Sentencia Nº 2020010638 de Sala Constitucional, 12-06-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha12 Junio 2020
Número de expediente20-007553-0007-CO
Número de sentencia2020010638

*200075530007CO*

Exp: 20-007553-0007-CO

Res. Nº 2020010638

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de junio de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] , cédula de residencia No. [Valor 001] , a favor de [Nombre 002], cédula de residencia No. [Valor 002], contra el BANCO NACIONAL DE ALAJUELITA, la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA y el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:34 horas de 27 de abril de 2020, la accionante interpuso recurso de amparo contra el Banco Nacional de Alajuelita, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Señala que el adulto mayor amparado de 74 años de edad, se encuentra postrado permanentemente en su cama y no puede valerse por sí mismo para realizar sus actividades cotidianas, incluyendo desplazarse por su propia cuenta. En virtud de ello, y pese a que se explicó la situación que vive el tutelado a los funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería, a efecto de que se le brindara ayuda para renovar su cédula de residencia, dado que por la misma situación, se encuentra vencida, no recibió ayuda alguna en esa dependencia, con el argumento de que no existe posibilidad de realizar el trámite en lugar alguno que no sean las dependencias de esa Dirección. Agrega que por lo anterior, no ha podido retirar en la Agencia del Banco Nacional de Costa Rica en Alajuelita, la ayuda que le brindó el Instituto Mixto de Ayuda Social al amparado, pues este no cuenta con documento de identidad vigente. Dichas negativas, colocan a su representado en condición de vulnerabilidad, pues no cuenta con recursos para adquirir alimentos ni artículos de higiene. Por todo lo expuesto, estima vulnerados los derechos fundamentales del tutelado. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias que implique.
2.- En resolución de las 9:08 horas de 28 de abril de 2020, se previno a la recurrente que indicara si han realizado las gestiones correspondientes para la renovación de la cédula de residencia del amparado.
3.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 18:24 horas de 13 de mayo de 2020, la recurrente manifiesta que acudió a Migración a realizar la renovación de la cédula de residencia del amparado, pero no pudo realizar ese trámite, debido a que su padre no puede movilizarse y allí no quisieron brindarle ninguna otra alternativa para realizar la gestión.
4.- Por medio de la resolución de las 9:29 horas de 15 de mayo de 2020, se dio curso al amparo y se solicitó informe a la Directora General de Migración y Extranjería, y al Jefe de la Agencia del Banco Nacional de Costa Rica de Alajuelita.
5.- En escrito agregado al expediente digital a las 21:25 horas de 20 de mayo de 2020, informa bajo juramento Raquel Vargas Jaubert, en su condición de Directora General de Migración y Extranjería, que respecto al caso particular informa la señora Rebeca Montero Corrales, Encargada de la Unidad de Documentación de la Gestión de Extranjería mediante el oficio GE-SD-138- 05-2020, que revisados los sistemas de esa Dirección General el documento de acreditación migratoria de la persona extranjera amparada se encuentra vencido desde el 17 de marzo de 2011. Indica además que revisado el sistema de Citas para renovación de residencia a través del Call Center 1311 manejado por la empresa RACSA, no constan citas a nombre de la persona amparada para el año 2020 ni otorgadas durante la emergencia del COVID-19, siendo que la última tramitada por dicha persona extranjera es del 11 de junio de 2019, precisamente, en las oficinas centrales de esa Dirección General; no obstante, señala que el amparado no se presentó a la cita mencionada. Agrega que no consta que hubiesen realizado a su nombre otro proceso a efectos de demostrar la condición migratoria de la persona extranjera aquí amparada, siendo que a la fecha no se encuentran gestiones pendientes de resolver a favor del amparado. Resalta que no lleva razón la recurrente al indicar que esa Dirección General se negó a realizar trámite alguno a nombre de la persona amparada, toda vez que, esa Administración sí cuenta con un procedimiento para atender casos especiales como el de la persona amparada, siendo que se emite una constancia de estatus migratoria en la cual se acredite que, a pesar de que el DIMEX se encuentra vencido su condición migratoria se encuentra al día, esto a efectos de que pueda realizar trámites antes terceras entidades. Indica que el proceso de documentación es un proceso personalísimo, que solo puede ser realizado por la persona extranjera en las oficinas de esta Dirección General o sus aliados comerciales (Banco de Costa Rica y Correos de Costa Rica), esto porque conlleva la toma de fotografía y firma de la persona, proceso que no se puede realizar sin tener a la persona presente. Adicionalmente, sostiene que no cuentan con equipo ni sistemas que permitan realizar el proceso de manera remota, por lo cual, no puede emitirse un DIMEX a favor de las personas que están en condiciones similares a las del amparado. No obstante, reitera que en ese tipo de casos, existe un procedimiento a través del cual se renueva el estatus migratorio de la persona extranjera y se emite una certificación de estatus migratoria que hace constar que la misma se encuentra vigente, haciendo alusión a los motivos por los cuales no se emite un DIMEX a su favor. Solicita se declare sin lugar el recurso.
6.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 8:30 horas de 21 de mayo de 2020, informa bajo juramento Gregory Pizarro Matarrita, en su condición de Gerente de la Agencia de Alajuelita del Banco Nacional de Costa Rica, que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realizó una transferencia a nombre del señor [Nombre 002], por motivo de un subsidio otorgado por dicha institución. Señala que con respecto a dicha transferencia, el señor [Nombre 002] no tiene una cuenta bancaria con el Banco, sino que por el convenio que tienen el IMAS y el Banco Nacional, se realiza una transferencia a nombre del beneficiario del subsidio que dicha persona puede retirar en las cajas del Banco presentando su cédula de identidad o documento de identificación válido. Resalta que por la regulación especial que tienen las instituciones financieras, la plena identificación de los clientes y usuarios de los servicios bancarios es de suma importancia, por lo que no se pueden realizar trámites con documentos de identificación vencidos o si la persona no tiene un estatus migratorio legal en el país. Añade que incluso para la solicitud del subsidio ante el IMAS, es un requisito contar con un documento de identificación válido, como indica el Reglamento para la prestación de servicios y el otorgamiento de beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social en su artículo 76. Explica que cuando la recurrente se presentó a la sucursal de Alajuelita del Banco Nacional, se le informó que, al ser una transferencia personal, sólo el beneficiario a quien está dirigida puede retirarla. En este caso, menciona que el Banco se encuentra imposibilitado para entregarle el dinero a la recurrente y la única persona que puede hacer el retiro es el señor [Nombre 002] , con un documento de identificación válido. Asimismo, comenta que a la recurrente se le aconsejó que realice el trámite ante el IMAS explicando la situación de su padre, para que los fondos le sean dirigidos a ella y a futuro pueda hacer los retiros sin ningún inconveniente. Aclara que, en este momento, los fondos ni siquiera se encuentran disponibles en el Banco Nacional, pues el IMAS realizó una liquidación de las transferencias pendientes de retiro, por lo que el dinero del subsidio lo tiene el IMAS y cualquier gestión para el retiro del mismo deberá realizarse directamente con esa institución. Solicita se declare sin lugar el recurso.
7.- En resolución de las 10:35 horas de 25 de mayo de 2020, se amplió el recurso y se le pidió informe al Gerente General del Instituto Mixto de Ayuda Social, sobre los hechos alegados en el recurso.
8.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 14:56 horas de 1° de junio de 2020, informa bajo juramento Juan Carlos Laclé Mora, en su condición de Gerente General del Instituto Mixto de Ayuda Social, que el recurrente cuenta con expediente en la Unidad Local de Desarrollo Social de Alajuelita. Menciona que en dicho expediente se indicó sobre el amparado: “utiliza silla de ruedas, incontinencia urinaria, osteoporosis, uso de pañales, demencia senil, postrado en cama”. Indica que en el historial del beneficiario consta la resolución administrativa No. 3871, por medio de la cual se aprobó pago a la persona adulta mayor del beneficio de emergencias, debido a la emergencia nacional por el COVID-19; sin embargo, al no tener registro de una cuenta de ahorros Banking del Banco Nacional de Costa Rica, se imposibilitó el pago respectivo. Asimismo, menciona que el 12 de mayo de 2020, se realizó intento de pago mediante una transferencia corporativa de fondos, trasladando el dinero al Banco Nacional de Costa Rica; sin embargo, dicha entidad hizo la devolución de los fondos al IMAS, ya que la persona tiene su documento de identidad vencida, lo cual es un requisito para el trámite en la entidad bancaria. Considera que dicha situación está fuera de las competencias institucionales de su representada. Ahora bien, asegura que, debido al problema de acceder a una cuenta bancaria o transferencia de fondos por parte de la persona adulta mayor, la Unidad de Control Administrativo Regional Suroeste, con el fin de tramitar el beneficio de emergencias a la persona de cita, realizó trámite administrativo de pago a terceros que fue realizado en el Banco Nacional de Costa Rica, mediante depósito a nombre de la recurrente, nota de crédito No. [Valor 003] , transferencia 5578 de 28 de mayo de 2020. Solicita se declare sin lugar el recurso.
9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente acude ante esta Jurisdicción Constitucional y alega que el amparado -quien es su padre y un adulto mayor de 74 años-, es beneficiario de un subsidio por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social. Sin embargo, acusa que no ha podido retirar dicho subsidio, por cuanto su padre se encuentra postrado permanentemente en una cama, lo que hace que no pueda realizar por sí mismo ningún tipo de actividad, con el agravante que tiene su cédula de residencia vencida, y por la misma situación no ha podido renovarla. Acusa que todo esto ha provocado que la Agencia del Banco Nacional de Alajuelita se niegue a entregarle a ella, el subsidio que le corresponde a su padre, con lo que estima lesionados sus derechos fundamentales.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
1)El documento de acreditación migratoria del amparado se encuentra vencido desde el 17 de marzo de 2011 (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).
2)El 11 de junio de 2019, el tutelado contaba con una cita en las oficinas centrales de la Dirección General de Migración y Extranjería; sin embargo, no se presentó a esta (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida).
3)La Dirección General de Migración y Extranjería cuenta con un procedimiento para atender casos especiales como el del amparado, siendo que se emite una constancia de estatus migratoria en la cual se acredite que, a pesar de que el DIMEX se encuentra vencido su condición migratoria se encuentra al día, esto a efectos de que pueda realizar trámites antes terceras entidades (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
4)Desde el 15 de julio de 2019, el amparado cuenta con un expediente que se tramita en la Unidad Local de Desarrollo Social de Alajuelita del IMAS, en cuya Ficha de Información Social consta que el interesado: “utiliza silla de ruedas, incontinencia urinaria, osteoporosis, uso de pañales, demencia senil, postrado en cama” (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida).
5)Mediante resolución administrativa No. 3871 del 11 de abril de 2020, el Instituto Mixto de Ayuda Social aprobó pago a la persona adulta mayor del beneficio de emergencias, debido a la emergencia nacional por el COVID-19; sin embargo, al no tener registro de una cuenta de ahorros Banking del Banco Nacional de Costa Rica, se imposibilitó el pago respectivo (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida).
6) El 12 de mayo de 2020, por el convenio que tienen el IMAS y el Banco Nacional, se realizó una transferencia a nombre del amparado del subsidio del que es beneficiario con dicha entidad, el cual el tutelado podía retirar en las cajas del Banco Nacional presentando su cédula de identidad o documento de identificación válido (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
7)En fecha indeterminada, el IMAS realizó una liquidación de las transferencias pendientes de retiro ante el Banco Nacional, por lo que, el dinero del subsidio a favor del amparado fue devuelto al IMAS, al no haber podido ser retirado por este (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
8)El 26 de mayo de 2020, se notificó a las autoridades del IMAS la resolución de curso de este proceso de amparo (ver acta de notificación).
9)La Unidad de Control Administrativo Regional Suroeste, con el fin de tramitar el beneficio de emergencias al amparado, realizó trámite administrativo de pago a terceros que fue realizado en el Banco Nacional de Costa Rica, mediante depósito a nombre de la recurrente, nota de crédito No. [Valor 003], transferencia 5578 de 28 de mayo de 2020 (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
III.- Hecho no probado. De importancia para la decisión de este asunto, se tiene por indemostrado el siguiente hecho: Único. - Que la recurrente se haya apersonado o haya solicitado ante la Dirección General de Migración y Extranjería colaboración alguna para renovar la cédula de residencia del amparado, en virtud de su condición de salud (los autos).
IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, alega la recurrente que el amparado -quien es su padre y un adulto mayor de 74 años-, es beneficiario de un subsidio por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social. Sin embargo, acusa que no ha podido retirar dicho subsidio, por cuanto su padre se encuentra postrado permanentemente en una cama, lo que hace que no pueda realizar por sí mismo ningún tipo de actividad, con el agravante que tiene su cédula de residencia vencida, y por la misma situación no ha podido renovarla. Acusa que todo esto ha provocado que la Agencia del Banco Nacional de Alajuelita se niegue a entregarle a ella, el subsidio que le corresponde a su padre.
Ahora bien, del estudio de los autos y del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, esta Sala comprueba una lesión a los derechos fundamentales del amparado, únicamente, en cuanto a los hechos que atañen al Instituto Mixto de Ayuda Social, según se indicará a continuación.
En primer lugar, se tiene que efectivamente el amparado cuenta con su documento de acreditación migratoria o cédula de residencia vencida desde el 17 de marzo de 2011. Asimismo, contrario a lo que indica la recurrente, esta Sala no pudo tener por demostrado que la recurrente o el amparado, hayan realizado gestión alguna ante la Dirección General de Migración y Extranjería para renovar la cédula de residencia del amparado, en virtud de su condición de salud. De igual manera, consta que la Dirección General de Migración sí cuenta con un procedimiento especial para los casos como el del amparado, en el que las personas que por razones de salud o demás, no puedan apersonarse a dicha institución a realizar el trámite de renovación de su cédula de residencia, pueden solicitar un documento que acredite que esta se encuentra al día, y de esta forma poder realizar gestiones ante las diferentes entidades. Lo cual, como se indicó, no consta que haya sido solicitado a favor del amparado. Razón por la cual, en cuanto a este extremo, el recurso debe ser declarado sin lugar, al no poderse demostrar infracción alguna a los derechos fundamentales del recurrente, por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Adicionalmente, si bien se tiene por demostrado que se realizó una transferencia utilizando el convenido con el que cuenta el IMAS con el Banco Nacional, para que el amparado retirara el subsidio del que es beneficiario ante esa entidad, lo cierto es que, queda claro que las entidades bancarias tienen una serie de requisitos para realizar gestiones ante ellas, y es bien conocido que los trámites son personales -a menos que se cuente con algún tipo de poder o autorización especial-, y que para ellos se necesita un documento de identidad válido. Por lo cual, esta Sala no desmerita la actuación del Banco Nacional al no entregarle el dinero del subsidio del amparado a la recurrente, por cuanto, la transferencia no se encontraba a nombre de ella y el documento de identidad que presentó del amparado se encontraba vencido, con lo que la negativa por entregarle el dinero no se considera arbitraria ni antojadiza, sino en cumplimiento de los requisitos previamente establecidos para dicho trámite. Bajo esta inteligencia, en cuanto a este extremo, el recurso también debe ser declarado sin lugar.
Finalmente, si bien esta Sala pudo tener por acreditado que la recurrente no ha realizado ninguna gestión ante la Dirección General de Migración y Extrnajería para renovar la cédula de residencia del amparado, pese a que esta está vencida desde el 17 de marzo de 2011, y que en virtud, de esto tampoco era posible que el Banco Nacional le entregara el dinero en cuestión. Ciertamente, sí pudo comprobar esta Sala que existe una lesión de los derechos fundamentales del amparado, debido a que la Ficha de Información Social del amparado que existe en el IMAS, data del 15 de julio de 2019, y en ella, claramente, se estableció que el interesado: “utiliza silla de ruedas, incontinencia urinaria, osteoporosis, uso de pañales, demencia senil, postrado en cama”. Además, nótese que la resolución por medio de la cual se aprobó el pago del subsidio correspondiente al beneficio de emergencia a favor del amparado, es del 13 de abril de 2020. De lo anterior se desprende que, en primera instancia, el IMAS tenía conocimiento de la condición de salud del amparado y de su dificultad para movilizarse a realizar ciertos trámites, y en segundo lugar, para realizar las gestiones ante dicha entidad es necesario presentar un documento de identificación, con lo que al estar vencido este desde el 2011, la autoridad recurrida para las fechas en que realizó las gestiones del recurrente, tenía que tener clara dicha situación, con lo que, desde el momento en que se otorgó el beneficio en cuestión, la autoridad recurrida tenía conocimiento de las imposibilidades físicas y materiales que tenía el amparado para retirar de manera personal el subsidio en cuestión ante cualquier entidad financiera y por ello, desde ese momento, pudieron prever esta situación y buscar una alternativa para el amparado. No obstante lo anterior, no fue sino hasta la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, que procedieron a realizar los trámites para que el beneficio se depositara y fuera retirado por la hija del amparado, quien es la recurrente en este proceso de amparo. Así las cosas, en virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el presente recurso, únicamente, para efectos indemnizatorios, pues la violación alegada cesó.
V.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en contra del Instituto Mixto de Ayuda Social y para meros efectos indemnizatorios. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.
VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala.
No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente: La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”.
Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado.
En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas. En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VIII.- Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IX.- Razones diferentes de la Magistrada Garro Vargas. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
X.- Nota del Magistrado Hernández Gutiérrez . He sido del criterio de que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios, por las razones ampliamente expuestas en el que ahora es criterio de mayoría. Sin embargo, también he señalado que cuando el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos patrimoniales –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda al interesado- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí estimo procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
XI.-Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43- 12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en contra del Instituto Mixto de Ayuda Social. Se condena al Instituto Mixto de Ayuda Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. El Magistrado Hernández Gutiérrez pone nota. Notifíquese.-

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.

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