Sentencia Nº 2019022423 de Sala Constitucional, 13-11-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha13 Noviembre 2019
Número de sentencia2019022423
Número de expedienteExp:

*190084840007CO*

Exp: 19-008484-0007-CO

Res. Nº 2019022423

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve .

Acción de inconstitucionalidad promovida por RAFAEL ÁNGEL QUESADA LARA , mayor, portador de la cédula de identidad número 0204080578 , contra el a rtículo 38 inciso d) la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en relación con el párrafo último de dicho numeral

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 17 de mayo de 2019, el accionante interpone acción de inconstitucionalidad contra el inciso d) del artículo 38 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en relación con el párrafo último de dicho numeral. Manifiesta que su legitimación proviene de lo dispuesto por el 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto alegó la inconstitucionalidad del numeral impugnado en el procedimiento administrativo que se sigue en su contra ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Indica que mediante resolución número RRGA-592-2018 de las 8:50 del 5 de junio de 2018, el Regulador General dispuso ordenar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en su contra, con el fin de determinar si incurrió o no en la supuesta prestación no autorizada del servicio público de transporte de personas en la modalidad taxi. Aduce que tras llevar a cabo el procedimiento respectivo, por resolución número RE-0210-RGA-2019 de las 10:20 del 30 de enero de 2019, se le impuso una multa equivalente a cinco salarios base, que corresponde a la suma de 2.155.000,00 colones, con base en lo dispuesto por la normativa impugnada. Considera que el artículo cuestionado establece una sanción que es contraria al principio de razonabilidad y proporcionalidad, pues el costo cancelado por el usuario por el transporte que se le brindó fue de alrededor de 2000 colones, lo que resulta una suma muy por debajo de la multa impuesta. Asimismo, considera que lo anterior implica que se lesionen los artículos 28, 50, 51, 56 y 57 de la Constitución Política. Estima que la norma cuestionada resulta inconstitucional, razón por la cual pide que se acoja la acción con sus consecuencias.

2.- Por resolución de las 15:02 del 20 de mayo de 2019, la Presidencia de la Sala previno a la Reguladora General de los Servicios Públicos que informara a la Sala si a la fecha ya había sido resuelto el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la apoderada del accionante contra la resolución número RE-0210-RGA-2019, dictada dentro del expediente número OT-214-2018.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 27 de mayo de 2019, Daniela Retana Vargas, en su calidad de apoderada especial judicial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos informa que a la fecha no ha sido resuelta la impugnación planteada por la apoderada del accionante.

4.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.-Objeto de la acción. En el presente asunto, la accionante impugna el artículo 38 inciso d) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios, en relación con lo dispuesto por el párrafo último de dicho numeral, por estimarlo contrario a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Dicha norma, dispone lo siguiente:

Artículo 38 .- Multas

La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, con multa de cinco a diez veces el valor del daño causado que ella determine, a quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de las circunstancias siguientes:

(…)

d) Prestación no autorizada del servicio público.

(…)

Cuando no sea posible estimar el daño, se multará con el monto de cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993.

II.- Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un proceso instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política, frente a normas u otras disposiciones de carácter general. En función de esto y, por voluntad expresa del legislador, es de alto grado técnico, por lo que para su admisibilidad se deben cumplir de manera estricta, ciertos requisitos, contrario a lo que ocurre a los recursos de hábeas corpus y de amparo, en los cuales la informalidad es la regla. Así, el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula que para interponer una acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive un recurso de hábeas corpus o de amparo, o bien, en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en el que se invoque la inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considere lesionado. En el presente asunto, el accionante aduce que su legitimación para interponer la presente acción de inconstitucionalidad proviene del procedimiento administrativo número OT-214-2018, en el que se alegó la inconstitucionalidad del artículo antes citado, y que se encuentra en fase de agotamiento de la vía administrativa. Ahora, si bien el accionante cumplió con los presupuestos de admisibilidad que establece el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Sala estima que la presente acción debe rechazarse por las razones que a continuación se detallan.

III.-Sobre el fondo. Tal y como se indicó en el considerando I de esta sentencia, en el presente asunto el accionante impugna el numeral 38 inciso d) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en relación con el párrafo último de dicho numeral. Ahora bien, esta Sala ya tuvo la oportunidad de analizar la constitucionalidad de dicho numeral en la sentencia número 2017-16239 de las 9:15 del 11 de octubre de 2017, en la que se dispuso sobre el particular, lo siguiente:

“II.- OBJETO DE LA ACCIÓN.- Se impugnan los artículos 38, inciso d), y 44 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Ley No. 7593, que disponen lo siguiente:

“Artículo 38.- Multas

La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, con multa de cinco a diez veces el valor del daño causado que ella determine, a quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de las circunstancias siguientes:

(…) d) Prestación no autorizada del servicio público.

Cuando no sea posible estimar el daño, se multará con el monto de cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993."

(…)

IV.- AGRAVIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD. Los actores consideran lesionados los siguientes principios constitucionales: 1.- principio de proporcionalidad, pues la multa contenida en el artículo 38 impugnado, corresponde a 8 meses de salario mínimo en el extremo menor y a 30 meses en la banda mayor. Además, el decomiso del vehículo provoca que se deje sin medio de transporte al propietario del vehículo para atender sus asuntos personales; 2.- principio de razonabilidad, pues al momento de establecer las multas y sanciones aquí cuestionadas, el legislador hizo abstracción completa de la capacidad económica del sancionado promedio y no estableció parámetros objetivos con arreglo a los cuales pudiera considerarse razonables esas multas; 3.- derechos de defensa y debido proceso, en razón de la aplicación de la medida cautelar de decomiso del vehículo, sin audiencia previa a su propietario.

