Sentencia Nº 2020018105 de Sala Constitucional, 22-09-2020

Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2020
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
 

*200168450007CO*

Exp: 20-016845-0007-CO

Res. Nº 2020018105

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de habeas corpus que se tramita en expediente número 20-016845-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.

Resultando:

1 .- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:56 horas del 15 de setiembre de 2020, la parte recurrente formula recurso de habeas corpus. Manifiesta que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, en el área llamada los Arcos. Señala que lo llevaron al área médica, porque se sentía mal. Agrega que se le puso en cuarentena, puesto que se contagió de covid-19. Indica que cuando se curó lo enviaron al área de los Arcos, pese a que tuvo unos problemas con un oficial penitenciario, por lo que su vida e integridad corren peligro. Añade que también, tuvo algunos incidentes con sus compañeros de módulo, pues si bien es cierto, ya se recuperó de la covid-19, algunos le decían que los iba a contagiar. Afirma que desde el 18 de enero de 2020 solicitó a las autoridades recurridas un traslado a Puesto 10. Añade que las licenciadas Yeni Chacón Umaña, directora de Mínima Seguridad y Shirley Barquero, gestionaron el trámite de traslado. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de este recurso, no ha obtenido respuesta a su gestión, ni tampoco lo solicitado. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a su favor una medida especial de protección o el traslado a otro centro penal, pues teme por su integridad física.
2.- Mediante resolución de la Sala de las 15:07 horas del 15 de setiembre de 2020, se dio curso al recurso y se solicitó informe al director general del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, así el director del Instituto Nacional de Criminología, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 16:32 horas del 18 de setiembre de 2020, informa bajo juramento Wilman Pérez Montero, en su condición de director general del CAI Jorge Arturo Montero Castro. Señala que el tutelado está recluido en el ámbito F, módulo F-4 del centro penal. Indica que se recabo información con los personeros de seguridad de ese ámbito y “ no consta que el tutelado tuviese problemas con algún funcionario policial y a la fecha no ha realizado una denuncia de conformidad, que permita al recurrido entablar el procedimiento pertinente. Asimismo, no se tienen reportes de que el privado de libertad haya sido objeto de amenazas o agresiones por parte de otros reclusos”. Sostiene que la administración penitenciaria tiene la potestad de disponer sobre la ubicación de la población penal a cargo. Refiere que, ante la pandemia de la covid-19, el Ministerio de Justicia y Paz ha implementado medidas, como lo es la suspensión de traslados intra e intercarcelarios, salvo aquellos que respondan a una necesidad justificada. Afirma que actualmente los traslados están temporalmente suspendidos, por lo que el traslado del privado de libertad podría efectuarse hasta que se levanten las medidas aludidas.

4.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 22:32 horas del 18 de setiembre de 2020, el cual carece de firma, informa quien dice ser Gustavo Solorzano Arias, en su condición de Subjefe Técnico a.i. del Instituto Nacional de Criminología. Indica que el tutelado se encuentra a la orden del INC. Señala que el director del centro penitenciario indicó que no consta que el amparado tuviera problemas con algún funcionario o que haya sido objeto de amenazas o agresiones. Refiere, en cuanto a los traslados, que el INC resuelve en última instancia lo relativo a las reubicaciones. Sostiene que en la directriz DVJ-002-2020 del 20 de marzo de 2020 faculta los traslados entre centros penitenciarios únicamente en casos de urgencia justificada, lo anterior, ante la pandemia de la covid-19. Detalla algunas medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia y Paz ante la aludida pandemia. Considera que el INC actúa de manera diligente.

