Sentencia Nº 2020019384 de Sala Constitucional, 09-10-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020019384
Número de expediente20-016931-0007-CO
Fecha09 Octubre 2020

*200169310007CO*

Exp: 20-016931-0007-CO

Res. Nº 2020019384

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], a favor de él mismo, contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

RESULTANDO:

1.- Por escrito agregado a este expediente el 16 de setiembre del 2020, el recurrente alegó, en resumen, que es trabajador del hospital Monseñor Sanabria. Comenta que presenta un padecimiento Lumbosacro y por ello, se encuentra incapacitado desde mayo de 2018. Manifiesta que desde el 19 de junio de 2020, la sucursal de Chomes de Puntarenas de la Caja Costarricense de Seguro Social le suspendió el pago del subsidio por incapacidad. Señala que el 5 de agosto de 2020, una funcionaria de Plataforma de Servicios de la sucursal de Chomes se comunicó vía telefónica con él y le indicó que “no se me están pagando las incapacidades debido a que mi persona ameritaba un estudio de salario y que para eso yo debía acudir a la oficina de recursos humanos del hospital monseñor (Sic) sanabria (Sic) (donde trabajo) a solicitar una certificacion (Sic) de los salarios y llevarla a la sucursal de chomes (Sic)”. Aduce que tal requisito es una violación a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Expone que el 9 de setiembre de 2020, acudió a la Oficina de Recursos Humanos del hospital Monseñor Sanabria, donde le informaron que hasta esa semana habían recibido la solicitud de la certificación por parte de la Sucursal de Chomes. Relata que el 11 de setiembre de 2020 le solicitó al jefe de la sucursal recurrida resolver su problema; empero, por oficio Nº DRSCH-S1405-347-09-2020 de 11 de setiembre de 2020, el administrador de la sucursal de Chomes –Agencia de Monteverde de la Caja Costarricense de Seguro Social le contestó: “una vez obtengamos la certificación salarial aprobada para estos efectos, pedido que se le realizó directamente a la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Monseñor Sanabria, procederemos de manera inmediata con realizar el análisis respectivo”. Refiere que al 11 de setiembre de 2020, los recurridos aún no contaban con la certificación ni habían iniciado con su estudio salarial, lo cual considera que es un plazo excesivo. Sostiene que el retardo en el pago del subsidio por incapacidad tiene los mismos efectos para el trabajador que la falta del pago oportuno del salario. Reitera que desde hace tres meses la autoridad recurrida le suspendió el pago de sus incapacidades, lo cual le genera un gran perjuicio, pues el subsidio por incapacidad es el único ingreso económico suyo y de su familia para subsistir. Por lo expuesto, estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se le pague el subsidio y que se condene al pago de costas, daños y perjuicios. Solicita que como medida cautelar se ordene el pago inmediato del subsidio.

2.- Por resolución de las 10:01 horas del 21 se setiembre del 2020, se le dio curso al proceso, lo que se notificó a la Área de Prestaciones en Dinero de la Caja Costarricense de Seguro Social del 21 de setiembre del 2020 y a la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social en Chomes, Puntarenas el 22 de setiembre.

3.- Por escrito agregado a este expediente el 24 de setiembre del 2020, Alexander Miguel Porras Castillo, de Administrador a cargo de Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social en Chomes, Puntarenas rindió el informe. Indicó lo siguiente:

• El señor [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], se registra en nuestros sistemas como usuario de los Servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social Sucursal de Chomes, por cobro de incapacidades de enfermedad desde el año 2019.

• EL pago del subsidio de incapacidad por enfermedad se inició a pagar en la Sucursal de Chomes a partir del mes de febrero de 2019, ya que anteriormente se le hacía la cancelación en otra Sucursal según su lugar de trabajo.

• La Sucursal procedió a cancelarle algunas incapacidades pendientes de pago del 15-02-2019 al 16-03-2019, basadas en certificación salarial aportada por el Hospital Monseñor Sanabria, número UGRH-HMS-2001-2019, extendida en el mes de setiembre de 2019, en la cual se certifican los salarios devengados en los meses de junio, julio y setiembre de 2017, los cuales se consideraron como insumo base para el pago de la incapacidad según resolución SCH-156-2019 (al folio 008). Posteriormente con Resolución Administrativa SCH-1405-215-6-2020 (folio xxxxx), se procede con el pago de las incapacidades por el periodo del 29-04-2020 al 20-05-2020 y del 21-05-2020 al 18-06-2020. Los demás pagos se realizaron de forma automática a la cuenta cliente del usuario por el Sistema para el Registro y Control de Pago de Incapacidades, sin intermediación de la Sucursal del Seguro Social de Chomes.

