Sentencia Nº 2020-1839 de Sala Tercera de la Corte, 15-04-2021

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha15 Abril 2021
Número de expediente17-019011-0042-PE
Número de sentencia2020-1839
*170190110042PE*
Exp: 17-019011-0042-PE
Res: 2021-00329
SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las catorce horas quince minutos del quince de abril del dos mil veintiuno.
Visto el recurso de casación interpuesto en causa seguida contra Diego Fernández Vindas, por el delito de homicidio culposo , en perjuicio de [Nombre 001], y;
Considerando:
I. Mediante memorial visible de folios 223 al 224 vuelto, el licenciado Germán Calderón Lobo, en su doble condición de representante de la demandada civil (Instituto Costarricense de Electricidad), y defensor del acusado, formula recurso de casación en contra de la sentencia N° 2020-1839, de las 08 horas, 30 minutos, del 13 de noviembre de 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José.
II. Como único motivo de casación, reclama la errónea aplicación del ordinal 117 del Código Penal. Indica que en la resolución del recurso de apelación de sentencia penal, al tribunal le corresponde pronunciarse no solamente sobre los puntos expresamente cuestionados en el recurso, sino que, puede declarar aún de oficio los defectos absolutos y los quebrantos al debido proceso; ello en el tanto le corresponde el examen integral del fallo emitido por el tribunal de juicio. Señala que en el presente asunto, la sentencia que impugna, lejos de incursionar en el proceso de análisis integral, se conforma con realizar un estudio somero e incluso displicente de la sentencia emitida por el tribunal de juicio. Arguye que si se examina el contenido del voto impugnado, se echa de menos un esfuerzo analítico, serio y profundo de los temas objeto del recurso, disponiendo así la improcedencia del remedio impugnaticio, con la simple e infundada decisión de atribuir la acción imprudente al justiciable como causa eficaz del resultado muerte. Cuestiona que se haya descartado cualquier relevancia que en ese resultado fatal, pudieran haber tenido las faltas a las normas de seguridad y de tránsito por parte del ofendido, constituyendo ese trivial e infundado análisis, la causa para sostener la errónea aplicación del numeral 117 del Código Penal. Agrega que ni su defendido, ni la representación letrada, han relativizado la violación al deber de cuidado en la cual incurrió el acusado, sin embargo, enfatiza que el cuestionamiento estriba en la importancia que tenía el estudio de las acciones que concomitantemente fueron ejecutadas por el ahora occiso; esto por cuanto de la investigación del evento, las entrevistas y declaraciones testimoniales obtenidas en juicio, se estableció que para la consumación de ese resultado existieron otra serie de violaciones al deber de cuidado, achacables exclusivamente al ofendido pero con incidencia en el resultado, y que como aportes causales, merecían un pronunciamiento jurisdiccional. Acota que hay dos situaciones que hasta el día de hoy no han sido objeto de un verdadero análisis: en primer término, las violaciones a los deberes de conducción de la víctima (quien transitaba contra vía, por el carril contrario al que debía circular), y en segundo lugar, la ejecución de una maniobra de adelantamiento en una zona marcada por doble raya continua y frente a una intersección. Argumenta que de la declaración del testigo [Nombre 004], así como de la entrevista que contiene el informe del OIJ N° 0536-310111-1P0-2017, realizada a [Nombre 009], queda en evidencia que la velocidad a la que conducía la víctima era realmente baja, y cuando cae de su motocicleta, previo a impactar la cabeza con un objeto contundente, ocurre un evento fortuito que no es achacable a su patrocinado; a saber: el desprendimiento del casco que portaba el motociclista, muy probablemente por un descuido en su correcta sujeción. Aduce que, de haber portado el casco correctamente, otro hubiera sido el resultado (posiblemente tan solo lesiones). Llama la atención sobre el hecho de que, pese al acogimiento por parte del ad quem de las fotografías ofrecidas como evidencia para acreditar el desprendimiento del casco, y la calidad del objeto con el cual impactó su cabeza, ninguno de esos elementos de prueba fueron objeto de análisis para establecer la pertinencia o no de los cuestionamientos planteados por la defensa. Reprocha que esa omisión conlleva a la errónea aplicación del artículo 117 del Código Penal, pues -alega- de haberse realizado un verdadero análisis causal, se habría reparado en que con su acción, pudo haber causado eventuales lesiones, mas no la muerte, situación que adquiere vigencia al considerar que en nuestro medio solo se puede cometer un delito con dolo, culpa o preterintención (artículo 30 del Código Penal), y aún en presencia de una acción culposa, si lo que existe es una acción fortuita, no acarrea responsabilidad, según dispone el numeral 33 de ese mismo cuerpo legal. Puntualiza que la falta de análisis de esos temas abordados por la defensa en todas las audiencias del proceso, provoca el vicio que se reprocha. Como pretensión, solicita se declare la nulidad de las sentencias precedentes, salvo que, atendiendo razones de economía procesal, se disponga exonerar de pena y responsabilidad a su defendido.
