Sentencia Nº 2019024780 de Sala Constitucional, 13-12-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2019024780
Fecha13 Diciembre 2019
Revisión del Documento

*190198710007CO*

Exp: 19-019871-0007-CO

Res. Nº 2019024780

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por CARLOS ROGELIO ALBA VIVES, cédula de identidad 0304740690, contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURIDAD SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 23 de octubre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es asistente de pacientes en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Señala que en reiteradas ocasiones ha afrontado una afectación con respecto al cumplimiento en el pago de su salario, ya que el mismo no se realiza en tiempo, tal y como lo exige la ley. La situación expuesta se ha visto desarrollada de la siguiente manera: en la segunda bisemana de agosto 2018, en la segunda bisemana de noviembre 2018, en la segunda bisemana de abril 2019, en la segunda bisemana de mayo 2019, en la segunda bisemana de junio 2019, todo el mes de septiembre 2019 y la primera bisemana de octubre 2019. Indica que no se le paga a tiempo, sino en la siguiente fecha de pago. Aduce que “de todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre, no se me ha dado el pago del salario correspondiente”. Aclara que los pagos se deben hacer de manera bisemanal, pero estos se hacen efectivos días después. Refiere que no tiene certeza de la fecha en la que se le hará el depósito. Señala que al momento de retirar el pago, no se le deposita el salario correcto, sino que se le deposita el monto equivalente al recargo nocturno de 125,619.61, correspondiente al mes de agosto de 2019, mas no se hace efectivo el pago salarial. Menciona que el 27 de septiembre de 2019, a través del oficio No. UGRH-810-09-2019, la Dirección Administrativa Financiera Unidad de Gestión Recursos Humanos del hospital referido le indicó que no se había recibido la acción de personal a su nombre y sin la entrega de aquella en dicha unidad, era imposible tramitar el pago. En este mismo oficio se invocó el numeral 8° del Reglamento Interno de Trabajo, en el cual se indica que será obligación de los jefes tramitar todo lo relacionado con los nombramientos, ascensos, traslados, modificaciones en los montos salariales, vacaciones, permisos, entre otros y todo lo relacionado con modificaciones a los contratos de trabajo. También se dijo que las jefaturas de cada servicio remiten a dicha unidad los documentos correspondientes a los nombramientos interinos de cada funcionario hospitalario, con el fin de dar trámite a los documentos y remitir de forma inmediata a la Subárea de Remuneración Salarial las acciones de personal a efecto de finiquitar el pago respectivo. Estima vulnerados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 15:25 hrs. de 29 de octubre de 2019, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 1° de noviembre de 2019, Ronald Lacayo Monge, en su condición de Gerente Administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social, rinde informe. Indica que sobre lo denunciado por el recurrente se le dio traslado al Hospital Calderón Guardia por ser de su competencia.

4.- Por memorial aportado el 7 de noviembre de 2019, Taciano Lemos Pires, en su condición de Director General y Karol Obando Barboza, en su condición de Jefe Gestión Recursos Humanos, ambos del Hospital Calderón Guardia, rinden informe. Refieren a lo indicado en el artículo 8° del Reglamento Interior de Trabajo de la Caja. Señalan que, en virtud de lo dispuesto en tal numeral, las jefaturas de cada servicio remiten a la Unidad de Recursos Humanos los documentos correspondientes de los nombramientos interinos de cada funcionario con el fin de dar el trámite correspondiente y remitir, de manera inmediata, a la Sub Área de Remuneración Salarial las acciones de personal. Esto, con el objetivo de finiquitar el proceso de pago respectivo. Explica que a esta última le corresponde administrar el sistema de pago de salarios ordinarios, extraordinarios, el escolar y los aguinaldos. Explican que año con año esa sub área establece un “cronograma de cierre bisemanal de pagos ordinarios” que reciben todas las personas trabajadoras de la institución. El cumplimiento de dicho cronograma se ve condicionado a que las actividades que se ejecuten en dicha sub área se cumplan en tiempo y forma y a que las unidades de gestión de recursos humanos destacadas en cada centro de trabajo cumplan con las fechas de recepción, tanto de papelería como de archivos que contienen los datos salariales de los funcionarios adscritos “a través de los documentos generadores de pago”. Aclaran que el tutelado Alba Vives labora para la institución desde el 27 de diciembre de 2017 de forma interina en el Servicio de Enfermería. Adjuntan cuadro donde se detallan los nombramientos realizados por el tutelado, indicándose el número de acción, la fecha de confección del servicio, la fecha de inicio, la fecha final del nombramiento, la fecha de recibido de la acción de personal por parte de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, así como la fecha de pago, conforme cronograma de cierres de planillas institucional establecida por la citada sub área.