V.- SOBRE LA LESIÓN A LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Los accionantes estiman que el artículo 38, inciso d) cuestionado, viola los principios referidos. En relación con este aspecto, este Tribunal, en la sentencia No. 2008-017303 de las 14:56 hrs. del 19 de noviembre de 2008, resolvió:

“V.- De la acusada violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad del artículo 38 in fine de la Ley N°7593 de 09 de agosto de 1996. El recurrente acusa que la sanción de multa del artículo 38 in fine de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es de cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, y que se impone a quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de los supuestos descritos en los incisos anteriores de ese mismo artículo, lesiona el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Del estudio de la norma sometida a análisis, no existe en opinión de la Sala, por sí misma una desproporción entre la conducta y la sanción que se cuestiona; tomando en cuenta que la tutela de los bienes jurídicos tutelados-, entre los que están: seguridad, salud, intereses económicos y sociales de los distintos usuarios de los servicios públicos-, son de la máxima relevancia para el sistema democrático. Se reitera en esta acción, que la Sala en el caso de las penas, y al igual que lo es por ejemplo en materia tributaria, sólo puede eliminar normas evidentemente desproporcionadas. Así, en el caso de los impuestos para poner un ejemplo, pueden existir normas muy gravosas, pero mientras no sean confiscatorias, están dentro del marco de la política tributaria del Estado que permite el orden constitucional. Lo mismo sucede con el quantum de las penas de prisión y de las multas, en los que la Sala sólo puede analizar si rebasa límites (topes) de razonabilidad. Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad de la pena de 5 a 12 salarios que se analiza en esta acción, en relación con la relevancia del bien jurídico tutelado, no parece entonces irrazonable la multa fijada, tomando en cuenta que la tutela de los bienes jurídicos tutelados-, entre los que están: seguridad, salud, intereses económicos y sociales de los distintos usuarios de los servicios públicos-, pues como se dijo son de la máxima relevancia para el sistema democrático. Este Tribunal estima que la imposición de la sanción de 5 a 12 salarios base, como sanción residual, no resulta desproporcionada al atenderse y aceptarse como razonable, la consideración esgrimida por la Reguladora General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en el informe rendido a la Sala, en el sentido de que la sanción opera en el tanto no sea posible determinar el daño causado y que para su imposición se ponderan criterios de riesgo para la salud, la seguridad, el medio ambiente, la gravedad del incumplimiento o la infracción, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad del daño, en relación con los supuestos establecidos en el artículo 38 transcrito en el Considerando III de esta sentencia. En este caso, la sanción como pena es razonable por cuanto es adecuada para regular y proteger los bienes jurídicos que se pretender tutelar; y en esa medida es proporcional por cuanto hay relación entre el medio escogido y el fin buscado. Por otro lado, de la lectura de la norma se entiende que la multa de 5 a 12 salarios base, como resultado de las infracciones contenidas en el mismo artículo, ofrece a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos un sistema de bandas que le permite escoger entre diversas sanciones y aplicarla en la medida en que sea diferente la conducta así como el destinatario de la sanción; de modo que ajuste correctamente la pena a las particularidades del caso sometido a su conocimiento. En efecto, la sanción se puede relacionar en este caso con la actuación que tuvo el infractor y en esa medida será impuesta la sanción, lo que presupone en cada caso, la necesaria exigencia de una valoración razonable y proporcional entre el hecho cometido, la afectación del bien jurídico que se dio con la acción atribuida al sujeto activo de la infracción y la sanción con la cual se pretende castigar la actividad ilícita, siendo que en este caso el Legislador fijó parámetros en cuanto al monto de la pena a imponer, de 5 a 12 salarios base; pudiendo adecuar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos su actuación al determinar la pena, con la posibilidad de realizar una acertada individualización y utilizar su potestad valorativa al fijar el quantum de la sanción en la resolución que la impone; lo que es un margen para valorar cada caso en particular; que se ajusta a los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad constitucionales. Así las cosas, este Tribunal no constata ninguna arbitrariedad ni desproporcionalidad en la posibilidad de determinar la sanción de multa en los términos del artículo 38 in fine de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, y en consecuencia procede declarar sin lugar la acción en todos sus extremos.”

Ahora bien, las consideraciones del precedente de cita resultan plenamente aplicables al caso concreto, por lo que a criterio de esta Sala la norma impugnada no presenta los vicios de inconstitucionalidad que se alegan en el libelo de interposición. Por lo anterior, lo procedente es rechazar por el fondo la acción, como en efecto se hace.

IV.- Voto salvado del magistrado Rueda Leal. Con el respeto acostumbrado, consido que el sub examine debe ser analizado con mayor detenimiento en lo que se refiere a la alegada violación al principio de razonabilidad y proporcionalidad, visto que la Sala ha replanteado este tema en procesos más recientes a la sentencia N° 2008-017303 de las 14:56 horas del 19 de noviembre de 2008 –citada en esta ocasión por la mayoría- como es la sentencia N° 2011-06805 de las 10:31 del 27 de mayo de 2011. En consecuencia, salvo el voto y ordeno dar curso a la acción a fin de contar con mayores elementos para valorar la constitucionalidad de lo impugnado.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo la acción. El Magistrados Rueda Leal salva el voto y ordena dar curso a la acción.

Paul Rueda L.

Presidente a.i

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-008484-0007-CO

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