5.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 22:41 horas del 18 de setiembre de 2020, informa bajo juramento Gustavo Solorzano Arias, en su condición de Subjefe Técnico a.i. del Instituto Nacional de Criminología, en el mismo sentido que en el escrito incorporado en el expediente digital a las 22:32 horas del 18 de setiembre de 2020.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.-OBJETO DEL RECURSO. El tutelado, quien se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, alega que corre peligro, toda vez que tiene problemas con un oficial de seguridad y con otros reclusos. Además, sostiene que desde el 18 de enero de 2020 solicitó su traslado; empero, al momento de interposición de este recurso no se ha producido el cambio requerido.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
a)El recurrente se encuentra privado de libertad en el ámbito A, módulo F-4 del CAI Jorge Arturo Montero Castro y está a la orden del INC. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).
b)El 18 de setiembre de 2020, el Supervisor de Centro ámbito F del CAI accionado remitió el oficio ACF-1903-2020 a la directora de ese centro penitenciario, en el que señaló:
“(…) En cuanto a su denuncia que un agente policial lo está amenazando, me permito manifestar que no tengo suficientes bases para realizar una oportuna indagación a esta acusación ya que contribuye insuficientes rasgos del agente policial al cual está denunciando y se desconoce quién es este funcionario o si en realidad existe.
(…) en ningún momento se ha detectado por parte del departamento de seguridad que exista indicios de problemas con sus iguales, que ponga en riesgo su integridad física o su vida, además el antes mencionado no ha hecho mención ni de forma verbal, o escrita de algún problema a lo interno del módulo donde este habita ante el departamento de seguridad como tampoco ha recibido ningún tipo de información sobre lo expuesto por el recurrente”. (Ver prueba documental).
c)El director del centro penal recurrido indicó que “ no consta que el tutelado tuviese problemas con algún funcionario policial y a la fecha no ha realizado una denuncia de conformidad, que permita al recurrido entablar el procedimiento pertinente. Asimismo, no se tienen reportes de que el privado de libertad haya sido objeto de amenazas o agresiones por parte de otros reclusos”. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).
d)Ante la pandemia de la covid-19, el Ministerio de Justicia y Paz ha implementado diversas medidas, como lo es la suspensión de traslados intra e intercarcelarios, salvo aquellos que respondan a una necesidad justificada. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).
III.- HECHO NO PROBADO. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:
a)Que el tutelado haya formulado alguna gestión por escrito ante las autoridades recurridas y que no se haya atendido.
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, el tutelado, quien se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, alega que corre peligro, toda vez que tiene problemas con un oficial de seguridad y con otros reclusos. Además, sostiene que desde el 18 de enero de 2020 solicitó su traslado; empero, al momento de interposición de este recurso no se ha producido el cambio requerido.
De los autos se colige que, el recurrente se encuentra privado de libertad en el ámbito A, módulo F-4 del CAI Jorge Arturo Montero Castro y está a la orden del INC. La Sala también verifica que, el 18 de setiembre de 2020, el Supervisor de Centro ámbito F del CAI accionado remitió el oficio ACF-1903-2020 a la directora de ese centro penitenciario, en el que señaló: “(…) En cuanto a su denuncia que un agente policial lo está amenazando, me permito manifestar que no tengo suficientes bases para realizar una oportuna indagación a esta acusación ya que contribuye insuficientes rasgos del agente policial al cual está denunciando y se desconoce quién es este funcionario o si en realidad existe. (…) en ningún momento se ha detectado por parte del departamento de seguridad que exista indicios de problemas con sus iguales, que ponga en riesgo su integridad física o su vida, además el antes mencionado no ha hecho mención ni de forma verbal, o escrita de algún problema a lo interno del módulo donde este habita ante el departamento de seguridad como tampoco ha recibido ningún tipo de información sobre lo expuesto por el recurrente”. Mientras que en el informe rendido bajo juramento por el director del centro penal recurrido se indicó que “no consta que el tutelado tuviese problemas con algún funcionario policial y a la fecha no ha realizado una denuncia de conformidad, que permita al recurrido entablar el procedimiento pertinente. Asimismo, no se tienen reportes de que el privado de libertad haya sido objeto de amenazas o agresiones por parte de otros reclusos”. El Tribunal observa que, ante la pandemia de la covid-19, el Ministerio de Justicia y Paz ha implementado diversas medidas, como lo es la suspensión de traslados intra e intercarcelarios, salvo aquellos que respondan a una necesidad justificada. Por último, de los autos no se desprende que el tutelado haya formulado alguna gestión por escrito ante las autoridades recurridas y que no se haya atendido.
Vistos los alegatos formulados por el recurrente, se estima oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2020-11625 de las 9:40 horas del 23 de junio de 2020, en la que se conoció un caso similar al de marras planteado por el mismo amparado:
IV.- ANTECEDENTE . Este Tribunal se pronunció sobre hechos similares a los ya expuestos por el mismo recurrente. En el expdiente (sic) No. 20-001675-0007-CO, se dictó la sentencia 2020-002555 de las 09:30 hrs. del 07 de febrero de 2020 y se indicó lo siguiente:
III.-Sobre el fondo . En el presente asunto, el recurrente alega que sin fundamento alguno, fue ubicado el Puesto Seis del Ámbito C del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, donde se obligado a pagar para no ser agredido físicamente. Reclama que lo anterior obedeció a una represalia por parte de un gestor del centro penitenciario, a raíz de la denuncia que planteara luego de que fuera asaltado por otros privados de libertad. Sobre el particular, tras analizar los elementos aportados a los autos, la Sala descarta la alegada violación a los derechos del amparado, pues consta que la reubicación de este del Ámbito F al Ámbito C del centro penal recurrido no obedeció a una decisión arbitraria, tal y como se alega en el escrito de interposición, sino a la adopción de una medida cautelar debido a los problemas de convivencia que el privado de libertad tenía en el módulo donde pernoctaba. Asimismo, consta que no existen reportes de que el amparado hubiera sufrido algún tipo de agresión por parte de otros privados de libertad o de un gestor del centro penitenciario, ni que haya sido objeto de un cobro extorsivo, de ahí que no pueda comprobarse la veracidad de tales alegatos. Por lo anterior, el recurso debe desestimarse en cuanto a este extremo. (...) Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.”
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación alguna a los derechos fundamentales del tutelado. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que el recurrente ingresó al Ámbito F del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro el 2 de diciembre de 2019, procedente del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría. El 24 de enero de 2020 el tutelado fue trasladado del Ámbito F al Ámbito C, debido a una medida cautelar que se tomó mediante el oficio número ACF-0186-2020, en el que se indicaba lo siguiente: “(...) Por manifestar tener problemas de convivencia en el Módulo donde pernoctaba y no poder ubicarse en ningún otro Módulo de este Ámbito agotando temporalmente su ubicación, por lo que en aras de mantener la buena dinámica del Ámbito y la seguridad institucional se hace necesaria la ubicación en otro espacio convivencial” Consta que no existen reportes que señalen que el amparado hubiera sido asaltado por otros privados de libertad, ni sometido a algún tipo de agresión por parte de un gestor del CAI Jorge Arturo Montero Castro. Durante su estancia en el Puesto Seis, el tutelado no ha manifestado que su integridad física corra peligro, o haber sido sometido a algún tipo de cobro extorsivo por parte de otros privados de libertad. Por último se acreditó que en oficio del 15 de junio de 2020, ACF-1193-2020, el traslado del Ámbito C al Ámbito F el 02 de junio de 2020, al cual el tutelado no manifestó alguna oposición. En razón de lo expuesto, al acreditarse que el cambio de ubicaicón (sic) del tutelado fue con ocasión de una medida cautelar, debido a los problemas de convivencia que el privado de libertad tenía en el módulo y que dicha medida no resulta arbitraria y por el contrario es parte de las potestades de la autoridad accionada el recurso debe ser desestimado en cuanto a estos hechos se refiere. Asimismo, al descartarse el acusado peligro para la integridad y la vida del promovente, y dado que la determinación de la ubicación y atención de los privados de libertad dentro de un Centro de Atención Institucional le corresponde directamente al Consejo de Valoración de cada centro penitenciario, y en segunda instancia al Instituto Nacional de Criminología; se impone desestimar el recurso planteado, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución ”.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal considera que en el sub examine no se han conculcado los derechos fundamentales del amparado en los términos en los que fue planteado el recurso. Así, se observa que, en la especie, el tutelado pide un traslado a otro centro penitenciario porque teme por su vida e integridad corporal. Sobre el particular, en múltiples oportunidades, este Tribunal ha manifestado que determinar la ubicación de los privados de libertad, salvo casos en que los derechos a la salud, vida y libertad de los amparados se vean afectados en su núcleo constitucional esencial , es resorte exclusivo de la Administración Penitenciaria, de modo que cualquier diferendo entre los privados de libertad y la Administración deberá plantearse ante el propio Consejo de Valoración recurrido o, en su defecto, ante el Juez de Ejecución de la Pena que corresponda por los mecanismos establecidos en el Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad, y el Código Procesal Penal, respectivamente. Al respecto, en el sub lite no se verifica que el caso del amparado se subsuma en alguna de las excepciones antes mencionadas, toda vez que en el escrito de interposición no individualizó alguna situación concreta, de la que se extraiga que, efectivamente, la vida e integridad corporal del tutelado se encuentren en peligro. Por el contrario, en el sub iudice no consta la interposición de denuncias por parte del amparado, en las que haya indicado problemas con algún funcionario penitenciario u algún privado de libertad. Por lo demás, advierta el amparado que no le compete a este Tribunal ordenar su traslado a otro centro penitenciario. Por otra parte, la Sala tampoco verifica que el recurrente haya formulado alguna gestión por escrito ante las autoridades recurridas y que no se haya atendido, por lo que se descarta alguna lesión a los derechos fundamentales en cuanto a ese aspecto. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
V.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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