Sentencia Nº 2020005128 de Sala Constitucional, 13-03-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020005128
Número de expediente20-003571-0007-CO
Fecha13 Marzo 2020

*200035710007CO*

Exp: 20-003571-0007-CO

Res. Nº 2020005128


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-003571-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:26 horas del 24 de febrero de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Manifiesta, que en el año 2008, inició una relación laboral con el CONAPDIS y en el 2009, fue nombrada en propiedad en el puesto de Secretaria II del Servicio Civil, en la Unidad de Auditoría Interna de dicha institución. Indica, que desde el año 2012, se inició una serie de cambios para el CONAPDIS -entonces llamado Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)-. Señala que en el 2015, se promulgó la Ley de Creación del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, Ley N° 9303, en la que se estableció que los funcionarios de dicho Consejo pasarían a pertenecer al Régimen del Servicio Civil, con las mismas condiciones que habían ostentado a lo largo de los años a su servicio (artículo 1 y transitorio III). Aduce , que el CONAPDIS realizó consulta a la Procuraduría General de la República sobre varios puntos con relación a los funcionarios. Entre otros, preguntó ya que estos debían estar sometidos al Régimen del Servicio Civil, a su ley y reglamento, al tenor del Transitorio III de la Ley No. 9303, ¿cuál era el mecanismo de incorporación a dicho régimen, sin modificar o afectar sus derechos laborales adquiridos como situación jurídica consolidada? La Procuraduría General de la República (/PGR) respondió que tal mecanismo lo es el previsto en el artículo 11, del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil (DGSC). Aclaró, que dicho numeral se aplica en aquellos casos en que el interesado se ha mantenido desempeñando funciones públicas de manera ininterrumpida a favor del Estado, por al menos dos años, condición objetiva para la aplicación del procedimiento de excepción que contiene esa norma. Y agregó que, por su parte, el trámite de traslado al Régimen de Méritos de los puestos regulares del CONAPDIS debía realizarse coordinándose lo correspondiente entre la respectiva Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos de dicho consejo y la DGSC, para contar con el apoyo y el acompañamiento necesario. Refiere, que según lo ordenado por la Ley N° 9303, y lo establecido en el Dictamen N° C-062-2016 de la PGR, el CONAPDIS consolidó una nueva estructura. Posteriormente, solicitó a todos los colaboradores la descripción de sus funciones por medio del Formulario de Estudio de Puestos, solicitado por la Administración para tales fines y efectuó un proceso de entrevista para análisis de puestos. Una vez recogido estos insumos, la DGSC realizó el estudio denominado "Informe Asignación de Plazas por Cargos Fijos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) al Régimen del Servicio Civil" con la finalidad de lograr el traslado de los funcionarios al Régimen de Servicio Civil. Refiere, que pese a haberse dado a conocer una versión supuestamente final de este documento, después se informó que se le harían una serie de ajustes para luego volver a enviarlo a la DGSC, la cual finalmente emitió una resolución en la que aprobó el estudio y sus ajustes. Alega, que aún desconoce la versión definitiva de dicha resolución y que las únicas referencias que tiene de esta lo son, una mención hecha al pie de página de una acción de personal y su mención en un video dirigido al personal en el que no se comunicó su contenido. Reclama que, como en su caso, algunos de los colaboradores fueron perjudicados con cambios realizados que no les fueron notificados y, por ende, no pudieron defenderse oportunamente. Asegura que a ella tampoco le fue comunicada mediante resolución fundamentada, la nueva clasificación que le fue aplicada -la cual se refleja en su salario-. Sostiene que se enteró de la nueva clasificación dada, a través de la acción de personal mencionada, la cual recibió el 14 de octubre de 2019, sin que junto a esta se le entregara una resolución fundamentada explicándole los motivos del cambio de clasificación y, por tanto, de la rebaja salarial. Por lo expuesto, se le colocó en estado de vulnerabilidad, al no facilitársele un momento procesal para oponer los recursos administrativos procedentes y, por ende, no permitírsele ejercer el derecho defensa. Reitera, que pese a que en el Transitorio III de la Ley N° 9303, se ordenó mantenerle sus derechos, se bajó su categoría y pasó de estar clasificada como Secretaria de Servicio Civil II en propiedad a Secretaria de Servicio Civil I con un nombramiento interino que rige del 1° de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. Estima que una acción de personal no es el medio previsto en la legislación vigente para consolidar un acto administrativo como el de interés, sino que se debió hacer a través de una resolución fundamentada dirigida a su persona, en la que se le mencionaran los posibles recursos a los cuales podía acudir. Considera que la forma unilateral en la que se decidió realizar los cambios mencionados, sin tomar en cuenta las estipulaciones de la ley aplicable, lesionó sus derechos fundamentales y sus condiciones laborales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley y se ordene a la autoridad recurida no aplicar la rebaja de salarios y sele retribuyan las sumas dejadas de percibir.

