurso de apelación no ha sido notificada. No obstante, se solicitó mediante correo electrónico a Lic. Julio Cano Barquero, coordinador de la Comisión Nacional de Apelaciones, que dicho caso sea atendido de forma prioritaria. Por lo anteriormente expuesto, se solicita, se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Chacón Jiménez; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una solicitud de pensión por el Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual se acusa no ha sido resuelta, a la fecha de interposición de este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Acusa la accionante lesión al artículo 41 de la Constitución Política de ELSA GAMBOA MORA. Arguye que a la fecha no se ha resuelto el recurso de apelación planteado por la interesada contra la resolución que negó la solicitud de pensión por Vejez del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

III.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a) El 27 de febrero de 2018, Elsa Gamboa Mora – de 66 años de edad- presentó ante la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social con sede en San Isidro del General en Pérez Zeledón, una solicitud de pensión por vejez, del Régimen No Contributivo. (ver informe rendido);

b) Mediante la resolución N.104110194-2018, de 22 de junio de 2018, la Caja Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Pérez Zeledón, rechazó la solicitud de pensión por vejez del Régimen No Contributivo presentada por la amparada. (ver informe rendido);

c) El 17 de agosto del 2018, la amparada interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio ante la Caja Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Pérez Zeledón. (Ver documentación);

d) Mediante resolución N.104110194-01-2018, de 13 de setiembre de 2018, la Caja Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Pérez Zeledón, declaró sin lugar el recurso de revocatoria planteado. (Ver documentación);

e) El 4 de octubre de 2019, la Caja Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Pérez Zeledón entregó a la Comisión Nacional de Apelaciones de San José, el recurso de apelación incoado por la recurrente. (ver informe rendido);

f) Mediante resolución número GP-141 7-2019 de 4 de marzo de 2019, la Gerencia de Pensiones, declaró sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmó la resolución impugnada. (ver informe rendido);

g) El 29 de julio del año en curso, la Comisión Nacional de Apelaciones, a las 13:30 horas, fue notificada de la resolución que da curso al presente amparo. (ver acta de notificación);

h) El 30 de julio del presente año, a las 11:38 horas, la amparada fue notificada de la resolución GP-1417-2019, al correo electrónico: mora6438@gmail.com. (ver informe rendido);

IV.- SOBRE EL FONDO. Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal verifica la lesión al artículo 41 de la Constitución Política. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que el 27 de febrero de 2018, Elsa Gamboa Mora – de 66 años de edad- presentó ante la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social con sede en San Isidro del General en Pérez Zeledón, una solicitud de pensión por vejez, del Régimen No Contributivo. Mediante resolución N.104110194-2018, de 22 de junio de 2018, la Caja Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Pérez Zeledón, rechazó la solicitud de pensión por vejez del Régimen No Contributivo presentada por la amparada. El 17 de agosto del 2018, la amparada interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio ante la Caja Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Pérez Zeledón. Mediante resolución N.104110194-01-2018, de 13 de setiembre de 2018, la Caja Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Pérez Zeledón, declaró sin lugar el recurso de revocatoria planteado. El 4 de octubre de 2019, la Caja Costarricense de Seguro Social, Sucursal de Pérez Zeledón entregó a la Comisión Nacional de Apelaciones de San José, el recurso de apelación incoado por la recurrente. Mediante resolución número GP-141 7-2019 de 4 de marzo de 2019, la Gerencia de Pensiones, declaró sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmó la resolución impugnada. El 29 de julio del año en curso, la Comisión Nacional de Apelaciones, a las 13:30 horas, fue notificada de la resolución que da curso al presente amparo. El 30 de julio del presente año, a las 11:38 horas, la amparada fue notificada de la resolución GP-1417-2019, al correo electrónico: mora6438@gmail.com.

De lo expuesto, la Sala determina la lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Nótese que la parte accionante el 17 de agosto del 2018, presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución N.104110194-2018, de 22 de junio de 2018, de la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social de Pérez Zeledón, que negó la solicitud de pensión del Régimen No Contributivo. Se comprueba que el recurso de revocatoria fue resuelto el 27 de setiembre de 2018, por la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social de Pérez Zeledón, y el recurso de apelación fue atendido mediante resolución número GP-141 7-2019 de 4 de marzo de 2019, por el Gerente de Pensiones, comunicado a la parte interesada el 30 de julio de 2019, sea con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este amparo efectuada el 29 de julio de 2019. De manera que el plazo transcurrido resulta excesivo, sea superior a un año. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Paul Rueda L.

Presidente a.i

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*M47BXU5V6LAY61*

M47BXU5V6LAY61

EXPEDIENTE N° 19-013155-0007-CO

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR