Sentencia Nº 2020000411 de Sala Constitucional, 10-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2020000411
Revisión del Documento

*190231620007CO*

Exp: 19-023162-0007-CO

Res. Nº 2020000411

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-023162-0007-CO, interpuesto por NIELCI BARRANTES PÉREZ, cédula de identidad 0108460306, a favor de GERARDO ALBERTO GARCÍA OLIVARES, cédula de identidad 0107720143, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:43 horas del 4 de diciembre del 2019, la recurrente interpone recurso de amparo contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, y manifiesta que el amparado es una persona de cuarenta y nueve años de edad, la cual presentó solicitud de pensión por invalidez a cargo del Régimen No Contributivo en la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social, en Pérez Zeledón. Sin embargo, la gestión fue rechazada mediante la resolución administrativa N.º 107720143-2019 de fecha 17 de mayo de 2019; razón por la cual interpuso recurso de revocatoria, el cual fue declarado con lugar a través de la resolución N.º 107720143-01-2019, misma que ordenó que se continuara con el trámite correspondiente; algo que no ha sucedido. Estima lo anterior contrario al Derecho de la Constitución. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Informa bajo juramento Jorge Minor Mata Arias, en calidad de Administrador de la Sucursal de la Caja Costarricense del Seguro Social de Pérez Zeledón, que efectivamente, el amparado presentó el 25 de marzo del 2015, solicitud de pensión por invalidez a cargo del Régimen No Contributivo en la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social, en Pérez Zeledón. Sin embargo, la gestión fue rechazada mediante la resolución administrativa N.° 107720143-2019 de fecha 17 de mayo de 2019; razón por la cual interpuso recurso de revocatoria el cual fue declarado con lugar a través de la resolución N° 107720143-01-2019, misma que ordenó que se continuara con el trámite correspondiente. Agrega que el caso fue analizado por la Subárea Gestión de Pensiones Brunca en fecha 24 de julio de 2019 la cual determinó trasladar el caso Área de Salud para que se realizara la valoración médica correspondiente. Una vez que fue incorporada la valoración médica al expediente administrativo, el mismo, fue enviado a la Comisión Nacional de Apelaciones al Estado de Invalidez mediante oficio SPZ-2017-2019, el día 21 de octubre de 2019. Cabe mencionar que dicha instancia realizó valoración del caso en primera instancia, y remitió sobre con solicitud de exámenes médicos a la Sucursal, el cual fue entregado al amparado el día 16 de diciembre de 2019. Indica que esa administración le dará la efectiva atención agotando las etapas de dicho proceso, siendo que para efectos de finalizar con el trámite será necesario que este expediente administrativo sea valorado por los profesionales competentes para determinar el resultado de la solicitud presentada. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- Informa bajo juramento Jaime Barrantes Espinoza, en su condición de Gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, que solicitó informe al Director de Calificación de Invalidez de la CCSS, el cual indica que si bien el asunto no se ha resuelto, el trámite ha estado en continua actividad administrativa y se le ha dado el trámite establecido reglamentariamente verificando primeramente el requisito de situación socioeconómica y una vez cumplido, verificando el requisito médico (invalidez). El otorgamiento de la pensión por invalidez del Régimen No Contributivo tiene dos requisitos: El requisito socioeconómico cumplido cuando se verifica la condición de pobreza/pobreza extrema y el requisito médico cumplido cuando el solicitante es declarado inválido por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez del Régimen No Contributivo, para lo cual también debe ser valorado médicamente en el área de salud correspondiente a su domicilio. En el caso de marras, mediante resolución administrativa 107720143-01-2019 del 19 de junio de 2019 la Sucursal de Pérez Zeledón declaró con lugar el recurso de revocatoria y dio por cumplido el requisito socioeconómico. Esta resolución fue notificada el 17 de julio de 2019. La verificación del requisito médico inició el 24 de julio de 2019 cuando mediante el “Criterio favorable situación socioeconómica” la sucursal recomendó trasladar el expediente al área de salud para valoración médica. El 09 de setiembre de 2019, el amparado fue valorado en el Área de Salud Pérez Zeledón, el 16 de setiembre de 2019 el director médico refrendó el dictamen emitido y el área de salud devolvió el expediente a la sucursal de origen. El 08 de noviembre de 2019 el expediente fue recibido en esta unidad. El 10 de diciembre de 2019 el caso fue analizado por la Comisión Calificadora del estado de Invalidez del Régimen no Contributivo en la sesión 319-2019 sin embargo no emitió criterio técnico médico, sino que le ordenó la realización de exámenes clínicos para contar con más elementos para mejor resolver, vale decir que esta es una de las facultades de la Comisión, en aras de brindar un criterio técnico médico objetivo. Las boletas de exámenes se le harán llegar a la sucursal, el amparado deberá realizarse los exámenes y una vez que cuente con los resultados los podrá entregar en la sucursal para que los trasladen a esta unidad o podrá presentarlos directamente en esta Dirección. La Comisión Calificadora del estado de Invalidez del Régimen no Contributivo analizará el caso nuevamente con la información médica solicitada y emitirá su criterio respectivo. El caso será egresado en el sistema y el expediente estará listo para que el mensajero de la Sucursal de origen lo retire. Corresponde a esa sucursal emitir y notificar la resolución administrativa pertinente. Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que el amparado presentó una solicitud de pensión por invalidez a cargo del Régimen No Contributivo en la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social, en Pérez Zeledón. Dicha gestión fue rechazada mediante la resolución administrativa N° 107720143-2019 de fecha 17 de mayo de 2019, razón por la cual interpuso recurso de revocatoria el cual fue declarado con lugar a través de la resolución N° 107720143-01-2019, misma que ordenó que se continuara con el trámite correspondiente; sin embargo, alega que al momento de presentación de este recurso de amparo no había sido resuelto dicha gestión.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se alega una dilación excesiva en resolver una solicitud de pensión por el régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos casos son examinados por la Sala Constitucional, en consideración a las especiales condiciones de vulnerabilidad social en el que se encuentran, generalmente, los solicitantes de ese beneficio.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 25 de marzo del 2015, el amparado presentó solicitud de pensión por invalidez a cargo del Régimen No Contributivo en la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social, en Pérez Zeledón (ver informes y prueba adjunta).