• Debido a la necesidad de contar con información reciente, en cumplimiento de la Ley General de Control Interno, se requirió como necesario una nueva certificación salarial del señor [Nombre 001] , emitida por la unidad de Recursos Humanos de su centro de trabajo, el Hospital Monseñor Sanabria, conforme fuera instruido en la circular DAGP-1858-2017 del 21 de diciembre de 2017. Sin embargo, siendo consecuentes con la nueva directriz sobre la emisión de certificaciones para el pago de subsidio de empleados a la Caja Costarricense del Seguro Social, circular GG-DAGP-0779-2020 del 04 de agosto del 2020, que indica que:

“De lo anterior, se reitera que, corresponde a la Unidad Gestión Recursos Humanos correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, realizar la activación de las incapacidades en el Sistema Registro y Control de Incapacidades de forma oportuna y elaborar -en caso de ser necesario- las certificaciones respectivas, considerando para los efectos, lo establecido en la presente circular.”

Sin embargo, a pesar de las coordinaciones realizadas por la funcionaria de plataforma de la Sucursal de Chomes con la Unidad de Recursos Humanos del Hospital Monseñor Sanabria mediante correos electrónicos a partir del 05 de agosto 2020, en fecha 11 de agosto, el 07 se septiembre y el 21 de setiembre 2020, no se tuvo el documento requerido.

Siendo consecuentes con la necesidad del recurrente de contar con los recursos económicos derivados del pago de los subsidios de incapacidad por enfermedad, y de la continuidad de esta, se considera viable reanudar el pago de esta, situación que se procede a solucionar en este momento”.

4.- Por escrito agregado a este expediente el 27 de setiembre del 2020, el recurrente refutó el informe rendido. Indicó que a él sí le corresponde el cobro del subsidio en la Sucursal de Chomes. Agrega que no es cierto que a partir del 18 de junio del 2020, los pagos del subsidio se realicen de forma automática. Insistió en que la Sucursal de Chomes tiene bloqueadas las boletas de incapacidad a partir del 19 de junio del 2020. Por otra parte, argumento que el subsidio no se puede retener como lo hace la CCSS mientras realiza los estudios salariales.

5.- El 28 de setiembre del 2020, el Secretario de esta Sala y la respectiva técnica judicial hicieron constar lo siguiente: “… revisado, a las diez horas cincuenta minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veinte, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del veintitrés al veintisiete de setiembre de dos mil veinte, el Jefe del Área de Prestaciones en Dinero de la Caja Costarricense de Seguro Social, haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó… ”.

6.- Por escrito agregado a este expediente el 29 de setiembre del 2020, el recurrente indica que amplía sus manifestaciones sobre el informe rendido y denuncia por posible perjurio o falso testimonio. Insistió en que es usuario de la Sucursal de Chomes y que los pagos no se han realizado de manera automática. Insiste también en que el informe presenta inconsistencias. Por otra parte indicó que el 28 de setiembre del 2020 solicitó a la autoridad recurrida el pago de las incapacidades. Solicita declarar con lugar el recurso y recordarle al recurrido que debe decir la verdad en sus informes.

7.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- OBJETO. El recurrente, funcionario del Hospital Monseñor Sanabria, alegó que, debido a un padecimiento lumbosacro, se encuentra incapacitado desde mayo de 2018. Agregó que, desde el 19 de junio de 2020, la sucursal de Chomes de Puntarenas de la Caja Costarricense de Seguro Social le suspendió el pago del subsidio por incapacidad, lo que considera improcedente.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El recurrente es usuario de los Servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social Sucursal de Chomes, por cobro de incapacidades de enfermedad desde el año 2019 (informe recibido). 2) A partir del 19 de junio del 2020, la CCSS dejó de pagar al recurrente el subsidio de incapacidad, porque consideró que, conforme a la normativa de Control Interno, es necesario realizar un estudio de sus salarios, para determinar si es necesario pagarle una cantidad mayor o bien cobrar lo percibido de más (informe rendido, copia del oficio número DRSH-S1405-347-09-2020 y documentación aportada por el recurrente). 3) El 5 de agosto 2020, el 11 de agosto, el 7 de septiembre y el 21 de setiembre del 2020, la Sucursal de Chomes solicitó a la Unidad de Recursos Humanos del Hospital Monseñor Sanabria, certificación del salario del recurrente, pero no ha recibido el documento requerido (informe rendido). 4) El 22 de setiembre del 2020, se notificó este amparo a la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social en Chomes, Puntarenas (acta de notificación). 5) El 24 de setiembre del 2020, el Administrador de la Sucursal de Chomes dispuso que es viable el pago del subsidio de incapacidad, lo que “… se procede a solucionar en este momento… ” y “… se procederá seguidamente según los registros pendientes” (informe rendido).