III. El recurso debe ser declarado inadmisible. Una vez examinado el reproche incoado por el licenciado Germán Calderón Lobo, en su condición de defensor particular del acusado Diego Mauricio Fernández Vindas, se determina la concurrencia de algunos requerimientos formales de interposición (así, por ejemplo, es formulado por un sujeto procesal que ostenta legitimación, y es presentado ante el órgano jurisdiccional de alzada dentro del plazo conferido en la Ley de Notificaciones Judiciales). No obstante, se detectan también una serie de defectos en su formulación, cuya constatación impide que pueda ser admitido para un ulterior examen de fondo. Como preludio, debe destacarse que el casacionista en realidad cuestiona dos temas diversos. (i) En primer término, arguye que el órgano jurisdiccional de alzada aplicó erróneamente la norma contenida en el artículo 117 del Código Penal. (ii) Seguidamente, señala que el tribunal de apelación “…se conforma en realidad un (sic) verificar un análisis somero e incluso displicente de la sentencia del tribunal de juicio” (cfr. folio 223). Es decir; fustiga que la sentencia de alzada no se avoca a examinar integralmente el fallo de mérito. Sobre el particular, debe indicarse que en atención al carácter extraordinario del recurso de casación penal, el legislador ha consignado una serie de requerimientos formales de interposición, cuya inobservancia ha sancionado con inadmisibilidad. Uno de ellos alude, justamente, a la necesaria separación de motivos. En este sentido, el párrafo segundo del artículo 469 del Código Procesal Penal dispone que en la presentación del recurso de casación penal: “…Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.” En el caso bajo estudio, como se adelantó ya, el impugnante introduce en un mismo motivo dos reproches inconexos entre sí. Nótese que una cosa es aducir que el fallo de alzada aplicó erradamente un precepto legal de naturaleza sustantiva (lo cual daría pie a la presencia de un yerro in iudicando ), y otra diversa, que se haya omitido un análisis puntilloso de la sentencia de primera instancia, así como del fundamento probatorio sobre el cual se cimentó (cuestión de orden procesal vinculada con un vicio in procedendo). Si bien, esta es razón suficiente para decretar la inadmisibilidad del recurso incoado, adicionalmente esta Cámara verifica que la argumentación plasmada en el libelo de casación equivale a una simple disconformidad con lo resuelto; desacuerdo que en modo alguno constituye un motivo válido para recurrir en casación. Nótese que los argumentos atinentes a la ausencia de valoración acerca de la auto puesta en peligro de la víctima, reiterados a lo largo del escrito impugnaticio (cfr. folios 223 vuelto y 224 frente) sí fueron abordados por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, el cual indicó: “Consecuentemente, tal y como se puede derivar de la transcripción anterior no es posible atribuir responsabilidad al perjudicado, quien en apariencia estaba realizando una maniobra prohibida y susceptible de ser sancionada administrativamente, porque este no pudo concluir el adelantamiento "ilegal" si se quiere, pues lo hacía en un lugar donde había demarcada una línea amarilla y frente a una intersección; sin embargo, es posible afirmar que fue la acción imprudente del justiciable la que contribuyó de manera eficaz a producir el resultado muerte, razón por la cual se estima que esa aparente violación al deber de cuidado, - se dice aparente, porque en el juicio no versó acerca de establecer la responsabilidad administrativa del perjudicado- realizada por la víctima, no fue la que desencadenó el hecho fatal, sino el viraje prohibido que realizó el justiciable y que tuvo consecuencias para la persona fallecida, lo cual era previsible y evitable, si tan sólo se hubieran respetado las normas de tránsito. Otro aspecto que señala el impugnante es que de acuerdo a la declaración del testigo [Nombre 004] , es el ofendido quien impactó con su motocicleta el vehículo que conducía el acusado, lo cual - - es lógico, porque si este último circulaba. en una. dirección y, la vía que lleva es interceptada por otro automotor, lamentablemente terminaría chocando contrae! objeto que se interpuso, por lo cual se