2.- Mediante resolución de las 17:26 horas del 24 de febrero de 2020, se dio curos al presente recurso y se otorgó audiencia a la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), sobre los hechos alegados por la recurrente.

3.- Informa bajo juramento Lizbeth Barrantes Arroyo, en su condición de Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que lo alegado por la recurrente fue respondido por la Administración activa mediante resoluciones administrativas suscritas tanto por la Unidad de Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva. Nótese, que el 24 de octubre de 2019, la recurrente presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la acción de personal N° 0000002581, emitida por la Unidad de Recursos Humanos, y solicitó dejar sin efecto ese acto administrativo, alegando que es infundado, ilegítimo y desproporcionado, en cuanto al deterioro de su salario y condiciones laborales. La Unidad de Recursos Humanos mediante resolución administrativa de las 13:00 horas del 18 de noviembre del 2019, atendió el recurso de revocatoria interpuesto por la amparada en contra del acto administrativo dictado en la acción de personal supra mencionada y elevó a la Dirección Ejecutiva para que resuelva subsidiariamente. La Dirección Ejecutiva mediante resolución administrativa de las 12:00 horas del 27 de noviembre del 2019, atendió el recurso de apelación de cita. Aclara, que la acción de personal N° 000002581, representa un acto administrativo válido, el cual encuentra su sustento en los procesos de traslado al Régimen de Servicio Civil del Conapdis, a una reforma organizativa y a un estudio integral de puestos, que resultó en un variación de la clasificación del puesto de la tutelada, reformándose de una categorización de Secretaria del Servicio Civil 2, a Secretaria del Servicio Civil 1, así consignado en dicha acción de personal, la cual fue recursada oportunamente por la funcionaria. Cabe destacar en los recursos

mencionados justificaron ampliamente las razones de hecho y de derecho por las cuales se le cambió la clasificación de su puesto, producto del análisis ocupacional realizado y de las responsabilidades y funciones asignadas en la Auditoría Interna, tomando como referencia el Manual de Clases de la Dirección General de Servicio Civil. A su vez, la recurrente producto de una reunión que sostuviera con la Dirección Ejecutiva en fecha 26 de junio de 2019, en el marco del cambio de clasificación de su puesto, solicitó copia del estudio de puestos enviado a la Dirección General de Servicio Civil en su versión final fechada 21 de junio de 2019, según consta en correo electrónico del 01 de julio de 2019, razón por la cual no es de recibido por parte de esta Dirección Ejecutiva, la afirmación de que no conoce dicho documento y que por ello, se le causase indefensión en este proceso, toda vez que su nueva clasificación le fue informada y el estudio técnico en el que se describe la clasificación de su puesto, siempre se mantuvo en Secretaria del Servicio Civil 1 como se le manifestó oportunamente sin ninguna variación. Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente aduce que es funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y. que debido a la nueva estructura de dicha institución, sufrió una modificación en su puesto profesional. Sin embargo, no se le dio a conocer la versión final del "Informe Asignación de Plazas por Cargos Fijos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) al Régimen del Servicio Civil" ni tampoco se le comunicó, mediante una resolución fundamentada dirigida a su persona, la subclasificación que se le está aplicando. Asimismo reclama, que su rebajo salarial le fue comunicado mediante acción de personal, medio que no estima pertinente para tal efecto. Considera que dicha situación la coloca en estado de vulnerabilidad, y lesiona su derecho de defensa, pues no pudo oponer los recursos administrativos previstos en la legislación. Agrega que el cambio en las funciones que provoca la subclasificación se dio por una errónea y omisa interpretación de la Administración, y que, a pesar de su rebajo de puesto, sigue realizando las mismas funciones correspondientes a su puesto anterior, por un salario más bajo. Estima que los hechos descritos lesionan sus derechos fundamentales.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) La amparada es funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), y actualmente, ocupa de manera interina la plaza 509577, clase Secretario de Servicio Civil 1 (hecho no controvertido).

b) Mediante la Ley N° 9303 y el Dictamen N° C-062-2016, el CONAPDIS consolidó una nueva estructura interna, efectuándose para ello un proceso de entrevistas previas para el análisis de puestos, de las cuales fue parte la amparada y la jefatura inmediata de ésta (ver informe rendido por la autoridad recurrida).

c) En fecha indeterminada, la autoridad recurrida emitió el Informe Asignación de Plazas por Cargos Fijos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) al Régimen del Servicio Civil (hecho no controvertido y copia del informe).

d) El 10 de julio de 2019, mediante el oficio N°AGRH-OSC-SOCIAL-OF-125-2019, y la resolución de clasificación de puestos N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019, se aprobó el estudio técnico de asignación de puestos, y se remitió éste a la Dirección General del Servicio Civil (ver prueba aportada por la autoridad recurrida).

e) El 9 de septiembre de 2019, se corrigió el Informe Asignación de Plazas por Cargos Fijos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, mediante la resolución AGRH-OSC-SOCIAL-R-036-2019, versando dicha corrección en el puesto correspondiente a la clase Profesional Jefe de Servicio Civil 1, Especialidad, no modificando ello el fondo del informe ni la clasificación de puestos N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019 (ver prueba aportada por la autoridad recurrida).

f) El 14 de octubre de 2019, la autoridad recurrida comunicó a la tutelada el cambio en la asignación de su puesto a Secretaria de Servicio Civil I con un nombramiento interino que rige del 1° de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, mediante la acción de personal personal N° 0000002581, emitida por la Unidad de Recursos Humanos (ver prueba aportada por la autoridad recurrida).

g) El 24 de octubre de 2019, la amparada presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la acción de personal N° 0000002581 (ver informe rendido por la autoridad recurrida y copia del recurso interpuesto).

h) Mediante resolución administrativa de las 13:00 horas del 18 de noviembre del 2019, la Unidad de Recursos Humanos del Consejo recurrido atendió el recurso de revocatoria interpuesto por la amparada en contra del acto administrativo dictado en la acción de personal supra mencionada y elevó a la Dirección Ejecutiva (ver informe de la autoridad recurrida y prueba aportada).

i) Mediante resolución administrativa de las 12:00 horas del 27 de noviembre del 2019, la Dirección Ejecutiva del Consejo recurrido rechazó el recurso presentado por la tutelada, en dónde indicó: “(…) DECIMO TERCERO:Que las actuaciones ejecutadas por la Administración y que derivan en la clasificación del puesto del funcionaria [Nombre 002], se encuentran ajustadas al bloque de legalidad y a las obligaciones e implicaciones que derivan de los cambios sufridos por el Conapdis a raíz de la aprobación del proceso de reorganización administrativa parcial; aprobación de la estructura organizativa por parte de MIDEPLAN y el estudio técnico de asignación al régimen de Méritos de la Dirección General del Servicio Civil, siendo que la acción está debidamenteo fundamentada y generda de conformidad con la normativa que regual actualmente al Conapdis (...) .” (ver informe rendido por la autoridad recurrida).

III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

Único) Que la autoridad recurrida haya comunicado a la recurrente las resoluciones N°AGRH-OSC-SOCIAL-OF-125-2019, y N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019, mediante una resolución fundada e individualizada.

IV.- Antecedente al caso en concreto. En relación con el tema de las reestructuraciones y reorganizaciones institucionales, en reiterados pronunciamientos este Tribunal Constitucional ha determinado que, en general, la Administración se encuentra facultada a realizarlas. En particular, se ha determinado que estos procesos se hacen con el propósito de optimizar la prestación del servicio público y mejorar la calidad en la atención de sus usuarios, en los términos reconocidos por el numeral 192, de la Constitución Política. En ese sentido, en Sentencia N° 2007-014364, de las 15:56 horas del 05 de octubre de 2007, se indicó que:

“La reestructuración y la reorganización administrativa constituyen procedimientos tendientes a modernizar a la Administración Pública, con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia, logrando mejorar los servicios que ésta presta, amén de la consecuente reducción del gasto público. Sobre el particular, es menester recordar que hay algunos principios constitucionales que informan la organización y función administrativas, tales como los de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda actuación administrativa. De esta forma se ha indicado en la jurisprudencia de esta Sala, mediante resolución numero 2001-00602 de las diecisiete horas con veintisiete minutos del veintitrés de enero del dos mil uno, que: “Si bien es cierto, esta Sala ha admitido reiteradamente la potestad con que cuenta la Administración de llevar a cabo procesos de reestructuración a fin de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio así como el mejor aprovechamiento de los recursos humanos con que se cuenta, también se ha dicho que "las llamadas reestructuraciones o reorganizaciones deben estar basadas en necesidades reales y debidamente probadas, a fin de evitar abusos de parte de los empleadores, que bajo una justificación aparente conculcan los derechos de los servidores, los cuales por su posición "más débil" dentro de la relación, quedan imposibilitados de ejercer una acción administrativa o judicial inmediata para detener este tipo de abusos" (Sentencias No. 3288-94 de las once horas veinticuatro minutos del 1 de julio de 1994 y No.5106-96 de las doce horas seis minutos del 27 de septiembre de 1996).

Aunado a lo anterior, el artículo 192 de la Constitución Política faculta a la Administración Pública para disponer la reestructuración de las dependencias que la componen con el fin de alcanzar un mejor desempeño y organización de las mismas, siempre y cuando se respeten los procedimientos de reorganización establecidos en la legislación (…)

Según la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas, corresponde al jerarca, determinar cuál es la organización interna más adecuada para el ente, en razón de los fines que debe cumplir. Esta potestad discrecional, autoriza al jerarca para realizar reestructuraciones administrativas internas, lo que puede comprender el establecimiento de nuevos órganos o en su oportunidad, una distribución interna de competencias que no impliquen potestades de imperio. Ahora bien, en el ejercicio de la potestad de reorganización, la Administración puede afectar los derechos y situaciones jurídicas de los funcionarios a su servicio, ya sea suprimiendo o transformando las plazas existentes. Por tales motivos, la reorganización sólo procede cuando existan necesidades reales para conseguir una más eficiente y económica reorganización de los servicios, debidamente comprobadas, y cuando se afecte por lo menos al 60% de los empleados de la respectiva dependencia (artículo 47 del Estatuto del Servicio Civil) (…)

Por ello, todo proceso de reorganización deberá contar con la participación de todas aquellas dependencias que se requieran para la toma de la decisión final.” (Sentencia No. 3288-94, de las 11:24 hrs. del 1º de julio de 1994) (…) De la jurisprudencia de cita, se colige, que debe existir un estudio técnico justificativo, el cual debe sujetarse a ciertos requisitos mínimos: debe realizar un diagnóstico del problema y sugerir su solución. Luego, dicho estudio debe recibir las aprobaciones exigidas al efecto por el ordenamiento jurídico. Por otra parte, ningún estudio puede mantener su validez técnica de manera indefinida ni justificar un número indeterminado de reorganizaciones, pues las necesidades de la institución varían con el tiempo. Finalmente, el acto que determine la reorganización debe ser debidamente motivado” (lo resaltado no es del original).