b) La gestión fue rechazada mediante la resolución administrativa N° 107720143-2019 de fecha 17 de mayo de 2019, razón por la cual interpuso recurso de revocatoria el cual fue declarado con lugar a través de la resolución N° 107720143-01-2019, misma que ordenó que se continuara con el trámite correspondiente (ver informes y prueba adjunta).

c) Agrega que el caso fue analizado por la Subárea Gestión de Pensiones Brunca en fecha 24 de julio de 2019 la cual determinó trasladar el caso Área de Salud para que se realizara la valoración médica correspondiente (ver informes y prueba adjunta).

d) El 9 de setiembre de 2019, el amparado fue valorado en el Área de Salud Pérez Zeledón, y el 16 de setiembre siguiente, el Director Médico refrendó el dictamen emitido y el área de salud devolvió el expediente a la sucursal de origen (ver informes y prueba adjunta).

e) Una vez que fue incorporada la valoración médica al expediente administrativo, fue enviado a la Comisión Nacional de Apelaciones al Estado de Invalidez mediante oficio SPZ-2017-2019, el 21 de octubre de 2019, donde fue recibido el 08 de noviembre pasado (ver informes y prueba adjunta).

f) El 10 de diciembre de 2019, el caso fue analizado por la Comisión Calificadora del estado de Invalidez del Régimen no Contributivo en la sesión 319-2019; sin embargo, no emitió criterio técnico médico, sino que ordenó la realización de exámenes clínicos para contar con más elementos para mejor resolver, en aras de brindar un criterio técnico médico objetivo (ver informes y prueba adjunta).

g) Actualmente, la gestión está pendiente de resolverse (ver informes y prueba adjunta).

IV.- Sobre el principio de justicia pronta y cumplida en sede administrativa. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “ razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.

V.- Caso concreto. En este asunto, del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida –que se tiene dado bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias incluso penales, previstas en el numeral 44 de la Ley que rige esta jurisdicción-, y demás elementos probatorios, ha quedado acreditada una infracción a los derechos fundamentales de la amparada. Sobre el particular, fue demostrado que el 25 de marzo del 2015, el amparado presentó una solicitud de pensión por el régimen No contributivo en la Sucursal de Pérez Zeledón de la Caja Costarricense de Seguro Social y, a la fecha que acude en amparo -4 de diciembre de 2019-, no había sido resuelta. Al respecto, bajo juramento, las autoridades recurridas reconocen que el amparado cumple el requisito de situación socioeconómica (se encuentra en condición de pobreza básica), y está pendiente la verificación del requisito médico. El 10 de diciembre de 2019, el caso fue analizado por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez del Régimen no Contributivo en la sesión 319-2019; sin embargo, no emitió criterio técnico médico, sino que ordenó la realización de exámenes clínicos para contar con más elementos para mejor resolver, en aras de brindar un criterio técnico médico objetivo. Las boletas de exámenes se le harán llegar al interesado a la sucursal, deberá realizarse los exámenes y una vez que se cuente con los resultados los podrá entregar en la sucursal para que los trasladen a la Comisión, la cual analizará el caso nuevamente con la información médica solicitada y emitirá su criterio respectivo. Ante el escenario descrito, no hay duda que se ha producido la infracción del derecho a una justicia administrativa pronta del amparado, pues independientemente de que se requiera esa prueba para resolver, se constata que no ha sido diligente en su evacuación y mucho menos en el trámite de la gestión presentada a favor del tutelado. Se advierte que ha trascurrido un plazo superior a los cuatro años desde su presentación. Esa demora, tanto en recabar las pruebas que se estiman de mérito, como en resolver en definitiva la petición de pensión, ha implicado una denegación de justicia administrativa. Se recuerda a la parte recurrida la obligación de la Administración de actuar según los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad. Máxime en supuestos como el presente, donde lo pretendido es para una persona que sostiene sufrir de una discapacidad y está en condición de vulnerabilidad económica, lo que hace aún más de mérito que se conozca con prontitud si procede o no lo demandado. Por lo expuesto, el amparo resulta procedente, con las consecuencias que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jaime Barrantes Espinoza, en su condición de Gerente de Pensiones y a Jorge Minor Mata Arias, en su condición de Administrador de la Sucursal de Pérez Zeledón, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, que tomen las medidas y giren las instrucciones que estén dentro del marco de sus atribuciones y competencias, para que se resuelva la solicitud de pensión presentada por el amparado el 25 de marzo del 2015 dentro del plazo de quince días naturales, contado a partir de la notificación de esta sentencia, y se le notifique lo resuelto dentro de ese mismo plazo. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Jaime Barrantes Espinoza, en su condición de Gerente de Pensiones y a Jorge Minor Mata Arias, en su condición de Administrador de la Sucursal de Pérez Zeledón, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, en forma personal.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-023162-0007-CO

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