Sentencia Nº 2020001000 de Sala Constitucional, 17-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020001000
Número de expediente20-000047-0007-CO
Fecha17 Enero 2020

*200000470007CO*

Exp: 20-000047-0007-CO

Res. Nº 2020001000


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil veinte .

Recurso de habeas corpus interpuesto por [Nombre 001] de identidad [Valor 001], contra le PODER JUDICIAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 4 de enero de 2020, el recurrente interpone recurso de habeas corpus contra el Poder Judicial. Alega que se encuentra privado de libertad desde el 31 de octubre de 2018, en virtud de lo dispuesto en el proceso penal que se tramita en su contra en el expediente No. [Valor 002]. Indica que el 28 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia preliminar del caso y al día siguiente se amplió la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 29 de febrero de 2020. Sostiene que a la fecha en la que interpone este proceso no existe señalamiento para realizar el debate oral y público. Agrega que el 9 de diciembre de 2019 interpuso un “recurso de protesta por defectos absolutos”, el cual no ha sido resuelto. Aduce que la ampliación de la medida cautelar que se le impuso lesiona su derecho a que el tribunal revise las nuevas circunstancias que constan en autos y que han resultado en el cambio de la medida para tres co imputados. Estima que los hechos descritos violentan sus derechos fundamentales.
2 .- Mediante resolución de la Sala de las 13:42 horas del 6 de enero de 2019, se dio curso al asunto y se solicitó informe a los jueces que tramitan el expediente No. [Valor 002] en el Juzgado Penal de Santa Cruz y en el Tribunal Penal de Santa Cruz o, en su defecto, los jueces coordinadores de esos despachos.
3. Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:59 horas del 9 de enero de 2019, informa bajo juramento Heiner Campos Brenes, en su condición de juez de trámite del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Guanacaste. Indica que el expediente [Valor 002] se tramita por el delito de homicidio culposo, donde figura tutelado y tres imputados más. Expone que en este proceso se efectuó la audiencia preliminar el 28 de noviembre de 2019 (folios 967-969, tomo II, expediente principal), mediante la cual el juez penal, Édgar Jesús Leal Gómez, ordenó la apertura a juicio de la investigación penal. Señala que mediante voto 2019-629 de las 16:00 horas del 29 de noviembre de 2019 (folios 623-627 TOMO II, legajo de medida cautelar), el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, prorrogó la prisión preventiva del tutelado hasta el 29 de febrero de 2020. Luego, por resolución de las 15:48 horas del 19 de diciembre de 2019 (folio 1068 frente y vuelto, tomo III, expediente principal), se señaló a debate esta causa, del 13 al 19 de febrero de 2020. Agrega que, respecto al escrito del 9 de diciembre de 2019, fue remitido al Tribunal de Apelaciones a fin de que se pronuncie sobre el mismo, toda vez que versa sobre una resolución dictada por ese tribunal.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:56 horas del 9 de enero de 2019, informa bajo juramento Susana Bolaños Villalobos, en su condición de jueza penal de Santa Cruz. Expone que ella resolvió la situación jurídica del tutelado y de otros co-imputados dentro de la causa [Valor 003] En esta ordenó la prisión preventiva del encartado por el plazo de 6 meses, mediante resolución de marzo de 2019. Asegura que tal resolución se encuentra debidamente fundamentada. Agrega que también existió prórroga de la prisión preventiva en lo que respecta al encartado. Señala que tales resoluciones fueron recurridas, pero el Tribunal rechazó los recursos de apelación y confirmó la medida cautelar impuesta. Destaca que, una vez que el imputado estuvo en el plazo ordinario de la prisión preventiva, es el Tribunal de Juicio de Santa Cruz el que prorroga la prisión preventiva del tutelado, la cual actualmente vence en febrero de 2020. Manifiesta que la audiencia preliminar la realizó el Juez Leal Gómez el 28 de noviembre de 2019, en la cual se dictó el auto de apertura ajuicio en contra del encartado tutelado y otros, razón por la que la causa se remitió al Tribunal de Juicio el 10 de diciembre de 2019. Por otro lado, en cuanto al alegato del recurrente respecto a que el 9 de diciembre de 2019 interpuso un "recurso de protesta por defectos absolutos", afirma que el escrito fue dirigido al Tribunal de Juicio de Santa Cruz, por lo que omite referirse al mismo. Adiciona que la causa ya cuenta con señalamiento a juicio oral y público para febrero de 2020 (folio 1068 del Tomo III del legajo principal). Respecto al Juzgado Penal, aduce que la medida cautelar y el auto de apertura a juicio se encuentran ajustados a derechos. Además, el tutelado ejercicó el remedio procesal del recurso de apelación, mediante el cual el Tribunal examinó las resoluciones en la cual se le dictó prisión preventiva así como las prórrogas de prisión, y las confirmó. Resalta que tales resoluciones se encuentran en firme.
5.- Por resolución de las 15:03 horas del 10 de enero de 2020, se amplió el curso en este asunto.
6.- En escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 16:19 horas del 14 de enero de 2020, informan bajo juramento Cynthia Dumani Stradtmann, Jose Cisneros Mojica y Rodrigo Obando Santamaría, todos jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacastre. Indican que el 9 de diciembre de 2019, el tutelado planteó un escrito dentro del expediente [Valor 002], titulado “Pronto despacho, artículo 174 del Código Procesal Penal”, el cual trataba, en realidad, de un actividad procesal defectuosa contra distintas diligencias de ese despacho, del Tribunal de Juicio y de la Fiscalía, así como un queja contra la prórroga de prisión preventiva dictada por este Tribunal de Apelación, voto 2019-629 de las 16:00 horas del 29 de noviembre de 2019. Exponen que este tribunal dictó la resolución 08-29 de las 14:30 horas del 13 de enero de 2020, donde se indicó lo siguiente sobre la medida cautelar: “(…) no se ha producido indefensión a las partes, ni irregularidades en la tramitación de lo gestionado ante esta Cámara de Apelación, por lo que se rechaza la actividad procesal defectuosa presentada. (…) la tramitación de la prórroga de prisión preventiva se gestionó conforme a la ley (…)”. Agregan que en el voto 2019-629 de las 16:00 horas del 29 de noviembre de 2019 no solo se indicaron las razones por las cuales se consideraba que las circunstancias por las cuales se había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva se mantenía, sino que, en cumplimiento al artículo 258 del Código Procesal Penal, se ordenó al Juzgado Penal tomar acciones para ejecutar lo dispuesto en el auto de apertura a juicio y remitir la causa al Tribunal de Juicio, a quien se le indicó darle prioridad en la tramitación en virtud de que se trataba de personas detenidas, ya que no solo el encartado se encontraba detenido por esta causa. Estiman que, por lo anterior, la queja del amparado es improcedente. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que se encuentra en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2018 (expediente No. [Valor 002]). Indica que el 28 de noviembre de 2019 se realizó la audiencia preliminar y al día siguiente se amplió la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 29 de febrero de 2020. Sostiene que a la fecha no existe señalamiento para realizar el debate oral y público. Agrega que el 9 de diciembre de 2019 interpuso un “recurso de protesta por defectos absolutos”, el cual no ha sido resuelto. Aduce que la ampliación de la medida cautelar que se le impuso lesiona su derecho a que el tribunal revise las nuevas circunstancias que constan en autos y que han resultado en el cambio de la medida para tres co-imputados. Estima vulnerados sus derechos fundamentales.
II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
  1. En contra del tutelado y otros imputados se tramita la causa penal [Valor 002] por el delito de homicidio culposo (ver informe rendido).
  2. En virtud de esa causa, al tutelado se le ha estado prorrogando una medida cautelar de prisión preventiva (hecho incontrovertido).