Por otra parte, en la Sentencia N° 2014-6737, de las 9:30 horas del 16 de mayo del 2014, este Tribunal dispuso, en lo que interesa:

“(…) A tenor de lo expuesto, es claro que la Administración puede implementar a lo interno de sus dependencias estos procesos reorganizativos, siempre y cuando exista un estudio técnico previo que determine la necesidad, viabilidad y conveniencia de los reacomodos, y en el cual finalmente se fundamente dicho proceso. Este instrumento debe contar con un diagnóstico del problema y sugerir algunas soluciones. Asimismo, en ese estudio es donde se verá si las modificaciones estructurales sugeridas responden al cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia que deben regir en la prestación de todo servicio público y, por supuesto, si la Administración se encuentra en una necesidad real y urgente de conseguir, a través de una reorganización, una prestación más eficiente de sus servicios y una mejor gestión en cuanto al gasto público. Empero, es evidente que no le corresponde a este Tribunal Constitucional desempeñar un papel de órgano contralor sobre la oportunidad o conveniencia para ejecutar un proceso de reorganización en determinada dependencia pública, tampoco le incumbe valorar cualitativamente la calidad técnica de tal estudio, ni mucho menos la metodología y estrategias más adecuadas para encontrarle solución al problema de organización y eficiencia administrativa. En consecuencia, esta Sala no es la llamada a determinar la conveniencia o no de que, en adelante, los agentes del Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU deban constituir sociedades anónimas o empresas comercializadoras para continuar prestando sus servicios. Esto atañe a un estudio pericial alejado de la naturaleza sumaria del amparo; además, una actuación contraria de este Tribunal atentaría con el principio de autocontención del juez constitucional, el cual impone a este órgano jurisdiccional el deber de respetar la competencias intrínsecas de los otros Poderes Públicos sujeto ello a que se respete el marco constitucional vigente. La controversia sobre la oportunidad, conveniencia o procedencia de esta nueva forma de organización que se les está exigiendo a los agentes del INVU debe ser resuelta en la vía administrativa ante la propia Administración o, eventualmente, en la jurisdicción ordinaria, instancias encargadas de velar por la legalidad de tales procesos de modernización” .

V.- Sobre la reestructuración y reorganización y su relación con el ius variandi. De las pruebas aportadas en autos, se constata que la recurrente es funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), donde se desempañaba en propiedad como Secretaria de Servicio Civil 2, pero motivo de una reestructuración en dicha institución, la recurrente pasó a ocupar el puesto 509577, como a Secretaria de Servicio Civil 1, con un nombramiento interino que rige del 1° de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 11, del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. El CONAPDIS, mediante la Ley N° 9303, consolidó una nueva estructura interna. El 1 de agosto de 2017, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), aprobó, mediante el oficio DM-561-17, la propuesta de reorganización administrativa parcial, presentada por la autoridad recurrida. Para tal efecto, se realizó un proceso de entrevistas para el análisis de puestos, de las cuales fue parte la amparada. Posteriormente, se emitió el Informe de Asignación de Plazas por Cargos Fijos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad al Régimen del Servicio Civil, aprobándose su estudio técnico el 10 de julio de 2019, y comunicándose el mismo, cinco días después a todo el personal institucional, vía correo electrónico. Sin embargo, consta que debido a un error material en el puesto Profesional Jefe de Servicio Civil 1, Especialidad, el CONAPDIS corrigió el Informe en cuestión, no variando así el fondo de este ni la clasificación de puestos N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019. El 14 de octubre de 2019, la autoridad recurrida comunicó a la tutelada el cambio en la asignación de su puesto a Secretario de Servicio Civil 1, mediante la acción de personal N°0000002181; al respecto, la amparada interpuso un recurso de revocatoria con apleación en subsidio ante la Dirección Ejecutiva contra la acción de personal. En consecuencia, el 27 de noviembre de 2019, la autoridad recurrida resolvió el recurso presentado por la tutelada, mediante resolución de las 12:00 horas, indicando: “ (…) DECIMO TERCERO:Que las actuaciones ejecutadas por la Administración y que derivan en la clasificación del puesto del funcionaria [Nombre 002], se encuentran ajustadas al bloque de legalidad y a las obligaciones e implicaciones que derivan de los cambios sufridos por el Conapdis a raíz de la aprobación del proceso de reorganización administrativa parcial; aprobación de la estructura organizativa por parte de MIDEPLAN y el estudio técnico de asignación al régimen de Méritos de la Dirección General del Servicio Civil, siendo que la acción está debidamenteo fundamentada y generda de conformidad con la normativa que regual actualmente al Conapdis (...) .