III.- SOBRE EL FONDO. Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre el tema planteado por el recurrente y ha considera que, en efecto, la falta de pago del subsidio por incapacidades tiene para el trabajador los mismos efectos que la falta de pago oportuno del salario. En sentencia número 2019016847 de las 9:20 horas del 6 de setiembre del 2019, indicó lo siguiente:
Sobre el retraso en el pago del subsidio de incapacidad. En la especie, el recurrente afirma que aun no se le ha pagado el subsidio que recibe por concepto de incapacidades continuas. Sobre este particular, la Sala, en Sentencia N° 2015-006492, de las 9:20 horas del 8 de mayo de 2015, dispuso:
En el caso de estudio, no se acusa la falta de pago del salario de la recurrente, sino el retardo en el pago del subsidio por incapacidad. Considera esta Sala que el retardo en el pago del subsidio tiene los mismos efectos para el trabajador que la falta de pago oportuno del salario (sentencia N° 3294-94 de las 11:42 horas del 1 de julio de 1994), por lo que el retraso injustificado y excesivo en el suministro de dichos rubros constituye una infracción a los derechos fundamentales del trabajador”. (El resaltado y subrayado no es del original)”.
IV.- CASO CONCRETO. En este caso se demostró que el recurrente ha estado recibiendo, desde hace varios meses, subsidio por incapacidad. En junio del 2020, la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social en Chomes, Puntarenas consideró que, conforme a la normativa de Control Interno, se hacía necesario un estudio actualizado de salarios del recurrente, para determinar si era necesario modificar (en uno u otro sentido) el monto del subsidio. Sobre tal necesidad esta Sala no tiene ninguna objeción. Al contrario, la CCSS está, en efecto, en la obligación de fijar y girar el monto del subsidio que corresponde. Sin embargo, el problema se generó porque el pago del subsidio se interrumpió sin realizar previamente el estudio. Por otra parte, la Sucursal de Chomes solicitó a la Unidad de Recursos Humanos del Hospital Monseñor Sanabria (del que el que el recurrente se funcionario) el 5 de agosto del 2020, es decir, meses después de la interrupción del pago, y al momento de que el Administrador de la sucursal rindió el informe no contaba aún con la certificación. Dado que el hospital es una dependencia de la misma CCSS, el atraso en el estudio y la interrupción del pago es atribuible por completo a esta institución. Esta Sala tiene por cierto que el pago se interrumpió a partir del 19 de junio del 2020, porque así se indicó claramente en la resolución de curso de este amparo y porque del informe rendido por el Administrador de la sucursal, que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción— , se desprende con claridad (pese a no indicar una fecha precisa) que el pago fue suspendido. En sus propias palabras, el Administrador indicó lo siguiente:
Siendo consecuentes con la necesidad del recurrente de contar con los recursos económicos derivados del pago de los subsidios de incapacidad por enfermedad, y de la continuidad de festa, se considera viable reanudar el pago de esta, situación que se procede a solucionar en este momento ” (folio 3 del informe rendido).
En consecuencia, de conformidad con las razones expuestas, el recurso debe estimarse, sin que sea necesario dictar una orden, porque, como se acaba de indicar, la sucursal procedió a corregir el problema. En escritos presentados posteriormente el recurrente insiste que el Administrador faltó a la verdad en varios aspectos del informe. Sin embargo, como se indicó, el informe se considera dado bajo fe de juramento y no procede abrir en la vía del amparo la discusión en torno a si se aparta o no de la verdad. La vía del amparo es sumarísima por lo que carece de los medios de prueba para discutir sobre lo planteado
V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VII.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- Razones diferentes de la Magistrada Garro Vargas. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-016931-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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