  3. El 19 de noviembre de 2019, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de Guanacaste solicitó ante el Tribunal de Apelación de Sentencia una prórroga de la prisión preventiva para el tutelado y otros imputados (ver prueba aportada).
  4. El 20 de noviembre de 2019, la defensa del tutelado contestó la audiencia de prórroga de prisión preventiva (ver prueba aportada).
  5. A las 13:45 horas del 28 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal de Santa Cruz efectuó la audiencia preliminar, donde el juez, Édgar Jesús Leal Gómez, ordenó la apertura a juicio de la investigación penal (ver informe rendido y prueba aportada).
  1. Después de la vista oral respectiva, mediante voto 2019-629 de las 16:00 horas del 29 de noviembre de 2019, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, prorrogó la prisión preventiva del tutelado por 3 meses más, del 30 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020, ante la solicitud del Ministerio Público. Al respecto, resolvió lo siguiente: “(…) IV. En cuanto a la solicitud fiscal. La pretensión estatal en el presente asunto debe ser acogida. En primer lugar, los presupuestos básicos que autorizan la imposición de la medida cautelar más gravosa se mantienen incólumes. En cuanto a la probabilidad de participación de las personas acusadas en su oportunidad se dijo (en el voto de reciente cita): "Tales aspectos que fundamentaron la pieza requisitoria serán ponderados por el juzgado penal en su oportunidad, sin embargo permiten establecer en un estadio de probabilidad, según lo exigido por la norma, que los endilgados hayan participado en los delitos que se les atribuye". A la fecha se tiene, además, una resolución que dispone el auto de apertura a juicio, que no es otra cosa que la constatación de parte de otra autoridad judicial de estas circunstancias; durante la audiencia realizada el día de hoy, la defensa cuestionó la calidad de esa decisión, pero sin presentar ningún elemento novedoso que debilitara o modificara lo ya analizado. En lo que respecta a los peligros procesales el escenario se corresponde con lo que se había resuelto ya, cuando esta cámara expresó: "Con base en esto, se presume que de encontrarse en libertad, podrían verse motivado a evadir la acción de la justicia, con lo que se configura el peligro de fuga. Todos esos elementos inciden objetivamente en la posibilidad de desligarse del proceso, fundamento suficiente para legitimar la necesidad de mantenerlos detenido preventivamente para la culminación de la fase intermedia que está en ciernes". Tal y como se puede apreciar la vigencia de lo resuelto es innegable, salvo que ahora la etapa intermedia concluyó, y lo que corresponde es la celebración de un juicio en el que se conozcan de los hechos admitidos y las pruebas que una y otra parte ofrecieron, por lo que asegurar la realización del acto más importante del proceso, justifica la extensión de la medida cautelar de prisión para contener el peligro de fuga. La defensa solicitó que se modificara la medida de prisión por arresto domiciliar, sin embargo, y aun sin entrar en la discusión de la competencia de esta Cámara para ello, debe señalarse que el paso del tiempo, único argumento nuevo, no representa por sí mismo una justificación para dicho cambio; pese a lo alegado por la defensa de los sindicados y la imputada, los órganos jurisdiccionales han atendido las medidas de este Tribunal, al punto que dentro del plazo previsto para ello se realizó (y resolvió) la audiencia preliminar. Por lo anterior, al no presentarse cambios que justifiquen una disminución del riesgo para el proceso, se justifica mantener la medida cautelar de prisión. V. De la proporcionalidad, del plazo autorizado y de las medidas para asegurar la tramitación ágil del proceso. Formalmente lo peticionado es proporcional, esto en el entendido de que los delitos por los que las personas acusadas irán a juicio tiene altas penas de prisión, que van desde cinco (en el caso del robo) y 20 años (en el caso del homicidio calificado); pero, también es proporcional a las acciones jurisdiccionales emprendidas, dicho de otro modo: a lo que se ha hecho por parte del Estado; desde que el Tribunal de Apelación controla la medida cautelar (que a la orden del Juzgado Penal de Santa Cruz descuentan Merlo Álvarez, Renderos Bolaños, Cabrera Rosales y González Garita), se otorgó un mes de prórroga para realizar la audiencia preliminar, lo que en efecto se hizo y con la resolución de la misma se dio por concluida la fase intermedia; y, además, se considera proporcional pues, lo que se pretende es la realización de un debate oral y público que permita discutir, con la amplitud correspondiente, la existencia o no de responsabilidad penal de los encartados y la justiciable. Precisamente para asegurar que la medida conserve la proporcionalidad dicha, se dispone la prórroga del plazo de prisión preventiva por el término de tres meses más, a partir del día 30 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 inclusive, cuando las cuatro personas sometidas a la medida cautelar alcanzaran el tanto de dieciséis meses de encarcelamiento cautelar” (ver informe rendido y prueba aportada).
  2. El 9 de diciembre de 2019, el recurrente planteó ante el Tribunal de Juicio (recibido en ese despacho el 6 de enero de 2020) una gestión de actividad procesal defectuosa, denominada “Pronto despacho (…) recurso de protesta por antivida (sic) procesal defectuosa por defectos absolutos ”, en la cual reclamó que se le había prorrogado la prisión preventiva por 3 meses más pese a que durante la audiencia faltó la defensa de otro imputado; además, acusó que no contaba con fecha para el juicio así como unas actuaciones irregulares por parte de su defensora (ver informe rendido y prueba aportada).
  3. El 10 de diciembre de 2019 se remitió la causa al Tribunal de Juicio (ver informe rendido).
  4. Por resolución de las 15:48 horas del 19 de diciembre de 2019, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste señaló a debate esta causa, el 13, 14, 17, 18 y 19 de febrero de 2020 (ver prueba aportada).
  5. El escrito del 9 de diciembre de 2019 fue remitido al Tribunal de Apelaciones a fin de que se pronunciara sobre el mismo (ver informe rendido).
  6. Por voto 08-20 de las 14:30 horas del 13 de enero de 2019, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal resolvió la gestión del tutelado del 9 de diciembre de 2019 y dispuso lo siguiente “(…) no se ha producido indefensión a las partes, ni irregularidades en la tramitación de lo gestionado ante esta Cámara de Apelación, por lo que se rechaza la actividad procesal defectuosa presentada. (…) la tramitación de la prórroga de prisión preventiva se gestionó conforme a la ley (…) Se rechazan la actividad procesal defectuosa presentada y la recusación planteadas contra los integrantes del Tribunal de Apelación de Sentencia que dictaron la prórroga de prisión preventiva cuestionada, por improcedentes. Asimismo, en cuanto a los alegatos respecto de funcionarios de otras oficinas o actuaciones que se tramitan en otros despachos, deberán ser contestados por dichos funcionarios o la coordinación de las oficinas involucradas. Sobre la solicitud de cambio de defensor público que gestiona el señor Cabrera Rosales, tome nota el Tribunal de Juicio para que tramite lo correspondiente.”(ver informe rendido y prueba aportada).

III.- Sobre el caso concreto. Revisados los autos, se observa que, en contra del tutelado y otros imputados se tramita la causa penal [Valor 002] por el delito de homicidio culposo. Asimismo, en virtud de esa causa, al tutelado se le ha estado prorrogando una medida cautelar de prisión preventiva. En este sentido, el 19 de noviembre de 2019, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de Guanacaste solicitó ante el Tribunal de Apelación de Sentencia una prórroga de la prisión preventiva para el tutelado y otros imputados. Ante ello, el 20 de noviembre de 2019, la defensa del tutelado contestó la audiencia de prórroga de prisión preventiva. Se desprende que, después de la vista oral respectiva, mediante voto 2019-629 de las 16:00 horas del 29 de noviembre de 2019, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, prorrogó la prisión preventiva del tutelado por 3 meses más, del 30 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020, ante la solicitud del Ministerio Público.
Al respecto, el tutelado discrepa de tal fundamentación y asegura que la ampliación de la medida cautelar lesiona su derecho a que el tribunal revise las nuevas circunstancias que constan en autos y que han resultado en el cambio de la medida para tres co-imputados. Estima que los hechos descritos violentan sus derechos fundamentales.
Ahora, revisada la prueba aportada, se observa que la fundamentación del Tribunal de Apelación para prorrogar la medida fue la siguiente:
“(…) IV. En cuanto a la solicitud fiscal. La pretensión estatal en el presente asunto debe ser acogida. En primer lugar, los presupuestos básicos que autorizan la imposición de la medida cautelar más gravosa se mantienen incólumes. En cuanto a la probabilidad de participación de las personas acusadas en su oportunidad se dijo (en el voto de reciente cita): "Tales aspectos que fundamentaron la pieza requisitoria serán ponderados por el juzgado penal en su oportunidad, sin embargo permiten establecer en un estadio de probabilidad, según lo exigido por la norma, que los endilgados hayan participado en los delitos que se les atribuye". A la fecha se tiene, además, una resolución que dispone el auto de apertura a juicio , que no es otra cosa que la constatación de parte de otra autoridad judicial de estas circunstancias; durante la audiencia realizada el día de hoy, la defensa cuestionó la calidad de esa decisión, pero sin presentar ningún elemento novedoso que debilitara o modificara lo ya analizado. En lo que respecta a los peligros procesales el escenario se corresponde con lo que se había resuelto ya, cuando esta cámara expresó: "Con base en esto, se presume que de encontrarse en libertad, podrían verse motivado a evadir la acción de la justicia, con lo que se configura el peligro de fuga. Todos esos elementos inciden objetivamente en la posibilidad de desligarse del proceso, fundamento suficiente para legitimar la necesidad de mantenerlos detenido preventivamente para la culminación de la fase intermedia que está en ciernes". Tal y como se puede apreciar la vigencia de lo resuelto es innegable, salvo que ahora la etapa intermedia concluyó, y lo que corresponde es la celebración de un juicio en el que se conozcan de los hechos admitidos y las pruebas que una y otra parte ofrecieron, por lo que asegurar la realización del acto más importante del proceso, justifica la extensión de la medida cautelar de prisión para contener el peligro de fuga . La defensa solicitó que se modificara la medida de prisión por arresto domiciliar, sin embargo, y aun sin entrar en la discusión de la competencia de esta Cámara para ello, debe señalarse que el paso del tiempo, único argumento nuevo, no representa por sí mismo una justificación para dicho cambio; pese a lo alegado por la defensa de los sindicados y la imputada, los órganos jurisdiccionales han atendido las medidas de este Tribunal, al punto que dentro del plazo previsto para ello se realizó (y resolvió) la audiencia preliminar. Por lo anterior, al no presentarse cambios que justifiquen una disminución del riesgo para el proceso, se justifica mantener la medida cautelar de prisión . V. De la proporcionalidad, del plazo autorizado y de las medidas para asegurar la tramitación ágil del proceso. Formalmente lo peticionado es proporcional, esto en el entendido de que los delitos por los que las personas acusadas irán a juicio tiene altas penas de prisión, que van desde cinco (en el caso del robo) y 20 años (en el caso del homicidio calificado); pero, también es proporcional a las acciones jurisdiccionales emprendidas, dicho de otro modo: a lo que se ha hecho por parte del Estado; desde que el Tribunal de Apelación controla la medida cautelar (que a la orden del Juzgado Penal de Santa Cruz descuentan Merlo Álvarez, Renderos Bolaños, Cabrera Rosales y González Garita), se otorgó un mes de prórroga para realizar la audiencia preliminar, lo que en efecto se hizo y con la resolución de la misma se dio por concluida la fase intermedia; y, además, se considera proporcional pues, lo que se pretende es la realización de un debate oral y público que permita discutir, con la amplitud correspondiente, la existencia o no de responsabilidad penal de los encartados y la justiciable. Precisamente para asegurar que la medida conserve la proporcionalidad dicha, se dispone la prórroga del plazo de prisión preventiva por el término de tres meses más, a partir del día 30 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 inclusive, cuando las cuatro personas sometidas a la medida cautelar alcanzaran el tanto de dieciséis meses de encarcelamiento cautelar”.