Bajo este orden de ideas, esta Sala estima que las actuaciones ejecutadas por la Administración, sobre la reestucturación en general, se encuentran debidamente fundamentadas por las resoluciones N°AGRH-OSC-SOCIAL-OF-125-2019, y N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019. Empero, de los argumentos expuestos, de las pruebas aportadas y de los informes rendidos bajo solemnidad de juramento, esta Sala acredita que la autoridad recurrida no comunicó a la amparada, las resoluciones N°AGRH-OSC-SOCIAL-OF-125-2019, y N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019, por medio de una resolución fundada e individualizada a su persona, únicamente se limitó a comunicarle el cambio de puesto mediante la acción de personal N°0000002181, medio que a criterio de este Tribunal y de conformidad con los precedentes de cita, no es el adecuado conforme a derecho, toda vez que la acción de personal no puede sustituir una resolución fundada que debe ser comunicada al interesado de manera previa, especialmente si se trata del caso de un servidor en propiedad y que lo dispuesto conlleva una desmejora en sus condiciones laborales, como es la situación que ahora se conoce. De igual forma, se desprende el cambio de puesto que sufrió la tutelada, sea de Secretaria del Servicio Civil 2, a Secretaria del Servicio Civil 1, le causó un perjuicio a ésta, toda vez que su salario se vio disminuido y ésta pasó de tener un puesto en propiedad a un puesto interino. En virtud de lo anterior, el amparo debe acogerse en cuanto a la falta de comunicación debida de las resoluciones N°AGRH-OSC-SOCIAL-OF-125-2019, y N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019. En ese mismo sentido, al no haberse comunicado de manera formal esa resolución a la amparada, es claro que tampoco pudo ejercer respecto de ella el correspondiente derecho de defensa. Si bien consta que la amparada impugnó la acción de personal por la que se le comunicó el cambio de sus condiciones laborales, la acción de personal de modo alguno es ni tiene el carácter de sustituir la debida resolución que en los casos de reestructuración y reorganización debe adoptarse y comunicarse formalmente al amparado. Dicho de otro modo, la impugnación de la acción de personal de modo alguno satisface el ejercicio del derecho de defensa, pues este derecho debió ejercerse respecto de la resolución que informa la modificación en la clase de puesto y condiciones de la persona afectada, y no respecto de la acción de personal, la cual es un acto que simplemente materializa la modificación ya acordada. Así entendido, nunca se le brindó a la interesada la posibilidad de ejercer el derecho de defensa que le corresponde en este tipo de situaciones, configurándose así una clara violación a sus derechos fundamentales (en igual sentido ver la Sentencia N° 2020-000880, de las 9:30 horas del 17 de enero de 2020).

VI.- Conclusión. En razón de que la violación a los derechos fundamentales de la amparada se centra en la falta de notificación de las resoluciones N°AGRH-OSC-SOCIAL-OF-125-2019, y N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019, las cuales ordenan la modificación de su puesto profesional, y al ser ello acreditado por este Tribunal, lo procedente es declarar con lugar el recurso.

VII.-Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se anula la acción de personal N°0000002581 de 2 de octubre de 2019, y se ordena a Lizbeth Barrantes Arroyo, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que ejecute todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia y coordine lo necesario, para que se notifique, como en derecho corresponde, las resoluciones N°AGRH-OSC-SOCIAL-OF-125-2019 y N°AGRH-OSC-SOCIAL-R-030-2019 a la amparada, se le permita ejercer su derecho a defensa respecto de éstas y se resuelva lo que en derecho corresponda. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Consejo Nacional de de Personas con Discapacidad al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia a Lizbeth Barrantes Arroyo, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad o a quien en su lugar ocupe ese cargo, en forma personal.-

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.



Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*T47RTAAEETNS61*

T47RTAAEETNS61

EXPEDIENTE N° 20-003571-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR