Sentencia Nº 2020015336 de Sala Constitucional, 14-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020015336
Fecha14 Agosto 2020
*200140690007CO*

EXPEDIENTE: N° 20-014069-0007-CO

PROCESO: RECURSO HABEAS CORPUS

RESOLUCIÓN: Nº 2020015336

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de agosto de dos mil veinte .
Recurso de habeas corpus interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR, SEDE PEREZ ZELEDÓN.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido, por medio del sistema de fax, en la Secretaría de la Sala a las 19:13 horas de 6 de agosto de 2020, el recurrente interpone recurso de habeas corpus contra el JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR, SEDE PÉREZ ZELEDÓN y manifiesta que el juzgado recurrido tramita un proceso de pensión alimentaria en el expediente judicial No. [Valor 002]. Comenta que tiene tres hijas a su cargo: [Nombre 004], [Nombre 005] y [Nombre 006], todas [Nombre 007]. Por resolución de las 16:19 horas de 6 de junio de 2018, concilió el monto de la pensión correspondiente a Ana Elena Castillo, acordándose un monto mensual de 140.000,00 colones como cuota alimentaria a su cargo, a partir de 30 de junio de ese año, acuerdo que fue homologado por la autoridad jurisdiccional recurrida. Indica que labora como técnico judicial 3 en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Añade que, según el Índice Salarial del Primer Semestre de 2019, Sesión Corte Plena No. 05-2019, artículo VII, Sesión Consejo Superior No. 70- 2019, el salario para un técnico judicial 3 es de 530.200,00 colones. Sostiene que, a diferencia de años anteriores, para el 2019 y lo que va de año 2020, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) estableció vía decreto, un incremento de un monto nominal de 3.750,00 colones (primer semestre de 2019), 4.000,00 colones (segundo semestre de 2019), para el salario base de todas las categorías del sector público. Reclama que, sin habérsele notificado o comunicado de aumento alguno, se enteró, a través de la actora, que se le había aplicado un aumento en la pensión alimentaria. Al revisar, supo que este era de por una suma de 15.520 colones (según el sistema del Banco de Costa Rica). Buscó resoluciones y no encontró ningún fundamento jurídico, solo una tabla de Excel con dos valores, de la cual solo pudo concluir que el juzgado recurrido tomó como base el aumento nominal de 7.500 colones. A partir de esa imagen concluyó que la autoridad jurisdiccional recurrido aplicó un 200% del aumento nominal decretado, tomando en consideración solo los semestres del año 2019. Aduce que al tenor del artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias, la actualización y ajuste de las pensiones, en el caso de los asalariados, “(…) se reajustará en forma porcentual a los aumentos de ley decretados por el Estado para el sector público (…).” Para sacar el cálculo, los juzgados deben hacerlo conforme a las circulares de la Dirección Ejecutiva dictadas en relación con tales decretos. En ese sentido, para los períodos correspondiente al primero y segundo semestre de 2019 y los meses de 2020, se emitieron las circulares No. 148-2018, No. 36-2010 en la que erróneamente se estableció que los decretos ejecutivos de interés habían realizado incrementos nominales consistentes en 3.750,00 colones (primer semestre de 2019), 4.000,00 colones (segundo semestre de 2019) y diferenciado según lo que se gana para el 2020, de acuerdo al salario base de todas las categorías del sector público. Según aduce, dichas circulares son claras en indicar que cada despacho deberá realizar el cálculo manualmente para cada expediente para el sector público mientras que para los sectores privado y no asalariado se incorporan en el Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales. De allí que alega que el juzgado de pensiones alimentarias recurrido no acató la instrucción realizada de hacer un cálculo, sino que, en apariencia, para todas las personas del sector público aumentó de forma desproporcional todo el monto nominal, y si eso fuera lo correcto no se hubiera realizado la indicación. Agrega que contra tal aumento interpuso recursos de revocatoria, apelación y nulidad concomitante y supletoriamente incidente de nulidad de actuación contra el acto (de hecho), es decir el aumento. El juzgado resolvió que "carece de recurso", por lo que denegó que el superior revisara el porcentaje de interés, además esa resolución se pronunció por el fondo al establecer los aumentos automáticos fueron aplicados conforme a derecho corresponde. Estima que el aumento impugnado es contrario a los principios constitucionales de proporcionalidad y racionalidad y lesiona el derecho de igualdad (en lo que se refiere a sus otras dos hijas), debido proceso, defensa y pone en riesgo su libertad personal. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Por escrito recibido, por medio del sistema de fax, en la Secretaría de la Sala, a las 17:09 horas de 10 de agosto en curso, el recurrente manifestó haber obtenido satisfacción extraprocesal de su pretensión. Por ende, estima que no hay interés actual en el presente recurso y desiste de este.
3.- El artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para tener por desistido un recurso a solicitud del recurrente -en cuyo caso se archivará el expediente- si a juicio del Tribunal el recurso involucra solamente derechos patrimoniales u otros renunciables, en el entendido de que si ese desistimiento se funda en una satisfacción extraprocesal de los derechos o libertades reclamados por el interesado, el expediente podrá ser reabierto en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha sido incumplida o tardía.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
CONSIDERANDO:
I.- SOBRE LA SOLICITUD DE DESISTIMIENTO PRESENTADA POR LA PARTE RECURRENTE. Por escrito recibido el 10 de agosto en curso, mismo día de interposición de este recurso, el recurrente solicitó, de manera expresa, dar por terminado el presente proceso de habeas corpus, por cuanto la reparación pretendida ya había sido efectuada. Dado que lo solicitado por la parte actora tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, resulta procedente acoger su solicitud de desistimiento y ordenar el archivo del expediente, sin mayores consideraciones. Así, de conformidad con lo anterior, se impone acoger la solicitud de desistimiento y ordenar el archivo del expediente.
II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Archívese el expediente.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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