Desde este panorama, contrario a lo afirmado por el tutelado, se infiere que la prórroga de prisión preventiva por parte del Tribunal de Apelación se encuentra fundamentada y es clara en los motivos por los cuales resulta procedente la ampliación de la medida.
Ahora, mediante este habeas corpus, el tutelado pretende que se le haga extensivo el mismo trato que se le dio a otros co-imputados en el proceso penal respecto a la imposición de la medida cautelar. No obstante, adviértase que, como lo ha dicho en otras ocasiones este Tribunal, "(...) puede darse el caso de que en un mismo proceso en el que existan varios encausados, se justifiquen distintas medidas en relación con uno o varios de estos y no para todos. Esto, por cuanto existen circunstancias personales, específicas de cada uno de los sujetos imputados para con el proceso, es lo que da fundamento a la imposición de una u otras medidas, cautelares o no” (ver sentencia 2018-021658 de las 9:20 horas del 21 de diciembre de 2018). Ciertamente, la disconformidad con la apreciación de los pormenores personales que, en el caso de cada imputado haya tomado en cuenta el juzgador, es un extremo que debe alegarse y discutirse dentro del propio proceso penal.
En todo caso, ante una queja del recurrente planteada el 9 de diciembre de 2019, el Tribunal de Apelación, por voto 08-20 de las 14:30 horas del 13 de enero de 2019, dispuso lo siguiente “(…) no se ha producido indefensión a las partes, ni irregularidades en la tramitación de lo gestionado ante esta Cámara de Apelación, por lo que se rechaza la actividad procesal defectuosa presentada. (…) la tramitación de la prórroga de prisión preventiva se gestionó conforme a la ley (…) Se rechazan la actividad procesal defectuosa presentada (...)". Finalmente, nótese que el recurrente no aduce haber planteado algún recurso de apelación contra la prórroga de la medida.
Por ende, en cuanto a este extremo, se declara sin lugar el recurso.
IV.- Por otro lado, el tutelado reclama que a la fecha no existe señalamiento para realizar el debate oral y público; además, agrega que el 9 de diciembre de 2019 interpuso un “recurso de protesta por defectos absolutos”, el cual no ha sido resuelto.
Empero, a este Tribunal no le compete el conocimiento de tales extremos, sino que existen mecanismos dentro de la legislación penal creados justamente para esos efectos, a saber, la interposición de un pronto despacho ante el funcionario omiso y, si no lo obtuviese dentro del plazo legalmente establecido, interponer la respectiva denuncia ante la Inspección Judicial o la Corte Plena, según corresponda -mecanismos establecidos en el artículo 174 del Código Procesal Penal-.
En todo caso, se observa que a las 13:45 horas del 28 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal de Santa Cruz efectuó la audiencia preliminar, donde ordenó la apertura a juicio de la investigación penal y, por resolución de las 15:48 horas del 19 de diciembre de 2019, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste señaló a debate esta causa, el 13, 14, 17, 18 y 19 de febrero de 2020. Además, por voto 08-20 de las 14:30 horas del 13 de enero de 2019, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal resolvió la gestión del tutelado del 9 de diciembre de 2019 (es decir, dentro de un plazo razonable).
En mérito de lo anterior, se declaran sin lugar también estos extremos.
V.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.



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