Acción

Fecha confección servicio

Fecha inicio

Fecha final

Fecha recibido

Bisemana a pagar

1019642

17-12-2018

01/01/2019

31/03/2019

19-12-2019

02.02.19

1031593

08-04-2019

01/04/2019

21/05/2019

09-04-2019

01.06.19

1088824

29-05-2019

01/06/2019

31/07/2019

29-05-2019

01.07.19

1035187

20-06-2019

01/08/2019

27/08/2019

20-06-2019

01.08.19

1037295

23-09-2019

28/08/2019

31/10/2019

30-09-2019

01.11.19

1086587

07-10-2019

01/11/2019

31/12/2019

08-10-2019

02.11.19

Indican que del citado cuadro se desprende que los nombramientos fueron realizados en fechas posteriores a la realización del nombramiento por parte de la funcionaria, lo que significa que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos se encuentra imposibilitada para hacer efectivo el pago oportuno del salario durante el período que dure el nombramiento. Esto, ya que, según el cronograma institucional, tales nombramientos deben estar tramitados por Recursos Humanos con al menos un mes de anticipación. Afirman que los pagos efectuados al tutelado se encuentran acordes con la normativa institucional, por lo que solicitan que se desestime el recurso planteado.

5.- Mediante constancia suscrita el 19 de noviembre de 2019 por el Secretario de la Sala y el Técnico Judicial a cargo, se hizo saber que no aparece que del 1° al 19 de noviembre de 2019, el Director de Administración y Gestión de Personal de la Caja Costarricense de Seguro Social haya presentado escrito o documento alguno a fin de rendir el informe solicitado en este asunto.

6.- Mediante resolución de las 09:25 hrs. de 22 de noviembre de 2019, el Magistrado Instructor dispone lo siguiente: “(…) Como prueba para mejor resolver solicítese a Taciano Lemos Pires, en su condición de Director General y a Karol Obando Barboza, en su condición de Jefe Gestión Recursos Humanos, ambos del Hospital Calderón Guardia, o quienes en su lugar ocupen tales cargos, informar a esta Sala sobre lo siguiente: a) si el salario ordinario bisemanal correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2019 le fue pagado al tutelado Carlos Rogelio Alba Vives de forma íntegra y b) si lo anterior se realizó, indicar las fechas exactas en que se llevaron a cabo tales pagos. Para tal efecto, los recurridos deberán señalar claramente el día en que se hizo el pago de cada bisemana correspondiente a tales meses. Asimismo, se les solicita a los recurridos aportar a este Tribunal el calendario de pagos de la Caja Costarricense de Seguro Social del año 2019, a efecto de conocer las fechas en que se debían realizar los pagos reclamados por el recurrente. (…)”.

7.- Por escrito aportado a la Sala el 29 de noviembre de 2019, Karol Obando Barboza, en su condición de Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Recursos Humanos del Hospital Calderón Guardia, contesta la audiencia conferida mediante resolución de 22 de noviembre de 2019. Indica que el salario correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2019 fueron cancelados en su totalidad al tutelado en la primera bisemana de noviembre del año 2019, es decir, el 8 de noviembre de 2019. Adjunta el calendario de pagos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

8.- Mediante constancia suscrita por el Secretario de la Sala y el Técnico Judicial a cargo, se hizo saber que el Director del Hospital Calderón Guardia no contestó la audiencia conferida mediante resolución de 22 de noviembre de 2019.

9.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El tutelado acusa que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social han vulnerado sus derechos fundamentales por cuanto: a) durante algunas semanas de 2018 y 2019 no se le canceló su salario el día establecido para tal efecto, sino de forma tardía y b) durante los meses de septiembre y octubre de 2019, no se le pagó su salario.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1) El interesado se encuentra nombrado de forma interina en el Servicio de Enfermería del Hospital Calderón Guardia, donde se desempeña como asistente de pacientes (ver informe y prueba).

2) El 23 de octubre de 2019, el recurrente formuló el presente amparo (ver escrito de interposición).

3) Conforme el calendario de pagos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el primer salario bisemanal de septiembre de 2019 se debía cancelar el día 13 de ese mes; el segundo salario bisemanal de septiembre de 2019 se debía cancelar el día 27 de ese mes; el primer salario bisemanal de octubre de 2019 se debía cancelar el día 11 de ese mes y el segundo salario bisemanal de octubre de 2019 se debía cancelar el día 25 de ese mes (ver informe y prueba).

4) Los días 30 y 31 de octubre y 7 de noviembre, todos de 2019, las autoridades recurridas fueron notificadas de este proceso de amparo (ver actas de notificación).

5) El día 8 de noviembre de 2019, las autoridades recurridas del Hospital Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro Social le pagaron al tutelado la totalidad del salario correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2019 (ver informe y prueba).

III.- SOBRE EL PAGO TARDÍO DEL SALARIO. En primer término, el amparado acusa que las autoridades del Hospital Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro Social, durante algunas semanas del 2018 y 2019, no le cancelaron su salario el día establecido para tal efecto. Específicamente, señala que tales atrasos los sufrió con respecto al segundo pago bisemanal de agosto de 2018, al segundo pago bisemanal de noviembre de 2018, al segundo pago bisemanal de abril de 2019, al segundo pago bisemanal de mayo de 2019 y al segundo pago bisemanal de junio. Igualmente, aduce que dichos pagos se llevaron a cabo hasta “la siguiente fecha de pago”.

Partiendo de lo expuesto por el propio recurrente, esta Sala entiende que los pagos de los salarios correspondientes a las anteriores fechas solamente sufrieron una demora y que efectivamente se llevaron a cabo, incluso desde hace varios meses, si se toma en cuenta que el último atraso se configuró en junio de 2019 y que, conforme explicó el primero, en la siguiente fecha de pago dicha situación se solventó.

De este modo, al tenerse por demostrado que de previo a la formulación de este amparo (lo cual se llevó a cabo el 23 de abril de 2019), el pago bisemanal del salario correspondiente a los referidos meses ya se le había cancelado al tutelado, no resulta posible tener actualmente por vulnerado el derecho fundamental al salario consagrado en el ordinal 57 constitucional. Nótese que si bien el pago de los referidos salarios sufrió una demora (lo cual aceptan los recurridos al rendir el informe), lo cierto es que, para la fecha de interpuesto el presente amparo, la situación en cuestión –tocante a los citados meses– estaba sobradamente solventada, lo cual impide que este Tribunal Constitucional acoja el presente amparo.

Por consiguiente, resulta menester señalarle al tutelado que las disconformidades y quejas que posea con respecto a tales dilaciones en específico sufridas, las deberá formular ante la propia Caja Costarricense de Seguro Social o bien, ante las vías jurisdiccionales ordinarias creadas especialmente al efecto, dado que, esta jurisdicción, carece de competencia para conocerlas.

Así las cosas, lo que procede es desestimar el presente amparo en lo que a este extremo se refiere.

IV.- TOCANTE A LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019. De otra parte, el recurrente aduce que, a la fecha de formulado el presente amparo (23 de octubre de 2019), las autoridades recurridas de la Caja Costarricense de Seguro Social no le habían cancelado los salarios correspondientes a los meses de septiembre y octubre, ambos de 2019.

Para efectos de resolver el presente asunto, resulta menester tomar en cuenta las fechas en que tales pagos se debían llevar a cabo, según el calendario de la Caja Costarricense de Seguro Social establecido para tales efectos. De este modo, consta que el primer salario bisemanal de septiembre de 2019 se debía cancelar el día 13 de ese mes; el segundo salario bisemanal de septiembre de 2019 se debía cancelar el día 27 de ese mismo mes; el primer salario bisemanal de octubre de 2019 se debía cancelar el día 11 de ese mes y el segundo salario bisemanal de octubre de 2019 se debía cancelar el día 25 de ese mes.

Asimismo, es importante aclarar, que, conforme la jurisprudencia de esta Sala, agravios como el expuesto por el tutelado se conocen por el fondo, en el tanto la dilación en el pago del salario supere las dos quincenas, que en este caso en particular serían dos pagos bisemanales (véase, al respecto, lo dispuesto en el Voto No. 2019-8295 de las 09:20 hrs. de 10 de mayo de 2019).

Ahora bien, partiendo de lo señalado supra, así como del hecho que el presente amparo se interpuso antes de la fecha del segundo pago bisemanal de octubre, este Tribunal Constitucional entrará a conocer el presente amparo únicamente en lo que se refiere al primer pago del salario bisemanal del mes de septiembre.

Aclarado lo anterior, se tiene por demostrado que al tutelado se le canceló íntegramente dicho salario (primer bisemana de septiembre) hasta el día 8 de noviembre de 2019, luego no sólo de transcurridas varias semanas desde el momento en que tenía derecho a disfrutar del mismo, sino, además, luego que los recurridos fueron notificados de la formulación de este amparo (lo cual ocurrió los días 30 y 31 de octubre y 7 de noviembre, todos de 2019).

Nótese que para esta Sala no resulta de recibo de modo alguno lo señalado por los recurridos para justificar dicho retraso, en el sentido que este se debe a que los nombramientos del tutelado los realizó o fueron tramitados por la funcionaria encargada en fechas posteriores a las que correspondían. Al respecto, deben tomar en cuenta las autoridades del Hospital Calderón Guardia que, en atención a lo que dictan, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, se debe coordinar lo pertinente a nivel interno para que aspectos meramente administrativos como los acá expuestos no afecten al tutelado, quien tiene el derecho a que el salario se le cancele de forma puntual e íntegra.

Bajo tal estado de cosas, este órgano constitucional estima violentado, en perjuicio del recurrente, su derecho fundamental consagrado en el ordinal 57 constitucional. Ahora bien, como el primer salario bisemanal de septiembre del año en curso ya le fue cancelado al tutelado, lo que corresponde es acoger el presente amparo en lo que a este aspecto en particular se refiere, sin emitir orden alguna.

V.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el recurso planteado.

VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

ViI.- Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.

Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.

En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.

Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”

La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.

Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.

En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que respecta al primer pago del salario bisemanal del mes de septiembre, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, únicamente a los efectos de condenar a la Caja Costarricense de Seguro Social, al pago de las costas, daños y perjuicios causados, que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Anamari Garro V.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

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LRRFV433YNZY61

EXPEDIENTE N° 19-019871-0007-CO

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