descarta, alguna acción independiente y voluntaria del perjudicado, razón por lo que el Tribunal de instancia descartó la existencia de la imputación objetiva en el resultado y la autopuesta- en peligro, lo anterior a pesar de que el Informe 0536-SIORI-IP0-2017, haga referencia a que otros conductores también realizaban el viraje prohibido, pues .el razonamiento válido y ajustado a derecho nos hace concluir que, no existe autorización legal para actuar de manera imprudente por el hecho de que otras personas realicen una actividad que está expresamente sancionada por la Ley, un compartimiento irregular no faculta o extiende un permiso a los demás ciudadanos para que también transgredan el orden socialmente establecido. Con relación al reclamo respecto a la presindencia (sic) del testimonio de la señora [Nombre 009], se tiene que al ser esta una testigo ofrecida por el Ministerio Público y al no ser posible su comparencia (sic) se optó por declarar inevacuable su testimonio, resolución en la que esta Cámara no encuentra vicio alguno, pues dicho procedimiento se llevó a cabo conforme al numeral 353 del Código Procesal Penal. El recurrente aduce que, ese testimonio coincidía con la declaración de su representado-, y que ella daba cuenta de cómo al ofendido, producto de la colisión, se le desprendió el casco, que cayó a la calzada e impactó su cabeza contra un objeto contundente (cuneta de concreto), momento en el cual ya no portaba dicho dispositivo de seguridad, lo cual tuvo relevancia en el resultado muerte. Al respecto debe indicarse, que tal y como se razonó anteriormente, en realidad las faltas a las normas de seguridad y de tránsito por parte del fallecido, no fueron la causa eficiente del resultado muerte, pues, incluso este podía circular desprovisto de dicho casco de seguridad y culminar con éxito su recorrido; sin embargo, fue la acción imprudente del acusado lo que ocasionó que este perdiera la vida y no al contrario, tal y como se estableció en la resolución venida en alzada. " (cfr. folio 217, frente y vuelto). Una lectura atenta de este pasaje de la sentencia, permite concluir que, contrario a lo alegado por el casacionista, los reclamos relacionados con la conducta del propio occiso, y las dinámicas alternativas al evento en caso de que el agraviado no se hubiera visto despojado de su casco, sí fueron analizadas por el ad quem. Pretender un nuevo examen de esos argumentos, sin que el reclamo se ajuste a alguna de las causales taxativamente previstas en el ordinal 468 del Código de rito, implicaría situar a esta Cámara como una tercera instancia dentro de la fase de impugnación; pretensión abiertamente contraria a la normativa que disciplina la materia. Finalmente, un tercer aspecto que justifica la declaratoria de inadmisibilidad del recurso se identifica con la falta de precisión del agravio. En este orden de ideas, el artículo 469, antes referido, estipula en su párrafo primero que en la formulación del recurso de casación: “…en todo caso, se indicará cuál es el agravio y la pretensión .” Tal imperativo obedece a la lógica misma de todo el modelo de impugnación de las resoluciones jurisdiccionales: al margen del desacuerdo de un sujeto procesal con el contenido de lo resuelto en una instancia inferior, e incluso con prescindencia de los yerros detectados en aquella resolución, no es admisible la formulación del recurso si con la decisión que se cuestiona no se ha causado un agravio a la parte; el cual además debe explicitarse en el libelo de impugnación. En el caso de marras, si bien se especifica una pretensión y se argumentan dos ejes temáticos (conforme se indicó líneas atrás), no se aduce de qué modo la decisión de alzada causa un menoscabo a la situación jurídica del encartado. Así las cosas, conforme a los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal, procede declarar inadmisible el recurso de casación incoado por la defensa particular del acusado.
Por Tanto:
Se declara inadmisible el recurso de casación incoado por el defensor particular del acusado. Notifíquese.


Patricia Solano C.


Jesús Alberto Ramírez Q . Álvaro Burgos M .


Gerardo Rubén Alfaro V . Sandra Eugenia Zúñiga M.
No. Interno. 160-4/10-4-21
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